La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que negocian PSOE y Unidas Podemos, contarán con «un incremento por encima del 30 por ciento» para las políticas activas de empleo, haciendo especial hincapié en los parados mayores de 45 años, que han sido «expulsados en lo mejor de su carrera profesional».

Díaz ha lamentado que las políticas activas de empelo «no han sido eficaces en los últimos 35 años» y ha explicado que se van a redirigir siguiendo «las recomendaciones europeas» con «orientaciones y perfilados individualizados» para los trabajadores parados y mayores de 45 y 50 años.

En este sentido, ha adelantado que desde su departamento se trabaja en un «programa específico» para este colectivo, «semejante al modelo alemán», en el que habrá «subvenciones directas», se optará por «recualificar» a las personas que se encuentran en esta situación y una «vía de inserción» a través de empresas que estén «involucradas en las localidades y comunidades autónomas» para hacer un «seguimiento individualizado».

Así se ha expresado la ministra en una entrevista en ‘El País TV’, en la que ha asegurado que «la debilidad del modelo productivo» en España y «un mercado laboral precarizado» ha provocado que casi 1,2 millones de parados mayores de 45 años sean «expulsados» de su puesto de trabajo.

Preguntada por el desempleo juvenil, Díaz ha pedido «cambiar la cultura de la temporalidad» y el «modelo productivo. A su juicio, el actual marco legislativo, aprobado durante gobiernos del PP, «premia la expulsión de los jóvenes del mercado de trabajo» y ha animado a «rejuvenecer las empresas» porque «un mercado de trabajo envejecido no es tolerable».

Sobre la reforma laboral, la ministra ha indicado que «la legislación laboral del PP» ha demostrado que «no sirve» en materia de desempleo para «una situación como la actual» de pandemia. Así, ha insistido en que la intención del Gobierno es derogarla, «con tranquilidad» y cumpliendo con el diálogo social. «No quiero dar plazos», ha dicho Díaz.

La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado dos iniciativas de PP y Ciudadanos que llaman al Gobierno a cambiar la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para combatir el llamado ‘fraude carrusel’. Ambas iniciativas han sido respaldadas por PP, Vox, Ciudadanos, PNV y Junts, mientras que el PSOE y Unidas Podemos han votado en contra.

La propuesta del PP reclama ampliar los supuestos de inversión del sujeto pasivo para incluir productos, como los neumáticos, que son objeto de operaciones fraudulentas, así como discos duros, memorias, procesadores, circuitos integrados y otros componentes informáticos.

El llamado ‘fraude carrusel’ se produce en operaciones intracomunitarias, cuando en un entramado de empresas una repercute el IVA a una mercancía, permitiendo su derecho a la deducción, sin ingresar el IVA correspondiente antes de desaparecer.

El diputado ‘popular’ Jaime de Olano ha criticado que se trata de un triple fraude: el que se deja de recaudar, el que se gasta en devoluciones indebidas, y el de la competencia desleal con empresas cumplidoras.

José Luis Ramos, del PSOE, ha criticado que la propuesta supone «poner una tirita», que se proponga hacer excepciones en la aplicación de la norma y apostando por «cambiar la perversión del sistema en la aplicación de las operaciones comunitarias», un trabajo que, ha defendido, lleva haciéndose entre las agencias tributarias europeas en los últimos años.

La propuesta también llama a adoptar las reformas necesarias a nivel europeo para combatir el fraude en el IVA, al igual que reclama la iniciativa de Ciudadanos, y finalmente pactada con Vox, que también ha sido aprobada por la Comisión.

En este caso, el texto aprobado pide una reforma global e integral del IVA para dificultar su utilización fraudulenta, aumentar los recursos de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude y que Hacienda elabore un informe sobre economía sumergida, fraude fiscal en IVA y una estimación de las cantidades no declaradas, el impago de impuestos y beneficios fiscales disfrutados indebidamente.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) ha lamentado que la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2020 planteada este miércoles por el Gobierno «destruya empleo público en la Administración del Estado».

En un comunicado, ha señalado que es un cambio «drástico» en la orientación del empleo público y considera que el volumen es «insuficiente» y que la distribución por grupos «condena a la desaparición al personal auxiliar y laboral, principales activos en la atención a la ciudadanía».

