La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha alertado del riesgo de que la crisis derivada de la pandemia genere una «generación pérdida» en los países de bajos ingresos, al tiempo que ha insistido en que la recuperación será «difícil» y «desigual».

«Tras nueve meses de pandemia, todavía estamos lidiando con la ‘oscuridad’ de una crisis que se ha llevado más de un millón de vidas y ha puesto del revés la economía, causando un repentino y elevado desempleo, un alza de la pobreza y el riesgo de una ‘generación perdida en países de bajos ingresos», ha subrayado Georgieva.

Durante su intervención este miércoles en las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, Georgieva ha presentado su Agenda Global de Políticas, que marca las prioridades del Fondo para los próximos seis meses. La directora gerente ha insistido en que los países tienen que mantener las «medidas esenciales» para proteger vidas y medios de vida.

Georgieva ha indicado que la recuperación económica solo será posible si la pandemia es derrotada en «en todos lados». En una pandemia, la economía global únicamente es tan sólida como el más débil de sus miembros», ha apostillado. Debido a esto, la búlgara ha instado a fortalecer la cooperación internacional para acelerar el desarrollo de la vacuna y mejorar el acceso de todos los países a ella. Según los cálculos del FMI, un progreso más rápido en soluciones médicas podría acelerar la recuperación y añadir 9 billones de dólares (7,655 billones de euros) al PIB mundial para 2025.

Otra de las prioridades del Fondo será incentivar las reformas para crear economías «más resilientes e inclusivas». En este sentido, Georgieva ha indicado que los estudios recientes del FMI indican que la inversión pública, especialmente en proyectos ‘verdes’ y de infraestructura digital, puede ser un punto de inflexión. Además, los gobiernos tendrán que apoyar a los trabajadores a medida que transicionan desde sectores en contracción hacia otros en expansión.

En este sentido, Georgieva ha indicado que el FMI mejorará su asesoría sobre políticas macroeconómicas para recomendar una modernización de los sistemas fiscales que lidien «efectiva y justamente» con los «desafíos» de la digitalización, atajen la desigualdad, apoyen la recuperación y, cuando sea necesario, eleven la progresividad fiscal.

Pese a que el FMI ha instado a que es necesario mantener los estímulos y apoyos, también ha puesto el acento en que es necesario lidiar con la elevada deuda pública. Aunque para los países ricos este imperativo será un desafío a medio plazo, para los países pobres es una urgencia a corto plazo. Debido a su elevado nivel de endeudamiento, que impide mantener ciertas políticas necesarias, el FMI ha recomendado permitir a dichos países acceder a más subvenciones, créditos concesionales y medidas para aliviar la carga de la deuda.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno central ya ha procedido a la asignación a las comunidades autónomas de 10.000 millones de euros para los dos próximos años del fondo REACT-Unión Europea, que supondrán un total de 13.000 millones de euros para la reactivación de la economía en España.

Así lo ha desvelado la ministra portavoz durante la sesión plenaria del Congreso tras una pregunta del diputado de EH-Bildu Oskar Matute, que pedía a Montero precisar el porcentaje de los fondos europeos que gestionarán directamente los gobiernos autonómicos y las entidades locales.

A este respecto, Montero ha hecho referencia a esos 10.000 millones dirigidos a las comunidades autónomas de ese fondo, además de los 2.400 millones de euros que irán destinados al Ministerio de Sanidad para la compra centralizada de material sanitario y su posterior reparto a las autonomías.

Además, la ministra ha recordado que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado una Conferencia de Presidentes para el próximo 26 de octubre en la que se hablará sobre el reparto de estos fondos europeos y que contará con la presencia de la líder de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

El diputado de Bildu le ha agradecido la explicación sobre la asignación de ese dinero del fondo europeo, si bien ha tildado de «error» que el resto del fondo «siga siendo gestionado por el presidente del Gobierno.

Asimismo, Matute ha pedido al Gobierno crear oficinas estratégicas y ha cargado a su vez contra el lehendakari, Íñigo Urkullu, por la «lista a los Reyes Magos» que ha hecho llegar al Ejecutivo central detallando los proyectos en los que desarrollar estos fondos. Según el diputado vasco, el presidente de esta región pretende ayudar a grandes empresas en perjuicio de las medianas y pequeñas factorías.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, han acordado crear un grupo de trabajo para estudiar «los efectos concretos» que tiene el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en los hogares en los que viven menores.

