Dos millones de pequeñas y medianas empresas españolas, el 56% de las pymes, necesitaron financiación en los seis primeros meses de 2021, según un informe elaborado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-Cesgar).

Esta cifra supera con creces el dato anual de 2019, en el que el 34,8% de las empresas necesitaron financiación. El estudio, además, corrobora que el impacto de la crisis de la Covid-19 en las pequeñas y medianas empresas sigue siendo importante, ya que solo tres de cada diez pymes afirman haber iniciado la recuperación económica, un 30% dice estar en una posición estable y un 37,4% de ellas asegura que su situación ha empeorado con respecto a 2020.

En la misma línea unas 200.000 pymes (5,5%) son consideradas empresas vulnerables, ya que aúnan el decrecimiento económico con el empeoramiento de su situación financiera. Asimismo, un 4,6% presentan estancamiento económico y un cierto empeoramiento de sus ratios financieros y un 27,3% reporta reducciones en sus niveles de facturación y/o beneficios.

Del informe, además, se desprende que en torno al 55% de pymes vulnerables se ubica en Servicios a las empresas (32,7%) y Comercio y servicios personales (21,8%). Este resultado, a juicio de Cesgar, alerta sobre el impacto de la crisis sobre sectores que no han sido directamente afectados por las medidas de control de la pandemia, pero sí por la incertidumbre y el cambio en los hábitos de consumo asociados a ésta.

AUMENTA EL USO DE PRODUCTOS FINANCIEROS

El informe también señala que ha habido una mayor utilización de productos financieros por parte de las pymes durante los últimos doce meses, correspondientes con el periodo de pandemia, especialmente de aquellos vinculados a la financiación del circulante.

Estos productos financieros se han usado, en gran medida, para mejorar la situación del activo circulante (76,1%), algo que ha granado gran peso frente a la situación antes de la pandemia.

En importancia, le sigue la financiación destinada a inversión (27%), tanto en equipo productivo como en inmuebles. También aumenta considerablemente, frente a los datos prepandemia, el número de pymes (3,7%) que ha destinado la financiación a abordar un proceso de expansión en el mercado nacional.

Respecto a las dificultades para la financiación, el obstáculo más importante sigue siendo la falta de garantías solicitadas (18,3%), con una relevancia también muy parecida a la observada en la edición anterior (17,2%). Le sigue en importancia el precio de la financiación (16,1%), aunque este motivo ha perdido peso con respecto a 2019 (19%).

Además, aumenta el número de empresas que señala como principales obstáculos los trámites administrativos y la falta de solvencia de las empresas (7,4%) y disminuye considerablemente el porcentaje de empresas que considera que las entidades financieras no comprenden adecuadamente sus negocio.

AUMENTA CONSIDERABLEMENTE EL USO DE LÍNEAS ICO

El crédito comercial (24,2%) y los préstamos bancarios (23,9%) han sido los productos más utilizados, seguidos muy de cerca de las líneas de avales del ICO (22,5%), cuyo uso se incrementa considerablemente. En cuarta posición, en cuanto a niveles de uso, se situarían las líneas de crédito bancario (21,5%). Por último, el leasing observa un crecimiento significativo en sus niveles de utilización del 9,4% en 2019 al 12,5% actual.

Este estudio también analiza el porcentaje de pymes que ha utilizado Líneas ICO en los últimos doce meses, que se ha multiplicado por más de cuatro respecto al nivel prepandemia y se sitúa en el 22,5%, por lo que casi una de cada cuatro pymes ha contado con financiación ICO. Los sectores de actividad más afectados por las restricciones a la movilidad y los aforos, como Transporte (46,4%), Hostelería y restauración (44,2%), son los que más han utilizado estas líneas.

Asímismo, este estudio señala que el 76% de las pymes está satisfecha con la cuantía recibida por estas líneas y el 83,1% considera que los plazos de devolución son adecuados para su empresa.

Por su parte, un 36% de las pymes afirma que le han solicitado aval o algún tipo de garantía para acceder a este tipo de financiación. En cuanto a las necesidades futuras de las empresas, una de cada cinco pymes usuarias de Líneas ICO cree que necesitará ampliar la cuantía de las mismas, y un 23,9% requerirá ampliar los plazos de devolución. Por último, un 13,5% de ellas cree que va a necesitar avales o garantías para renegociar la financiación ICO.

CASI LA MITAD DE LAS PYMES SE MUESTRA OPTIMISTA

En otro orden de cosas, el estudio señala que el 47,7% cree que su facturación aumentará en los próximos 12 meses. Esto es significativo, teniendo en cuenta que en 2020 el tamaño medio y facturación de las pymes se redujo considerablemente. El porcentaje de aquellas empresas que considera permanecerá estable desciende ligeramente, del 43,9% en 2020 al 41,0% en junio 2021, mientras que se reduce significativamente el peso de las empresas que creen que su facturación va a decrecer.

