Los consejeros de Agricultura y Pesca del Partido Popular han emitido un comunicado en el que niegan que se haya alcanzado ningún acuerdo nacional sobre la Política Agraria Común (PAC) que deberá defender el Gobierno en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE).

La secretaria de Agricultura de los populares, Milagros Marcos, ha acusado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de mentir y le ha exigido «que deje de jugar con los intereses de los agricultores españoles».

De este modo, los titulares de Agricultura de las comunidades presididas por el PP exigen a Planas que desvele cuál es la postura que defenderá en Bruselas y le piden transparencia con los agricultores del país, tras el consejo consultivo celebrado esta tarde.

«El PP pide al ministro que aclare a qué se refiere con un amplio consenso en los reglamentos», recoge el comunicado, en el que la secretaria Marcos recuerda que la última postura común sobre la última reforma de la PAC se alcanzó en 2018 bajo el Ministerio de Isabel García Tejerina (PP), «que dejó la negociación avanzada con un acuerdo con varios países para una PAC sin recortes».

Por último, el PP aclara que nunca se ha apartado de la negociación, pero indica que «para avanzar en estos términos, antes es necesario que se presente un documento para buscar los puntos de entendimiento y sacarlo adelante con una votación y solo estará dispuesto a alcanzar acuerdos que no perjudiquen al campo español».

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, espera que Estados Unidos retire los aranceles impuestos a productos españoles como consecuencia de la resolución de este martes de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre los subsidios a Boeing, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

«Se trata de un buen resultado para la Unión Europea y para España, pues confirma que Estados Unidos no cumplía con las directrices del primer panel sobre Boeing», ha valorado la ministra. En este sentido, ha subrayado que las medidas adoptadas por EEUU han penalizado de forma desproporcionada a la industria agroalimentaria española.

Maroto espera que Washington retome las negociaciones para evitar que la UE aplique los aranceles de 3.993 millones de dólares (2.890 millones de euros) que la OMC le ha autorizado a imponer sobre productos estadounidenses.

Según ha recordado el Ministerio, el Gobierno ha reiterado en numerosas ocasiones su «oposición frontal» a la imposición de aranceles como consecuencia de este conflicto de Airbus y Boeing y siempre ha defendido la búsqueda de una «solución negociada.

«En ausencia de solución negociada, y de no eliminarse las contramedidas por parte de EEUU, la Unión Europea se verá obligada a ejercer sus derechos a imponer las contramedidas arancelarias oportunas», ha alertado Industria.

Tras conocerse la resolución de la OMC, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, responsable también de la cartera de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha señalado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que la UE se compromete de manera «positiva y constructiva» a decidir los próximos pasos con EEUU, con la «fuerte preferencia» de llegar a un acuerdo. «De lo contrario, nos veremos obligados a defender nuestros intereses y responder de manera proporcionada», ha señalado.

El Banco de España ha avisado este martes de que las empresas se enfrentan todavía a retos «muy significativos» y ha pedido medidas de apoyo y liquidez, con una recalibración» de los ERTE, avales y flexibilidad en la gestión de impuestos, así como mejoras en los procedimientos de insolvencias y la contención de costes financieros y no financieros ante una estimación de unas necesidades de liquidez de unos 230.000 millones de euros, de los que menos de la mitad se podrían cubrir usando sus activos líquidos y recurriendo al importe no dispuesto de sus líneas de crédito, quedando pendientes unos 125.000 millones pendientes de cobertura.

Durante su intervención en un acto de la Cámara de Comercio de España, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha avisado de que la solvencia de muchas sociedades no financieras se ha deteriorado por el aumento del endeudamiento y la caída de los ingresos, a lo que se suma el carácter «incompleto y desigual» de la recuperación que «no favorece una rápida mejoría de la situación financiera de las compañías».

Además, ha indicado que el eventual agotamiento del alivio financiero proporcionado por algunas medidas (como el período de carencia de los préstamos garantizados) antes de que se asiente la recuperación supone un «elemento de riesgo».

Por ello, ha pedido el mantenimiento de unas condiciones financieras agregadas «favorables», apelando a la política monetaria común como «elemento clave anti-fragmentación» y al papel de la confianza y la necesidad de una estrategia integral de recuperación y crecimiento, con los fondos europeos, reformas estructurales para aumentar la capacidad de crecer sosteniblemente y una estrategia «creíble» de consolidación fiscal post-crisis.

También ha demandado medidas de apoyo a las rentas y la liquidez, como la actualización y recalibración de ERTES, avales, flexibilidad en la gestión impuestos y cotizaciones de la Seguridad Social, de acuerdo a la evolución de la crisis.

En paralelo, ha pedido sobre los procedimientos de reestructuración de deudas mejoras en los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insolvencias que redunden en una mayor «eficiencia y agilidad», para «salvar más empresas viables».

Ve relevante anticiparse a un escenario de necesario despalancamiento empresarial postCovid, siendo «clave» el papel de la competitividad, cuyos resortes a corto plazo pasan por la contención de costes financieros y no financieros y flexibilidad; y a largo plazo por la productividad y las reformas.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN

Arce ha explicado que la fuerte caída de la facturación ha elevado las necesidades de liquidez de las empresas, especialmente en los sectores más afectados, y ha precisado que la parte nuclear de las necesidades de crédito viene determinada por los vencimientos de pasivos financieros.

En concreto, el Banco de España estima unas necesidades de liquidez de unos 230.000 millones de euros del tercer al cuarto trimestre, de los que 25.000 millones serían generadas por la actividad de explotación, unos 200.000 millones por amortizaciones de deudas y en torno a unos 10.000 millones generadas por la inversión.

De este total de necesidades, unos 200.000 millones (el 88% del total) estarían bajo una probabilidad media, alta o muy alta de impago. Algo más de 25.000 millones tendrían una probabilidad baja, pero unos 75.000 millones una probabilidad de impago muy alta.