Para el secretario general del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, José Manuel Vera, es «ridículo» ofertar 7.066 puestos cuando las bajas alcanzan los 8.706 efectivos.

La crisis económica y sanitaria ha puesto de manifiesto el papel esencial de los servicios públicos en la garantía de los derechos de los ciudadanos», ha remarcado tras afirmar que «resulta doloroso que un Gobierno que se autodenomina progresista los ponga en riesgo con esta impunidad y que recupere instrumentos y políticas del PP.

Así, el sindicato ha destacado que se deriva hacia un modelo de Administración de control y gestión que olvida a personal «de a pie», que es el que «realiza la atención directa a la ciudadanía. Así, ha alertado de que se perderá personal laboral, porque solo se cubrirá un 40% de las bajas de 2019, y cuerpo auxiliar, donde no se alcanzará el 25% de las bajas del año pasado.

«Tres de cada cuatro puestos, en su mayor parte de atención al público, se van a quedar vacíos, con terribles consecuencias para las personas que solicitan, por ejemplo, prestaciones o subsidios», ha resaltado.

Así, Vera ha mostrado su preocupación por el hecho de que esta política esconda «la intención de continuar con las privatizaciones de servicios públicos», que no garantizan los derechos de la ciudadanía en condiciones de igualdad, objetividad y transparencia, y que se mueven por criterios empresariales en lugar de por el interés general».

Para CCOO, la propuesta de OPE para 2020 debería partir de la cobertura total de la tasa de reposición, además del incremento del 5% adicional para sectores donde se hayan establecido nuevos servicios públicos, como los paquetes de medidas sociales, o se prevea un alto volumen de jubilaciones, que alcanzarán un 50% en los próximos diez años en la Administración del Estado.

Para Vera, «los instrumentos para la gestión del empleo público están fracasando por la falta de interés del Gobierno en la interlocución con las organizaciones sindicales y por las injustificables demoras en la gestión de las ofertas».

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciado que la propuesta de sistema de cotización de ingresos reales solo beneficiará a 1,5 millones de autónomos y dejará fuera a la mitad de los más de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en la actualidad.

Así lo ha señalado tras el encuentro que ha mantenido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con las organizaciones de autónomos para abordar cómo será el sistema de cotización por ingresos reales que el Gobierno pretende aprobar.

Según Amor, el sistema que ha presentado el ministro se aplicará dependiendo del sistema de cotización que utilicen los autónomos. «El millón de autónomos en sociedades quedan fuera, los colaboradores también y a los autónomos de módulos se les aplicará el rendimiento neto que marca Hacienda anualmente», ha señalado.

El presidente de ATA ha apuntado que lo que se plantea es un sistema de tramos, «aunque todavía esos tramos no están acordados». Amor ha trasladado a Escrivá que «con la que está cayendo» no es el momento para que a 700.000 autónomos se les suba la cotización.

En esta línea, ha explicado que se han presentado los rendimientos netos de los autónomos de 2016, 2017 y 2018 y que hay unos 700.000 autónomos que declararon unos rendimientos superiores a 25.000 euros y por lo tanto «a estos 700.000 autónomos, prácticamente el 50%, se les subiría la cotización» si se aprueba este sistema planteado por el Gobierno.

«Le hemos dicho a Escrivá que no apoyamos un sistema como este. Para nosotros no es un sistema justo, porque, por ejemplo, podemos encontrar un autónomo societario que gane más dinero que un autónomo persona física que esté en estimación directa y puede ser que el societario tenga una cotización inferior», ha añadido.

Amor ha dejado claro que sigue apostando por que los autónomos puedan adecuar de forma voluntaria su cotización a sus ingresos. «Nos congratula que se nos dé la razón cuando se plantea un sistema exclusivamente para la mitad de los autónomos que son persona física que cotizan por estimación directa, ya que para los demás es muy difícil saber cuáles son sus ingresos», ha dejado claro Amor.

UPTA Y UATAE VALORAN EL SISTEMA FAVORABLEMENTE

De su lado, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha puesto de relieve que el sistema se acerca mucho a lo que se pedía desde su organización. «Una de las principales herramientas de cambio que pedíamos es que se estableciera un sistema de tramos de cotización con bases mínimas de cotización en cada una de los tramos y este precisamente es el elemento fundamental por el cual se va a poner en marcha este nuevo sistema de cotización», ha remarcado.

