Las cuentas de la Seguridad Social registraron un superávit de 1.060,86 millones de euros a 30 de abril, a pesar del aumento del gasto como consecuencia de la crisis del coronavirus, aunque este resultado es un 67% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes el Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El saldo positivo de la Seguridad Social se debe a la diferencia entre unos ingresos reconocidos por operaciones no financieras de 50.526,32 millones de euros, que presentan un incremento del 2,16%, y unos gastos reconocidos de 49.465,46 millones de euros, que crecen un 6,99%.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,1% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,9% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuando a las obligaciones, el 89,2% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 10,8% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida alcanza los 49.534,9 millones de euros, un 6,42% más que en 2019, mientras que los pagos totalizaron 49.338,04 millones, un 6,91% más.

En lo que va de año, las cotizaciones sociales han ascendido a 41.502,83 millones de euros, un 1,61% más que hace un año, lo que, según explica el Ministerio, viene motivado por el aumento de la cotización de ocupados en un 0,45%, mientras que la de desempleados se eleva en un 21,11%.

IMPACTO POR EL CORONAVIRUS

El Ministerio señala que las cuentas recogen el impacto de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y que si se comparan aisladamente los datos de abril de este año y del pasado, sin tener en cuenta el acumulado de los tres primeros meses, esta partida disminuiría un 6,89%, tras un descenso de 8,56 puntos porcentuales en la cotización de ocupados y un aumento del 22,11% en la de desempleados.

Así, el departamento que dirige José Luis Escrivá ha recordado que la exoneración de las cuotas para las empresas acogidas a los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor (ERTEs) o la prestación extraordinaria para autónomos, que también conlleva la exención de las cuotas, han tenido impacto en las cuentas.

A lo que se une que la Tesorería General de la Seguridad Social no está reclamando la deuda de las cuotas no cobradas debido a la suspensión de los plazos administrativos en la gestión recaudatoria.

Las transferencias corrientes se incrementan un 5,53%, hasta los 8.632,12 millones de euros, siendo la partida más representativa la de las transferencias del Estado y organismos autónomos, que ha crecido un 7,56%.

El Ministerio explica que la variación en estos conceptos se debe fundamentalmente al desfase en el calendario de las transferencia que efectúa el Estado a la seguridad Social.

De hecho, dice que las diferencias más significativa se producen en las transferencias del Estado para el pago de pensiones no contributivas, que en abril de 2020 se cifran en 850,03 millones de euros frente a los 1.062,54 millones recibidos en el mismo mes del año pasado, lo que supone un descenso de 212,51 millones (-17,18%).

Sin embargo, afirma que de la aportación del Estado, que está prevista en los Presupuestos en concepto de apoyo al equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, se han percibido 667,91 millones de euros.

Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 46.541,57 millones de euros, con un aumento de un 7,13% respecto al ejercicio anterior. Esta cifra representó un 94,09% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 43.057,01 millones de euros, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 7,56%.

LAS PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

Las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) alcanzaron un importe de 37.629,31 millones de euros (+3,32%). Este incremento, según Seguridad Social, tiene su origen en el aumento del número total de pensionistas (+0,8%), en la elevación de la pensión media (+2,12%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas de este año del 0,9%.

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado al menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, crecieron hasta los 916,86 millones, un 14,14% más, donde, según el Ministerio, «se aprecia el efecto del aumento del permiso de paternidad de 5 a 12 semanas».

Por otro lado, la incapacidad temporal totalizó en 3.236,36 millones de euros de gasto, un 20,72% más que en abril de 2019. Según explica el Ministerio, destaca el gasto registrado por incapacidad temporal por procesos derivados del coronavirus de 18,86 millones, un 0,52% del gasto total.

A 31 de abril, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzaron un total de 3.484,56 millones (+2%). Este importe se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos (2.374,75 millones) y a subsidios y otras prestaciones (749,81 millones, de los que 726,12 millones corresponden a prestaciones familiares, un 17% más).

El Ministerio explica que este incremento viene motivado por la mejora en la cuantía de las prestaciones familiares, en su modalidad contributiva, que ha pasado de una prestación por hijo a cargo de 291 euros a 341 euros o a 588 euros en aquellos casos en los que los ingresos del hogar sean inferiores a la escala que precisa aquellas familias que se sitúan en la pobreza más severa.

Por último, señala que el incremento de los gastos del personal está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de los empleadores devengadas en diciembre del ejercicio.

Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, consiguientemente, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado este viernes en el Parlamento que los vuelos entre islas –ya hay 40 diarios– operarán al 100% de su capacidad a partir del lunes.

En una comparecencia parlamentaria solicitada por el Grupo Nacionalista ha detallado que tienen «todas las garantías» de la compañía que opera ahora el servicio (Binter) de que se cumplen todos los protocolos sanitarios ordenados desde la UE de ahí que se levantará la restricción del 50% de plazas, lo mismo que del comité científico que asesora al Ejecutivo.

Franquis ha indicado que el transporte «ha sido esencial y estratégico» durante el estado de alarma para «combatir» el virus y «mantener las constantes vitales» de la economía y resaltado que de la mano del Ministerio de Transportes y los cabildos se pondrán en marcha un fondo de contingencia para ayudar a las empresas de transporte público terrestre.

Sobre el transporte marítimo, ha apuntado que se va a «abrir en las próximas semanas» con la Península y en Canarias acorde al tirón de la demanda y valorado que no haya habido ningún problema de desabastecimiento durante el estado de alarma.

Sobre el subsector del taxi, ha garantizado que habrá un «esfuerzo económico» del Gobierno al que espera se sumen cabildos y ayuntamientos, con una línea específica de ayudas y el mantenimiento de la plataforma tecnológica, por ejemplo. «Este gobierno será sensible, no se van a sentir aislados», ha agregado.

Además, ha destacado que el conjunto de créditos de 100 millones, a través de la sociedad Aval Canarias, están «hechos a medida» del subsector, con cinco años y uno de carencia, cubiertos en su totalidad y con un máximo de 50.000 euros.

Franquis ha resaltado también que ha sido «muy importante» la aprobación de los ERTE en el transporte que afectan a casi 10.500 trabajadores –más de 3.000 del taxi– y con el objetivo de que se puedan prorrogar hasta final de año.

En cuanto a las empresas de transporte que prestan servicios en educación ha indicado que próximamente se pagarán las facturas pendientes de este curso para darles «liquidez» y los servicios se empezarán a retomar con la reapertura del curso en septiembre de tal manera que volverá la actividad.

ENTRAR EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AENA

Cuestionado por los precios de los billetes aéreos, ha indicado que el Gobierno seguirá vigilante y mantiene su exigencia de tener representación en el Consejo de Administración de Aena, ironizando con que será «casualidad» que en el último informe de la CNMC ya se reconoce una tendencia a la baja en los precios tras la celebración de una cumbre bilateral de transportes con Baleares.

El diputado del Grupo Nacionalista, Narvay Quintero, ha dicho que los transportes en Canarias se han reducido de forma «nunca vista» en la historia de las islas y espera una desescalada «donde ninguna isla se quede atrás», especialmente las no capitalinas.

Ha advertido de que hay riesgo de que «desaparezcan» muchas pequeñas empresas locales de transportes y taxis o que «caigan en manos de fondos de buitre» por lo que ha apelado a garantizar los puestos de trabajo en el subsector.

Sobre la apertura del transporte ha dicho que hay que «vigilar» la subida de los precios «ahora más que nunca» ya que las compañías, con afán recaudatorio tras las pérdidas, pueden «cargar» sus beneficios sobre los usuarios.

Al igual que Mendoza, ha alertado de que las islas menores «pueden perder» la conectividad exterior ganada en los últimos años.

La portavoz de Cs, Vidina Espino, ha advertido de las «prisas» del Gobierno para que se amplíe la capacidad del pasaje en los vuelos interinsulares y ve «más seguro» que se incrementen las conexiones que las plazas.

CS PREFIERE MÁS FRECUENCIAS ANTES QUE MÁS PLAZAS

Ha reclamado test para los usuarios del transporte y garantizar que las compañías quieran viajar a Canarias por lo que demanda una rebaja de todas las tasas aeroportuarias en 2021 para favorecer la recuperación del turismo.

Sobre el taxi, uno de los subsectores «más perjudicados» con pérdidas de facturación del 80%, ha reclamado más ayudas y que el Gobierno escuche sus demandas.

Melodie Mendoza (ASG) ha apuntado que el subsector del taxi «lo está pasando realmente mal», ha advertido de que la cesta de la compra en las islas menores «se ha encarecido muchísimo» y reclamado que se garantice la movilidad en la desescalada.

