Claver-Carone, encargado de la interlocución con el nuevo Gobierno venezolano, explicó al diario estadounidense que Betancourt fue elegido como socio de Estados Unidos por esa eficiencia y por su historial probado en el desarrollo de campos petroleros.
El reportaje recoge que, desde que reactivó sus operaciones a finales de 2023, NABEP ha pasado de producir 18.000 barriles diarios a unos 223.000. La compañía prevé alcanzar los 275.000 antes de que termine el año y hasta 350.000 en 2027, y Betancourt aspira a convertirse a principios del próximo año en el mayor productor de Venezuela.
El diario detalla también la apuesta personal del empresario. Tras la expropiación de Petrozamora por el Gobierno de Maduro en 2020, que hundió su producción, Betancourt invirtió 700 millones de dólares de fondos propios, además de 300 millones en equipos, para recuperar la compañía en 2023. Su plan pasa por reinvertir en la expansión prácticamente todo el flujo de caja, más de 5.000 millones de dólares en 2026, y los accionistas no recibirán dividendos hasta que la producción supere el millón de barriles diarios.
Según los acuerdos revisados por el periódico, Venezuela recibirá entre el 16% y el 40% de la producción en regalías antes de que Estados Unidos perciba su parte. Además, el ‘Post’ recoge un estudio de un profesor de la Universidad Simón Bolívar según el cual la empresa de Betancourt fue responsable solo del 7,33% de la ampliación de la red eléctrica venezolana entre 2008 y 2015, y recuerda que la causa abierta en Venezuela por aquellos contratos fue archivada.
El reportaje también da voz a las críticas. Algunos analistas, como Francisco Monaldi, de la Universidad Rice, se muestran escépticos sobre el alcance del acuerdo, y expertos venezolanos advierten del elevado coste de desarrollar los yacimientos nuevos de la Faja del Orinoco. La opositora María Corina Machado ha sugerido que podría revisar el contrato, los demócratas estadounidenses cuestionan su legalidad y el empresario sigue siendo objeto de investigaciones en Suiza y España, en las que niega cualquier irregularidad.
