El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha manifestado este martes que los Servicios Jurídicos del Gobierno andaluz están analizando en estos momentos si existe un marco jurídico que permita ayudar financieramente a la empresa Abengoa.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Marín ha manifestado que los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, y de Transformación Económica, Rogelio Velasco, están en permanente contacto con los representantes de la empresa, a los que agradecen la labor que están realizando ante la difícil situación en la que han heredado la dirección.

Ha indicado que la solución pasa evidentemente por buscar una financiación que necesita la empresa y que estaría por encima de los 20 millones de euros.

Ha añadido a este respecto que la Junta ha planteado siempre que cualquier medida de ese tipo la haría dentro del marco de la legalidad jurídica, porque lo que no se quiere es que Abengoa «sea otro caso de Isofotón».

«Si finalmente hay o no posibilidad de acuerdo, no lo podemos adivinar. Los servicios jurídicos están buscando ese marco jurídico; si se encuentra se podrá hacer, si no, no podrá ser posible», ha sentenciado el vicepresidente.

Las vulnerabilidades financieras del sistema, que ya eran elevadas antes de los primeros brotes de Covid-19, no han hecho otra cosa que incrementarse desde entonces, lo que puede llegar a suponer un freno a la recuperación y conducir a la economía a un escenario más adverso en el que quiebras generalizadas lleven a un reapreciación del riesgo de crédito y al endurecimiento de la concesión de préstamos, empeorando las condiciones financieras, según señala el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«La pandemia de Covid-19 podría ser una importante prueba de resistencia para el sistema financiero mundial», advierte el FMI en su ‘Informe de Estabilidad Financiera Global’, donde apunta que factores desencadenantes como nuevos brotes del virus, pasos en falso en las políticas implementadas u otras sacudidas, podrían interactuar con las vulnerabilidades preexistentes y llevar a la economía a un escenario más adverso.

«Desde el brote de Covid-19, las vulnerabilidades han seguido aumentando», recuerda la institución.

En este sentido, el consejero financiero del FMI, Tobias Adrian, ha planteado la existencia del riesgo de que las medidas actuales puedan tener consecuencias no deseadas, como refleja la desconexión entre las valoraciones de las bolsas y el débil desempeño de la economía «real.

«Esa brecha puede reducirse gradualmente si la economía se recupera rápidamente. Pero si la recuperación se retrasa, por ejemplo, si se tarda más de lo esperado en controlar el virus, el optimismo de los inversores puede disminuir», ha advertido.

De este modo, las autoridades se enfrentan a la disyuntiva de prestar el apoyo necesario hoy y las implicaciones de las crecientes vulnerabilidades para el crecimiento a medio plazo.

En el caso de las empresas, el FMI admite que sin las medidas aplicadas para facilitar su endeudamiento se habría registrado un fuerte aumento en las quiebras, aunque recuerda que esta expansión de la deuda corporativa se ha sumado a unos niveles de apalancamiento ya elevados en varias economías, alertando de que «a medida que la crisis continúa desarrollándose, las presiones de liquidez pueden transformarse en insolvencias».

«El aumento del endeudamiento neto ha ayudado a reducir las presiones de liquidez y mitigado un aumento mayor en los incumplimientos en este momento. Sin embargo, el aumento de la deuda puede conducir a un deterioro de la capacidad de reembolso a medio plazo, poniendo en riesgo la solvencia», sostiene.

En este sentido, el FMI considera que la trayectoria futura de incumplimientos y quiebras dependerá fundamentalmente de la evolución de la pandemia y de la capacidad de las autoridades para mantener unas condiciones de financiación acomodaticias y seguir proporcionando apoyo fiscal a empresas viables.

De este modo, es probable que las grandes empresas con acceso a los mercados de capitales eviten una erosión significativa de sus posiciones de capital a menos que haya un endurecimiento significativo en las condiciones de financiación, mientras que, sin embargo, las pymes son mucho más vulnerables

Las insolvencias generalizadas entre las pymes podrían tener un impacto macroeconómico directo significativo, así como implicaciones adversas para la situación del sector bancario, particularmente en Europa, donde las pymes representan más de la mitad de la producción total y aproximadamente dos tercios del empleo y, por lo tanto, puede afectar la estabilidad financiera a través de vínculos macrofinancieros.

