La Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (Asedas), patronal que cuenta entre sus socios con Mercadona, Dia, Lidl, Uvesco o Ifa, entre otros, ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dialogar para poner en común las acciones y soluciones que se llevarán a cabo para reducir el desperdicio alimentario en los supermercados ante la nueva Ley de Desperdicio alimentario.

«El ministro Planas presentó un anteproyecto de Ley del que no conocemos todavía el texto, pero que tiene medidas relevantes. Respecto a la forma se establece una serie de obligaciones para darle un destino correcto a los alimentos. No tenemos nada que decir, porque son los que empleamos», ha asegurado el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, durante su participación en el I Foro del retail y el Gran Consumo, organizado por ‘El Economista.

Sin embargo, la patronal de supermercados ha mostrado su preocupación a la hora de cómo se llevará a cabo. «Nos preocupa, eso sí, que se innove en cuanto soluciones. Somos capaces de reducir el desperdicio si se fija el objetivo y nos da un plazo razonable», ha recalcado.

«Creo que se nos tiene que explicar cómo hacerlo, y ahí podemos tener discrepancias, porque hay obligaciones que no son coherentes con determinados modelos de negocio. Espero que podamos dialogar en la norma y encontrar medidas eficaces para luchar contra el desperdicio», ha solicitado.

El directivo de Asedas ha recordado que todas las empresas de la distribución tienen ya acuerdos con los Bancos de Alimentos para donar productos y alimentos.

Magarzo, que ha reiterado que el desperdicio es una prioridad para toda la industria alimentaria», ha indicado que el «problema está en los hogares», donde apuesta porque se trabaje más, porque ahí está el «mayor reto».

El Consejo de Ministros aprobó el pasado lunes el anteproyecto de ley para combatir el desperdicio alimentario que obligará a las tiendas a fomentar la venta de productos «feos, imperfectos o poco estéticos» que estén en condiciones óptimas de consumo, así como a incentivar la venta de alimentos de proximidad, ecológicos y a granel.

RECUPERACIÓN DEL CONSUMO Y TENSIONES EN LA LOGÍSTICA

Por otro lado, la industria alimentaria se ha mostrado cauta de cara a la recuperación y el volver a cifras pre-covid, pero sí que percibe un incremento del consumo por parte de los españoles en los últimos meses.

El director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez Toquero, ha reconocido que se percibe sobre todo una «recuperación en el consumo fuera del hogar», impulsada por el aumento de aforos, la relajación de restricciones y que hay un alto porcentaje de población ya vacunada. «Todo eso y las ganas que tenemos de hacer vida normal, está llevando a una recuperación de la hostelería», ha indicado.

Sin embargo, cree que es «prematuro» el que se recuperen las cifras de antes de la pandemia. «En Mahou San Miguel no nos obsesiona volver a esas cifras, sabemos que haciendo las cosas bien ya las recuperaremos», ha subrayado.

Por su parte, el consejero delegado de Calvo, Mane Calvo, ha explicado que para su compañía la pandemia supuso un gran incremento de compras, ya que las conservas se convirtieron en «alimento refugio» durante el confinamiento. «Desgraciadamente hemos vuelto a la normalidad, porque en la pandemia tuvimos picos en marzo, abril y mayo tremendos, y ahora detectamos que hemos vuelto a la normalidad», ha subrayado.

Los problemas de logística mundiales también están preocupando a la industria alimentaria española. Sin embargo, el director general de negocio de Pascual, Javier Ribera, considera que en España la situación no es «tan extrema» como en Reino Unido.

«El mundo logístico lleva dando síntomas de que hay que hacer algo más estructural, porque faltan conductores de larga distancia y personas que quieran dedicarse a la distribución. Hay un déficit de transportistas y la solución es hacer más atractivo este trabajo», ha indicado.

Ribera ha considerado que «hay un reto como sector», pero cree que en España «no habrá problemas de desavastecimiento» de productos, aunque sí que se están dando «tensiones».