El nuevo sistema de cotización estaría funcionando a partir de 2022 en pleno rendimiento, según ha apuntado el presidente de UPTA, que ha resaltado que prácticamente el 70% de los autónomos o van a continuar con la cotización que tenían o van a ver cómo esta se reduce.

«Estimamos que un 30% de los autónomos tendrán que hacer un mayor esfuerzo contributivo, porque tienen rendimientos de trabajo por encima de 25.000 euros anuales, y es en este caso donde se tienen que aplicar los nuevos tramos de cotización para que el sistema sea absolutamente justo y hagan el esfuerzo de cotización los autónomos que tienen mayor capacidad económica», ha remarcado Abad.

Según Abad, con el sistema se garantiza que aquellos autónomos que elijan un tramo y no lleguen a ese tramo tendrán la devolución de los ingresos indebidos y que los que seleccionen un tramo y se pasen, «tendrán que hacer una aportación adicional al sistema».

Por otro lado, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha valorado positivamente la reunión y cree que se ha presentado una idea de régimen especial de autónomos «verdaderamente justo, contributivo en función de los ingresos que tienen los autónomos, que no ahoga a los que menos tienen y con el que los que tengan más puedan contribuir un poco más.

«La idea final es que todo el colectivo esté más protegido y que entremos en el Estado de bienestar teniendo en cuenta que la mayoría de los autónomos con este nuevo sistema van a pagar menos o igual», ha dicho.

Los ministros de Finanzas y banqueros centrales de los países del G20, reunidos este miércoles en una cumbre virtual, han acordado extender durante seis meses adicionales la suspensión temporal de los pagos del servicio de deuda de aquellos países pobres que lo soliciten, en línea con los términos también acordados por el Club de París.

En abril, el Grupo de los 20 acordó suspender los pagos de deuda bilateral hasta finales de 2020, por lo que esta ampliación supondrá eliminar los pagos hasta junio de 2021. «La información preliminar del marco de vigilancia fiscal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial destacan que, junto con la financiación excepcional, la iniciativa de suspensión de servicio de deuda está facilitando de forma significativa un mayor gasto relacionado con la pandemia», ha reconocido el club de países en un comunicado.

Durante las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial de 2021, los países del G20 se han comprometido a valorar, si fuera necesario, otra extensión durante seis meses adicionales, en función de la situación económica y financiera.

El G20 ha subrayado que está «decepcionado» por la «ausencia de progreso» por parte de los acreedores privados a la hora de participar en la iniciativa de suspensión de deuda y les «anima encarecidamente» a participar en términos similares cuando se lo soliciten los países deudores.

Los ministros de Finanzas y banqueros centrales han «reconocido» que, debido a la «magnitud» de la crisis del Covid-19, a las vulnerabilidades asociadas a la deuda y a los pronósticos deteriorados en muchos países pobres, será necesario un tratamiento de la deuda que vaya más allá de la iniciativa de suspensión de pagos de deuda bilateral.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha realizado este miércoles una propuesta inicial de sistema de cotización por ingresos reales a las principales organizaciones de autónomos en el que plantea que los nuevos trabajadores por cuenta propia elijan su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos que tendrán.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, una vez ha finalizado la reunión, Escrivá ha planteado un sistema «flexible, que se pueda modificar a los largos del año y que se regularice un año después, incluso con la posibilidad de que se devuelva el exceso de cotizaciones pagado por el trabajador».

Escrivá ha transmitido a las organizaciones que se debe adoptar este sistema, siguiendo así con la recomendación número cuatro del borrador de la Comisión del Pacto de Toledo, que aconseja la transformación gradual del sistema de cotización para reforzar la homogeneización de la acción protectora de la Seguridad Social, así como la contributividad del trabajador autónomo.

Asimismo, el titular del Ministerio ha hecho hincapié en la importancia de que el nuevo sistema sea consensuado con los representantes de los trabajadores por cuenta propia.

Según los cruces que ha realizado el Ministerio de Escrivá con la Agencia Tributaria, en 2018 había 2,2 millones de autónomos con rendimientos de actividades económicas. De estos, más de la mitad de ellos tuvieron en 2018 unos rendimientos menores al salario mínimo interprofesional (10.302,60 euros anuales), por lo que su aportación a la Seguridad Social sería menor que la actual con el nuevo sistema, según ha explicado el ministerio.