«Dado que las pymes dependen casi por completo de la financiación bancaria, podrían suponer un fuente de vulnerabilidad, especialmente para los bancos regionales y pequeños», advierte la institución dirigida por Kristalina Georgieva.

DÉFICIT DE CAPITAL DE LA BANCA

Asimismo, el informe apunta de cara al futuro que la resistencia de los bancos dependerá de la profundidad y duración de la recesión causada por el Covid-19, así como de la capacidad de los gobiernos para seguir apoyando al sector privado y del ritmo del reconocimiento de pérdidas.

De acuerdo con el escenario base planteado por el FMI en sus previsiones macroeconómicas de octubre de 2020 y teniendo en cuenta las políticas anunciadas para mitigar las dificultades de los prestatarios y respaldar los niveles de capital bancario, la mayoría de los bancos dispone de capacidad para absorber pérdidas y mantener reservas de capital por encima de los requisitos mínimos de capital regulatorio.

Sin embargo, en el escenario adverso, caracterizado por una recesión más profunda y una recuperación más débil, existe una serie considerable de bancos cuyo capital caería por debajo del mínimo regulatorio.

Los bancos de importancia sistémica mundial tienden a obtener mejores resultados, señala el FMI, mientras que los bancos de los mercados emergentes parecen ser menos resistentes que sus pares en las economías avanzadas.

En este sentido, bajo el escenario adverso del FMI, el déficit de capital en relación con los requisitos mínimos de capital sería de unos 110.000 millones de dólares (93.586 millones de euros), mientras que el déficit de capital en relación con los requisitos regulatorios, incluyendo reservas de capital anticíclicas, reservas de conservación de capital y reservas sistémicas, podría alcanzar los 220.000 millones de dólares (187.182 millones de euros), después de contabilizar medidas de apoyo.

Por otro lado, el FMI advierte del incremento de las vulnerabilidades soberanas como consecuencia del amplio apoyo fiscal prestado por los países

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha valorado que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se haya «por primera vez» tomado «en serio la construcción de un escenario de plena descarbonización del sistema energético».

La agencia internacional con sede en París ha publicado este martes la última edición de su informe ‘Perspectiva Mundial de la Energía’, en el que considera que las energías renovables cubrirían el 80% del crecimiento de la demanda mundial de electricidad durante la próxima década y pone de manifiesto que la energía solar fotovoltaica será el «nuevo rey» de los mercados eléctricos mundiales.

En una valoración facilitada por el Ministerio, Ribera destaca que la AIE «ha reforzado una idea con la que hasta ahora se mantenía más bien prudente», como es «la velocidad a la que crecen las energías renovables y su trascendencia para hacer frente a la emergencia climática que sin embargo se está acelerando a ojos vista».

La titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirma que se necesita «del esfuerzo de la AIE para imaginar, para pensar, para construir escenarios de cero emisiones».

«Este ha sido el ejercicio en el que nos hemos embarcado los distintos gobiernos, las distintas empresas, y una visión de conjunto, como pueden ofrecer los escenarios que maneja la AIE, va a ser determinante para no cometer errores en las decisiones a corto plazo», añade al respecto.

Asimismo, subraya la necesidad de que en el año 2030, tal como pone de manifiesto el informe de la AIE, el 75% de la electricidad a escala global venga de fuentes bajas en emisiones y que «esta tendencia se acelere en los años siguientes para lograr, por fin, un escenario neto en emisiones de gases de efecto invernadero en el entorno de 2050-2060».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado este martes a las comunidades autónomas que solicitará a la Comisión Europea la activación de medidas para el sector del vacuno, recogidas en la Organización Común de Mercados Agrarios, y que se anticipe «a un deterioro aún mayor de la coyuntura de mercado» de este sector.

De esta forma y a propuesta de España, en el punto varios del próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea de los próximos 19 y 20 de octubre, se presentará una declaración conjunta con otros Estados miembros para poner de manifiesto las dificultades por las que atraviesa el mercado de la carne de vacuno, muy afectado por la crisis del coronavirus.

