El Gobierno está a la espera de que los agentes sociales den el visto bueno a la última propuesta que presentó en la mesa de negociación para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo, en la que se contempla la prórroga automática de todos los procedimientos, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ejecutivo.
No hay ninguna reunión de la mesa de negociación programada en el horizonte, ya que el acuerdo sólo está pendiente de que sindicatos y empresarios comuniquen su decisión, lo que podría producirse en las próximas horas.
Así, CCOO reunirá este martes a su Comisión Ejecutiva a las 9.00 horas para valorar la última propuesta del Gobierno, según han informado este lunes fuentes del sindicato. Cepyme, por su parte, ha convocado a su Ejecutiva mañana por la tarde, según ha confirmado la patronal de la pyme, mientras que CEOE también tiene previsto reunir a sus órganos de gobierno mañana.
En el caso de UGT, el sindicato ya informó a su Ejecutiva la semana pasada del contenido de la prórroga, que no conllevará cambios de calado respecto a la regulación actual, aunque sí prevé agilizar la tramitación de estos procedimientos, según avanzó la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace unos días.
En concreto, la última propuesta del Gobierno plantea la prórroga de todos los ERTE sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas, lo que ahorrará costes de gestión y burocráticos, según fuentes del diálogo social consultadas por Europa Press.
Al mismo tiempo, introduce un mecanismo automático de cambio entre los llamados ERTE de impedimento y de limitación para que se pueda transitar entre ambos tipos de ERTE sin necesidad de autorización administrativa.
Por lo demás, el planteamiento del Gobierno es renovar en bloque todos lo mecanismos actuales de protección de trabajadores y empresas, si bien no se descarta que se sumen nuevos sectores a la categoría de ‘ultraprotegidos’, según las mismas fuentes.
SE MANTIENE LA PROTECCIÓN ACTUAL
Con el visto bueno de las organizaciones sindicales y empresariales a la última propuesta del Gobierno se cerraría así una negociación que, esta vez, no ha llegado al punto límite gracias a que en la prórroga anterior, que finaliza el 31 de enero, se abordaron ya diversas situaciones por las que podrían atravesar las empresas, como limitaciones temporales e impedimentos de actividad derivadas de las medidas restrictivas adoptadas por las comunidades autónomas para luchar contra el Covid.
Aunque se esperaba que el acuerdo estuviera ya cerrado la semana pasada, algunos «escollos» de última hora lo han dificultado, entre ellos la demanda de la patronal de que el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses se modificara para que no se tuvieran que devolver todas las ayudas recibidas en caso de despedir a algún trabajador que esté en un ERTE.
Sin embargo, dicha petición ha caído en saco rato, pues ni el Gobierno ni los sindicatos han aceptado flexibilizar el compromiso de mantenimiento del empleo, alegando que los recursos públicos que sostienen los ERTE no pueden servir para respaldar el despido de trabajadores.
Aun así, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado convencido de que la nueva prórroga de los ERTE contará con el respaldo pleno de todos los agentes sociales, incluidos los empresarios, y ha cifrado en 5.500 millones de euros el coste de mantener los ERTE hasta el 31 de mayo (sumando exoneraciones de cuotas y prestaciones para los trabajadores).
Así las cosas, la propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, así como el esquema actual de ERTE, según indicó la propia ministra de Trabajo. Asimismo, se mantendrá también la prohibición a las empresas que hagan ERTE de despedir, repartir dividendos y realizar horas extraordinarias.
Además, los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, a cierre de diciembre estaban en ERTE más de 755.610 trabajadores, aunque en el pico alto de la pandemia los trabajadores protegidos llegaron a ser más de 3,4 millones.
SECTORES ‘ULTRAPROTEGIDOS’
La regulación actual de los ERTE establece la prórroga automática de los procedimientos por fuerza mayor para determinados sectores económicos, y contempla dos figuras, los ERTE de impedimento de actividad y los ERTE de limitación de actividad, a los que pueden acogerse todas las empresas, con exoneraciones bastante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%.
Los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitan de momento a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos legalmente.
Son los llamados sectores ‘ultraprotegidos‘, a los que recientemente, en el marco del plan de rescate al turismo, la hostelería y el comercio, se añadieron nuevas actividades, entre ellas el comercio al por mayor de bebidas; los restaurantes y puestos de comidas; las actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales; los establecimientos de bebidas, y las actividades de juegos de azar y apuestas (casinos, bingos, loterías y casas de apuestas).
Todos los sectores que reciben la calificación de ‘ultraprotegidos’ cuentan con exoneraciones de cuotas de entre el 75% y el 85%. De estas exoneraciones también pueden beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de ellos.
En el caso de las nuevas modalidades de ERTE que se introdujeron en la última prórroga, a las que pueden acogerse empresas de cualquier sector, se distinguen dos tipos: los ERTE por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los ERTE de limitación de actividad, destinados a las compañías que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios.
Los ERTE de limitación de actividad van acompañados de exenciones de cuotas de entre el 70% y el 100%, mientras que los ERTE de impedimento de la actividad contemplan exenciones de entre el 90% y el 100%.