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves en el Pleno del Congreso que el Gobierno no quiere aplicar el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas por la escalada de precios en el gas cuando suministren energía a las industrias a «precios razonables».

Concretamente, ha afirmado que el objetivo es no aplicar este recorte a «quienes garanticen ‘exnovo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas», con el fin de «impulsar la cobertura de precios razonables para la industria».

Antes, la vicepresidenta ha anunciado su intención de «completar» este plan de choque «en las próximas semanas» con «medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales» y también «reforzar la posición» de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social.

Asimismo, Ribera ha incidido en que «las previsiones de septiembre (cuando se aprobó este decreto ley) han quedado desfasadas», algo que «obliga a revisar medidas adoptadas ya» y «adaptarlas».

«LOS COSTES REALES NO SE CORRESPONDEN CON LOS PRECIOS»

Todo ello durante la defensa en la Cámara Baja del decreto ley con un plan de choque frente a la escalada de precios de la electricidad, y cuya principal medida es el recorte a los beneficios extraordinarios de aquellas tecnologías que sin asumir el sobrecoste del gas en los mercados internacionales han recibido retribuciones muy por encima de sus costes de generación por este alza.

Ribera ha subrayado el carácter temporal de esta medida, hasta el próximo 31 de marzo, que el recorte es proporcional a la cotización del gas y que, en todo caso, no se aplica a aquellos casos en los que no se haya interiorizado en sus ventas de energía el sobrecoste del gas natural, ni a quien «haya garantizado precios estables antes de la escalada».

«NO ES VIABLE MANTENER EL MERCADO MARGINALISTA»

La vicepresidenta ha explicado las causas que han provocado un encarecimiento del gas en los mercados internacionales y ha esgrimido que esta causa «no puede traducirse en un incremento de toda la electricidad», por lo que cree que mantener el actual mercado marginalista «no es viable» ante una situación de este tipo que se prolongue en el tiempo.

«Sobre todo cuando los costes reales de generación no se corresponden con el incremento de precios medios del sistema», ha abundado Ribera. Las estimaciones del Gobierno recogen que cada encarecimiento en 1 euro/MWh en el precio del gas supone en los mercados mayoristas 2 euros/MWh más, y todo ello independientemente de «cuánta energía barata» hubiera en el ‘pool’, debido al funcionamiento de este modelo.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto al de Industria, Comercio y Turismo, someterá al Consejo de Ministros antes de que termine el año la memoria de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el sector agroalimentario, del tal forma que las primeras convocatorias se puedan realizar en el primer trimestre de 2022.

Así lo ha anunciado el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas en el ‘I Foro del retail y el Gran Consumo’ organizado por ‘El Economista’.

«La finalidad es triple, primero incrementar la competitividad mediante actuaciones de digitalización e inteligencia artificial, a lo que se suma fomentar la sostenibilidad mediante ahorro energético, tratamiento de agua o puesta en marcha de economía circular y, en tercer lugar, garantizar la trazabilidad y seguridad alimentaria de cada proyecto participante en el PERTE», ha señalado.

En opinión de Planas, todos ellos son elementos «muy importantes» en un sector que tiene unas características propias, con grandes operadores y más del 95% de pymes, a las que hay que hacer participes de este «gran proyecto» nacional.

«Todos los temas relativos a la sostenibilidad ambiental o social no son posibles sino se garantiza la rentabilidad económica del sistema agroalimentario y de cado uno de sus eslabones; la sostenibilidad pasa por la rentabilidad y sin ella no hay futuro», ha señalado Planas.

En una entrevista concedida a Europa Press a finales de agosto, Planas indicó que el PERTE agroalimentario contaría con una dotación económica de 1.000 millones de euros, aunque precisó que todavía no estaba definida.

En concreto, el agroalimentario, que ha sido uno de los grandes protagonistas en la crisis del Covid-19 y uno de los motores exportadores de la economía española, es el segundo sector que más manifestaciones de interés ha presentado en el marco de las propuestas para aprovechar los fondos europeos de recuperación, tan solo superado por el de la automoción, que ya cuenta con su PERTE.