Ha dicho que «ha costado mucho años» mejorar la movilidad entre islas y espera que la merma de conectividad «sea coyuntural». «Si retrocedemos un pasito se van a agravar las diferencias entre vivir en una isla capitalina y no capitalina», ha señalado.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha felicitado al subsector del transporte porque «ha facilitado la vida» a los canarios durante el confinamiento y al mismo tiempo ha reclamado ayudas para soportar las «pérdidas enormes» de las empresas.

Ha hecho un «llamamiento a la responsabilidad» de los ciudadanos en el buen uso del transporte para evitar rebrotes del coronavirus y aprovechar la situación para avanzar en el urbanismo táctico y la mejora de la movilidad.

Esther González (NC) ha destacado el «buen servicio» que han dado los transportes durante el estado de alarma y pedido reactivar la conectividad entre islas y al exterior «con todas las garantías» para fortalecer la recuperación del turismo y el suministro de bienes y alimentos.

Además, ha planteado si se van aplicar medidas de incentivos fiscales para la compra de bicicletas o patinetes y así evitar las aglomeraciones en el transporte público, tal y como se ha aprobado en Valencia, por ejmeplo.

EL PP CRITICA LA «DESCOORDINACIÓN» DEL GOBIERNO

Luz Reverón, del Grupo Popular, ha valorado el «compromiso» del subsector del transporte durante el confinamiento y por otra parte, la «descoordinación» del Ejecutivo al quejarse de que un vuelo de Iberia viniera lleno a Gran Canaria y ahora se apoye que los vuelos entre islas operen al 100%.

«Las improvisaciones son malas», ha comentado, y con respecto al transporte terrestre, ha solicitado conocer la ficha financiera del fondo de contigencia y a quién beneficiará, remarcando que hay empresas del subsector educativo aún no han cobrado facturas del curso en vigor y hay unos 4.000 trabajadores en un ERTE debido al parón educativo.

Jorge González, del Grupo Socialista, ha dicho que el subsector del transporte es «de vital importancia» en las islas y se ha desarrollado durante el estado de alarma de forma coordinada y en condiciones de seguridad y ahora se trata de «adecuar» la oferta a la demanda durante la desescalada.

Así, cree «necesario» que se aumenten paulatinamente las conexiones aéreas y marítimas de forma «cautelosa, responsable y coordinada» para apuntalar la confianza y activar un cambio normativo en una futura ley del transporte.

Ha dicho que el Gobierno «no ha improvisado» sino que ha sido «coherente y sólido» en la toma de decisiones.

La prima de riesgo ofrecida a los inversores en bonos españoles con vencimiento a 10 años en comparación con sus homólogos alemanes ha registrado este viernes una lectura inferior a los 100 puntos básicos por primera vez en las últimas ocho semanas.

El diferencial, que ayer cerró situado sobre la centena, ha iniciado la jornada situado en los 101,6 puntos, lo que también ha sido su máximo intradía. Tras eso, ha comenzado una racha bajista que ha llevado a la prima a situarse en los 98,2 puntos básicos.

El descenso de la prima ha venido dado porque el rendimiento del bono español en el mercado secundario ha descendido este viernes de forma más abultada que su contraparte germana. Así, mientras el bono alemán con vencimiento a diez años ha llegado a situarse en el -0,442%, frente al -0,26% registrado en la apertura. De su lado, su homólogo español ha llegado a observar un rendimiento del 0,547%, en comparación con el 0,580% registrado tras el toque de campana.

La caída de la prima española no ha ido acompañada de descensos similares en la italiana o en la griega, que ya están situadas casi en el doble. Así, la prima italiana ha alcanzado este viernes los 189 puntos básicos, tras abrir en los 185,7 enteros, al tiempo que la griega se ha situado en 195,4 puntos.

El descenso del diferencial de la deuda española se produce en la semana en la que se ha presentado la propuesta del fondo de recuperación contra el Covid-19 por parte de la Comisión Europea. De los 750.000 millones de los que se compone el fondo, España accedería a 140.446 millones de euros, de los cuales 77.324 millones serían transferencias directas y, el resto, préstamos a devolver.

El Gobierno espera recuperar la tramitación del estatuto electrointensivo «a la mayor brevedad posible», una vez la evolución de la pandemia permita destinar los recursos y la capacidad necesaria, sobre todo para solucionar los despidos anunciados esta semana por Alcoa en Galicia.

Así lo ha avanzado la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, en el que ha admitido que al Ejecutivo le hubiera gustado contar ya con el estatuto aprobado.

Sin embargo, pese a que la norma ya estaba «muy avanzada», la llegada del Covid-19 al país interrumpió su tramitación el pasado mes de marzo, aunque ha señalado que el sector ya conoce las premisas sobre las que se está trabajando.