Según Arce, una parte destacada de las necesidades de liquidez se concentran en sociedades no financieras de baja calidad crediticia, con peor acceso al crédito y las empresas podían cubrir menos de la mitad de estas necesidades usando sus activos líquidos y recurriendo al importe no dispuesto de sus líneas de crédito.

En detalle, unos 45.000 millones sería el importe máximo que se podría cubrir con líneas de crédito disponible; unos 65.000 millones el que se podría cubrir con activos de liquidez en poder de la empresa y el restante monto de 125.000 millones estaría pendiente de cobertura.

No obstante, ha repasado la batería de medidas de política fiscal (apoyo a rentas como moratoria de impuestos, ERTE o programa de avales públicos), política monetaria (financiación del Eurosistema a bancos en condiciones más favorables y aumento de las compras de activos) y políticas financieras (flexibilización de la regulación de liquidez y capital y cambios en el cálculo del capital regulatorio para su aumento, interrupción del pago de dividendos hasta el 1 de enero y adaptación de normas contables).

Estas, ha asegurado, han contribuido a mejorar el acceso de las empresas a la financiación externa y reducir su coste. Respecto a cómo han cubiertos las empresas sus necesidades de liquidez, ha indicado que el grueso de los fondos lo han obtenido mediante préstamos bancarios. De hecho, en el segundo trimestre las empresas cubrieron con ellos el 27% de las necesidades de liquidez estimadas para el período abril-diciembre.

Además, el uso del programa de avales ha sido más intenso por parte de las empresas con peor acceso al crédito (pymes, empresas más arriesgadas y empresas más expuestas al shock), al tiempo que habría impulsado la oferta de crédito a través de una relajación de las restricciones de capital.

En este punto, ha resaltado que las condiciones de los préstamos avalados por el ICO son «claramente favorables», ya que los tipos de interés son más reducidos y el plazo es «sustancialmente mayor», lo que reduce la carga financiera a corto plazo y los riesgos de refinanciación.

No obstante, las empresas también han cubierto una parte de sus necesidades de financiación recurriendo a los mercados de capitales. Esta financiación ha desempeñado un papel menor en comparación con la evolución precovid y se ha dirigido en mayor medida hacia las empresas de mayor tamaño y menos afectadas por la perturbación, ha detallado Arce.

PERSISTENCIA ELEVADA DE LA DEUDA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

De igual forma, Arce ha explicado que se produjo un retroceso «muy acusado» de la actividad en el primer semestre como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria y las medidas de contención, que dio paso a una recuperación «gradual» en el tercer trimestre, junto a una «pérdida gradual del dinamismo», cuando el PIB crecerá entre un 13% y un 16,6%.

Las previsiones del Banco de España apuntan a un desplome económico de entre el 10,5% y el 12,6% este año, un avance del PIB entre el 4,1% y el 7,3% en 2021 y de entre el 1,9% y el 3,3% en 2022.

Según Arce, los riesgos se encuentran sesgados «a la baja» en los próximos trimestres, ligados a la evolución epidemiológica y a la disponibilidad de un tratamiento eficaz y, también, a otros riesgos procedentes del entorno exterior.

Además, el déficit se situaría en 2020 entre un 10,8% y 12,1% del PIB, para luego reducirse en los años siguientes, hasta alcanzar un 5,8% en 2022. En paralelo, ha apuntado que la deuda aumentará «significativamente» en 2020 y mostraría una «persistencia elevada» en los próximos años

La tecnología ‘blockchain’ tiene el potencial de elevar el producto interior bruto (PIB) mundial en 1,76 billones de dólares (1,5 billones de euros) para 2030, según concluye un estudio realizado por la consultora PwC y publicado este martes.

Por países, el mayor impacto tendrá lugar en China, con 440.000 millones de dólares (374.827 millones de euros), seguida de Estados Unidos, con 407.000 millones de dólares (346.742 millones de euros). En Alemania, Japón, Reino Unido, India y Francia el impacto económico será, como mínimo, de 60.000 millones de dólares (51.116 millones de euros). En lo que respecta a España, el impacto estará en torno a los 24.000 millones de dólares (20.446 millones de euros), con el potencial de crear 227.000 empleos.

Esta tecnología, y su abanico de aplicaciones, será un vector clave en el proceso de digitalización y transformación de la economía española», ha indicado Antonio Requena, socio responsable de ‘blockchain’ en PwC.

Según el documento, en 2025 la tecnología experimentará un «punto de inflexión» a partir del cual comenzará a emplearse a gran escala. Entre los principales sectores que harán uso de ella está el de la salud, el financiero, el logístico, el de la distribución y el sector público.

Entre los principales usos identificados por PwC se encuentran el seguimiento y rastreo de productos, medios de pago y para el sector financiero, gestión de identidades y aplicación en contratos y en la resolución de conflictos.

Los hosteleros madrileños facturaron un 25% más durante el puente del Pilar en comparación con cualquier otro fin de semana, ha señalado Hostelería Madrid en un comunicado.

«La mayoría de empresarios de Madrid consideran que el puente ha ido bien», han recogido apuntando que les ha beneficiado «el buen tiempo y que los madrileños han salido a disfrutar de su ciudad».

Los mejores días de consumo han sido el sábado a mediodía y el domingo a mediodía, según los datos de los hosteleros. Las cenas han tenido menos peso en el consumo «por la hora de cierre a las 23 horas. Las comidas han supuesto el 60% del consumo, mientras que las tardes han generado un 20% y las cenas otro tanto.

Según el sondeo realizado entre el sector, las mayores preocupaciones de los empresarios van dirigidas a «nuevos confinamientos y la hora de cierre a las 23 horas».

El Gobierno ha valorado positivamente la homogeneización de criterios de movilidad en la Unión Europea aprobada como recomendación este martes y que recoge la postura de España sobre la exclusión del cierre de fronteras y el establecimiento de límites flexibles a la movilidad, siempre bajo criterios sanitarios objetivos.

Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, este acuerdo es «un primer paso» para reactivar la actividad turística internacional porque recoge medidas proporcionadas y predecibles que permiten mejorar la confianza de los viajeros.

Asimismo, valora positivamente la preferencia por la realización de test en origen y/o destino como medida prioritaria ante las cuarentenas. «Seguiremos trabajando para alcanzar esta regla general que permita en condiciones de seguridad sanitaria recuperar los flujos de turistas internacionales, un elemento clave para reactivar nuestro sector turístico», ha remarcado la ministra.

El Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la Unión Europea, formado por los ministros de Asuntos Europeos de los Estados de la UE, ha adoptado en su sesión de este martes, celebrada en Luxemburgo, la recomendación sobre el enfoque coordinado de la UE para la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia.

La recomendación, adoptada en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), pese a tratarse de un texto fundamentalmente indicativo y de mínimos, persigue establecer unos criterios y datos estandarizados que garanticen una libre circulación segura y no discriminatoria en el ámbito de la Unión Europea, refuercen los mecanismos de coordinación y mejoren la información a los ciudadanos. Hasta ahora, cada Estado miembro había establecido las restricciones a ciudadanos provenientes de otros países según sus propios criterios y directrices, muchas veces diferentes entre sí.

España acoge positivamente esta recomendación ya que refleja su postura en elementos fundamentales como la exclusión del cierre de fronteras como medida a adoptar, la protección a la movilidad de colectivos de particular sensibilidad y relevancia y la regionalización de la evaluación y de la implementación de medidas. Se hace, además, una mención específica a los territorios periféricos y ultraperiféricos, como las islas, para las que España ha defendido un tratamiento singularizado.

Asimismo, la recomendación recoge una mención expresa a la preferencia por la realización de test en origen y/o destino frente a las cuarentenas -o autoaislamientos- e invita, asimismo, a que los Estados sigan cooperando en el reconocimiento mutuo de resultados y en los formularios de localización de pasajeros, abriendo la posibilidad a un formulario europeo.

El representantes de Comercio de Estados Unidos, Robert E. Lighthizer, ha señalado que están dispuestos a encontrar una solución al conflicto que mantienen con la Unión Europea sobre las ayudas a Boeing y Airbus y ha recalcado que Europa no podría imponer aranceles a los productos estadounidenses porque Washington ya ha revocado la exención fiscal de la que se beneficiaba Boeing.

Este martes, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha publicado su autorización para que la UE imponga aranceles sobre productos procedentes de Estados Unidos por un máximo anual de 3.993 millones de dólares (2.890 millones de euros) como compensación por las subvenciones recibidas por Boeing.

Sin embargo, Lighthizer señala que la UE «no tiene ninguna base válida para tomar represalias contra ningún producto estadounidense» y que cualquier imposición de aranceles basada en una medida que ha sido eliminada «es claramente contraria a los principios de la OMC y obligará a una respuesta de los Estados Unidos».

Según señala en un comunicado, el Estado de Washington ha promulgado el proyecto de ley 6.690 del Senado, que, con efecto a partir del 1 de abril de 2020, elevó los tipos impositivos de las operaciones de compraventa aeroespaciales al nivel generalmente aplicable, con lo que «se eliminó la única medida ilegal». Por tanto, consideran que, según las normas de la OMC, la UE no podría aplicar las contramedidas autorizadas al haberse eliminado la medida que genera controversia.

No obstante, destaca que su país está dispuesto a trabajar para solucionar el conflicto y «restablecer la competencia leal y la igualdad de condiciones» en el sector aeronáutico.

Hace un año, la OMC autorizó a Estados Unidos a imponer aranceles por un valor total de 7.500 millones de dólares (unos 6.400 millones de euros) a productos importados de Europa como represalia por las ayudas que la Unión Europea había dado a Airbus. Por ello, EE.UU. impuso aranceles a la Unión Europea en un 15% para los productos de aviación civil y un 25% para los demás, entre los que se incluyen el vino o el aceite.

En el comunicado emitido este martes, EE.UU. indica que mantiene los aranceles debido a que la Unión Europea no ha retirado los «miles de millones de euros de subvenciones ilegales», pero que, para «maximizar las posibilidades de éxito en las negociaciones, han actuado con moderación al negarse a imponer a la UE la totalidad de las contramedidas autorizadas».

Tras el anuncio de este martes por parte de la OMC, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, responsable también de la cartera de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha señalado que la UE se compromete de manera «positiva y constructiva» a decidir los próximos pasos con EE.UU., con la «fuerte preferencia» de llegar a un acuerdo. «De lo contrario, nos veremos obligados a defender nuestros intereses y responder de manera proporcionada», ha señalado.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha recomendado mantener los estímulos fiscales hasta que se afiance la recuperación de la economía, ya que su retirada prematura sería demasiado perjudicial.

Durante su intervención en un acto celebrado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el banquero central ha reconocido que los países de la eurozona saldrán de la crisis con unos niveles de deuda pública no vistos «en décadas», por lo que será necesario un programa de consolidación fiscal para volver a una senda sostenible.

«Sin embargo, a corto plazo, el daño causado por la retirada prematura de las medidas de apoyo excedería cualquier posible coste de mantenerlas hasta que la recuperación muestre señales de suficiente fortaleza», ha subrayado De Cos. El gobernador del Banco de España ha intervenido en el acto en calidad de miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y sus comentarios no se han referido a ningún país en concreto.

Pese a la necesidad de mantener estímulos, De Cos ha indicado que, dada la «heterogeneidad» de los efectos de la crisis, durante la fase de recuperación sería recomendable que las ayudas fueran «mucho más focalizadas» y que su duración se ajustase a la de la crisis.

«Tendría sentido valorar la posibilidad de que las acciones dirigidas a ayudar a las empresas no involucren un aumento de sus obligaciones financieras como, por ejemplo, ayuda directa o, en algunos casos, a través de inyecciones temporales de capital», ha agregado el gobernador.