Esta ha sido la primera reunión sobre la adaptación de la cotización de trabajadores autónomos a sus ingresos reales. En el encuentro han estado presentes el presidente de ATA, Lorenzo Amor; el de UPTA, Eduardo Abad, y la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.

Por parte del ministerio también han asistido el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, y los directores generales de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, y de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto.

Unidas Podemos y PSOE han planteado una batería de enmiendas conjuntas al proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en las que plantean aumentar en el texto legislativo la ambición de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, prohibir la minería de uranio, adelantar a 2030 el fin de la fabricación de los vehículos con emisiones y que permite un mayor grado de autonomía a la Empresa Estatal de Residuos (Enresa).

Las enmiendas parciales plantean, entre otras modificaciones, elevar del 20 al 23 por ciento el objetivo de reducción de emisiones de aquí 2030 respecto al año 1990; pasar del 70 al 74 por ciento en la participación de las renovables en el consumo de electricidad para 2030; de un 35 a 42 por ciento en la participación de las energías limpias en el consumo final de energía para 2030 y elevar, desde el 35 al 39,5 por ciento la reducción de energía primaria.

Además, proponen que los objetivos de la ley solamente podrán modificarse al alza de forma que se garantice un aumento progresivo de la ambición en la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, las enmiendas subrayan la importancia de la lucha climática y la alinean con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y el marco de la cooperación multilateral.

De aceptarse la enmienda parcial conjunta ahora propuesta por los dos partidos que forman el Gobierno, la ley conllevaría la prohibición de la investigación y el aprovechamiento de mineral radiactivo «en todo el territorio nacional», como por ejemplo el uranio, lo que conllevaría el fin de proyectos mineros en desarrollo en la actualidad como la mina de Berkeley Minera en Retortillo (Salamanca).

Al mismo tiempo, la enmienda parcial de adición al artículo 8 del proyecto de ley, establece que quedará archivado cualquier procedimiento de autorización de instalaciones radiactivas de ciclo de combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales.

En materia de combustibles, añade al artículo 10 del proyecto normativo, que se refiere al fomento de la penetración de gases renovables a partir de materias primas o residuos orgánicos y subproductos de origen animal o vegetal, que se harán regulaciones que favorezcan el uso industrial directo de estos gases sobre todo para soluciones de movilidad.

FRENO A LA DEFORESTACIÓN POR EL ACEITE DE PALMA

No obstante, proponen también que el Gobierno establezca objetivos anuales de integración de renovables y suministro de combustibles alternativos en el transporte. Del mismo modo, podrá limitarse, con una senda de reducción hasta 2030, la contribución al cumplimiento de los objetivos anuales de biocarburantes de primera generación producidos con materias primas que conlleven un elevado riesgo de cambio indirecto del uso de tierra. Se refiere con ello, por ejemplo, a biocarburantes, como el aceite de palma, procedentes en buena medida de zonas con tierras que disponen de grandes reservas de carbono.

Por otro lado, plantean como mejoras a la propuesta legislativa un mayor compromiso para adoptar una ley de movilidad sostenible, el fomento del transporte ferroviario para personas y mercancías, la introducción del concepto del impacto de la dieta alimenticia en el cambio climático o una enmienda de mejora de la protección de la biodiversidad.

En materia de movilidad sostenible, señala que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar con un plan de movilidad sostenible que, al menos, sean coherentes con los planes de calidad del aire de cada ciudad y que fomenten el reparto de mercancías y de movilidad al trabajo con métodos sostenibles.

Las enmiendas añaden un nuevo artículo al proyecto de ley, por el que se establece el cese definitivo de la producción nacional de carbón, de modo que las autorizaciones de explotación y permisos queden supeditados a la devolución de las ayudas de todo el plazo del plan de cierre de la minería de la UE.

Por último, proponen incluir en la futura ley una disposición adicional por la que se modificaría la Ley 25/1964 de 29 de abril de Energía Nuclear por la que las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación o desmantelamiento en el marco del Plan General de Residuos del Gobierno, serán consideradas obras de interés general que «no están sometidas a ningún acto de control municipal» de los que figuran en la ley reguladora de las bases del régimen local.

