ACS, Sacyr, Ferrovial y Acciona han entrado en la puja por hacerse con la concesión de una autopista de Chile de 132,8 kilómetros que hasta ahora corría a cargo de Abertis pero que el Estado ha decidido adjudicar a otra empresa tras el vencimiento del actual contrato. El proyecto involucra una inversión de 892 millones de dólares (780 millones de euros), lo que permitirá mejorar esta infraestructura que une Santiago con la ciudad de San Antonio a través de la Ruta 78, según las bases de licitación.

De esta forma, ACS se presenta bajo el consorcio Ruta del Sol, íntegramente participado por dos entidades filiales de Iridium (Chile II y Concesiones Infraestructuras Chile III), mientras que su otra filial Dragados se encargaría de la construcción de las mejoras planteadas por el Gobierno chileno. La actual empresas concesionaria, Abertis, está participada al 50% menos una acción por ACS. Además, su otro accionista de control, la italiana Atlantia (que controla el 50% más una acción de Abertis), también se ha presentado a la licitación bajo el consocio de Grupo Costanera.

Por su parte, también se presenta Ferrovial por medio de su filial Cintra, así como Sacyr y Acciona, ambas a través de sus empresas concesionarias chilenas. En total, hay siete propuestas, que completan la china CRCC y Aleatica, antigua OHL México. El proceso de licitación continuará ahora con la apertura de las ofertas económicas el próximo 26 de noviembre, tras lo cual se iniciarán los trámites administrativos para adjudicar a la empresa ganadora durante el primer trimestre de 2022.

El contrato para la segunda concesión Autopista Santiago-San Antonio (Ruta 78) considera la mejora, construcción, mantenimiento y operación tanto del conjunto de las obras preexistentes como de las futuras para un plazo variable máximo de 32 años.

La nueva concesión de la Ruta 78 inyectará más de 900 millones de dólares a nuestra economía, lo que es una muy buena noticia para nuestro país», asegura el ministro de Obras Públicas del país, Alfredo Moreno. La concesión actual de la Ruta 78 fue adjudicada en junio de 1995, siendo autorizada su puesta en servicio en 1999. En 2018 se registraron 44,6 millones de transacciones en sus peajes.

Cepsa, la compañía controlada por el fondo Mubadala y participada por The Carlyle Group, trabaja en la revisión estratégica de su negocio de Química, considerado como una de las ‘joyas de la corona’ del grupo, informaron  fuentes conocedoras de la operación.

A tal fin, ha fichado a Citi como asesor para una eventual operación sobre esta división, que podría desembocar en una alianza, una venta o la incorporación de un socio, entre otras alternativas.

Esta revisión se inscribe en el proceso de transformación estratégica emprendido por la compañía para aumentar su peso en energías renovables y acelerar su descarbonización, por el cual analiza diferentes alternativas para sus negocios, a la vez que potencia el crecimiento de los mismos.

Cabe recordar que BP, uno de los gigantes europeos del sector, se desprendió en junio de 2020 de su negocio de PetroQuímica por 5.000 millones de dólares al objeto de financiar su crecimiento en energías verdes.

En cualquier caso, no se espera un movimiento inminente de Cepsa en este sentido, dado que la compañía está pendiente de la incorporación el próximo 1 de enero de su nuevo consejero delegado, Maarten Wetselaar, que será a quien corresponda adoptar las decisiones estratégicas de calado de la compañía. El actual CEO, Philippe Boisseau, permanecerá en la empresa tras el traspaso como asesor del consejero delegado y del consejo.

El negocio de Química de Cepsa, que cuenta con una plantilla de unas mil personas, continúa ofreciendo unos resultados muy sólidos, con un Ebitda de 355 millones de euros en los nueve primeros meses del año, que ha supuesto un aumento del 39% frente a septiembre de 2020 (y del 91% frente al mismo periodo de 2019), impulsado principalmente por la repercusión positiva de una estrategia comercial mejorada, unida a una tendencia sostenida de rendimiento operativo récord desde 2019.

Durante el tercer trimestre del año, este negocio logró un hito importante con la producción de los primeros volúmenes de LAB, materia prima para producir detergentes biodegradables, a partir de aceites vegetales.

Cepsa, que antes del verano aprobó su nuevo plan estratégico, obtuvo un beneficio neto en los nueve primeros meses según las normas de contabilidad internacional (NIIF) de 498 millones de euros, gracias, fundamentalmente, al aumento de los precios del crudo, de la producción y de los márgenes, frente a las pérdidas de 810 millones de euros registradas en el mismo periodo de 2020.