Además, De Cos ha afirmado que es necesario que a nivel europeo se acometa una «agenda ambiciosa de reformas estructurales» para elevar el potencial de crecimiento de la economía de la eurozona, que «ya era bajo antes de la crisis».

Con respecto a la política monetaria, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE ha asegurado que «no hay espacio para la complacencia», por lo que los estímulos del instituto emisor se tendrán que mantener hasta que se alcance la recuperación. Además, no ha descartado que la autoridad monetaria tenga que ser recalibrada o que se tengan que aprobar nuevas medidas.

«También es crucial que mantengamos la flexibilidad en la implementación de nuestro programa de compra de activos contra la pandemia [PEPP] para eliminar cualquier problema potencial de fragmentación financiera», ha apostillado.

Un total de 471 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los ocho primeros meses del año, 34 más que en el mismo periodo de 2019, lo que implica un aumento en valores relativos del 7,8%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De estos fallecimientos, 393 se produjeron durante la jornada de trabajo, 51 más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un aumento porcentual del 14,9%. Los 78 accidentes mortales restantes registrados hasta el octavo mes del año fueron siniestros ‘in itínere’ (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), 17 menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 17,9%.

El dato de mortales incluye los 15 accidentes mortales reconocidos por Covid-19, que ocurrieron todos ellos en el centro o lugar de trabajo habitual y que corresponden a las siguientes comunidades autónomas y provincias: 2 en Andalucía (1 en Granada y 1 en Sevilla), 8 en Castilla-La Mancha (1 en Albacete, 4 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 2 en Toledo), 2 en Castilla y León (ambos en Salamanca), 1 en Cataluña (en Barcelona) y 2 en Madrid.

En conjunto, hasta agosto se contabilizaron 302.301 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 27,5% respecto al número de siniestros del mismo mes de 2019. Del total de siniestros, 267.261 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 35.040 fueron siniestros ‘in itínere’. Los primeros cayeron un 26,2%, mientras que los segundos lo hicieron en un 35,9% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo de los asalariados sumaron 264.611 hasta agosto, un 26,3% menos, y los graves fueron 2.257, un 20,5% menos que a un año antes. En el caso de los siniestros ‘in itínere’ se registraron 34.477 accidentes de carácter leve (-36%) y 485 de gravedad (-27,8%).

MÁS DE 18.492 ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 302.301 siniestros con baja registrados hasta agosto, 283.809 los sufrieron asalariados (-28,2%) y 18.492 correspondieron a trabajadores autónomos (-14,9%).

Desde el 1 de enero de 2019 la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y solo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos.

Entre los accidentes de asalariados contabilizados en el octavo mes del año, un total de 249.885 se produjeron estando en el puesto de trabajo, un 26,9% menos que hasta agosto de 2019, mientras que 33.924 fueron siniestros ‘in itínere’, cifra que también es un 36,2% menos que la del año anterior.

Los accidentes leves de asalariados con baja en el puesto de trabajo sumaron 247.704 hasta agosto de 2020, un 27% menos, y los graves alcanzaron los 2.328, un 21,6% menos que en el mismo mes del año anterior.

En el caso de los siniestros ‘in itínere’, los trabajadores asalariados registraron 33.924 accidentes de carácter leve (-36,3%) y 446 de gravedad (-28,8%).

Por su parte, de los 18.492 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta agosto, 17.376 (-14,1%) se produjeron en el puesto de trabajo y 1.116 (-24,7%) fueron siniestros ‘in itínere’.

La estadística también revela que además se notificaron 330.972 accidentes laborales sin baja, un 30,4% menos que en igual mes de 2019.

BAJAS LABORALES POR COVID

En la estadística de este mes se han vuelto a incluir los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial, aunque se trata todavía de datos provisionales. Hasta agosto, la estadística recoge que un total de 1.346 personas estuvieron de baja por coronavirus. De estos, 1.328 fueron leves, 13 grave y 17 mortales.

Por otro lado, Trabajo ha publicado el avance también de los datos desagregados por mes de la fecha de baja y los ha comparado con el mismo periodo del año anterior. En marzo, ha diferenciado dos periodos, uno anterior a la declaración del estado de alarma (días 1 a 13 de marzo) y otro posterior (días 14 a 31 de marzo).

Concretamente, entre el 1 y el 13 de marzo, un total de 21.539 personas se dieron de baja por accidente laboral (+6,1%). En el caso del 14 al 31 de marzo, la cifra ascendió a 11.320 personas (-57,4%). En abril fueron 16.099 accidentes (-61,6%), en mayo 26.776 (-46,4%), en junio 34.819 (-23,9%), en julio 38.606 (-23,3%) y en agosto 28.791 (-16,9%).

Teniendo en cuenta los accidentes ‘in itínere’, en el primer periodo se registraron 3.111 accidentes (-1,9%) y 1.193 en el segundo (-70,8%), situándose en abril en 1.697 (-74,4%), en mayo en 2.803 (-62,8%), en junio en 4.162 (-40,2%), en julio en los 4.752 (-34,1%) y en agosto 3.171 (-33,1%).

Entre el 1 y el 13 de marzo se produjeron 28 accidentes mortales en la jornada de trabajo (+75%) y entre el 14 y el 31, la cifra ascendió a 43 personas (+104,8%), mientras que en abril fueron 37 (+2,8%), en mayo 42 (-19,2%), en junio volvió a subir, hasta 51 (+44,7%), en julio fueron 45 (-28,6%) y en agosto 34 (-12,8%).

En el caso de los accidentes mortales ‘in itínere’, estos totalizaron en 6 tanto en el primer periodo analizado de marzo como en el segundo, lo que supuso un incremento del 100% en comparación con el periodo comprendido entre el 1 y el 13 de marzo de 2019, pero un descenso del 14,3% en comparación con los días que van del 14 al 31 de marzo del año anterior.