«Ahora hay que poner la lupa sobre la población infantil y por ello vamos a estudiar los efectos directos del IMV, tanto en la tasa de fracaso escolar o absentismo como en la alimentación de los niños o su nivel de autoestima», ha destacado Escrivá, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Por su parte, Ernesto Gasco ha subrayado que el IMV «es un instrumento imprescindible para reducir la desigualdad, similar al de otros países europeos del entorno». «Confiamos en que tenga un impacto positivo sobre los hogares más vulnerables, especialmente aquellos con menores a cargo y, fundamentalmente, para las familias monomarentales», ha precisado.

Así lo han puesto de manifiesto en la reunión mantenida este miércoles, en la que también ha estado presente la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua.

En el encuentro, Escrivá y Gasco han coincidido en la preocupación que existe por el impacto que ha tenido la pandemia entre los menores más vulnerables. También han comentado el informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), presentado este miércoles, en el que se indica que el Ingreso Mínimo Vital, entre otras medidas adoptadas, podría limitar el impacto de la crisis del Covid-19 sobre los más vulnerables.

Tanto el ministro como el alto comisionado han subrayado la «importancia» de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital «para reducir la pobreza severa, especialmente entre los hogares con hijos».

Además, han comentado los datos de pobreza infantil, que en 2019, afectaba a un 27,4% de los niños en España, siendo el tercer país de la UE con mayor pobreza infantil, sólo superado por Bulgaria (27,5%) y Rumanía (30,8%).

El Ministerio de Inclusión aprobó en mayo el Ingreso Mínimo Vital, con el objetivo de «sacar de la pobreza extrema a algo más de un millón de personas», destacando el efecto en los hogares con niños.

En la próxima nómina del IMV, correspondiente a octubre, ya reciben la prestación más de 133.000 hogares. El importe bruto total de la nómina ascenderá a más de 158 millones de euros, una cifra que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio para los beneficiarios a los que les corresponde.

El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs se anotó un beneficio neto atribuido de 3.483 millones de dólares (2.960 millones de euros) en el tercer trimestre del año, lo que supone duplicar las ganancias que contabilizó en el mismo periodo de 2019, según las cuentas trimestrales publicadas este miércoles por la entidad.

Además de la mejora de la rentabilidad, la firma también ha informado de que provisionó 278 millones de dólares (236 millones de euros) entre julio y septiembre para cubrir posibles pérdidas crediticias. Esta cifra es un 4% inferior a la registrada hace un año, pero también es un 83% inferior a la registrada en el segundo trimestre de 2020.

La facturación del banco en el trimestre creció un 30%, hasta alcanzar los 10.781 millones de dólares (9.165 millones de euros). Los ingresos por comisiones y tasas alcanzaron los 9.697 millones de dólares (8.244 millones de euros), un 33% más, mientras que los procedentes de intereses se elevaron un 8%, hasta 1.084 millones (921 millones de euros).

Por segmentos de negocio, la división de mercados globales contabilizó una facturación neta de 4.553 millones de dólares (3.871 millones de euros), un 29% más, al tiempo que la rama de gestión de activos ingresó 2.768 millones de dólares (2.353 millones de euros), un 71% más que en el tercer trimestre del año pasado.

El área de banca minorista y gestión de patrimonio ingresó 1.491 millones de dólares (1.268 millones de euros), un 13% más que hace un año, mientras que el negocio de banca de inversión repercutió al grupo una facturación de 1.969 millones de dólares (1.674 millones de euros), un 7% más.

La compensación y otros beneficios de los empleados se mantuvo como la principal partida de gastos, al situarse en 3.117 millones de dólares (2.650 millones de euros), un 14% más, mientras que el coste de las comisiones por corretaje, liquidación, cambio y distribución fueron de 911 millones de dólares (774 millones de euros), un 7% más. La depreciación y amortización tuvo un impacto de 468 millones de dólares (398 millones de euros), un 1% menos, al tiempo que el gasto en comunicaciones y tecnología se elevó un 20%, hasta 340 millones de dólares (289 millones de euros).

En el conjunto de los nueve primeros meses de 2020, Goldman Sachs registró un beneficio neto atribuido de 4.803 millones de dólares (4.084 millones de euros), un 22% menos, al tiempo que los ingresos avanzaron un 23%, hasta 32.819 millones de dólares (27.908 millones de euros).

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado este miércoles que la entidad bancaria estaba preparada «para ataques terroristas y nucleares, pero no para esta pandemia».

