El coste de los servicios de operación eléctrico acumula 4.100 millones de euros hasta septiembre, un 40% más que en 2025. La cifra la firma el Observatorio del coste de los servicios de operación, el foro donde conviven las grandes eléctricas, las comercializadoras independientes y la gran industria electrointensiva. Nadie discute el dato. La discusión es quién lo paga.
El último informe del Observatorio —integrado por Aelec, ACIE, Acenel, AEGE, CEOE, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, Consumes y Cepyme— sitúa el sobrecoste medio desde el arranque de 2026 en 21,95 euros por megavatio hora. La magnitud no es menor: se mueve en el mismo orden que el coste de las redes. En la factura final, operar el sistema pesa ya tanto como transportar la electricidad.
El cálculo se traduce en impacto directo sobre el recibo. Solo en la segunda quincena de septiembre, los consumidores eléctricos asumieron un extra de 25,01 euros por MWh, lo que deja ese tramo por encima de los 250 millones de euros. Con ese empujón, el Observatorio eleva la factura acumulada del año a esos 4.100 millones.
El diagnóstico de las patronales es explícito. Los costes asociados a la operación del sistema se han disparado en los últimos meses y se trasladan ‘directamente a la factura eléctrica de los consumidores’, hasta alcanzar, en numerosos periodos, niveles superiores al propio precio de la energía. La clave está en las medidas extraordinarias: la operación reforzada puesta en marcha tras el apagón del 28 de abril de 2025.
Según el Observatorio, esa programación ‘se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas’. La conclusión del foro no admite matices: ‘Todo ello se traduce en una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía.
El coste de operar el sistema se ha instalado como una partida estructural que el consumidor paga sin verla desglosada en ninguna factura.
De ahí la petición que repiten las entidades: adoptar medidas que corrijan esas distorsiones, con propuestas orientadas a ‘reducir estos costes, mejorar la transparencia y la competitividad de la economía’.
España abarata el precio de generar electricidad y encarece, al mismo tiempo, el de mantener en pie el sistema que la mueve.
Red Eléctrica eleva la factura real a 4.219 millones
La estimación del Observatorio no es la única. Red Eléctrica de España (REE) situó los costes totales de los servicios de ajuste por encima de los 4.219 millones de euros hasta el 30 de septiembre, un 37,3% más que en el mismo periodo de 2025.
El desglose del operador del sistema reparte esa cantidad en tres grandes partidas: 3.614 millones por solución de restricciones técnicas, 312,8 millones por el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) y 292 millones por reserva de regulación secundaria. La programación reforzada, la medida estrella de la poscrisis, se queda por debajo de los 275 millones en los nueve primeros meses del ejercicio.
Traducido a un hogar, REE calcula que esos servicios suponen unos dos céntimos al día para un usuario con tarifa regulada —PVPC—, y un consumo medio de 300 kilovatios hora al mes. El detalle tiene poco recorrido práctico: la línea del servicio de operación no aparece desglosada en el recibo doméstico.
La asimetría del sistema asoma en el otro lado de la balanza. Los costes de servicios de ajuste por restricciones técnicas y regulación secundaria que ingresa la generación alcanzaron los 3.906 millones en los nueve primeros meses del año. El conjunto de los costes del sistema eléctrico, según los datos disponibles de REE, asciende a 29.500 millones de euros.
Una señal de precios que golpea antes a la industria
El punto que insiste la gran industria electrointensiva es que el sobrecoste no reparte su impacto por igual. Para una planta química o siderúrgica, el diferencial del precio eléctrico frente a competidores europeos decide si una línea de producción arranca o se para. Para un hogar, el mordisco se nota menos en términos absolutos, pero se acumula mes a mes sin que el consumidor pueda hacer nada por evitarlo.
Las patronales agrupadas en el Observatorio —entre ellas Aelec, que reúne a Endesa, EDP España o Iberdrola— sostienen que la aplicación de medidas extraordinarias ha dejado de ser una excepción para convertirse en rutina. La operación reforzada nació como respuesta puntual al apagón de abril de 2025 y hoy opera como un sobrecoste permanente.
¿Es sostenible un sistema que añade 21,95 euros por MWh de media solo en servicios de operación? La pregunta no la responde el informe, pero la plantean las cifras. Con el coste de red como referencia, el sistema eléctrico español paga hoy dos veces por mantener la luz encendida: una por transportarla, otra por operarla.
El coste invisible que la reforma del mercado aún no ha resuelto
El dato del Observatorio encaja en una paradoja que lleva años instalada en el mercado eléctrico español. España genera cada vez más electricidad con renovables, cuyo coste variable es casi nulo, y sin embargo el conjunto de costes regulados y de operación no deja de crecer. La integración masiva de solar y eólica abarata el precio mayorista, pero multiplica las necesidades de ajuste, restricciones técnicas y respaldo. Lo que se ahorra en el pool se paga en servicios de operación.
La comparación con el coste de las redes es la más elocuente. Que los servicios de operación se muevan en el mismo orden de magnitud que el transporte y la distribución deja de ser un detalle técnico para convertirse en una cuestión estructural. El debate recuerda al que, hace más de una década, rodeó a los peajes y al extinto déficit de tarifa, cuando el coste regulado creció muy por encima de lo previsto y acabó financiado por el conjunto de los usuarios. El apagón de 2025 y la posterior operación reforzada han vuelto a sacar el problema a la superficie.
El riesgo evidente es que la respuesta sea un parche. La programación reforzada, concebida como medida temporal, se ha consolidado sin que se haya revisado el diseño del mecanismo de ajuste. Si el coste se reduce recortando servicios de fiabilidad, el sistema gana factura pero pierde seguridad. Si se mantiene la cobertura reforzada, el sobrecoste se cronifica. En ese equilibrio incómodo se juega la próxima reforma del mercado.
La pelota está en el tejado regulatorio. Ni el Observatorio ni REE deciden sobre el diseño de los servicios de ajuste; lo hacen el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a través de las metodologías de operación. El próximo informe del Observatorio mostrará si el pico de la segunda quincena de septiembre fue un episodio aislado o la nueva normalidad. Hasta entonces, la única certeza es que el consumidor seguirá pagando una partida que casi nunca ve.