Este sector, muy vinculado al canal de la restauración y la hostelería, está afectado por la caída del turismo en verano. En las últimas semanas el precio del añojo se encuentra un 8,4% por debajo del promedio de los últimos cinco años en España.

Esta situación, tiene además un impacto directo sobre las explotaciones de vacas nodrizas, suministradoras de los animales para el cebo, cuyas cotizaciones se han desplomado. Ello, afecta además a un conjunto de explotaciones con enorme importancia para la vertebración del medio rural y el mantenimiento de los ecosistemas.

Las medidas de almacenamiento privado de carne adoptadas por la Comisión Europea el pasado mes de mayo estabilizaron relativamente los mercados, pero en la actualidad la situación del mercado sigue mostrando señales negativas, por lo que Luis Planas solicitará la activación de nuevas medidas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 895,9 millones de euros ente las comunidades autónomas con competencias en el ámbito laboral en el ejercicio de 2020.

En estos fondos se incluyen las partidas destinadas a programas como el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y el Plan Reincorpora-T 2019-2021.

Los criterios objetivos para la distribución de estos fondos se fijaron en la LXXVIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales que se celebró el 30 de septiembre de 2020.

Los más de 895,9 millones de euros se suman a los 1.048,54 millones de euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que se repartieron entre las comunidades autónomas en el mes de abril.

Así, las administraciones recibirán más de 1.944,46 millones de euros para la ejecución de políticas de fomento del empleo, formación profesional para el empleo y para la modernización de los servicios públicos.

Un total de 800 millones de euros se destinarán a iniciativas de formación profesional para el empleo en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

También se destinarán 9,7 millones de euros a financiar el refuerzo del personal encargado de las labores de orientación en los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos, lo que supone una asignación a cada comunidad autónoma un 2% superior a la del año 2019.

Además, 23,1 millones de euros se distribuyen en función de las personas con discapacidad severa que prestan sus servicios en centros especiales de empleo.

El Ministerio de Trabajo y economía Social ha apuntado también que se está tramitando una orden ministerial que aumente las ayudas para financiar el mantenimiento de la contratación en estas entidades con unas subvenciones que han aumentado del 50% al 55% del salario mínimo interprofesional.

La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha pedido este martes adelantar a 2021 y 2022 el pago de los 8.000 millones de euros del fondo de recuperación que están destinados a fortalecer las ayudas para desarrollo rural y que la Comisión Europea había propuesto desembolsar entre 2022 y 2024.

El fondo europeo de recuperación de 750.000 millones –bautizado como ‘Next Generation EU’– incluye una partida extraordinaria para el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) de 7.500 millones de euros a precios de 2018 (8.070 millones a precios corrientes).

Bruselas propuso desembolsar esta dotación extra entre 2022 y 2024, pero tanto los Estados miembros como los eurodiputados han pedido adelantar los pagos ya al próximo año. La opinión de los segundos ha quedado patente este lunes en la votación de un informe que ha salido adelante con 46 votos a favor y dos abstenciones.

En concreto, los eurodiputados abogan por que un 30% de los 8.070 millones (2.420 millones) sea abonado ya en 2021 y el 70% restante (5.650 millones), un año después. Esta posición coincide con la acordada por las capitales, por lo que no se prevén problemas en este aspecto en las negociaciones que ahora deben comenzar entre ambas instituciones.

Estas cifras quedarán plasmadas en el reglamento sobre el periodo de transición de la Política Agrícola Común (PAC) actual, que se seguirá aplicando durante 2021 y 2022 ante el retraso de las negociaciones de la nueva.

En este contexto, los eurodiputados han propuesto que las inversiones de agricultores y ganaderos de la UE que contribuyan a las transiciones verde y digital sean financiadas hasta en 80% por los fondos europeos. Este porcentaje subiría al 90% en el caso de regiones menos desarrolladas y las regiones ultraperiféricas como Canarias.

Otro cambio que la Eurocámara pretende introducir contempla un incremento desde los 3.000 euros actuales hasta los 5.000 euros del nivel máximo de ayuda que el FEADER puede conceder a la producción de alimentos cubierta por los esquemas de calidad comunitaria. Además, quieren aumentar a 100.000 euros el importe máximo de ayudas a jóvenes agricultores.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emplazado al Gobierno a diseñar una estrategia fiscal a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas tras la aplicación de la cláusula de escape que considera «pertinente».