Así se ha referido en alusión a la crisis por el coronavirus durante su intervención en el IV Foro El Económico, celebrado en el Palacio de Congresos de Palma, donde también ha apuntado que la situación actual es «única» para enfrentarse a los retos estructurales de la economía de España y ha dicho que «no hay economía más sobre definida que la española».

«Nunca jamás he visto una oportunidad tan extraordinaria para transformar un país», ha manifestado Goirigolzarri, que cree que, por las características de la economía española, el país va a salir de la crisis económica de una manera más lenta que las zonas del norte de Europa.

Goirigolzarri ha indicado que las «claves» para superar la crisis económica pasan por apoyar al tejido empresarial, ayudar a aquellas personas más necesitadas y facilitar a los ciudadanos que tengan las habilidades necesarias para incorporarse al mercado laboral.

También ha hecho hincapié en la importancia de organizar correctamente las prioridades a corto plazo de la sociedad, así como «valorar lo que une a los ciudadanos, evitar la crispación y mantener la transparencia económica y política».

FUTURO ECONÓMICO DE BALEARES Y FUSIÓN CON CAIXABANK

Además, ha realizado una valoración sobre el futuro económico de Baleares y ha dicho que el turismo es un sector que tiene «capacidad de salida rápida», por lo que considera que las Islas volverán a recibir viajeros mucho más rápido que otras áreas.

El presidente de Bankia también ha asegurado que la fusión de su entidad bancaria con CaixaBank «se ha precipitado» debido al coronavirus y ha manifestado que «anticiparse es fundamental», porque eso permite «elegir mejor» y realizar un proceso de integración desde una posición de «mayor fortaleza».

Goirigolzarri también ha explicado que la baja rentabilidad de la banca europea, los nuevos retos estratégicos a los que está sometida la banca y algunas innovaciones como la revolución tecnológica fueron los tres principales motivos por los que se decidió realizar esta integración.

En relación a la rentabilidad de la banca europea, que desde 2016 marca cifras por debajo del coste de capitalización, Goirigolzarri ha destacado que su entidad pensaba que estos números se iban a corregir en pocos meses, pero que ya hace cuatro años que siguen en la misma línea.

Además, ha manifestado que el coronavirus ha sido «un catalizador» de todas estas variables, lo que hará que la banca mantenga periodos negativos por un largo periodo de tiempo y, como consecuencia, también tendrá un impacto en las cuentas de resultados de Bankia.

La valoración que ha realizado Goirigolzarri de la fusión de CaixaBank y Bankia ha sido positiva, pues ha remarcado que tendrá un impacto positivo en los empleados y la cotización de ambos bancos.

ARMENGOL PIDE NO COMPARAR BALEARES CON OTROS TERRITORIOS

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha realizado la clausura del acto, ha manifestado que, por el modelo económico de la comunidad autónoma, no se deben comparar las islas «con Madrid o con otros territorios.

Tenemos que ser conscientes de que, para tener economía, se tiene que garantizar la salud individual y colectiva», ha recordado la presidenta.

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado ha instado al Gobierno a revisar la regulación de la pensión de viudedad en los casos de parejas de hecho, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo, para equiparar los requisitos en el acceso a la misma.

La moción, presentada por el Grupo Socialista, ha sido aprobada este miércoles 14 de octubre con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox, que se ha abstenido.

En el texto se explica que a las personas registradas oficialmente como uniones de hecho que sobreviven a su pareja «se les exigen diferentes requisitos en el acceso a la percepción de la pensión de viudedad» respecto a los que están casados, lo que, «en ocasiones, puede provocar una gran desprotección y, en consecuencia, penalizar las rentas del hogar familiar».

Entre los requisitos, se supedita el acceso a la pensión a la situación económica en el momento del fallecimiento, sin tener en cuenta que dicha situación puede ser puramente circunstancial, según señala el texto de la moción. Así, si se superan dichos ingresos, aunque fuera en un euro, se le denegaría la pensión de viudedad.

Lo verdaderamente discriminatorio es que a las parejas de hecho se les deniega la pensión de por vida por el hecho de tener mayores ingresos el sobreviviente que el fallecido, aunque sea solo un euro, castigando a esta persona y mermando la economía familiar e, indirectamente, penalizando a los posibles hijos menores», ha subrayado el senador del PSOE Alfonso Muñoz.