El precio de la vivienda en alquiler cayó un 5,6% interanual en el tercer trimestre de 2021, hasta situarse en septiembre en 10,14 euros por metro cuadrado de media, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, publicado este jueves.

En comparación con el trimestre anterior, el descenso de los precios del alquiler fue del 2,9%, y supone la décimo quinta caída en este periodo en toda la serie histórica de los precios de la vivienda de Fotocasa. Durante el tercer trimestre, el precio del alquiler se ajustó en diez comunidades autónomas, con La Rioja a la cabeza, con una reducción del 4,4%, hasta los 7,21 euros por metro cuadrado.

En Navarra, los alquileres se han abaratado un 3,7% en el tercer trimestre, con el precio medio del metro cuadrado en 9,68 euros, de media, en septiembre. La tercera comunidad en la que más han bajado los precios es Andalucía, con una caída del 2,4% hasta los 8,31 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, en la comparación interanual, es Madrid la comunidad que registra mayores reducciones en sus precios, con el metro cuadrado en 13,52 euros, un 8,2% menos que en septiembre de 2020. Por provincias, los precios cayeron un 10,5% trimestral en Huelva, hasta los 8,71 euros por metro cuadrado. Cádiz secundó las caídas, con los precios un 8,3% más baratos que en el trimestre anterior, hasta los 7,85 euros por metro cuadrado.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que el mercado del alquiler «sigue firme en su tendencia» de transformación.

«Por primera vez desde hace más de 5 años, el precio del alquiler baja de manera continuada, y lo hace incluso en meses como septiembre, que suelen ser históricamente muy activos en cuanto a demanda, ya que muchos ciudadanos comienzan temporada tras el verano. Esto indica que la demanda no es lo suficientemente fuerte como para empujar los precios al alza», ha agregado Matos.

El servicio Swift Go, que promueve los pagos internacionales de pymes y consumidores, cuenta ya con más de 100 bancos adheridos de todo el mundo, tras su puesta en marca el pasado mes de julio.

Según ha informado Swift, esto pone de manifiesto «la fuerte demanda del servicio que permite a las pequeñas empresas y a los consumidores realizar pagos internacionales de bajo valor rápidos, predecibles, altamente seguros y a un precio competitivo desde sus cuentas bancarias».

De momento, están usando el servicio de Swift Go diez bancos, tras la reciente incorporación de Deutsche Bank, JP Morgan Chase y China Minsheng Bank. Entre las entidades participantes se encuentran PagoFX (Grupo Santander) y BBVA.

«Estamos muy satisfechos de poner en marcha Swift Go y ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado que mejorará radicalmente la forma en que realizan transacciones internacionales de bajo valor», ha afirmado el director global de Producto de Deutsche Bank, Marc Recker.

El servicio aprovecha los raíles de alta velocidad de Swift gpi para reforzar la capacidad de los bancos para atender a sus clientes en segmentos como las pymes y los consumidores. Según ha destacado la compañía, los pagos enviados a través de Swift Go «son rápidos, seguros y predecibles, con transparencia inicial sobre las comisiones».

«Swift Go ha tenido un extraordinario recibimiento por parte de los bancos y sus clientes desde su lanzamiento, porque ha transformado la manera en la que las pymes y los consumidores realizan pagos internacionales a través del sistema bancario», ha apuntado el director de Productos de Swift, Stephen Gilderdale, quien espera que el servicio se siga extendiendo.

Madrid y País Vasco concentran los barrios con el precio de la vivienda más alto de España, aunque es Andalucía la comunidad autónoma que registra mayores subidas del precio de las viviendas en sus barrios durante la pandemia, según los datos publicados este jueves por idealista.

La zona más cara de España es el barrio de Recoletos, en Madrid, donde el precio del metro cuadrado está en 8.448 euros y se mantiene prácticamente estable desde septiembre de 2019, con un leve repunte del 0,7% en ese tiempo.