Los resultados de la firma se vieron afectados en el pasado ejercicio por el deterioro de activos, el entorno de precios bajos y la reducción de la demanda.

El beneficio neto ajustado (Clean CCS) durante los nueve primeros meses del año fue de 295 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de 9,5 los 31 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 1.346 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un aumento del 48% respecto a los 910 millones del mismo periodo de 2020, impulsado por la subida de los precios del petróleo y el aumento de la producción de crudo, la mejora de los márgenes y el aumento de la producción de refino, y el consistente desempeño tanto del área Comercial como de Química.

La cadena de cines Cinemark, la tercera más grande del mundo por número de pantallas, se anotó unas pérdidas de 77,8 millones de dólares (67,5 millones de euros) en el tercer trimestre de 2021, lo que supone una reducción del 47,2% con respecto a los ‘números rojos’ del mismo periodo del año anterior como consecuencia de la recuperación del sector de la exhibición cinematográfica.

Entre julio y septiembre, la cadena registró 434,8 millones de dólares (377 millones de euros) de ingresos, lo que supone multiplicar por 12 la facturación del mismo periodo de 2020. De esa cifra, 225,5 millones (195,5 millones de euros) procedieron de la venta de entradas, mientras que las concesiones supusieron unos ingresos de 164,3 millones de dólares (142,5 millones de euros). El resto de ingresos se situó en 45,1 millones (39,1 millones de euros).

Los gastos de publicidad y alquiler de las películas exhibidas supusieron un coste de 117,1 millones (101,5 millones de euros), 14 veces más que en el tercer trimestre de 2020. Los gastos de suministro alcanzaron los 81,7 millones (70,8 millones de euros), un 89,6% más.

Por otro lado, Cinemark registró un gasto de 68,8 millones (59,7 millones de euros) en alquileres, un 2,7% más, así como de 67,6 millones (58,6 millones de euros) en salarios, más del triple. Los gastos generales y administrativos crecieron un 27,4%, hasta 38,6 millones (33,5 millones de euros).

De esta forma, en el conjunto de los nueve primeros meses de 2021, Cinemark contabilizó unas pérdidas de 428,5 millones de dólares (371,5 millones de euros), un 13,5% más que en el mismo periodo del año pasado. En el periodo, la empresa facturó 843,8 millones de dólares (731,6 millones de euros), un 43,5% más.

El consejo de administración de Sacyr ha acordado el nombramiento de Pricewaterhousecoopers (PwC) como nuevo auditor de sus cuentas para los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se trata de una propuesta que se someterá a votación en la próxima junta general ordinaria de accionistas.

KPMG y Deloitte también participaron en el proceso, pero PwC ganó el concurso al obtener una mayor puntuación y por no incurrir en ninguna incompatibilidad. Según los registros de la CNMV, EY ha sido el auditor de las cuentas de Sacyr durante los últimos 18 años, mientras que PwC y KPMG lo fueron en ejercicios anteriores.

RESULTADOS FINANCIEROS

Sacyr obtuvo un beneficio neto atribuido de 60 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 28% más que en el mismo periodo de 2020, cuando ganó 47 millones de euros, según ha informado este jueves el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A 30 de septiembre, la cifra de negocios de Sacyr ascendió a 3.310 millones de euros, un 3% más que en los nueve primeros meses de 2020. Los ingresos de Sacyr Concesiones totalizaron 868 millones de euros, un 2% más, apoyado por los ingresos concesionales de infraestructuras (+23%) que reflejan el crecimiento operativo de la mayoría de los activos.

El área de Ingeniería e Infraestructuras creció un 3%, hasta los 1.960,7 millones de euros, gracias al ritmo de facturación de los proyectos ubicados en los mercados estratégicos donde opera el grupo, mientras que los ingresos de la actividad de Sacyr Servicios crecieron un 2% y se situaron en 761,6 millones de euros.

El resultado neto operativo (Ebit) de Sacyr avanzó un 33% entre enero y septiembre, hasta los 512 millones de euros, en tanto que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se incrementó un 19%, hasta los 630 millones de euros, frente a los 527 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

El fabricante aeronáutico Airbus entregó un total de 460 aviones comerciales a 76 clientes hasta octubre, según el balance publicado por la compañía este viernes.

En el mes de octubre, Airbus ha entregado 36 aviones a 23 clientes, lo que significa cuatro aviones menos que en septiembre de este año.