Alcoa abrió el jueves un periodo informal de consultas para el despido colectivo de un máximo de 534 empleados de su planta de aluminio primario de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), justificándolo en su producción «ineficiente» y situación «insostenible».

Montero ha manifestado que se trata de una decisión de la empresa que se suma a los ajustes que ya venía realizando en los últimos años –en 2018 anunció el cierre de sus plantas en A Coruña y Avilés (Asturias)–, por lo que le ha pedido que reconsidere esta decisión, en línea con la petición trasladada por parte de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

De hecho, la ministra portavoz ha defendido que el Gobierno esta trabajando «de forma muy intensa» para ayudar a este tipo de industria, que considera «muy importante» para el país, a través, no solo de ayudas al CO2, sino también con el llamado Plan Reindus y con el propio estatuto electrointensivo.

Montero ha añadido que el Gobierno está «en permanente contacto» con el sector industrial, no solo tras la decisión anunciada ahora por la multinacional estadounidense productora de aluminio, sino de forma previa y con la situación individual de cada una de las empresas que se han visto con problemas.

«Se está trabajando de forma intensa día a día, reiterando el compromiso desde que llegamos al Gobierno en la anterior legislatura y apoyando al tejido productivo y el que tiene que ver con Galicia», ha concluido la ministra.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que este viernes 29 de mayo es «un día histórico para la democracia» porque «hoy nace un nuevo derecho social en España», el ingreso mínimo vital, que pretende llegar a 850.000 hogares (un 16% de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y que oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar.

«Hoy es un día histórico para nuestra democracia, para mí es un honor anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España, un ingreso mínimo vital que explicaremos a continuación en detalle y que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la ley de dependencia (en 2006)», ha destacado Iglesias durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinarios.

Pablo Iglesias ya había avanzado sobre las 12,00 horas de este viernes a través de Twitter que el Consejo de Ministros había aprobado esta medida, poco antes de la rueda de prensa programada para explicar los detalles de esta medida, en la que comparece junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Iglesias ha avanzado además que las personas que acusen una situación de pobreza sobrevenida como consecuencia de la crisis del Covid-19 se pueda acoger también a este ingreso, una reivindicación de las organizaciones que trabajan en la lucha contra la pobreza.

En este sentido ha explicado que el acceso al ingreso mínimo vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Respecto a los ingresos, los totales del año anterior deberán ser inferiores a la renta garantizada anual.

Por ejemplo, según ha dicho, en el caso de una unidad de convivencia con dos adultos y dos menores, sus ingresos en el año anterior no deben superar los 10.500 euros. «Y también se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que en términos anuales estarían por debajo de la renta garantizada. Esto permitirá atender a las personas que se hayan visto afectadas por una situación de pobreza sobrevevenida a causa de la COvid-19», ha añadido.

Según Iglesias, esta posibilidad ha llevado «mucho trabajo» al Gobierno porque normalmente se tienen en cuenta las rentas del año anterior. Sin embargo, ha insistido en que la crisis del coronavirus, con sus consecuencias económicas y sociales, se ha producido en 2020. «Por eso hemos estado trabajando mucho», ha insistido.

«RAZONABLEMENTE SATISFECHO»

Preguntado por si está contento con la medida, ha reconocido que «podría haber cosas mejores» pero ha insistido en que «claro» que está «satisfecho», sobre todo, «dada la situación» y teniendo en cuenta que esta prestación «ha tenido muchas resistencias por parte de grandes poderes económicos y mediáticos» y que, según ha recordado, fue «definida por la oposición –en referencia a Vox– como ‘la paguita'».

ELEVADA TASA DE POBREZA ANTES DE LA PANDEMIA

Iglesias ha recordado la visita del relator de la ONU sobre pobreza, Philip Alston que «sacó los colores» a España. Antes de la pandemia, según ha precisado, el país ya tenía «una elevadísima tasa de pobreza» y ahora «se ha agravado», lo que ha llevado al Gobierno a «acelerar» la implementación de este ingreso mínimo vital.

Tras destacar el «excelente» trabajo con el equipo del ministro José Luis Escrivá, Iglesias también ha agradecido a todas las redes de solidaridad, bancos de alimentos, ONG, Tercer Sector y parroquias, entre otras, por ofrecer una red de seguridad a las familias en situación de necesidad.