En abril también fueron seis los accidentes mortales ‘in itínere’, la mitad que el año pasado, en tanto que en mayo subieron a 8 (-33,3%), en junio fueron 5 (-44,4%), en julio se elevaron hasta 11 (-45%) y agosto fueron 6 (-33,3%).

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo en la posición a defender por España en la recta final de la negociación de la Política Agraria Común (PAC).

En concreto, Planas ha presidido este martes los consejos consultivos de política agraria y política pesquera como encuentros previos al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) que se celebrará los 19 y 20 de octubre en Luxemburgo.

En la reunión, el titular de Agricultura ha solicitado la participación activa de las regiones para que agricultores y ganaderos españoles cuenten con un modelo de aplicación de la PAC «más justo y sostenible».

Planas ha instado a las CCAA a colaborar en el diseño del Plan Estratégico para que los productores dispongan de una política clara y sencilla que responda a las necesidades detectadas en los distintos sectores.

Agricultura ha precisado que está previsto que en las próximas semanas se celebren reuniones y grupos de trabajo para definir el modelo para España, basado en una política «clara, sencilla, justa y sostenible» que atienda las necesidades reales de agricultores y ganaderos.

El titular del ramo confía en que en este Consejo de Ministros se cierre el acuerdo político de la PAC para que puedan continuar las negociaciones a tres bandas: Consejo, Parlamento y Comisión Europea, con el objetivo de que los reglamentos de aplicación se publiquen en el primer semestre de 2021.

Estas reuniones serán paralelas a las que España realizará para avanzar en el Plan Estratégico, ya que el objetivo es presentar a la CE el borrador en abril de 2021.

Respecto al reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA), en la que España ha logrado incluir al aceite de oliva, a través del artículo 167 bis, el ministro defenderá que se incluya en el reglamento transitorio para que se puede aplicar desde 2021. Esta medida permitirá al sector del aceite de oliva desarrollar normas de comercialización que redunden en una estabilización de los precios.

En la reunión sobre pesca, Planas ha indicado que España defenderá los intereses del sector respecto a las capturas de bacalao ártico y de gallineta nórdica, en las consultas anuales que en breve comenzarán entre la UE y Noruega en el marco del acuerdo bilateral de pesca que mantienen.

Aena ha mostrado este martes su «disposición a colaborar» con cualquier medida de prevención del coronavirus en las islas Canarias siempre que así lo hayan acordado las diferentes autoridades con competencias sanitarias, según han indicado a Europa Press fuentes del gestor aeroportuario.

Así se ha expresado Aena después de publicar Canarias7 que el departamento canario de turismo había enviado una carta pidiendo la colaboración de la empresa pública para hacer test en los aeropuertos y que habría quedado sin respuesta.

Las mismas fuentes explicaron que la misiva no había sido respondida porque fue recibida este mismo martes y que su voluntad es y ha sido siempre la de «colaborar» en todo lo que «las autoridades sanitarias acuerden».

Así, remarcaron que carecen de competencias en materia sanitaria y que la solicitud debe ser remitida a las autoridades competentes del Gobierno central.

AENA «HA COLABORADO Y COLABORA» CON LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES

«Una vez tomada una decisión, Aena cooperará como siempre ha hecho. Aena ya ha colaborado y colabora por ejemplo con el Gobierno de Canarias en los aeropuertos para la toma de temperatura a los pasajeros insulares y peninsulares, y lo hace con Sanidad Exterior aportando recursos humanos y materiales a su disposición», indicaron.

Por último, indican que es posible que si los test, en línea con el protocolo propuesto por la consejería de Turismo canaria, se realizarán hasta 48 horas antes de la salida del vuelo dichos test no tendrían que hacerse necesariamente en los recintos aeroportuarios.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) han vuelto a unirse para reclamar a los gobiernos que utilicen las pruebas de Covid-19 como medio para reabrir las fronteras de forma segura y restablecer la conectividad mundial, así como para evitar el colapso de la industria de la aviación con un apoyo financiero que no genere deuda.

Según han explicado las organizaciones internacionales, estas medidas protegerían a los países de la importación de casos de Covid-19, evitarían una crisis de empleo en el sector de los viajes y el turismo, y asegurarían que la estructura crítica de la aviación siga siendo viable.

El Grupo de Acción sobre el Transporte Aéreo (ATAG) estima que 46 millones de puestos de trabajo están en peligro debido a la pérdida de conectividad causada por la crisis de la Covid-19. La gran mayoría de ellos (41,2 millones de empleos) se encuentran en el sector de los viajes y el turismo que depende de la aviación, mientras que el resto (4,8 millones de empleos) se reparten entre el empleo directo en la aviación, incluidos los aeropuertos y las aerolíneas.

La Asociación de Aeropuertos prevé que sufrirá una reducción del 60% en sus ingresos, mientras que la organización de las aerolíneas estima que los ingresos del sector caerán un 50%.

«Necesitamos actuar rápidamente. Las pérdidas de empleos dentro y fuera de la industria aumentan cada día y con cada trabajo perdido la recuperación y el impacto en la economía en general se hace aún más difícil», ha alertado Alexandre de Juniac, consejero delegado de IATA.

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con una caída del 1,09%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.875,2 enteros, lastrado fundamentalmente por el sector bancario y el turístico.

El índice perdía así la cota psicológica de los 6.900 puntos, en una semana que estará marcada por el inicio de la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos y por los contactos entre republicanos y demócratas para aprobar un paquete de ayudas frente a la pandemia antes de las elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de noviembre.

Los inversores han conocido además que la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson ha anunciado la suspensión «temporal» de las pruebas de la fase 3 de su vacuna contra el nuevo coronavirus después de que uno de los participantes voluntarios presentase «una enfermedad inexplicable».