En un informe, la AIReF aprecia la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria como consecuencia de la pandemia de la Covd-19, puesto que la situación, de carácter extraordinario y que escapa al control de las administraciones, está teniendo un «fuerte impacto global en términos humanos, sanitarios, sociales y económicos».

La propia presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, reclamó en junio ante la Comisión de Hacienda del Congreso la activación de dicha cláusula, en un contexto en el que la caída de la actividad podría suponer una contracción del PIB del 11,8% en 2020 según las últimas estimaciones de la AIReF.

Además, en su informe de julio, la AIReF estimó para 2020 un déficit del 11,9% del PIB que podría alcanzar el 14,4% si se materializa el escenario más adverso, y proyecta un aumento en la ratio de deuda sobre PIB de entre 22,1 y 27,7 puntos en el año 2020, situando la ratio de deuda sobre PIB en un rango entre el 117,6% y el 123,2% del PIB en 2020.

En este contexto, la AIReF considera «pertinente» activar la cláusula de escape prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para priorizar la respuesta de las administraciones públicas a la crisis, quedando también ampliamente superados los objetivos fiscales aprobados previamente.

La suspensión, lejos de implicar una relajación de la responsabilidad fiscal, considera que debe llevar a las administraciones públicas a orientar sus actuaciones a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo, que, como señala el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, «no puede ponerse en peligro por la desviación temporal del déficit».

En el ámbito de las reglas fiscales, España está sometida a una doble regulación: la acordada a nivel supranacional en el marco de la Unión Europea (UE) y la establecida a nivel nacional.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE contempla la existencia de una cláusula general de escape ante una situación de recesión económica severa, que fue activada en marzo para 2020 y en septiembre se extendió a 2021 y en consecuencia no se suspenden los procedimientos del PEC, pero se permite a los Estados miembros posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

En el ámbito nacional, la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria también contemplan supuestos de excepción al cumplimiento de las reglas fiscales en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno acordó llevar a cabo la suspensión de las reglas fiscales españolas en 2020 y en 2021. La Ley de Estabilidad Presupuestaria requiere que el Congreso apruebe por mayoría absoluta que España se encuentra en uno de esos supuestos que habilitan la activación de la cláusula de escape, previo pronunciamiento de la AIReF sobre la ocurrencia de esos supuestos, un trámite necesario para dar cumplimiento al procedimiento y hacer efectiva la cláusula de escape.

PLAN DE REEQUILIBRIO FISCAL A MEDIO PLAZO

Tras apreciar la pertinencia de la cláusula de escape, la Autoridad Fiscal reitera al Gobierno la recomendación de que realice esa planificación fiscal nacional, ya sea dentro o no del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que establezca una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera «realista y creíble» la sostenibilidad financiera de las administraciones.

Para lograrlo cree que será necesario contar con todos los niveles de la administración, considerando sus realidades fiscales en materia de recursos y competencias, para asegurar una «adecuada coordinación y corresponsabilidad».

También ve preciso considerar los niveles de deuda pública y los riesgos fiscales, en especial, los asumidos por la gestión de la crisis de la Covid-19, así como establecer un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos, servir de marco para los planes de reequilibrio de las administraciones, y promover su coordinación con el Plan de Recuperación y Resiliencia.

En varias ocasiones AIReF ha recomendado hacer uso del margen que permite la normativa española mediante la activación de la cláusula de escape y que se fuera preparando, tal y como exige la ley, la estrategia de salida que se plasmaría en un Plan de reequilibrio a medio plazo.

Además, subraya que el Plan de Recuperación para Europa o «Next Generation EU» concederá a las administraciones en los próximos años importantes recursos para la realización de inversiones y reformas que, por su propia naturaleza, tienen carácter plurianual, lo que «refuerza la relevancia de contar con una planificación a medio plazo.

Igualmente, recomendó en julio el establecimiento de una estrategia nacional conjunta que asegurara la coherencia de todos los planes, tanto a nivel de administración como nacional y europeo con un calendario tentativo, algo que el Ministerio de Hacienda consideró entonces que cumplía esta recomendación con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 2021-2023.

