El decreto de centros de datos pone en riesgo 67.000 millones y la industria ya prepara su batalla judicial. El Gobierno ultima la norma que impondrá nuevas obligaciones ambientales y de seguridad digital a los data centers y prevé aprobarla antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Claves de la operación
- 67.000 millones de inversión proyectada hasta 2030. Es la cifra que SpainDC pone sobre la mesa: proyectos congelados, otros sin tramitar y un calendario que depende de la letra pequeña del real decreto.
- La patronal prepara recurso ante el Tribunal Supremo. SpainDC agrupa a Amazon, Google y Microsoft. Varias compañías estudian además reclamaciones millonarias por inversiones ya ejecutadas.
- El calendario electoral condiciona la norma. Moncloa quiere aprobarla en el Consejo de Ministros del 17 o el 24 de noviembre; el sector confía en que un cambio de Gobierno tras el 29-N la derogue.
Moncloa corre hacia el Consejo de Ministros y el sector hacia el Supremo
El Ejecutivo da por superado el examen jurídico del Consejo de Estado y va a incorporar al texto final las observaciones del órgano consultivo. No son cambios de fondo, sino un intento de blindar la norma ante la ofensiva judicial que se avecina. La norma llegará al Consejo de Ministros del 17 o el 24 de noviembre, sin descartar las dos citas extraordinarias previstas este mes antes de acudir a las urnas.
La patronal SpainDC, que agrupa a Amazon, Google y Microsoft, ha lanzado un manifiesto al que ya se han adherido APPA Renovables, la Asociación Empresarial Eólica, ANESE y Adigital. El documento exige frenar el decreto y rebajar unas obligaciones que el sector considera imposibles de cumplir. ‘España no puede construir una muralla regulatoria que dificulte inversiones‘, advierte la asociación en el texto. Amazon, Google y Microsoft presionan a través de SpainDC con un argumento que comparten las patronales energéticas.
El punto que más rechazo genera no es la seguridad digital, sino el consumo forzoso de electricidad de origen renovable. Las asociaciones que se han sumado al manifiesto comparten el diagnóstico: un marco con condiciones técnicamente inviables o económicamente desproporcionadas encarece el desarrollo y deja a España por detrás de los países que compiten por la misma inversión. La crítica tiene recorrido, aunque conviene separar dos cosas. Una es el coste de la norma. Otra, el momento de aprobarla.
67.000 millones congelados a la espera de la letra pequeña
Los grandes grupos han dejado de mover ficha. Varias compañías mantienen paralizados proyectos ya anunciados, tanto en ejecución como en en fase de tramitación, a la espera de conocer la redacción definitiva y, sobre todo, el resultado electoral. SpainDC sostiene que buena parte de los 67.000 millones de inversión proyectada hasta 2030 está hoy en el aire, el mismo volumen que el país presenta como carta de presentación en los foros internacionales de infraestructura.
La estrategia legal se está armando en paralelo. La patronal llevará el decreto al Tribunal Supremo si sale adelante en los términos publicados, y varias tecnológicas preparan recursos contencioso-administrativos en otras instancias. En ese escenario no se descartan reclamaciones millonarias por inversiones ya ejecutadas, una vía que cambiaría el coste político de la norma de forma inmediata.
Una norma que aún no está publicada ya tiene un recurso diseñado y una factura de indemnizaciones en borrador. Eso no es seguridad jurídica: es una prima de riesgo regulatorio.
Merlin, Iberdrola y la factura de competir con Francia e Italia
El negocio del centro de datos ha dejado de ser un asunto de nicho dentro del IBEX 35. Merlin Properties ha incorporado esta actividad a su perímetro de crecimiento, mientras Iberdrola y Endesa pugnan por los contratos de suministro a largo plazo de instalaciones que consumen electricidad de forma intensiva. Merlin Properties ha hecho del centro de datos un eje de crecimiento y cualquier frenazo normativo golpea directamente a su plan de negocio.
Ahí está la contradicción de fondo. El mismo Ejecutivo que quiere convertir España en polo europeo de inteligencia artificial eleva el listón de una actividad que es su prerrequisito físico. Las obligaciones de eficiencia y ciberseguridad son defendibles; el consumo forzoso de renovables, en cambio, es una intervención de mercado que los propios productores verdes miran con recelo. Y el momento elegido, a dos semanas de las urnas, convierte una norma técnica en un activo electoral que el resto de Europa observa con la misma paciencia que un juez ante dos versiones contradictorias.
Nos consta que la preocupación del sector no es solo el coste. Es la secuencia. Aprobar el decreto antes del 29-N, con el recurso ya redactado, deja al inversor con dos escenarios abiertos y ninguno cerrado. Así se frena una decisión de compra de suelo o de firma de un contrato de suministro. La inseguridad jurídica cuesta más que cualquier exigencia ambiental porque no se puede presupuestar.
El primer examen llegará en el Consejo de Ministros del 17 o el 24 de noviembre. El segundo, el 29. Si el texto se aprueba, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre un decreto que para entonces habrá condicionado ya dos ejercicios de inversión y habrá dejado a los promotores con una pregunta sencilla: si mañana cambia el Gobierno, quién les devuelve el tiempo perdido.