En Reino Unido, el final del confinamiento vino acompañado por un fuerte aumento de la tasa de paro, que se situó en el 4,5% entre los meses de junio y agosto, frente al 3,9% registrado en el mismo periodo del año precedente, con alrededor de 1,52 millones de desempleados registrados.

En España, el Tesoro Público ha captado este martes 935 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, en el rango alto previsto, y ha ahondado notablemente en los tipos negativos en ambos papeles registrando mínimos históricos en la primera subasta celebrada tras reducir las emisiones de este año en 15.000 millones de euros.

Además, la confianza empresarial se ha disparado un 10,5% en el cuarto trimestre, respecto al trimestre anterior, su mayor alza desde el comienzo de la serie en 2013.

En este escenario, las mayores caídas del Ibex 35 las han presentado Bankinter (-5,01%), CaixaBank (-4,86%), Bankia (-4,62%), Banco Sabadell (-4,31%), IAG (-4,09%), BBVA (-4%), Meliá (-3,42%), Banco Santander (-3,32%) y Aena (-3,31%).

En el terreno positivo únicamente se han situado seis valores: Cellnex (+1,55%), PharmaMar (+1,21%), Viscofán (+0,79%), Siemens Gamesa (+0,78%), Iberdrola (+0,68%) y Enagás (+0,26%).

El resto de plazas europeas también ha finalizado en ‘rojo’, con caídas del 0,53% para el Ftse 100 de Londres, del 0,64% para el Cac 40 de París, del 0,91% para el Dax de Fráncfort y del 0,81% para el Mib de Milán.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, marcaba un precio de 40,39 dólares y el crudo Brent, de referencia para Europa, de 42,54 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española se situaba en 68 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,144%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1742 ‘billetes verdes’.

El PSOE, el PP y Ciudadanos han pactado este martes en el Congreso una iniciativa, apoyada también por Unidas Podemos, que llama al Gobierno a alcanzar un Pacto por la Industria y que define varios ejes de actuación para el mismo.

Esta iniciativa, que partía de una proposición no de ley defendida por el PSOE, ha sido finalmente aprobada en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo con apoyos también de Esquerra Republicana, el PNV, el BNG y Foro Asturias. Por su parte, Vox ha votado en contra y EH-Bildu ha optado por la abstención.

El texto aprobado, reclama al Gobierno un Pacto por la Industria «salvaguardado de eventuales y futuros cambios políticos, con vocación de estabilidad, permanencia, certidumbre y compromiso presupuestario, con una gobernanza definida», que cuente con la participación de comunidades autónomas y agentes sociales, y que de él «emane una futura Ley de Industria, con el objetivo de reactivar la economía y modernizar el modelo productivo hacia la transición ecológica y la transformación digital.

Este pacto, señala el Congreso, debe estar alineado con los objetivos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y contener varios ejes de actuación, como adecuar los sistemas formativos para mejorar la empleabilidad y la formación de trabajadores, facilitar el acceso de financiación bancaria y no bancaria y «racionalizar el marco regulatorio».

Asimismo, reclama medidas dirigidas a promover el crecimiento de las pymes industriales, mejorar la profesionalización en la gestión, la reducción de costes del transporte y la distribución, apoyar la internacionalización de las empresas, y apostar en ellas por la digitalización y su actividad innovadora.

MEJORA DE TECNOLOGÍA EN EQUIPOS Y PROCESOS

Por otro lado, el Congreso se refiere al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, para el que pide «planes de inversiones en proyectos tractores europeos vinculados a la transformación digital y la transición ecológica en ecosistemas industriales de oportunidad».

En este sentido, llama a poner «especial énfasis en el apoyo a la mejora de tecnología en equipos y procesos», y apoyar a las empresas industriales «con los mismos instrumentos y en la misma cuantía que lo hacen otros países europeos. «De igual modo, se abrirán estos planes al fomento de actividades de regeneración, reciclaje y aprovechamiento de residuos, tendiendo a iniciativas de economía circular», señala en este punto el texto aprobado por la Cámara Baja.

PLAN DE LA AUTOMOCIÓN Y ESTATUTO ELECTROINTENSIVO

Finalmente, el texto aprobado reclama un plan específico para la automoción con ayudas a la compra de nuevos vehículos bajos de emisiones, más inversión en I+D+i para desarrollar en España baterías e impulsar medidas de inversión, internacionalización y comercialización con el objetivo de atraer inversiones productivas en el territorio y facilitar las exportaciones.

Por último, también llama a aprobar la regulación del anunciado Estatuto de consumidores electrointensivos «que permita reducir los costes de suministro eléctrico de la industria electrointensiva de acuerdo a la normativa comunitaria».

UN NUEVO PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN

Por otro lado, la Comisión de Industria ha aprobado otra iniciativa, esta de Unidas Podemos, con los votos del PSOE, ERC y EH-Bildu, para diseñar un plan de reindustrialización, con la elaboración de un mapa de inversiones estratégicas y tecnologías innovadoras, la mejora de infraestructuras y la reducción de la dependencia tecnológica y energética.

La iniciativa también pide criterios de exclusión en las ayudas a empresas con sedes en paraísos fiscales y que estas ayudas contengan obligaciones de mantenimiento de la actividad, revisar las agendas sectoriales para responder al nuevo contexto postCovid, la elaboración de un informe sobre la inserción de la producción industrial española en las cadenas globales de valor y más fondos para los programas de industrialización en los próximos Presupuestos.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la economía sumergida en España es un 65% mayor que la media europea, ya que cada año en España se evaden unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, y calculan que con entre 15.000 y 17.000 efectivos más se podría reducir a la mitad.

Así lo ha señalado la organización después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, con el que transpone la última directiva europea y refuerza el control sobre los contribuyentes para evitar la elusión y el fraude fiscal.

En este contexto, Gestha advierte de que la economía sumergida en España es un 65% mayor que la media europea, ocupando el puesto 18 entre los 28 países europeos y la decimocuarta posición de los 19 países de la zona euro.