Sin embargo, AIReF cree que este plan solo podrá considerarse un plan fiscal a medio plazo en la medida en que recoja las previsiones de los principales agregados fiscales, para que pueda servir como instrumento de política presupuestaria más allá del calendario presupuestario anual, incluyendo la fijación de prioridades estratégicas y de objetivos presupuestarios a medio plazo.

El 88% de los españoles está satisfecho con su vivienda actual y no se plantea cambiarla, según se desprende de una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

No obstante, un 13% no está contento con su vivienda actual y, de entre estos, un 12% tiene la intención de cambiar de vivienda, mientras que el resto tiene ganas de realizar algún cambio en sus casas.

La encuesta apunta que un 6% quiere hacer una reforma integral, también que un 6% quiere cambiar el sistema de calefacción. De su lado, un 7% de los encuestados apuesta por cambiar el sistema de refrigeración, un 7,5% por reformar la cocina, un 10% por reformar los baños y un 3% solo quiere pintar.

La OCU también preguntó a los que tenían intención de adquirir una vivienda o les gustaría comprar, pero ahora mismo no pueden, cuáles eran sus preferencias y el 67% apuntó que elegiría un piso, mientras que un 18% se iría a una vivienda unifamiliar adosada o pareada y otro 15% dijo que optaría por una vivienda unifamiliar independiente.

También predominaban las viviendas de tres dormitorios, según el 44% de los encuestados. Además, en relación con la superficie del inmueble, uno de cada tres dijo que quería una vivienda de más de 100 metros cuadrados y nadie quería una de menos de 50 metros cuadrados.

El 73% apuntó que quería una plaza de garaje, un 68% terraza y un 62% trastero. En menor medida, valoraban que tuviese jardín (45%) o piscina (29%).

Según la OCU, otro aspecto importante se refiere al régimen de tenencia, ya que un 45% de los encuestados contempla la nueva vivienda en alquiler, frente al 52% que piensa en propiedad.

EL 72% NO SE PLANTEA REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN POR EL MOMENTO

Por otro lado, el estudio también apunta que el 72% no se plantea realizar ninguna operación por el momento, frente a un 4% que sí que tiene intención de comprar y otro 4% que piensa vender.

Además, existe otro 12% al que le gustaría comprar ahora una vivienda, pero no puede porque necesitaría un descuento de entre 20% o 40%, de media. No obstante, para un 23% de aquellos que querrían y no pueden, el descuento necesario debería ser superior al 50%.

Para la OCU, la encuesta da una idea de la dificultad que muchos compradores potenciales encuentran a la hora de plantearse comprar una vivienda «por el desfase existente entre los precios medios y la capacidad de pago de los hogares, especialmente de los jóvenes». Por último, ha puesto de relieve que sigue primando el precio, seguido de la seguridad del entorno. La disponibilidad de terraza o jardín es valorada con un 5,4 sobre 10, por encima de la altura del piso en el bloque.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado que la campaña de la vendimia en Castilla La Mancha ha finalizado con un total de 23 millones de hectolitros de vino y mosto recogido, una campaña de tamaño «muy razonable» y con una cosecha que ha definido como de «enorme calidad».

El consejero, que ha realizado declaraciones a los medios antes de participar en una reunión por videoconferencia de la Asociación de Regiones Europeas Vitivinícolas, ha señalado que la producción «no ha sido muy grande» y que ha estado por debajo de la media de los últimos años, pero ha destacado que ha ido en consonancia con lo que estaba previsto.

Además, ha hecho hincapié en que la campaña se ha desarrollado «en muy buenas condiciones» en el ámbito sanitario, ya que no ha habido «ningún brote procedente de la pandemia». «Esto es muy importante para nosotros porque significa que se han hecho las cosas muy bien», ha subrayado.

CASI 22 MILLONES PARA RESTRUCTURACIÓN DE VIÑEDO

De otro lado, Martínez Arroyo ha señalado que se han realizado pagos «muy importantes» en reestructuración de viñedo a 576 viticultores, que han cobrado un total de 9,2 millones de euros. En total, ha sostenido el consejero, antes del 15 de octubre, fecha de finalización de la campaña de la Política Agraria Común (PAC), en Castilla-La Mancha se han conseguido pagar 21,9 millones de euros a 1.836 viticultores de la región.

