Más de 9.000 organizaciones de toda España han publicado este martes un manifiesto en el que piden al Gobierno que apruebe una regulación para regular el precio de los alquileres, basándose en la ley vigente en Cataluña desde septiembre, con el objetivo de contener los precios del arrendamiento en municipios con mercados tensionados, según ha informado el sindicato de inquilinos en un comunicado.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo tras el encuentro que los sindicatos de inquilinos mantuvieron con el vicepresidente tercero del Gobierno, Pablo Iglesias, el pasado viernes, en la que el sindicato vio voluntad por parte del Ejecutivo para ponerla en marcha «cuanto antes».

Entre las organizaciones firmantes del manifiesto destacan EAPN España (entre las que figuran ONCE, Caritas o Cruz Roja), REAS estatal, Ecologistas en Acción, el Consejo de Juventud de España o Facua.

En el texto, las organizaciones alertan de que la situación en materia de alquiler se ha vuelto «insostenible», puesto que entre 2013 y 2019 «el precio medio del alquiler ha subido un 50% en España».

«Actualmente siete de cada diez desahucios son por impago de alquiler», dice el manifiesto, que remarca que el precio del alquiler ha aumentado 30 veces más que los salarios en el último lustro.

De hecho, denuncian que el 42% de la población española destina el 40% de su sueldo a pagar el alquiler, mientras que las recomendaciones internacionales hablan de no dedicar más del 30% a vivienda incluyendo los suministros básicos.

«A pesar de que hace falta aumentar el parque de vivienda protegida, pasarán muchos años antes de que podamos alcanzar este objetivo, así que es imprescindible contener los precios del alquiler para reducir el sobreesfuerzo de la población para acceder y mantenerse en la vivienda», piden.

Asimismo, aseguran que si impulsar esta medida antes de la pandemia ya era necesario, con la actual caída de ingresos de las familias «la hacen aún más urgente».

Hablamos de un problema que no solo afecta a quienes viven de alquiler o quieren acceder a una vivienda, sino al conjunto de la sociedad, porque los precios actuales están disminuyendo drásticamente la renta disponible en manos de las familias, con un impacto negativo en la economía«, denuncian, tras insistir en que «ha llegado la hora de emprender medidas concretas que impliquen mejoras para los miles de familias asfixiadas que viven de alquiler.

Precisamente la regulación de los precios del alquiler es uno de los escollos que separan en este momento a PSOE y Unidas Podemos en la negociación de los Presupuestos de 2021, ya que los de Pablo Iglesias quieren incluir ya en las cuentas del próximo año la limitación de los precios del alquiler, un compromiso de ambas formaciones en el programa de Gobierno, mientras que el ministro del ramo, José Luis Ábalos, afirmó ayer que prefiere esperar a que pase la pandemia e incluirlo en una nueva Ley de Vivienda.

El volumen de negocio de las compañías de seguridad creció un 4% en 2019 con respecto al año anterior, hasta los 4.855 millones de euros, lo que supone un máximo histórico en el sector, según el observatorio sectorial DBK de Informa.

El análisis destaca que los servicios de vigilancia siguen conformando la principal área de actividad, con unos ingresos generados de 2.650 millones de euros durante 2019, un 1,9% más que el año anterior, y concentrando el 54,6% del total.

Por su parte, el valor del mercado derivado de la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de sistemas electrónicos se incrementó un 6,3%, hasta los 1.830 millones de euros, concentrando el 37,6% del total y actuando como principal impulsor del crecimiento del negocio.

El estudio detalla que el mayor dinamismo del segmento de sistemas respecto al resto de áreas de seguridad privada se explica por la tendencia de sustitución de servicios de vigilancia presencial por sistemas electrónicos de seguridad y el desarrollo tecnológico, que está permitiendo la comercialización de equipos con prestaciones cada vez más avanzadas.

Por su parte, el mercado de transporte de fondos generó unos ingresos de 375 millones de euros en 2019, un 7,8% más que el año anterior, que representa el 7,7% del negocio total.

Pese a los buenos datos de 2019, las previsiones apuntan a un cambio de tendencia en la evolución del volumen de negocio sectorial, que caerá en 2020 tras cinco años consecutivos de crecimiento.

El estudio recoge que el incremento puntual de la contratación para atender actividades esenciales durante los meses más críticos de la crisis sanitaria del coronavirus y el positivo impacto que actualmente tienen los nuevos protocolos de seguridad no podrán compensar el notable recorte de la demanda en ámbitos como el aeroportuario, el comercial y el de ocio.

Por el lado de la oferta se observa una notable y creciente concentración en el grupo de compañías líderes. Los cinco primeros operadores reunieron en 2019 de forma conjunta el 58% del valor total del mercado, elevándose al 72% en el caso de los diez primeros.