Según el INE, en el año 2018 había en España registradas 1,6 millones de parejas de hecho frente a 9,7 millones de parejas con vínculo matrimonial. Esto supone que un 14,4% de las parejas optan por esta nueva forma de familia. Dicha cifra ha disminuido en 23.000 parejas con respecto al año 2017, algo que el PSOE achaca a la diferencia en la protección.

Durante el debate de la moción, la senadora del PP María Mercedes Fernández ha asegurado su apoyo a la moción porque considera que hay que «erradicar todas las desigualdades», pero ha pedido hacerlo «con rigor» pues va a ser, a su juicio, «una legislación de desarrollo complejo».

Por su parte, la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren ha calificado de «desigualdad inaceptable» la situación actual en cuanto a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho. A su juicio, supone una «gran desprotección y una discriminación» y, por ello, pide «adaptar la normativa a las nuevas realidades».

En la misma línea, la senadora del PNV Nerea Ahedo ha indicado que no les parece «de hecho ni de derecho» que los derechos de las familias dependan de que el vínculo sea matrimonial o no y tampoco entiende que la pensión de viudedad pueda depender en unos casos de lo cotizado y en otros de la situación económica en el momento del fallecimiento. «Es una cuestión no discriminación, es una cuestión de justicia», ha enfatizado.

Igualmente, la senadora de Ciudadanos Carlota Santiago ha subrayado que «es necesario un proyecto de ley estatal de parejas de hecho» que contemple la «equiparación» de derechos a nivel social, en temas fiscales y de la Seguridad Social. También ha apuntado otras situaciones «discriminatorias», como que las parejas de hecho no puedan acceder al reconocimiento de familia numerosa.

Por su parte, la senadora de Catalunya En Comú Podem Sara Vilà ha dicho que «ya era hora» de equiparar los derechos de las parejas de hecho y los matrimonios convencionales porque lo que ocurre supone «un castigo» que «no tiene cabida». También el senador de Junts Per Catalunya Josep María Cervera ha mostrado su apoyo a la moción asegurando que la situación actual es «una injusticia».

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha presentado este miércoles un proyecto de oferta de empleo público en la Administración General del Estado (AGE) que reduce en un 37,6% el número de plazas en relación a la oferta acordada en 2019, a incluir en los Presupuestos Generales del Estado, según ha informado CSIF, que denuncia que se pone en peligro la «viabilidad» de la AGE y podría suponer el «colapso» del SEPE o la Seguridad Social.

En concreto, la oferta de empleo público que ha puesto Función Pública encima de la mesa contempla 7.066 plazas de acceso libre (personas que ingresan en la Administración) y 6.247 plazas destinadas a la promoción interna, frente a las 11.338 y 8.350 contempladas, respectivamente, en 2019.

CSIF ha trasladado al Ministerio que la oferta es «insuficiente» porque es un 37,6% menos respecto a las 11.338 de acceso libre que se aprobaron el año pasado y de un 32,3% en el global de las plazas (acceso libre y promoción interna).

Además, señala que la oferta de empleo público no cubre el cien por cien de la tasa de reposición, puesto que el número de plazas de nuevo ingreso propuestas son 988 menos que las bajas producidas por fallecimientos y jubilaciones, por lo que se estaría destruyendo empleo.

El sindicato advierte de que la oferta de empleo público presentada por el Gobierno pone en peligro la «viabilidad» de esta Administración, teniendo en cuenta los «graves problemas» por los que atraviesan ámbitos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad Social en la gestión de prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital.

En este sentido, recuerda que la Administración General del Estado ha perdido en los últimos diez años, entre enero de 2010 y enero de 2020, 43.477 plazas, según datos del Registro Central de Personal, lo que supone una pérdida de 12 empleados públicos al día.

«La Administración Pública se está desangrando», alerta CSIF, que añade que a estas cifras se suma que el 19,22% de la plantilla tiene más de 60 años y por tanto está a las puertas de la jubilación.

Por ello, CSIF considera que los 800.000 nuevos empleos anunciados por el presidente del Gobierno también deben ir destinados a reforzar los servicios públicos y entiende que este plan debe de ir acompañado de un análisis sobre los recursos humanos que siempre han demandado para reforzar ámbitos que con la pandemia se encuentran «seriamente comprometidos» como son Sanidad, Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo, así como en los servicios sociales la Educación, la Justicia, Agencia Tributaria o los Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

«Entendemos que las administraciones públicas deben de ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía que, como hemos visto, se encuentran en una situación muy delicada», ha defendido.