La tasa sumergida promediada entre 1991 y 2015 en España se sitúa en el 24,52%, frente al 16,01% de la media ponderada sumergida en la UE-28, y al 16,6% de la media sumergida en la euro zona-19.

DICE QUE CON 15.000 EFECTIVOS SE REDUCIRÍA LA MITAD

Por otra parte, Gestha asegura que con un cuerpo superior técnico y entre 15.000 y 17.500 efectivos más a medio plazo, la economía sumergida podría reducirse a la mitad.

En este sentido, subraya que el «punto débil» de las medidas de los sucesivos planes especiales, leyes antifraude y para el control de los gastos públicos es que no se han acompañado con medidas referidas a los medios personales con los que cuenta la AEAT, la IGAE y otros centros directivos del Ministerio de Hacienda para hacerlas cumplir con generalidad.

Por ello, tres décadas después, Gestha cree que es hora de que se cree el Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, para dar mayores competencias y funciones a los 8.480 técnicos de Hacienda que representan el 83,4% de los funcionarios del grupo A de las áreas operativas en la AEAT y los 1.014 técnicos de auditoria y contabilidad que representan el 90,8% en la IGAE.

JPMorgan Chase, el mayor banco estadounidense por activos, obtuvo un beneficio neto de 9.443 millones de dólares (8.039 millones de dólares) en el tercer trimestre del año, lo que representa una mejora del 4% respecto del mismo periodo de 2019, después de que la entidad lograse reducir un 94% el impacto de las provisiones por riesgo de impago, hasta 611 millones de dólares (520 millones de euros).

Entre julio y septiembre, el banco de Wall Street destinó a cubrir el riesgo de crédito ‘únicamente’ 611 millones de dólares, frente a los 10.473 millones de dólares (8.916 millones de euros) provisionados entre abril y junio, y los 8.285 millones de dólares (7.050 millones de euros) del primer trimestre. En el tercer trimestre de 2019, las provisiones sumaron 1.514 millones de dólares (1.289 millones de euros).

Los ingresos de JPMorgan Chase en el tercer trimestre de 2020 alcanzaron los 29.147 millones de dólares (24.810 millones de euros), apenas un 0,5% por debajo de la cifra de negocio contabilizada hace un año, con un retroceso del 8,5% de los ingresos por intereses netos, hasta 13.013 millones de dólares (11.077 millones de euros), mientras que el resto de ingresos sumaron 16.134 millones de dólares (13.735 millones de euros), un 7,1% más.

De este modo, en los nueve primeros meses del año JPMorgan Chase obtuvo un beneficio neto de 16.995 millones de dólares (14.470 millones de euros), un 39% por debajo del resultado del mismo periodo de 2019, mientras que la cifra de negocio de la entidad creció un 4%, hasta 90.319 millones de dólares (76.878 millones de euros).

Hasta septiembre, las provisiones del gigante de Wall Street aumentaron un 366%, hasta 19.369 millones de dólares (16.491 millones de euros), frente a los 4.158 millones de dólares (3.540 millones de euros) de los nueve primeros meses de 2019.

«Reforzamos nuestra posición de liquidez, incrementando la ratio de capital CET1 en 60 puntos básicos, hasta el 13% y nuestras fuentes de liquidez en 1,3 billones de dólares (1,1 billones de euros)», declaró Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase.

Hasta cinco comunidades y ciudades autónomas españolas continúan sin movilizar los fondos del nuevo Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible Moves II lanzado por el Gobierno pese a que el plazo para hacerlo ya finalizó hace casi un mes.

De esta manera, Canarias, Cantabria, Ceuta, Extremadura y Murcia no han publicado en sus respectivos boletines oficiales el plan, aunque el límite venció el pasado jueves día 17 de septiembre, tres meses después de que el Ejecutivo permitiese activarlo.

Por ello, 11,53 millones de euros de los 100 millones con los que cuenta el plan para ayudas a la compra de vehículos eléctricos no han sido movilizados, de los cuales 4,7 millones le corresponden a Canarias, mientras que Cantabria tenía acceso a 1,23 millones; Ceuta, 180.729 euros; Extremadura, 2,26 millones, y Murcia, 3,16 millones.

Otras comunidades, como es el caso de Andalucía (17,95 millones), Castilla-La Mancha (4,33 millones) y Navarra (1,38 millones) han esperado hasta el último momento para publicar en sus respectivos boletines oficiales la convocatoria, mientras que Islas Baleares (2,53 millones), Melilla (180.431 euros) o Castilla y León (5,12 millones) ya lo han publicado pero fuera de plazo.

En el caso de Baleares, han sido muchas las voces del sector que han criticado la puesta en marcha del plan en esta comunidad insular ya que, al contrario de lo que dicta el acuerdo estatal, obliga a los ciudadanos a achatarrar un vehículo antiguo para poder comprar un coche ‘cero emisiones’.

Por ello, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ve «incomprensible» que Baleares publique el plan «tarde» y con modificaciones que «reducen su eficacia y crean confusión», ya que recupera el requisito del achatarramiento para empresas y particulares, un tema al que se había llegado a un consenso para eliminarlo.

En la misma línea han hablado desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) que ha calificado de «discriminatoria» las bases del Plan Moves II que el archipiélago ha publicado. Por ello, ambas asociaciones han pedido que se modifique y que se adapte a las bases nacionales.

TODAS LAS COMUNIDADES LO PUBLICARÁN

A pesar de todo esto, fuentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) consultadas por Europa Press han afirmado que «lo importante» es que todas las comunidades autónomas publicarán el plan, a pesar de que algunas de ellas lo hagan fuera de plazo.

«Lo importante es que todas las comunidades han aceptado las ayudas oficialmente y nos consta que todas ellas están realizando los trámites administrativos internos para sacar las convocatorias», han subrayado desde el IDEA.

