Barcelona trata de eliminar por todos los medios a Uber. Es la única ciudad de España donde la tecnológica no ejerce su actividad con normalidad. La nueva guerra se ha iniciado con el nuevo regreso de Uber este pasado lunes a la Ciudad Condal. Primero fueron los taxistas; después el mismo regulador, el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), quien «exige» a Uber unos requerimientos entregados el pasado mes de noviembre. MERCA2 ha contactado con todos los actores de esta cruzada contra Uber para conocer de primera mano las interpretaciones y las estrategias que se llevarán a cabo para librarla y que, de continuar, acabará en los tribunales si se coarta la libertad económica.
La tarifa T3 de precio cerrado y el algoritmo de geolocalización son los puntos candentes en esta nueva guerra, junto a la amenaza constante de los taxistas, que este jueves han colapsado Barcelona desde primera hora de la mañana. La consecuencia, según apuntan la mayoría de fuentes consultadas, es el litigio judicial si, como apunta la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), se están poniendo trabas administrativas para evitar un normal aterrizaje de Uber en la Ciudad Condal. Sin embargo, la justicia es lenta y el tiempo es crucial para conocer quien se beneficia y quien saldría perjudicado hasta conocer una sentencia firme.
UBER CUMPLE LA NORMATIVA
La nueva aplicación de Uber no ofrece aún la tarifa T3 en su regreso a Barcelona, pero no es obligatoria, según su interpretación del decreto de la Generalitat respecto a la regulación de estos servicios. «Las apps que ofrezcan la T3 tienen la obligación de ofrecer también el modo taxímetro, porque siempre es un derecho del pasajero el poder realizar una carrera con este mecanismo de tarificación. Pero no al revés«, han afirmado fuentes de la tecnológica a MERCA2. Además, señalan que «la Tarifa 3 no es obligatoria como lo prueba el hecho de que en la web del IMET hay aplicaciones autorizadas que solo ofrecen el servicio de taxímetro», como una antigua aplicación de Taxi Class y la de Free Now.
Para Uber, su servicio es «completamente legal» tal y como se estipula en la normativa aprobada por la Generalitat hace cinco años. «Para operar un servicio con taxímetro en Barcelona es necesaria una notificación previa, y no una autorización del AMB», han asegurado las mismas fuentes.
Uber envió esta documentación al IMET, pero la respuesta del regulador ha sido el silencio hasta esta semana. La firma estadounidense mandó la petición el pasado 24 de noviembre de 2020 tanto para operar con taxímetros, como con la tarifa T3 de precio cerrado.
EL REGULADOR, CINCO MESES DE SILENCIO
En IMET las respuestas son contradictorias. Unas fuentes afirman que el regulador no negocia con Uber, mientras otras afirman que «estamos en conversaciones con ellos». «Mientras ellos no comuniquen, Uber no está autorizado para trabajar«, han apuntado todas las fuentes internas del ente público. Sin embargo, Uber afirma que los documentos fueron entregados a finales del año pasado, y continuarán haciéndolo cuantas veces se le requieran.
Cinco meses después de tener la comunicación de la tecnología, el IMET aún no las ha comprobado, según sus propias respuestas a este medio, tanto por escrito como conversaciones telefónicas. Por el momento se limitan a su radio de acción, la investigación y supervisión de la actividad de Uber con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas. «Sí», responden desde el regulador del taxi en Barcelona a este medio cuando se les pregunta si la tarifa T3 es «exclusivamente» el principal foco de este tenso debate. «Pero -añaden- se comprobarán el resto de los requisitos que se deben cumplir, una vez empiezan a operar».
Por otro lado, Uber tendría que facilitar el listado de los taxistas contratados para prestar servicios con su aplicación. Además, los mismos conductores deben «situar un distintivo en el cristal de la parte posterior del vehículo».
Por otro lado, sostienen que «la aprobación de esta normativa en el ámbito metropolitano» es de su «competencia», como también lo es la «suspensión de la actividad» en caso de que Uber careciera del permiso para operar; mientras han asegurado que no puede sancionar a la empresa, pero sí suspender la actividad. Al operar con 350 taxistas, éstos también podrían ser objeto de sanción si incumplen el reglamento y la ley del Taxi. De hecho, estos conductores autónomos se juegan su licencia si se les aplicasen tres sanciones graves.
COMPETENCIA EXPEDIENTA AL REGULADOR
La ACCO ha hecho suya la denuncia de Uber debido a sus «problemas» para operar el servicio de intermediación en el Área Metropolitana de Barcelona. De hecho, ha abierto un expediente y ha requerido al regulador sus justificaciones por las cuales Uber no puede operar con normalidad.
Uber ha denunciado «una actitud obstruccionista» ante la ACCO, que ha dado el plazo de dos semanas al IMET para responder a los requerimientos para entender si hay o no fundamento en el escrito de la tecnológica.
El expediente no es sancionador, sino de «promoción a la competencia», es decir, una advertencia o incluso la impugnación de la normativa, como ha ocurrido recientemente con el concurso del transporte interurbano en el Norte de Barcelona. La ACCO dará a conocer su pronunciamiento de forma pública. En caso de ver trabas, podría impugnar la normativa del IMET, y, además, Uber podría utilizar el escrito como una prueba más en caso de iniciar la vía judicial.