También añade otra disposición adicional que afecta a la Empresa Estatal de Residuos, de modo que Unidas Podemos y PSOE proponen que el Ministerio para la Transición Ecológica podrá mediante una orden ministerial los criterios y condiciones por los que Enresa pueda celebrar convenios con los municipios en el entorno de instalaciones nucleares para financiar las actividades que financia en tales municipios.

El Ministerio quiere fijar ahora que estas actividades que realiza Enresa en los municipios deben contribuir al desarrollo socioeconómico o medioambiental de esos municipios, promover la generación de empleo, la actividad económica en sectores de transición ecológica y creación de tejido social y lucha contra el reto demográfico.

Para el diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juantxo López de Uralde, la ley de cambio climático debe ser una «herramienta fundamental» para avanzar contra la emergencia climática. «Haremos todos los esfuerzos políticos para que la Ley sea lo más ambiciosa y eficaz posible. Queremos que combine la máxima ambición, con la capacidad de establecer una hoja de ruta realista que impulse la transición energética en España», ha valorado.

El Congreso ha reclamado este miércoles ampliar el número de grupos multinacionales que deben presentar su informe país por país, con información financiera y fiscal desglosada por jurisdicciones fiscales y en el que, entre otras cuestiones, deben detallar sus resultados antes de impuestos, las cantidades satisfechas ante el fisco y las retenciones soportadas.

Así, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja ha aprobado una proposición no de ley defendida por Unidas Podemos con los votos del PSOE, el grupo confederal, Junts y el PNV, mientras que PP y Vox han votado en contra. Ciudadanos ha optado por la abstención.

PROHIBIR LA CONTRATACIÓN A QUIEN OPERE EN PARAÍSOS FISCALES

Con la iniciativa aprobada, el Congreso llama además al Gobierno a estudiar e impulsar medidas a nivel europeo para la prohibición de contratar con empresas o grupos radicados en paraísos fiscales, y a estudiar e impulsar la armonización fiscal de tributos con el objetivo de eliminar distorsiones.

Con esta iniciativa, Unidas Podemos recogía dos propuestas ya incluidas en las conclusiones aprobadas por el Congreso para la reconstrucción económica y social tras la crisis provocada por la pandemia del Covid-19: no contratar con empresas que operen en paraísos fiscales e impulsar la armonización fiscal a nivel europeo.

En este último punto, recuperaba íntegramente el texto aprobado que reivindica la lucha contra los paraísos fiscales y las jurisdicciones que practiquen la elusión y el ‘dumping’ fiscal como una de las prioridades en la Unión Europea.

En el caso de la prohibición de contratar –en el dictamen de Reconstrucción se aludía a la recepción de ayudas para afrontar la crisis– llevaba el texto más lejos para restringir la contratación a grupos, y no a empresas, lo que impediría la contratación a empresas que, aun no operando en paraísos fiscales, si tuvieran en ellas filiales.

UN INFORME IMPULSADO DESDE LA OCDE

Respecto al informe país por país, el Congreso pide ampliar el número de grupos obligados a presentarlo y que este informe sea público, ampliando así la información estadística publicada en España sobre el mismo.

Este informe, una de las acciones desarrolladas por la OCDE contra las prácticas de elusión y evasión fiscal de las empresas, es obligado para todos los grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a los 750 millones de euros.

Además de los resultados antes de impuestos y las cantidades tributadas, en el informe las multinacionales deben detallar sus fondos propios, su plantilla media, con activos materiales e inversiones inmobiliarias y la lista de entidades residentes, con establecimientos permanentes y actividades realizados en ellos.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciado que la propuesta de sistema de cotización de ingresos reales solo beneficiará a 1,5 millones de autónomos y dejará fuera a la mitad de los más de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en la actualidad.

Así lo ha señalado tras el encuentro que ha mantenido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con las organizaciones de autónomos para abordar cómo será el sistema de cotización por ingresos reales que el Gobierno pretende aprobar.

Según Amor, el sistema que ha presentado el ministro se aplicará dependiendo del sistema de cotización que utilicen los autónomos. «El millón de autónomos en sociedades quedan fuera, los colaboradores también y a los autónomos de módulos se les aplicará el rendimiento neto que marca Hacienda anualmente», ha señalado.

El presidente de ATA ha apuntado que lo que se plantea es un sistema de tramos, «aunque todavía esos tramos no están acordados». Amor ha trasladado a Escrivá que «con la que está cayendo» no es el momento para que a 700.000 autónomos se les suba la cotización.