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias está inmersa en el desarrollo de una estrategia que le permita recuperar el 70% de la cuota de mercado turístico y alcanzar los 10 millones de turistas en el año 2021, así como captar nuevos segmentos como el ‘silver’ y los nómadas digitales, con el objetivo de atraer a más de 600.000 visitantes de larga estancia el año que viene.

En una comparecencia parlamentaria sobre las acciones previstas para captar nuevos mercados, la consejera del área, Yaiza Castilla, señaló que la diversificación de mercados y segmentos es uno de los objetivos «estratégicos» de la Consejería, pues la industria turística canaria «será más competitiva cuanto mayor sea la diversidad de sus mercados emisores para disminuir el riesgo de dependencia».

Yaiza Castilla recordó que el turismo en Canarias ha estado vinculado tradicionalmente con Reino Unido, Alemania, países nórdicos y la España peninsular, si bien el archipiélago registró el año pasado la visita de turistas de 14 países, que aportaron 200.000 visitantes, y también se han convertido en mercados emisores asiduos, aunque en menor medida, países como República Checa, Austria o Hungría.

No obstante, Castilla aclaró que en el continente europeo ya no existen muchas opciones de captar nuevos mercados, pues «los tenemos copados y Canarias está muy presente en todos ellos». Por eso, cree que habría que dar «otra vuelta» a la industria turística canaria para «buscar un equilibrio», orientándose a otros destinos como Canadá o Estados Unidos a largo plazo. Y en cuanto a Europa, abogó por consolidar mercados como Polonia o Hungría y recuperar la cuota de visitantes en países como Rusia.

Pese a todo, la consejera quiso dejar claro que en el contexto actual la prioridad no es la captación de nuevos mercados, sino la reactivación de la actividad turística. Para eso, dijo, «tenemos que centrarnos en países clave para ser más eficaces en nuestra estrategia promocional, principalmente en Reino Unido, Alemania y países nórdicos, aunque Holanda, Polonia, Francia, Italia y el mercado nacional son igualmente imprescindibles para esa recuperación plena como objetivo número uno».

Además, destacó que existen nuevas oportunidades que explotar que tienen que ver con la captación de nuevos segmentos caracterizados con estancias más largas y menos dependientes de la conectividad aérea: los llamados nómadas digitales o teletrabajadores y el turismo ‘silver’. En el primer caso, Yaiza Castilla resaltó que se presenta como una opción «muy relevante» de la mano de un segmento joven, sin hijos y con una capacidad de ingresos muy alta, y afirmó que Canarias podría ser el «cocktail perfecto» para atraer a teletrabajadores de todo el mundo.

En cuanto al segmento ‘silver’, la consejera indicó que representa a una generación digital «hiperformada e hiperinformada» que puede disfrutar de estancias mucho más prolongadas. A este respecto, recordó que la Consejería ha puesto en marcha una campaña a partir de septiembre con el objetivo de captar estos dos nuevos segmentos, con la previsión de atraer el próximo año a más de 600.000 turistas, con estancias superiores a los quince días.

NUEVOS SEGMENTOS

La diputada de NC Sandra Domínguez coincidió en la importancia de explorar estos dos nuevos segmentos, pero también abogó por apostar por otros como el turismo de cruceros, que «busca más la calidad que la cantidad»; el turismo náutico, por el que Canarias «no ha apostado de forma severa»; el astroturismo, ligado con la investigación; el turismo vinculado al patrimonio cultural, por el que se está apostando de forma «muy básica», o el turismo empresarial, vinculado a un nivel adquisitivo medio-alto.

Por el Grupo Mixto, el diputado Ricardo Fernández de la Puente señaló que la situación actual requiere que se recuperen «cuanto antes» nuestros mercados tradicionales, así como tomar medidas «urgentes e imperiosas» en dos líneas:, por un lado, la realización de test en los puertos y aeropuertos; y, por otro, la reducción de la tasa de contagios. «Solo así se podrá reactivar el turismo y dejar de perder el tiempo en fuegos artificiales».

Jesús Ramos Chinea, de ASG, indicó que lo más importante en estos momentos es consolidar y recuperar las conexiones y relaciones con los mercados tradicionales, pero para eso «tenemos que reinventarnos». Mientras, el diputado Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, apostó, más que por buscar otros mercados, por segmentos sociales más vinculados a un turismo sostenible, con más preocupaciones culturales y con una pernoctación mayor.

Para el diputado popular Carlos Ester, lo importante ahora es recuperar los mercados tradicionales, independientemente de que se exploren otras líneas como el fondo de vuelos para abrir nuevas rutas con otros países, y también en hacer ver que Canarias es un destino seguro: «O se ponen las pilas y hacen test para atraer turistas o la recuperación será muy lenta», advirtió.

