El apagón regulatorio del sector energético español ya tiene fecha: el adelanto electoral al 29 de noviembre. Tres normas estratégicas que estaban a punto de ver la luz –la Planificación Eléctrica 2025-2030, el mercado de capacidad y el real decreto de sostenibilidad para los centros de datos– no llegarán al Consejo de Ministros antes de los comicios. Entre las tres mueven inversiones en redes, almacenamiento y digitalización por valor de miles de millones de euros.
Ninguna está en fase de trámite menor. Todas exigen informes preceptivos, audiencias o pasos parlamentarios que el calendario ya no admite, tal y como ha publicado El Periódico de la Energía. Es el peaje de convocar elecciones con la maquinaria regulatoria a medio camino.
Tres normas atrapadas por el calendario electoral
La Planificación Eléctrica 2025-2030 es la pieza de mayor calado. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha recorrido las comunidades autónomas presentando el documento, que debe pasar por el Congreso después del informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ese recorrido no cabe en los 54 días que restan hasta las urnas. Fuentes del sector señalan que el parón hará daño a unas eléctricas que necesitan la planificación para ejecutar sus inversiones en redes.
La cifra da la medida del problema. El propio Gobierno había elevado un 144% la inversión prevista en redes eléctricas hasta 2030, por encima de los 17.000 millones de euros. Sin planificación aprobada, esa cifra se queda en declaración de intenciones.
El mercado de capacidad afronta un escenario parecido. Falta el Procedimiento de Operación y, sobre todo, la primera subasta. Los plazos ya se escapaban del 29 de noviembre antes del adelanto. Convocarla en plena campaña sería, además, un movimiento políticamente incómodo: el mecanismo supone un cargo de 900 millones de euros al año sobre la factura eléctrica. Nadie quiere firmar esa subida a dos semanas de votar.
El coste de la incertidumbre no lo paga el BOE: lo pagan las promotoras que no pueden cerrar la financiación de sus proyectos.
Los proyectos de baterías son los primeros en notarlo. Esperaban la primera subasta para dimensionar sus planes de inversión y ahora se enfrentan a un calendario que no controlan. Quien decida será el próximo Gobierno.
El tercer bloque es el real decreto de sostenibilidad para los centros de datos. Fuentes del sector cifran en más de 10.500 alegaciones las presentadas contra un texto que, en su versión inicial, prácticamente expulsaba a estas instalaciones de España. Aprobar el decreto exige ahora el informe de la CNMC y el dictamen preceptivo del Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros. Dos informes de esa envergadura en menos de dos meses se antojan improbables.
Hay más piezas en el limbo. El real decreto de biometano, que elevaba las cuotas de gas verde en las infraestructuras gasistas, queda igualmente en el aire. También el proyecto que modifica los reales decretos 1955/2000 y 1434/2002, que regulan el acceso, la conexión y la autorización de infraestructuras eléctricas y gasistas.
El sector asume que decidirá el próximo Gobierno
La lectura que hacen despachos, promotoras y comercializadoras es similar: lo que no salga antes del 29-N quedará en manos del Ejecutivo que se forme en diciembre o enero. Y ese Ejecutivo puede ser de signo distinto. Ahí está el riesgo de verdad.
Si se produce la alternancia, la regulación de los centros de datos será casi con total seguridad más laxa. Las grandes tecnológicas respirarían algo más aliviadas. El mercado de capacidad, en cambio, seguiría siendo necesario para todos: sin mecanismo de respaldo, el sistema depende de ciclos combinados cada vez menos rentables y de un almacenamiento que aún no arranca.
No todo son malas noticias. La subasta de cogeneración sí parece salvable. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Sara Aagesen, trabaja en el anuncio con fecha de los primeros 600 MW de nueva capacidad. Es una licitación pequeña, sin cargo directo sobre la factura y con consenso amplio en el sector. Encaja en el hueco que dejan las demás.
Conviene precisar algo. El Gobierno podría aprobar técnicamente el mercado de capacidad si acelerase los trámites. No lo hará. Un cargo de 900 millones anuales sobre el recibo, aunque parezca menor sobre el papel, es munición electoral demasiado cómoda para la oposición.
El sector venía reclamando certidumbre desde antes del adelanto. La planificación eléctrica acumula retrasos, el acceso a la red se ha convertido en un cuello de botella y las comunidades autónomas llevan meses pidiendo reglas claras para repartir capacidad. Con el BOE en pausa, la mayoría de los promotores afectados sostiene que su plan de inversión para 2027 quedará en revisión.
Sin planificación eléctrica aprobada, España no puede conectar nueva demanda industrial ni garantizar que las baterías lleguen a tiempo al sistema.
Fuentes ministeriales admiten, eso sí, que todavía es pronto para medir el alcance real del adelanto sobre cada expediente. La consigna interna es cerrar lo que se pueda y no abrir frentes nuevos.
El coste de gobernar con el BOE a medio tramitar
La parálisis llega en un momento delicado del ciclo inversor. España arrancó la década con el objetivo de instalar decenas de gigavatios renovables y ha terminado descubriendo que el cuello de botella no está en la generación, sino en la red y en los mecanismos de respaldo. La Planificación Eléctrica es precisamente la norma que ordena esos dos elementos. Aprobarla tarde no retrasa un papel: retrasa permisos, conexiones y, con ellos, decisiones industriales que se toman con años de antelación.
Existe un precedente incómodo. La repetición electoral de 2019 dejó durante meses el marco energético en el aire y el sector pagó el parón con retrasos en subastas y en la transposición de directivas europeas. La diferencia ahora es la magnitud de la cartera pendiente: redes, almacenamiento, centros de datos y biometano compiten por el mismo calendario y por los mismos informes preceptivos.
La contradicción es evidente. España presume de músculo renovable y de atraer inversión tecnológica, pero deja sin firmar el marco que hace posibles ambas cosas. Un centro de datos no se instala donde la normativa lleva un año en tramitación. Una batería no se financia con una subasta sin fecha. El coste de la incertidumbre regulatoria no aparece en ninguna estadística oficial, pero se paga cada trimestre en forma de proyectos aplazados y de capacidad de conexión sin asignar.
Queda por ver qué hará el próximo Gobierno con las tres normas. La señal a vigilar llegará en el primer trimestre de 2027: si la nueva Planificación Eléctrica se publica sin reabrir el proceso, el retraso habrá sido de meses. Si se reescribe desde cero, los permisos de conexión que dependen de ella se irán más allá de 2028. Ahí se medirá, de verdad, cuánto ha costado el apagón.