«El ingreso mínimo vital es una medida de justicia social y de eficiencia económica. Se toma en serio uno de los fundamentos de la democracia, que es la redistribución de la riqueza», ha subrayado Iglesias.

Además, ha indicado que es un instrumento «especialmente útil para luchar contra la pobreza infantil» y ha añadido que es una medida «absolutamente imprescindible» para la recuperación económica porque «los recursos no van a acabar en un paraíso fiscal sino que van a ir directamente al consumo.

«NO HAY LIBERTAD SI NO SE LLEGA A FIN DE MES»

A su juicio, el ingreso mínimo vital es también «una cuestión de libertad» porque «no hay libertad si no se llega a fin de mes». Finalmente, lo ha definido como «una victoria de todos los colectivos y personas anómicas que han trabajando durante muchos años» incluso, según ha dicho «recibiendo insultos y descalificaciones».

El ingreso mínimo vital, pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares. De ellos, un 16% de ellos son monoparentales que recibirán 100 euros más al mes. Los 100.000 hogares más vulnerables recibirán de oficio esta prestación a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar.

«Una persona que viva sola tiene derecho a 462 euros, si no tienen ningún ingreso percibirá 462 euros. Pero si cuenta con ingresos de 200 euros, en ese caso recibiría 262 euros, la diferencia entre sus ingresos y el umbral de la renta garantizada», ha explicado Iglesias. También ha puesto el ejemplo de una unidad de convivencia de 2 adultos y 2 niños, que tiene derecho a una prestación de 887 euros.

Además, ha precisado que será compatible con otras rentas, incluidos los ingresos laborables, lo que «permite evitar la trampa de la pobreza», es decir, «la situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre un empleo y aceptar una prestación social».

Asimismo, ha añadido que se establece un estímulo específico al empleo. «Si una persona que recibe esta prestación incrementa su ingresos laborales, una parte de sus ingresos no va a computar. Si consigue ganar 100 euros más al mes no se le restarían 100 euros de la prestación sino algo menos», ha puntualizado.

También ha precisado que se tendrá en cuenta el patrimonio, estableciéndose un límite de 16.614 euros para una persona que viva sola, que se irá incrementando por cada persona adicional hasta los 43.196 euros. Los beneficiarios, según ha dicho, deberán tener entre 23 y 65 años o desde los 18 años, si hay menores a cargo que lleven al menos un año de residencia legal en España.

El mercado de renta fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha admitido a negociación este viernes la emisión del bono social de la Comunidad de Madrid por importe de 52 millones de euros para financiar la lucha contra el Covid-19.

Se trata del primer bono social sanitario de una Administración Pública española. Los bonos cuentan con un valor individual de 1.000 euros y su amortización tendrá lugar en mayo de 2023.

La operación se realizó mediante una colocación privada en la que BBVA actuó como única entidad colocadora y Mapfre AM suscribió íntegramente la emisión para tomarla como subyacente de su fondo de inversión ‘Mapfre Compromiso Sanitario’, garantizado a tres años y que ha sido constituido específicamente para apoyar la ayuda sanitaria ante la pandemia.

«Esta emisión demuestra el importante papel que están desempeñando los mercados financieros para hacer frente a la crisis del Covid-19, en un contexto en el que las emisiones sociales son cada vez más valoradas por la comunidad inversora«, ha señalado el director general de BME Renta Fija, Gonzalo Gómez Retuerto.

BME ha informado de que es la séptima emisión con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) que registra la Comunidad de Madrid en el mercado AIAF desde 2016.

La Comunidad de Madrid cuenta con ‘ratings’ de ‘Baa1’, perspectiva estable, otorgado por Moody’s; ‘A-‘, perspectiva positiva, por S&P, y ‘A-‘, positivo, por DBRS.

En lo que va de año se han registrado ocho bonos ASG en el mercado AIAF, emitidos por Bankinter (750 millones), Adif (600 millones), la Comunidad Foral de Navarra (75 millones) y la propia Comunidad de Madrid, que colocó su primer bono verde por 700 millones en abril y cerró una operación de bonos sostenibles por 1.250 millones en febrero.

Unos 200 trabajadores de Nissan han cortado este viernes la Gran Via en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para protestar contra el cierre de las plantas catalanas, el día después de que se conociera la decisión.

El corte se ha efectuado cerca de las 12.30 horas en el mismo punto que el realizado este jueves y ha durado unos 10 minutos, tras concentrarse ante un concesionario de la marca, una convocatoria que han simultaneado en otros tres puntos de venta.