Desde las finales nacionalistas, David de la Hoz consideró que habría que explorar la posibilidad de que Canarias pueda tener participación en algún turoperador, pues, de lo contrario, «difícilmente vamos a tener influencia para que los turoperadores traigan turistas».

Por último, la socialista Rosa Cabrera hizo hincapié en que la recuperación de la industria turística está resultando «compleja y difícil» porque el virus de la covid-19 es quien «marca el ritmo». Por ello, cree que es la oportunidad de ser «creativos» y diseñar estrategias para captar nuevos turistas.

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha asegurado que el ecoturismo puede convertirse en uno de los pilares de la reconstrucción ‘verde’ tras la pandemia y en un elemento diferencial de la oferta turística en España para un turista que cada vez más apuesta por experiencias menos masificadas y más sostenibles.

«Debemos convertir esta crisis en una oportunidad para que el ecoturismo se convierta en pieza fundamental de la oferta turística de nuestro país y para que los turistas que nos visitan opten también por esta experiencia», explicó Valdés en las jornadas ‘online’ sobre la situación del ecoturismo en España celebradas este martes.

Este acto se enmarca dentro de las jornadas preparatorias del V Congreso Nacional de Ecoturismo, cuyo encuentro presencial en Menorca tendrá lugar finalmente en 2021.

Desde la Secretaría de estado de Turismo han apuntado que es el momento de reivindicar el ecoturismo como uno de los pilares de la reconstrucción verde tras la pandemia. Por ello Valdés destacó el buen comportamiento que ha registrado el turismo de naturaleza este verano, en el que los turistas han buscado un turismo menos masificado y más personalizado y más asociado a la naturaleza.

Valdés recordó que 2020 es un año especialmente importante en materia de sostenibilidad ya que se han recuperado los planes de sostenibilidad como instrumento para recuperar destinos pioneros y como una apuesta desde la Administración por los destinos de interior y naturaleza.

«Los planes de sostenibilidad han venido para quedarse. Son una apuesta decidida por parte del Gobierno como elemento diferencial del plan de recuperación financiado por los fondos europeos que permitirá recuperar muchos destinos naturales, ponerlos en valor y apostar por su conservación y uso turístico», explicó.

Valdés subrayó, además, que la naturaleza es uno de los principales motivos por el que visitan España los turistas internacionales y abogó también por que sea una alternativa efectiva contra la despoblación de entorno rurales en nuestro país.

«El turista cada vez pide más turismo de naturaleza que respete los principios de conservación y poder disfrutar de una experiencia única en un espacio natural bien conservado», resaltó Valdés, asegurando que este tipo de turismo permite además desestacionalizar y diversificar la oferta turística en España.

Además, destacó la importancia del Observatorio de Ecoturismo en España, herramienta impulsada por la Asociación de Ecoturismo en España (entidad gestora del Club Ecoturismo en España) en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo, como ejemplo de colaboración público-privada.

EL POTENCIAL DEL ECOTURISMO EN ESPAÑA

Durante la inauguración de las jornadas, el presidente de la Asociación de Ecoturismo en España, Jesús Pozuelo, también destacó la oportunidad que supone el ecoturismo «en estos tiempos difíciles» para ofrecer un producto de «calidad, sostenible, responsable y saludable».

En este punto, recordó la reclamación de la asociación para conseguir una rebaja del tipo impositivo del IVA para las actividades del ecoturismo que ahora tributan al 21% y conseguir rebajarlo al tipo del 10% apoyando de este modo al sector.

Todos los expertos coincidieron en señalar la importancia de impulsar un ecosistema favorable para el ecoturismo en España que permita garantizar una experiencia turística segura, fomentar vacaciones más sostenibles, reaccionar ante una demanda cambiante, así como ofrecer nuevos productos turísticos innovadores.

Por ello desde el sector público y privado se aboga por impulsar el producto ecoturismo en España y conseguir que sea rentable. Ello permitiría reforzar a las empresas del medio rural y cumplir con el reto demográfico, conservar la biodiversidad, diversificar la oferta, así como captar más turistas al tiempo que se contribuye a la desestacionalización del sector.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Anual de Política de Empleo para 2020 (PAPE), que cuenta con una dotación total de 5.793,7 millones de euros, de los cuales 1.944,5 millones se han repartido entre las comunidades autónomas.

En la LXXVIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada en abril, donde se reformuló el Plan Anual de Política de Empleo 2020, fue cuando se puso en marcha un grupo específico de trabajo con todas las comunidades autónomas y cuando se acordó distribuir 1.048,5 millones. En la Conferencia Sectorial que se celebró el pasado 30 de septiembre se repartieron otros 895,9 millones de euros.