Por último, en cuanto a las perspectivas de creación de empleo, un 78,9% de las pymes considera que no aumentará su plantilla y que el empleo permanecerá estable en los próximos 12 meses, mientras que tan sólo un 12% de éstas cree que creará puestos de trabajo.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Gobierno presentará «en unos meses» su propuesta para implementar peajes en las vías de alta capacidad de la red de carreteras del Estado a partir del año 2024.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha avanzando que ya se están realizando diferentes estudios y análisis para determinar qué sistema se implementará, si bien ha asegurado que será una tarificación «justa, rigurosa y sostenible».

El objetivo de esta medida, que ya han implantado 24 de los 27 países de la Unión Europea, según la ministra, es obtener recursos adicionales para mantener la conservación de las carreteras en buen estado de seguridad, una partida que ahora acumula un déficit de 9.000 millones de euros debido a la gratuidad actual de las autovías, cuyos recursos procedentes de los Presupuestos del Estado no son suficientes.

Debido a las críticas que esta medida ha levantado desde que su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, la anunciase hace unos meses, la ministra insiste en que se tratará de un sistema «que se someterá al debate y al análisis de los agentes sociales, económicos y del sector del transporte».

Además, el Gobierno ya se comprometió con Bruselas a adoptar un nuevo sistema de ‘pago por uso’ en las carreteras a partir de 2024, en el marco de la recepción de todos los fondos europeos que España recibirá para la recuperación económica tras el paso de la pandemia. La ministra ha enfatizado que el sistema resultante buscará que no se generen agravios territoriales, algo que ahora pasa debido a que hay regiones con peajes y otras sin ellos e incluso algunos más caros que otros.

«Buscaremos el consenso político para establecer un sistema que esté a la altura y para el cual ya se está analizando la mejor opción», ha concluido Sánchez, asegurando que el resultado se presentará de aquí a unos meses.

Las ventas de vehículos de más de diez años crecerán un 8% en 2021, hasta situarse en 1.174.903 unidades, concentrando el 60% de las operaciones del mercado de segunda mano, según datos de la consultora MSI para la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam).

Los datos, dados a conocer este martes durante la jornada Espacio VO celebrada en la Fundación Pons de Madrid, ilustran la importancia de reducir los 13 años de antigüedad media del parque de turismos en España para conseguir la mejora de la calidad del aire y los objetivos de reducción de emisiones.

En este sentido, Ganvam llamó la atención sobre la necesidad de garantizar una transición ecológica justa en términos sociales, lo que, a su juicio, pasa por articular un plan eficaz de incentivo al achatarramiento que retire de la circulación los vehículos más antiguos y apoye el usado joven.

Para la patronal, el hecho de que las ventas de vehículos de más de diez años vayan a superar en más de un 30% a las de nuevos en 2021 evidencia que, más allá del «indudable» impacto sobre el stock que está teniendo la crisis de los chips, «hace falta apoyar a las familias con menor renta en su cambio hacia un vehículo eficiente».

Así, en un contexto en el que el se aspira a alcanzar cinco millones de vehículos electrificados en 2030, lo que exige multiplicar por 25 el actual, el apoyo al usado en los planes de incentivo supondría en elemento acelerador. De hecho, las ventas de usados 100% eléctricos alcanzarán las 9.865 unidades a cierre de año, lo que supone un aumento de casi el 84% en un contexto en el que el mercado de ocasión se situará un 6% por debajo de los datos de 2019.

La creciente demanda de vehículos de ocasión eléctricos presiona al alza la cotización que alcanzan estos modelos en el mercado. De hecho, según reveló en el marco de la jornada el responsable de Das WeltAuto, Antonio García, España registra el valor residual más alto de los principales mercados europeos, solo por detrás de Reino Unido.

En concreto, un vehículo eléctrico con una media de tres años de antigüedad y 60.000 kilómetros de rodaje se cotiza en el mercado español por el 40% de su valor respecto a su homólogo nuevo, frente al 59,6% que alcanza en Reino Unido, el 32% de Alemania o el 30% de Italia y Francia.

Por último, según el estudio presentado por el director de Relaciones Institucionales de Coches.net, Marcel Blanes, el 30% de los interesados en un vehículo de ocasión, se plantea comprarlo eléctrico, si bien siete de cada diez conductores reconocen no poder destinar más de 20.000 euros de presupuesto, poniendo de manifiesto cómo el apoyo al usado eléctrico supondría un elemento para dinamizar la demanda.

Unauto y Aseval Madrid, las patronales de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), han advertido de la pérdida de más de 61.000 empleos en España si las comunidades autónomas (CC.AA.) no regulan las licencias antes de octubre del año que viene en sus territorios.