Los trabajadores, que han cortado ambos sentidos de la marcha, han gritado consignas como ‘Guerra, guerra, guerra, la Nissan no se cierra’ y han aplaudido a los vehículos que les manifestaban su apoyo con el claxon.

Los concentrados han acudido al concesionario alrededor de las 11.00 horas, convocados por el comité de empresa, y han lanzado huevos a la fachada y enganchado decenas de carteles, entre los cuales se podía leer ‘Nissan, nos habéis dejado morir’, ‘Nissan, te has equivocado, no te lo vamos a poner fácil’ y ‘Pedro Sánchez, gracias por salvar a Nissan, mentiroso’.

Algunos carteles ponían de manifiesto los miles de trabajadores afectados y otros criticaban al exdirector general de Nissan en España Frank Torres, que ahora se ocupará del proceso de consultas, así como a la dirección de Japón: «Todos los valores personales que nos han inculcado desde Japón y que tanto hemos valorado y admirado se han roto».

El secretario general de UGT en la planta de la Zona Franca, Javier Hernández, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que la movilización de este viernes se ha realizado de forma simultánea en los cuatro concesionarios más grandes del área de Barcelona.

«Hay que ir buscando alternativas porque estamos en el proceso que estamos y con el coronavirus buscamos alternativas. La única esperanza que nos queda es que cada día se nos dé algo de atención porque, el día que no se nos dé, Nissan habrá ganado», ha sostenido.

Hernández ha insistido en que las plantas de la automovilística no se pueden cerrar porque no va a venir «nada parecido» y ha destacado la calidad del empleo en la industria del automóvil, además de llamar a no perder la esperanza.

«Si al final no tiene solución, no descarto que lo próximo que arda sean las instalaciones de Nissan en Barcelona», ha sentenciado.

«CIERRE ANUNCIADO»

En declaraciones a Europa Press, Francisco Benítez, que lleva más de 30 años trabajando en la planta de la Zona Franca, ha lamentado que la marcha de Nissan ha sido un «cierre anunciado» y que no se han sentido protegidos.

«Nos quitaban los vehículos y no nos traían nada a cambio. Desde que se nos fue el (modelo) Pulsar –en junio de 2018– no ha venido nada. Nosotros dentro ya veíamos que si salen modelos y no traen nada, pues ‘blanco y en botella», ha lamentado.

En este sentido, Mariano Moreno, que lleva 29 años trabajando en la planta de la Zona Franca, ha explicado en declaraciones a Europa Press que hacía tiempo que lo venían venir por la falta de asignación de vehículos nuevos, y ha defendido que con la marcha del Pulsar se tendría que haber empezado a presionar a la marca para buscar soluciones para el futuro.

«SE VEÍA VENIR»

«En mi caso ya pensaba que las administraciones iban a llegar tarde fuera del partido político que fuera porque ya se veía que la cosa no estaba funcionando. Los sindicatos ya habían avisado y se veía a venir», ha señalado, y ha recordado que hace unos años cuando había un problema el presidente de la Generalitat viajaba a Japón para solucionarlo.

Ha sostenido que espera que por su edad intenten solucionar lo que queda de su vida laboral: «Intento tener la moral alta, no caer en el desánimo y tirar hacia adelante», y ha deseado que no caigan más empresas y trabajadores, incluso de otros sectores.

El precio de la electricidad en el ‘pool’ cerrará mayo en torno a los 20,5 euros el megavatio hora (MWh), lo que representa un descenso del 57% respecto al mismo mes del año pasado y supone el nivel más barato de toda la serie histórica, iniciada en 2007.

Según el último informe del mercado energético de Grupo ASE, este descenso en el precio de la luz fue paralelo a una caída de la demanda «sin precedentes», que bajó un 12% respecto a mayo de 2019, debido a las medidas de confinamiento decretadas para frenar al Covid-19.

La producción fotovoltaica supone algo más del 20% del ‘mix’ entre las 11.00 y las 15.00 horas

Por otra parte, los índices del agregador energético de abril de 2020 revelan que la curva de demanda de las empresas clientes de Grupo ASE, mayoritariamente medianas y pequeñas del ámbito industrial, se comportó mejor de lo esperado. En concreto, su reducción sobre abril de 2019 fue del 6,55%, un descenso importante, pero que queda muy lejos del recorte del 17,5% que experimentó la demanda general en ese mismo periodo.