El Plan Anual de Política de Empleo para 2020 contiene el conjunto de servicios y programas que llevarán a cabo tanto las comunidades autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). También ha seguido las recomendaciones que se han realizado por parte de la red de servicios públicos europeos.

Además, el Plan ha tenido en cuenta el Programa Nacional de Reformas 2020 con las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social de la pandemia, entre las que destacan la prestación para afectados por expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), el refuerzo de la protección frente al desempleo o la creación de subsidios extraordinarios como el destinado a empleados del hogar.

También incorpora las medidas para jóvenes y parados de larga duración. En concreto, consta de 969 servicios y programas distribuidos en seis ejes (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso del empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo).

Asimismo, el Plan recoge 30 nuevos indicadores que permitirán evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados y su evaluación periódica para obtener información útil y agregada sobre la política de activación y su impacto en el empleo.

La subida del impuesto del IVA del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas, medida que pretende incluir el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 202, podría provocar una caída de las ventas de hasta 370 millones de euros y la pérdida de 6.165 empleos en España en el peor escenario, según los datos del informe realizado por PWC sobre fiscalidad a alimentos y bebidas, elaborado a instancia de Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Hostelería de España, Marcas de Restauración, Promarca y FIAB.

La directora de Strategy & Economics de PwC, Anna Merino, ha explicado que el estudio se ha llevado a cabo con dos escenarios, pero que en ambos se dan una caída de las ventas, impulsada por el descenso del consumo, así como pérdida de empleo y del valor añadido bruto (VAB).

De esta forma, la caída de la facturación directa podría oscilar entre los 119 millones de euros a los 370 millones de euros, mientras que el VAB oscilaría entre los 110 millones de euros y los 334 millones de euros.

Merino ha advertido del fuerte impacto que tendría en el empleo, sobre todo en zonas ya afectadas por la despoblación al impactar directamente a los entornos rurales. «La imposición de este impuesto podría implicar una pérdida de entre 1.980 y 6.156 puestos de trabajo», ha avanzado.

Merino ha señalado que esta política fiscal agravaría la crisis sobre el consumo y perjudicaría a las «rentas más bajas, que están siendo las más afectadas. Los hogares con el nivel socioeconómico más bajo, cerca de 4,7 millones, suponen el 17% de la renta nacional y acabarían soportando el 22% de la recaudación del impuesto.

PROPUESTA «INJUSTA Y DISCRIMINATORIA»

Por su parte, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha asegurado que la propuesta del Gobierno de subir este impuesto es «injusta y discriminatoria», además de considerar que llega en «el peor momento posible, cuando hay que tomar medidas que impulsen el consumo y reactiven la economía.

De esta forma, la industria agroalimentaria ve una «falta de criterio» del Gobierno después de haber anunciado previamente que no se iban a subir las tasas impositivas. «Ahora toman esta decisión cuando las circunstancias económicas no invitaban a ello y que claramente tiene afán recaudatario».

«Estamos toda la cadena agroalimentaria junta en contra de esta medida que no va a solventar el tema de salud e impactará en el consumidor final. Hacemos un llamamiento al Gobierno en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a la Cámara a que sean sensibles, ya que no es momento de subir ningún tipo de impuestos, ni el IVA ni el del plástico de un solo uso», ha subrayado García de Quevedo.

El director general de FIAB ha incidido que en la propuesta presupuestaria del Gobierno también destaca el impuesto al plástico de un solo uso. «Estamos de acuerdo con el proyecto de ley de establecer medidas para proteger el medio ambiente, pero no en éste impuesto que no consigue ese fin. Es injusto que se grave a todo el plástico y no se centre en el problema principal», ha señalado.

IMPACTO NEGATIVO EN EL CAMPO

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha advertido de que esta medida también tendrá una «repercusión negativa» en el sector agrario. «No es una medida que Sanidad esté diciendo, parece que ha sido el Ministerio de Consumo que quiere sanear las cuentas a base de impuestos», ha lamentado.

«Como sector agrario estamos muy preocupados, porque este impuesto puede tener consecuencias muy negativas para algunas comunidades autónomas como Castilla y León», ha recordado Barato, sobre el impacto que podría tener a la industria de la remolacha.

Por su parte, el director general de Aecoc, José María Bonmatí, ha reiterado que esta tasa es «injusta, discriminatoria, regresiva y que llegaría en el peor momento para los ciudadanos y para la hostelería».»Estamos ante un problema de salud, que es global y multisectorial que requiere un enfoque holístico», ha indicado.

La secretaria general de Marcas de Restauración, Paula Nevado, ha calificado de «inefeciente, injusta e innoportuna» esta medida para la hostelería, uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del coronavirus.