Sobre las entregas de octubre, el fabricante ha detallado que fueron dos aviones A220-300, un avión de la familia A319ceo, 17 aviones A320ceo, 14 aviones A321neo, un avión A350-900 y un A380.

En cuanto a los pedidos, el fabricante ha registrado un total de 292 entre enero y octubre. En concreto, en el mes de octubre ha alcanzado los 22 pedidos.

El consejero delegado, Guillaume Faury, señaló en mayo que tiene previsto aumentar la producción de los aviones de pasillo único A320 más vendidos de la empresa por encima de los niveles de 2019 en un plazo de dos años.

Según Airbus, hay indicios de una cautelosa reapertura de los viajes a nivel internacional, ya que las campañas de vacunación en Europa y Estados Unidos empiezan a dar sus frutos y la Unión Europea permite viajar sin cuarentena dentro del bloque.

El consejo de administración de Solarpack ha emitido una opinión favorable a la la oferta pública de adquisición (OPA) de EQT, y todos los consejeros titulares de acciones han manifestado su intención de aceptar la oferta con todas sus acciones.

No obstante, estos consejeros se reservan la facultad de revisar su intención si surgen OPAs competidoras, salvo los firmantes de compromisos irrevocables de venta.

Así lo ha comunicado el máximo órgano de gobierno de la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El plazo de aceptación de la OPA se extiende desde el 29 de octubre hasta el próximo 19 de noviembre.

Rafael Canales, consejero dominical en representación de Onchena, manifiesta que la firma patrimonial de la familia Ybarra Careaga tiene intención de aceptar la OPA con todas sus acciones, si bien se reserva también la facultad de revisar su opinión si surgen ofertas competidoras.

Todos los miembros del consejo valoran positivamente que la OPA se extienda a la totalidad del capital y que haya sido aceptada por accionistas que controlan un 50,96% del capital, así como que se abone íntegramente en efectivo.

En concreto, la oferta se dirige al 100% del capital social de Solarpack, compuesto por más de 33,25 millones de acciones, a razón de 26,50 euros por título, lo que supone un total de 881,2 millones de euros que serán abonados en efectivo y que han sido avalados por el Banco Santander.

También valoran que EQT apueste por la continuidad y crecimiento del negocio y proyecto empresarial de Solarpack, así como por el mantenimiento de los centros de trabajo, de la plantilla y de sus condiciones laborales.

También resaltan que la CNMV ha considerado que el precio de la OPA está suficientemente justificado.

JP Morgan, entidad a la que el consejo encargó una opinión sobre el precio de la OPA, ha señalado que el mismo es adecuado (fair) para los accionistas de Solarpack. Además, el precio está opr encima del rango de valoración resultante del informe de valoración de la firma independiente D&P.

El consejo de administración destaca la intención de EQT de no promover el reparto de dividendos por Solarpack ni remunerar a sus accionistas de otra forma hasta 2026 y de promover la exclusión de cotización de las acciones en las bolsas españolas.

El consejo de la CNMV autorizó a finales de octubre la OPA de Veleta BidCo, un vehículo inversor del grupo sueco EQT, sobre Solarpack. El plazo de aceptación es de 22 días naturales. El grupo sueco tiene intención de exigir la venta forzosa en caso de que la OPA proceda con éxito, lo que supondrá la exclusión de Solarpack de bolsa.

La efectividad de la oferta está sujeta a que se acepten un mínimo de 24.939.760 acciones, equivalentes al 75% del capital social de Solarpack más una acción.

En el supuesto de que el oferente no alcance el 75% y renuncie a la condición de aceptación mínima, analizará la conveniencia de mantener las acciones de Solarpack cotizadas o de promover la formulación de un oferta de exclusión. La aprobación de la CNMV se produjo una vez que el Gobierno autorizó la inversión exterior el pasado 29 de septiembre.

La oferta final del grupo supone una prima del 45% sobre el precio de cierre de las acciones de la compañía el 15 de junio (18,28 euros). Asimismo, la oferta, de tipo voluntario, se formula tras los acuerdos que el grupo sueco alcanzó con los accionistas de Solarpack José María Galíndez (Beraunberri), Pablo Burgos (Burgest 2007) y Antonio Galíndez (Landa), que en conjunto son titulares del 50,96% del capital de la sociedad.

La operación se enmarca dentro de la estrategia de infraestructuras de EQT, dirigida en España por Asís Echániz, que también es el responsable de EQT para España y Portugal. Los asesores para el grupo sueco en la operación son Credit Suisse (asesor financiero) y Clifford Chance (asesor legal).