En la misma línea ha hablado el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), Arturo Pérez de Lucia, quien ha asegurado que «todas las comunidades están trabajando en ello», por lo que si no han publicado ya sus planes es por algún «retraso administrativo».

AYUDAS YA CONCEDIDAS

Las ayudas recogidas en la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible lanzado por el Gobierno están disponibles desde el 17 de junio para los consumidores interesados en la compra de un modelo ‘cero emisiones.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del plan, los españoles pudieron acceder a las ayudas para agilizar la puesta en marcha del mercado, a pesar de que las comunidades tenían hasta tres meses para gestionar el plan y solicitar al Gobierno la partida de los 100 millones de euros totales que le corresponde por número de habitantes. Un plazo que finalizó este jueves.

De esta manera, se permitió a los particulares adquirir el coche que necesitaban y luego acceder al subsidio, ya que en el caso del Plan Moves del año pasado muchas administraciones autonómicas tardaron meses en poner en marcha las ayudas, lo que retrasó y mitigó el efecto del Moves.

El Plan Moves II cuenta con un presupuesto de hasta 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible. Así, el Gobierno aportará hasta 5.500 euros para la adquisición de un modelo ‘cero emisiones’, mientras que los fabricantes darán una ayuda adicional de 1.000 euros para incentivar su compra.

En lo que se refiere a turismos, el modelo debe de tener un precio máximo de hasta 45.000 euros. Esta cantidad asciende hasta los 53.000 euros para coches de ocho plazas o en el caso de que el destinatario último sea una Administración o entidad sin ánimo de lucro.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dejado claro que nunca va a abandonar a los trabajadores por cuenta propia y que la patronal se va a poner en marcha para ayudar al colectivo.

Así lo ha señalado durante su intervención en la XIX Edición de los Premios de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). «La cabezonería de algún autónomo peleando por el comercio, por la hostelería o por los bares que solo abren en las fiestas, eso son los autónomos de este país y ese es el mundo de ATA», ha puesto en valor Garamendi.

El presidente de CEOE ha aprovechado para felicitar a ATA por sus 25 años de vida y por su trabajo desarrollado a lo largo de este año. También ha puesto en valor que la integración de ATA en la CEOE fue «un símbolo de unidad» para «sumar en España».

Por otro lado, ha remarcado que los mejores 40 años del Estado Social de Derecho español «han sido como consecuencia de la Constitución Española, a la que apoyamos y a su piedra angular, que es la Corona». «Ayer fue un día de reconocimiento y de festejar el Día de la Hispanidad y de la unidad de España», ha resaltado tras pedir lealtad, independencia y sentido de Estado.

De su lado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha insistido en que el Covid sigue presente, pero en que este hecho no puede detener ni a los autónomos ni al resto de la sociedad. «Debemos ser muy prudentes y seguir a rajatabla las normas sanitarias, pero los autónomos no pueden parar y ATA tampoco», ha dejado claro.

«El Covid no nos puede impedir reconocer el trabajo y tesón de unos profesionales que en muchos casos se han convertido en héroes y, en otros, nos han dado un magnífico ejemplo de buen hacer», ha apostillado Amor.

Asimismo, ha dejado claro que va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora, negociando con el Gobierno, para reconstruir España. De hecho, Amor ha dicho que ATA «siempre ha tenido vocación de actuación» y que va a seguir en ello para ser parte de la reconstrucción del país.

«SIN LOS AUTÓNOMOS LA ECONOMÍA NO PUEDE FUNCIONAR»

Sin autónomos la economía no puede funcionar, porque somos la correa de la mayor parte de la economía. La reconstrucción debe pasar por los autónomos, no hay otra alternativa», ha incidido su presidente, que ha aprovechado para dejar claro que la reconstrucción «solo se puede conseguir con unidad, concordia, certidumbre y seguridad jurídica».

Amor ha concluido su turno de palabra diciendo que «los autónomos y las empresas tienen la misión para esta reconstrucción de generar actividad y empleo» y dejando claro que ahora «les toca a quienes tienen responsabilidad en la Administración y la política generar unidad, concordia, certidumbre y seguridad jurídica». «Toca trabajar por ello», ha concluido.

APOYO DE CAIXABANK AL COLECTIVO

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presente en el acto, ha querido homenajear «al colectivo que peor lo está pasando» y ha puesto en valor que los autónomos son un ejemplo de «esfuerzo, entrega y resiliencia».

«Sabéis representar y simbolizar los mejores valores del conjunto de la sociedad española: valores de trabajo, de sacrificio y de empeño para sobreponeros y dar lo mejor de vosotros mismos para salir adelante», ha dicho durante su intervención.

Asimismo, Gortázar ha señalado que se siente orgulloso de que desde CaixaBank se haya podido apoyar a este colectivo con medidas como moratorias de préstamos, líneas de crédito con y sin avales del Estado, ayudas al comercio y al pago de proveedores. En la actualidad, más de un millón de autónomos españoles trabajan con la entidad.

«Muchos estáis pasando por tiempos extraordinariamente duros, necesitáis ayuda y queremos seguir apoyándoos», ha dicho, tras señalar que una vez se complete la fusión con Bankia, la entidad estará en mejores condiciones de apoyar a los autónomos y al tejido productivo español en general para conseguir salir de la crisis «sin dejar a nadie atrás» y para lograr una recuperación rápida, sostenida y sostenible.

La entrega de los premios ha estado presidida por su Majestad el Rey Felipe VI. También han estado presentes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el presidente de ATA, Lorenzo Amor; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el presidente CEIM, Miguel Garrido; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

En esta edición, han sido premiados el Consejo General de Colegios de Médicos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, el Consejo General de la Abogacía Española y la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales.

Por otro lado, el premio a la trayectoria profesional ha sido para Enrique Cornejo, y el premio al emprendedor para los hermanos Déborah y Rafael Casillas Gordillo, promotores de Concert Music Festival, «por saber reinventarlo en el Cabaret Festival».