CRECEN LAS RENOVABLES

Según los analistas, el sector de la generación eléctrica se enfrenta a una situación compleja, ya que, en el marco de una caída de la demanda «nunca vista antes», el parque de generación fotovoltaica y eólica se está incrementando. «Es tal la presión de la oferta renovable en las subastas diarias sobre el nivel de precios que el parque nuclear ha tenido que reducir a un 57% el nivel de producción respecto a su plena carga», explican.

No obstante, esta reducción no ha conseguido aliviar la presión sobre el nivel de precios, porque el aumento de la generación renovable, de un 12%, apenas deja hueco a los ciclos combinados de gas, que han visto reducida su producción en un 50% respecto al año pasado.

Por su parte, la producción fotovoltaica continúa aumentando su presencia y su producción y creció un 84% respecto al mismo mes del año pasado, erigiéndose ahora como la principal tecnología del ‘mix’ en las horas centrales del día. En concreto, entre las 11.00 y 15.00 horas, la producción fotovoltaica supone algo más del 20% del ‘mix’.

Los préstamos a empresas de la zona euro, ajustados por ventas y titulizaciones, crecieron durante el pasado mes de abril un 6,6%, lo que representa el mayor incremento desde marzo de 2009, ante la necesidad de las empresas de obtener financiación para hacer frente al impacto de la pandemia de Covid-19, según los datos publicados por el Banco Central Europeo (BCE).

En este sentido, los préstamos a empresas con vencimiento de entre 1 y 5 años fueron los que aumentaron en mayor medida, con un crecimiento anual del 13,7% desde el 9,1% de marzo, su mayor subida desde diciembre de 2008, mientras que los préstamos a más largo plazo subieron un 5,4%, tras incrementarse un 4,3% el mes anterior, su mayor alza desde julio de 2009.

El crédito al consumo frena su expansión a mínimos de 2015 y los hogares y empresas disparan sus depósitos

En el caso de la financiación a más corto plazo, los préstamos con vencimiento inferior a un año aumentaron un 0,9% en abril, tras el 2,9% de marzo. Por su parte, los préstamos a hogares, ajustados por ventas y titulizaciones, aumentaron el mes pasado un 3% interanual, cuatro décimas por debajo de la subida observada el mes anterior.

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

En concreto, los préstamos hipotecarios, principal componente del crédito a los hogares, ralentizaron su expansión en abril, con un alza anual del 3,9%, una décima menos que en marzo, mientras que los créditos al consumo frenaron su crecimiento al 1,3% desde el 3,8% del mes anterior, su menor incremento desde mayo de 2015.

De este modo, el crédito al sector privado en la eurozona aumentó un 4,4% interanual, tras crecer un 4,2% en marzo. Se trata del mayor incremento desde marzo de 2009. En el caso del crédito al sector público, este registró una tasa de crecimiento en abril del 6,2%, frente al 1,6% de marzo, la más elevada desde diciembre de 2017.

De su lado, los depósitos de los hogares de la eurozona registraron en abril un aumento anual del 6,7%, siete décimas más que en marzo, lo que representa el mayor crecimiento del ahorro desde abril de 2009, mientras que las empresas de la eurozona aumentaron sus depósitos un 13,7% interanual, frente al 9,7% de marzo, el mayor incremento desde julio de 2007, coincidiendo con el estallido de la crisis financiera global.

El número de billetes de 500 euros en circulación alcanzó en abril los 20,42 millones, su cifra más baja desde mayo del año 2002, según los últimos datos publicados por el Banco de España, que dejó de emitir billetes de 500 euros en enero de 2019.

El importe de todos los billetes de 500 euros se situó en el cuarto mes del año en 10.210 millones de euros, frente a los más de 10.268 millones de euros del mes anterior.

El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) acordó a principios de mayo de 2016 dejar de producir billetes de 500 euros. En aplicación de esta decisión, el Banco de España cesó el pasado 27 de enero la emisión de billetes de 500 euros, si bien estos billetes seguirán siendo de curso legal, por lo que podrán seguir circulando y utilizándose como medio de pago y como depósito de valor, es decir para comprar y ahorrar.

Asimismo, los sectores profesionales, como bancos, compañías de transporte de fondos u oficinas y cambio de moneda, entre otros establecimientos, podrán recircular los billetes de 500 euros.Estos billetes mantendrán su valor indefinidamente y podrán cambiarse en los bancos centrales nacionales de la zona del euro en cualquier momento.

LOS BILLETES DE 200 SUBEN

Por su parte, el número de billetes de 50 euros en circulación subieron en abril en 39 millones, hasta 1.135 millones de unidades, con un importe que rondó los 56.750 millones de euros.