El Ministerio de Defensa y Navantia han firmado este viernes la orden de ejecución del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) que construirá la compañía pública en el astillero de Puerto Real, en Cádiz, y cuya entrega está prevista en el mes de mayo de 2025.

La firma se ha realizado en la feria de industria de defensa y seguridad FEINDEF que se celebra en Ifema en presencia del director general de Armamento y Material (DIGAM), almirante Santiago Ramón González, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, junto al almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Martorell.

Anteriormente, la firma de la orden de ejecución fue autorizada el 11 de octubre por el Consejo de Ministros, por un importe de 166,46 millones de euros. El contrato comprende tanto la construcción del buque como la adquisición e integración de los equipos de intervención subacuática.

La construcción del BAM-IS generará una carga de trabajo de 1,3 millones de horas durante tres años y medio y el plazo de entrega previsto es de 42 meses desde este viernes que se ha firmado la orden de ejecución.

La obra generará un valor añadido directo e indirecto para la economía de aproximadamente 54 millones de euros anuales y una demanda agregada de 159 millones de euros anuales, según ha informado Navantia.

En cuanto a los puestos de trabajo, serán 1.115 empleos, incluyendo empleo directo en Navantia (unos 160), de industria colaboradora (290) y empleo inducido (665), correspondiente a los suministradores y actividad económica en torno a la construcción.

La orden de ejecución la han firmado el subdirector general de Adquisiciones del Ministerio de Defensa, coronel Alfonso Torán; y, por parte de Navantia, el director de Construcción Naval, Agustín Álvarez, y el director de Sistemas y Servicios, Donato Martínez.

El BAM-IS sustituirá al actual buque de Salvamento y Rescate de la Armada ‘Neptuno’, que está llegando al final de su vida operativa y que actualmente se encarga de las operaciones más complejas de intervención subacuática, tanto en el ámbito específico de la Armada como en colaboración de ésta con otros organismos del Estado.

El futuro BAM-IS tendrá entre sus misiones operaciones de buceo, salvamento, apoyo al rescate y rescate de submarinos siniestrados, intervención y rescate en accidentes y naufragios y vigilancia y monitorización del patrimonio subacuático.

La totalidad de la representación sindical de Unicaja Banco ha acordado convocar tres días de movilizaciones y dos jornadas de huelga para protestar por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que negocia la entidad para alrededor de 1.500 trabajadores.

En un comunicado conjunto, CIC (Suma-t, STC y Sibank), UGT y CSIF han anunciado movilizaciones los días 16 y 23 de noviembre y el 1 de diciembre, en horario de tarde y en unas localidades que se comunicarán próximamente.

Asimismo, han fijado dos días de jornada completa de huelga los días 26 de noviembre y 1 de diciembre. De forma paralela, CCOO ha confirmado que comparte dicho calendario y que en los próximos días concretará el formato de las movilizaciones.

El calendario de movilizaciones está abierto a la participación y colaboración de todas las organizaciones sindicales y ha sido acordado dos días después de que arrancase el proceso formal de negociación de un ERE que, en principio, afectará a un total de 1.513 empleados, de los que 1.005 pertenecen a la red de oficinas y 508 a servicios centrales.

El banco y los sindicatos cuentan con menos de un mes para llegar a un acuerdo sobre los términos del despido colectivo, la modificación sustancial de condiciones de trabajo y la movilidad geográfica.

Así, han agendado siete reuniones (los días 10, 16, 17, 23, 24 de noviembre y los días 1 y 2 de diciembre) en las que tratarán de reducir los despidos y atenuar las consecuencias del ERE.

Desde los sindicatos reprochan que el proceso formal de consultas haya arrancado sin llegar primero a avances significativos durante el periodo informal y han avisado de que llevarán a cabo concentraciones, movilizaciones, huelgas y «todas aquellas medidas legales necesarias» cuando la negociación no sea suficiente para evitar medidas traumáticas para la plantilla.

La dirección de Unicaja reiteró el miércoles que mantiene su oferta de diálogo y negociación con la representación laboral para encontrar medidas que permitan alcanzar un acuerdo y dar respuesta a las causas que justifican este proceso, como son la mejora de la rentabilidad y de la eficiencia, la eliminación de solapamientos, duplicidades e ineficiencias tras la fusión con Liberbank y la adaptación de su estructura al contexto actual.