En 2018, el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos aprobó un decreto transitorio de cuatro años por el que transfería a las regiones las competencias para regular la actividad de VTC en el marco de una ‘batalla’ entre este sector y el del taxi. Por ahora, a falta de menos de un año para que venza este periodo transitorio, ninguna comunidad ha regulado estas licencias, lo que provocará la pérdida de habilitación de las más de 17.000 licencias para trayectos urbanos que hay en España.

Ambas patronales han realizado un estudio que cuantifica en 61.700 la pérdida de empleo y en 2.500 millones de euros el impacto económico, teniendo en cuenta el empleo destruido, la recaudación perdida y las inversiones que no se realizarían. Según sus cálculos, el volumen de negocio generado por los VTC ascendió en 2020 a 1.350 millones de euros anuales y 758 millones de euros en impuestos de sociedades, IVA y cotizaciones sociales.

Además, estiman que las indemnizaciones compensatorias de la Administración podrían alcanzar los 1.377 millones de euros en las Comunidades Autónomas que han introducido restricciones operativas a las licencias VTC en el periodo transitorio, como Cataluña o Valencia, según cálculos de la consultora E&Y.

Con la desaparición del sector de la VTC, también creen que se vería afectada la calidad de la movilidad para los ciudadanos, ya que, actualmente, más de 8 millones de españoles hacen uso regular de los servicios VTC. «Su desaparición resultaría en menos alternativas de transporte, en un aumento de precios para el consumidor, mayores tiempos de espera y un incremento del uso de vehículo privado, con el consecuente incremento del tráfico y contaminación», aseguran.

Además, el sector ya ha previsto para los próximos cinco años una inversión superior a los 800 millones por la adquisición de nuevos vehículos eléctricos e infraestructuras de carga.

IMPACTO POR TERRITORIOS

En el caso de Madrid, donde actualmente el sector genera más de 13.000 empleos, entre puestos directos e indirectos, se verían afectadas un total de 7.908 licencias, el 45% del total en España. El impacto económico de la desaparición del VTC en la comunidad supondría más de 1.000 millones de euros.

Andalucía, la segunda comunidad autónoma por número de autorizaciones, cuenta con 3.196 autorizaciones de VTC, un 18,5% del total nacional, y genera más de 3.600 empleos, por lo que el impacto en la región sería superior a los 370 millones de euros.

Cataluña, una de las regiones con mayores restricciones a estos servicios, cuenta con un total de 2.814 autorizaciones y representa el 16% del total nacional, por lo que el impacto se limitaría a 432 millones de euros.

En la Comunidad Valenciana, con 858 autorizaciones (el 5% del total nacional) y también con restricciones, la cuantía económica resultante de la desaparición del VTC en la región sería de casi 160 millones de euros.

La inversión en el sector inmobiliario español creció un 62% en el tercer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 2.628 millones de euros, y ya acumula un volumen total de 7.842 millones de euros entre enero y septiembre, un 16% más, según los datos facilitados por la consultora CBRE.

Por sectores son ‘multifamily‘ (1.875 millones de euros), y hoteles (1.869 millones) aquellos que más volumen de inversión han registrado de enero a septiembre. «La recuperación de la inversión en el sector inmobiliario en España se está produciendo a un ritmo elevado. Nuestras previsiones apuntan a un cuarto trimestre muy activo, por lo que esperamos que los volúmenes de 2021 se aproximen a los de antes de la pandemia», ha aclarado la directora del departamento de Research de CBRE España, Lola Martínez Briones.

RECUPERACIÓN EUROPEA CON NIVELES PREPANDEMIA

A nivel europeo, la inversión inmobiliaria creció un 55% en el tercer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año pasado, ascendiendo a 77.300 millones de euros y el total acumulado en lo que va de año asciende ya a 208.000 millones, un 10% más que en los nueve primeros meses de 2020.

Por sectores, el volumen de inversión en hoteles ha crecido un 24% en lo que va de año en Europa y un 41% respecto al tercer trimestre de 2020. También han tenido un buen comportamiento el sector industrial y logístico, cuya inversión en los nueve primeros meses ha crecido un 65% respecto al mismo periodo de 2020.

Por su parte, la inversión en el sector ‘multifamily’ ha aumentado un 20% en comparación con 2020 y un 143% respecto al tercer trimestre de 2020. La inversión en oficinas en el tercer trimestre de 2021 aumentó un 32% con respecto al tercer trimestre del año pasado.

Por último, desde CBRE han apuntado que el volumen de inversión alcanzado en Europa en el tercer trimestre supone una vuelta a los niveles de antes de la pandemia, estando muy cerca de la cifra alcanzada en 2019 (78.800 millones) y superando los volúmenes registrados en el mismo periodo de los cinco años anteriores.