En esta línea, ha explicado que se han presentado los rendimientos netos de los autónomos de 2016, 2017 y 2018 y que hay unos 700.000 autónomos que declararon unos rendimientos superiores a 25.000 euros y por lo tanto «a estos 700.000 autónomos, prácticamente el 50%, se les subiría la cotización» si se aprueba este sistema planteado por el Gobierno.

«Le hemos dicho a Escrivá que no apoyamos un sistema como este. Para nosotros no es un sistema justo, porque, por ejemplo, podemos encontrar un autónomo societario que gane más dinero que un autónomo persona física que esté en estimación directa y puede ser que el societario tenga una cotización inferior», ha añadido.

Amor ha dejado claro que sigue apostando por que los autónomos puedan adecuar de forma voluntaria su cotización a sus ingresos. «Nos congratula que se nos dé la razón cuando se plantea un sistema exclusivamente para la mitad de los autónomos que son persona física que cotizan por estimación directa, ya que para los demás es muy difícil saber cuáles son sus ingresos», ha dejado claro Amor.

UATAE VALORA POSITIVAMENTE LA REUNIÓN

De su lado, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha valorado positivamente la reunión y cree que se ha presentado una idea de régimen especial de autónomos «verdaderamente justo, contributivo en función de los ingresos que tienen los autónomos, que no ahoga a los que menos tienen y con el que los que tengan más puedan contribuir un poco más.

«La idea final es que todo el colectivo esté más protegido y que entremos en el Estado de bienestar teniendo en cuenta que la mayoría de los autónomos con este nuevo sistema van a pagar menos o igual», ha dicho.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha presentado este miércoles su primera propuesta de oferta de empleo público en la Administración General del Estado (AGE) para este año que reduce en un 37,6% el número de plazas en relación a la oferta acordada en 2019, según ha informado CSIF, y ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión este martes para concluir la negociación el próximo lunes y aprobar la oferta vía real decreto el martes 27 de octubre.

Los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF rechazan la primera propuesta al considerar que se pone en peligro la «viabilidad» de la AGE ya de por sí en una situación «crítica» y podría suponer el «colapso» del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad Social, y reclaman igualar al menos el número de plazas de la oferta del año pasado, mejorar la distribución y agilizar las incorporaciones de opositores aprobados.

El Gobierno volverá a reunirse con los sindicatos este jueves en la comisión técnica y ha establecido el próximo lunes como la fecha límite para concluir la negociación con la oferta de empleo público definitiva, haya o no acuerdo, con la intención de convocar a continuación la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas y poder aprobar la nueva oferta vía real decreto en el Consejo de Ministros del martes 27 de octubre, según han informado fuentes de la negociación.

En concreto, la oferta de empleo público que ha puesto Función Pública encima de la mesa contempla 7.066 plazas de acceso libre (personas que ingresan en la Administración) y 6.247 plazas destinadas a la promoción interna, frente a las 11.338 y 8.350 contempladas, respectivamente, en 2019, según los datos facilitados por CSIF. Así, se pasaría de la oferta de empleo público de 19.688 plazas del año pasado a 13.313 plazas en la nueva oferta de este año.

CSIF ha trasladado al Ministerio que la oferta es «insuficiente» porque representa un 37,6% menos respecto a las 11.338 de acceso libre que se aprobaron el año pasado y un 32,3% menos en el global de las plazas (acceso libre y promoción interna).

Además, señala que la oferta de empleo público no cubre el cien por cien de la tasa de reposición, puesto que el número de plazas de nuevo ingreso propuestas son 988 menos que las bajas producidas por fallecimientos y jubilaciones, por lo que se estaría destruyendo empleo.

El sindicato advierte de que la oferta de empleo público presentada por el Gobierno pone en peligro la «viabilidad» de esta Administración, teniendo en cuenta los «graves problemas» por los que atraviesan ámbitos como el Servicio Público de Empleo Estatal o la Seguridad Social en la gestión de prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital.

En este sentido, recuerda que la Administración General del Estado ha perdido en los últimos diez años, entre enero de 2010 y enero de 2020, 43.477 plazas, según datos del Registro Central de Personal, lo que supone una pérdida de 12 empleados públicos al día.