Miraconcha, en San Sebastián, es el segundo barrio más caro de España, según idealista, aunque en estos dos años el precio ha caído un 6,2%, hasta los 7.251 euros. Los Jerónimos, en Madrid, y el Área Romántica, en San Sebastián, también están entre las zonas con el precio más elevado, a 6.917 euros y 6.896 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Aunque Madrid y San Sebastián copan el ranking, Barcelona también aparece entre las zonas más caras, con los barrios de Pedralbes y Les Tres Torres, aunque en ambos el precio ha caído desde 2019, con un descenso del 3,7% y del 1,8%, respectivamente.

Sin embargo, los mayores repuntes se han registrado en Andalucía, con cinco de los diez barrios de la selección de idealista. Igualmente, en Las Salinas, en Roquetas de Mar (Almería), el precio del metro cuadrado ha repuntado un 46,3% desde 2019, hasta los 1.870 euros.

En Golf Guadiana, en Badajoz, el precio del metro cuadrado de la vivienda se ha situado en 1.014 euros, tras subir un 41,4% desde 2019. En el barrio La Concepción, ubicado en Cartagena (Murcia), el precio del metro cuadrado se ha encarecido un 41,3%, hasta los 1.317 euros. Idealista ha establecido la comparación entre los precios de septiembre de 2019 y los de septiembre de 2021, para evitar la distorsión durante los meses de pandemia.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este jueves que el Gobierno tiene intención de llevar el anteproyecto de Ley de Vivienda al Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre. Sánchez, en declaraciones a TVE, ha señalado que aún quedan por perfilar algunos detalles de la norma, pero ha insistido en que la intención del Ejecutivo no es demorar su aprobación.

Por ello, el Gobierno tiene previsto llevar esta Ley, que será la primera Ley estatal de Vivienda, al Consejo de Ministros del 26 de octubre. «Esta ley nos va a ayudar a contener los precios del alquiler y va a ayudar a los jóvenes a emanciparse», ha subrayado Sánchez.

El pasado 5 de octubre PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo sobre la ley de vivienda, que incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios (los que tengan 10 o más viviendas), en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.

«La aplicación del índice de referencia entraña una complejidad y nuestra intención es plantear un sistema que otorgue seguridad jurídica a todo el mundo y hacerlo compatible con que el derecho a la vivienda esté garantizado», ha subrayado la ministra.

Sánchez ha añadido que la norma pasará por las Cortes porque la intención del Gobierno es que ésta no sea una ley sólo del Ejecutivo. «Creo que puede suscitar consensos entre las fuerzas progresistas de este país y de más partidos, aunque con el PP lo tendremos difícil porque ya ha anunciado que la recurrirá antes incluso de conocer el texto», ha precisado.

La comunidades autónomas y los ayuntamientos serán las encargados de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismos para limitar los precios de los alquileres que pondrá a su disposición el Gobierno en la futura ley de vivienda. De momento, el PP ha dicho que no la aplicará en las comunidades donde gobierna.

La norma establecerá incentivos fiscales para que los pequeños propietarios congelen o bajen los precios, así como un recargo de hasta el 150% en el IBI para viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos si lo piden. La futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de esta proporción, el 15%, se dedicará a alquiler social.

La Ley de Vivienda incluye un bono joven de 250 euros mensuales destinado al alquiler, dotado con más de 200 millones de euros, del que se beneficiarán, según Sánchez, a unos 70.000 jóvenes, aunque si se suman las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, se podría alcanzar la cifra de 100.000 jóvenes beneficiarios.

SE CONSTRUIRÁN UNAS 20.000 VIVIENDAS EN 2022

Por otro lado, la ministra ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 son «muy ambiciosos, los más ambiciosos» en materia de vivienda, con 3.290 millones de euros en total, que ayudarán dar la vuelta al modelo vigente en España.

Sánchez ha señalado que con lo consignado en el Presupuesto, junto a las previsiones comprometidas y ejecutadas en el Plan Estatal de Vivienda, podrán situar en el mercado unas 20.000 viviendas en 2022, sobre todo de alquiler asequible.