LOS TAXISTAS: «NO QUEREMOS A UBER»
Este conflicto tiene como protagonistas también a los taxistas, especialmente al sindicato Élite Taxi, y más concretamente a su líder, Alberto Álvarez. El líder de las huelgas y manifestaciones tanto en Madrid como en Barcelona en este sector se ha movilizado desde el primer momento contra la llegada de Uber a España desde hace siete años.
Álvarez no sólo se mueve en la calle, sino también en los pasillos de las administraciones, despachos de partidos políticos, consejeros de la Generalitat y se pasea ahora por el Parlament, como si fuera un diputado más.
El líder de los taxistas tiene muy clara su estrategia. «Echar a Uber«, sea cual sea el método para conseguir el objetivo. En 2019, la última gran movilización de taxistas, llegó a paralizar Barcelona durante diez días; antes cada Mobile World Congress era amenazado con el colapso de Barcelona, deteriorando la ya maltrecha imagen de la Ciudad Condal. La bandera del también ‘lobbista’ es clara: «Las calles serán siempre nuestras«.
Pese a su guerra personal contra Uber y el resto de empresas tecnológicas, como Glovo o Deliveroo, Álvarez ha mantenido al menos cuatro reuniones con los responsables del gigante tecnológico de la movilidad. Conversaciones de las que apenas trascienden acuerdos.
OTRA ESTRATEGIA CONTRA UBER
«No queremos a Uber dentro del sector«, ha afirmado Álvarez en respuesta a las preguntas de este medio. De hecho, su estrategia consiste en hacer todo el ruido mediático posible para que los taxistas eviten trabajar con esta empresa estadounidense.
«Si quieren entrar en Barcelona que lo hagan con VTC y dejen al taxi tranquilo», ha asegurado el sindicalista, que se autoproclama «anti-Uber». No escatima en insultos -que no se reproducirán en este medio- contra la operadora extranjera, integrada en Foment de Treball.
Todo para evitar que pase en Barcelona lo ocurrido en Madrid, donde Uber asiste a las mesas de negociación. «¿Dónde se ha visto?», reflexiona. Aquí, en Barcelona, «no lo vamos a permitir», asevera. El líder del sindicato considera que si Uber encontrase el resquicio para operar en Barcelona irá hasta dentro del sector con todo. «Si hay alguna posibilidad de pararlos es ahora», ha considerado.
CAZA AL TAXISTA, LA PELIGROSA ESTRATEGIA
Desde la llegada de Uber a Barcelona se ha iniciado una caza de brujas. Compañeros denunciando a compañeros por el hecho de trabajar con Uber, pese a que la administración tiene sus propios controles, tal y como ha apuntado el IMET.
Desde el primer minuto del anuncio de Uber, los taxistas han realizado cerca de 800 peticiones a través de la nueva aplicación, encontrando un único servicio realizado por un paquistaní. A este conductor se le ha advertido de las posibles consecuencias que tendría si continuaba prestando el servicio para Uber.
La idea de Álvarez es solicitar servicios para carreras cortas, realizarlos, pedir el ticket y denunciar al taxista que nada tiene que ver con la aplicación. Todo para exigir después la intervención del IMET. En el caso de que Uber actualice la aplicación y permita la tarifa T3, Élite Taxi cambiaría la estrategia. «No puede ser que Uber oferte precios distintos al de las emisoras y otras aplicaciones», ha dicho Álvarez. «Tienen que ser el mismo, y esto no ocurre«, ha zanjado.
Para el líder sindical, la tecnológica «se salta las normas«, sin importar quien gobierne. Según apunta, la esencia del taxi es la tarifa regulada públicamente, para evitar sorpresas a los usuarios, pero incluso si Uber ofreciera estos servicios también sería objetivo. «Ya veremos cuál será la estrategia una vez cumpla los requisitos», ha dicho.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS DAN SU VEREDICTO A FAVOR DE ÁLVAREZ
Sin esperar aún al expediente de la ACCO, los partidos políticos se apresuran a dar su apoyo a los taxistas. Son unos 100.000 votos directos en Cataluña, contando conductores y familiares, un número suficiente en Barcelona para tener representación parlamentaria.
Álvarez ha llegado a movilizarse contra partidos políticos por no mostrar un apoyo claro al taxi. Lo hizo durante la campaña electoral del pasado 14-F, donde llegó a avisar a ERC. Tras convocar a sólo 600 taxistas de los 5.000 libres este jueves ante la patronal Foment del Treball, Álvarez se ha reunido con todos los grupos parlamentarios, que se han apresurado a cargar contra la empresa Uber.
Los republicanos han tardado menos de una hora en responder a las peticiones de los taxistas. «Muchas plataformas de intermediación hacen bien su trabajo. Sin cumplir las normas, no hay competencia leal entre plataformas», han asegurado. «Uber no puede operar en Barcelona sin añadir la tarifa de precio cerrado. La concejala de movilidad del PSC y presidenta del IMET, Rosa Alarcón, lo ha dicho bien claro: todo el mundo debe cumplir la normativa», han asegurado los socialistas catalanes.
De esta forma, se aprecia la presión que pueden llegar a ejercer los taxistas de Barcelona, no solo ante la administración y la política, sino también ante la opinión pública. Una muestra más de que Uber tendrá que acudir más tarde o temprano a los tribunales para escapar de la ratonera que supone Barcelona para este tipo de aplicaciones.