Además, el importe de los billetes de 200 euros se situó en el cuarto mes del año en 1.120 millones de euros, con 5,6 millones de unidades, incrementándose desde los 4 millones del mes pasado.

En el caso de los billetes de 100 euros perduró la brecha entre billetes distribuidos y billetes retirados en abril, después de que las entidades que operan en España entregaran al Banco de España más billetes de los que se pusieron en circulación.

En concreto, la diferencia entre los billetes distribuidos y los retirados en el cuarto mes del año fue de 100 millones de unidades, dos millones menos que la brecha de marzo.

Esta situación se puede deber al hecho de que el país sea un receptor de turismo y la posibilidad de que los turistas hayan traído en el último año a España muchos billetes de este tipo, según apuntó el Banco de España cuando se produjo el primer descenso en febrero del año 2015.

Buena parte del dinero de los turistas acaba en las entidades de crédito, que devuelven parte de estos billetes al Banco de España porque no necesitan tantos para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus clientes.

En cuanto a los billetes de 10 y 20 euros, el saldo neto entre lo distribuido y las devoluciones también fue negativo. La brecha fue de 1.517 millones de billetes en el primer caso y de 2.089 millones de billetes en el caso de los billetes de 20 euros, lo que supone dos millones menos y cuatro millones menos en cada caso.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado este viernes que el actual es «el peor momento para plantear una reforma laboral» en España. Así lo ha señalado durante un encuentro virtual organizado por APD, donde ha apuntado que la patronal no se levantó de la mesa del diálogo social, sino que «no se llegó a sentar cuando otros ya lo habían hecho y habían hablado las cosas».

«No nos levantamos de la mesa, hablamos de suspensión», ha remarcado tras apuntar que la patronal tuvo que llamar la atención «por pura responsabilidad», ya que el acuerdo para derogar la reforma laboral era «saltarse completamente el diálogo social de arriba abajo«.

«No podíamos, bajo ningún concepto, teníamos que plantear con muchísima rotundidad este asunto«, ha añadido Garamendi, en referencia al acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral. También ha puesto de relieve que «se está firmando con un partido que hoy por hoy todavía tiene algo que demostrar y es la condena a la violencia y es otro elemento importante», dijo Garamendi en alusión a EH Bildu. «En este país hemos superado lo que es la violencia terrorista, pero no nos olvidemos de que de los 800 muertos en atentado en España casi 45 son empresarios«, indicó.

Respecto a la reforma en sí, además de insistir en que es el peor momento, ha resaltado que el propio vicepresiente de la Unión Europea dijo recientemente que los países se debían quedar con los aspectos positivos de las reformas laborales.

CONFIANZA

«Hay una palabra clave que es la confianza, cuando hablamos de que tiene que haber dinero e inversores, tanto españoles como extranjeros, la palabra confianza es clave», ha apostillado. Así, cree que hacer unos planteamientos «con rigidez» y «saltar por los aires todo el esquema da inestabilidad, no da confianza».

El presidente de la CEOE también ha agradecido públicamente que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, dijese que «no es el camino», refiriéndose a la reforma laboral. Garamendi ha reconocido que es cierto que en estos momentos esto está parado y que estaba recogido en el acuerdo de Gobierno y ha afirmado que la patronal, si se hace en el marco del diálogo social, siempre estará presente.

«Las empresas privadas estamos como agente social y tenemos todo el derecho a estar sentados y opinar y por eso es una obligación que sigamos trabajando en este sentido», ha añadido.

ACUERDO ERTES

Por otro lado, ha puesto de relieve que se está trabajando en lo que es necesario a partir de junio en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y que es muy necesario que las empresas tengan liquidez y que puedan volver de alguna manera.

«Todo viene como consecuencia de una enfermedad, pero ahora es el momento, de aquí al 30 de junio, para hacer que estos ERTEs se engarcen con la realidad y de ver cómo somos capaces de hacer la desescalada y compaginarlo con la bajada de los ERTEs», ha añadido.

Garamendi ha señalado que está manteniendo encuentros con los sectores y que se deben montar los corredores sanitarios necesarios con otros países, «porque el turismo tiene que volver a ponerse en marcha». «Nadie dice que no se cumplan las normas, pero hay que dar espacio a que estos hoteles puedan trabajar de forma ordenada con estos ERTEs para ir incorporando de la mejor manera los trabajadores a la actividad y este es el objetivo principal», ha añadido.