«La Administración Pública se está desangrando», alerta CSIF, que añade que a estas cifras se suma que el 19,2% ciento de la plantilla tiene más de 60 años y por tanto está a las puertas de la jubilación.

Por ello, CSIF considera que los 800.000 nuevos empleos anunciados por el presidente del Gobierno también deben ir destinados a reforzar los servicios públicos y entiende que este plan debe de ir acompañado de un análisis sobre los recursos humanos, que siempre ha demandado el sindicato para reforzar ámbitos que con la pandemia se encuentran «seriamente comprometidos», como son Sanidad, Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo, así como la Educación, la Justicia, Agencia Tributaria o los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

SINDICATOS PIDEN MEJOR DISTRIBUCIÓN Y AGILIDAD EN LA INCORPORACIÓN

El secretario de Empleo del sector estatal de la Administración General del Estado de FSC-CC.OO., Javier Martínez, ha lamentado que la oferta planteada supone una nueva destrucción de empleo público, ya que las bajas en 2019 fueron de 8.706 efectivos, y la propuesta conlleva una incorporación de 7.066 puestos, con una pérdida de 1.700 puestos.

Aunque desde la Administración defienden que la ley de Presupuestos de 2018 en vigor establece que las altas por reincorporación (650 en 2019) no computan a la hora del cálculo de la tasa de reposición, Martínez ha indicado que aun así daría como resultado una incorporación de solo 7.650 puestos, 600 por debajo.

De esta forma, ha defendido que no haya destrucción de empleo y que «como mínimo» se apruebe una recuperación de la tasa de reposición más el 5% adicional que permite la ley de PGE para destinarlo a los ámbitos donde se han establecido nuevos servicios públicos, como para atender el ingreso mínimo vital, los subsidios domésticos o los museos programas de investigación.

Además, ha recordado que la propia ministra de Función Pública, Carolina Darias, ya señaló que en diez años se jubilaría el 50% del personal de la AGE, por lo que Martínez ha denunciado la situación «crítica» ya que la nueva oferta de este año se desarrollará entre 2022 y 2023, cuando ya se haya producido una jubilación de en torno al 25% del personal público de la AGE.

Por ello, además de la tasa de reposición del 100% y el 5% adicional reclama ofertas de empleo extraordinarias para organismos con necesidades especiales, como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en donde pide cumplir con las plazas de estabilización dado que el próximo 5 de noviembre vencen 105 puestos.

Igualmente, ha cuestionado la distribución de los efectivos planteada, ya que en los cuerpos superiores encargados de la gestión, se ofrece para A1 incorporar 1.400 plazas, tras perder 700 puestos, y en A2 incorporar 1.700 tras perder 800, mientras que en el resto de puestos, relativos a auxiliares, administrativos, recogida de solicitudes o atención al cliente, se ofrece para el cuerpo auxiliar solo 480 plazas, frente a una pérdida de 1.800, a pesar de que en servicios como el SEPE o Seguridad Social no hay personal suficiente. Además, para el personal laboral se ofrecen 972 plazas, frente a una pérdida de 26.000 puestos.

«Es un disparate, con esta distribución se está deteriorando el servicio público», ha denunciado Martínez, quien explica que hay una necesidad en las escalas no superiores y que en el personal laboral podrían continuar los planes para privatizar por ejemplo la vigilancia de las salas de museos, la gestión de prestaciones o los subsidios a través de Tragsa.

Junto a un aumento del volumen de la nueva oferta de empleo público y una mejor distribución, Martínez ha pedido agilizar las convocatorias, ya que hay más de 4.000 personas que han aprobado procesos referidos a las ofertas de 2017, 2018 y 2019 y sin embargo son parados de larga duración mientras la Administración «privatiza o contrata personal externo» en vez de incorporar a los opositores aprobados.

Por su parte, desde UGT han explicado que se ha producido un «intercambio de papeles» para dar inicio a las negociaciones, con una nueva reunión de la comisión técnica este jueves y previsiblemente otra el próximo lunes.

Por ello, consideran que no hay que dar por hecho los datos iniciales, que plantean las tasas de reposición vigentes del acuerdo de 2018. El sindicato pide un plan a varios años, con la eliminación de la tasa de reposición para poder adecuar las plantillas a las necesidades actuales y rejuvenecer las plantillas.