Esto es, ha continuado, 2,5 millones más del presupuesto que estaba asignado para la región, lo que significa que se han hecho las cosas «muy bien». Por ello, ha querido dar las gracias tanto al sector como a los trabajadores de su consejería que, ha añadido, «han hecho posible una vez más que Castilla-La Mancha agote todos los fondos que le corresponden y además se haga cargo de recursos que otras comunidades no han podido pagar para que España no pierda fondos».

«Es una noticia excelente, seguimos trabajando por el sector y esto pone de manifiesto la necesidad de que en la futura PAC haya un programa específico de apoyo al sector del vino que incluya una medida como esta», ha concluido.

La crisis del coronavirus ha causado el mayor golpe de la historia reciente a la economía y las cicatrices en la demanda energética serán duraderas, por lo que la evolución en los próximos años dependerá en gran medida de cómo se afronte la pandemia, según ha advertido la Agencia Internacional de la Energía, que anticipa una caída del 5% de la demanda global de energía en 2020 y advierte de que no recuperará sus niveles precrisis antes de 2023 e incluso podría retrasarse hasta 2025 si el control de la enfermedad y la normalización de la economía tardan más de lo previsto.

La agencia con sede en París estima en la última edición de su informe ‘Perspectiva Mundial de la Energía’ que la demanda global de energía se reducirá un 5% en 2020, lo que permitirá rebajar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía en un 7%, mientras que las inversiones en energía caerán un 18%.

No obstante, la AIE subraya que el impacto de la crisis varía sustancialmente en función del combustible, ya que las caídas estimadas del 8% en la demanda de petróleo y del 7% en el uso del carbón contrastan fuertemente con un ligero aumento en la contribución de las renovables. En el caso del gas natural, la reducción en la demanda se calcula en alrededor del 3%, mientras que la demanda global de electricidad parece descender en un 2% relativamente modesto para el año.

En este sentido, la institución considera que las políticas implementadas en respuesta a la crisis del coronavirus cuentan con el potencial de «remodelar el futuro de la energía», señalando que en el escenario de medidas anunciadas, que refleja las intenciones y los objetivos a día de hoy, la demanda mundial de energía recuperaría los niveles previos a la crisis a principios de 2023.

Sin embargo, esto no sucede hasta 2025 en caso de una pandemia prolongada y una recesión más profunda, según refleja el escenario de recuperación retrasada planteado por la AIE, en el que el crecimiento más lento de la demanda reduce las perspectivas de los precios del petróleo y el gas en comparación con las tendencias anteriores a la crisis, mientras que las grandes caídas en la inversión aumentan el riesgo de volatilidad futura del mercado.

En este escenario menos optimista, «la economía global regresa a su tamaño anterior a la crisis solo en 2023, y la pandemia marca el comienzo de una década con la tasa más baja de crecimiento de la demanda de energía desde la década de 1930«, advierte la agencia.

«La pandemia de Covid-19 ha causado más trastornos en el sector energético que cualquier otro evento en la historia reciente, dejando impactos que se sentirán en los próximos años», reconoce la AIE, para la que aún es pronto para decir si la crisis representa un revés para los esfuerzos por lograr un sistema energético más seguro y sostenible, o un catalizador que acelerará el ritmo del cambio. «La pandemia está lejos de terminar, quedan muchas incertidumbres y aún no se han tomado decisiones cruciales de política energética», sostiene.

En cualquiera de los escenarios contemplados, el ente adscrito a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que las energías renovables serán las grandes protagonistas, particularmente en el caso de la energía solar, como consecuencia de las medidas de apoyo y el desarrollo de las tecnologías, que están permitiendo un acceso muy barato al capital en los principales mercados.

La AIE pone de manifiesto que la energía solar fotovoltaica es ahora consistentemente más barata que las nuevas plantas de energía alimentadas con carbón o gas en la mayoría de los países, y los proyectos solares ahora ofrecen algunos de los costes de electricidad más bajos jamás vistos.

De este modo, según su escenario de políticas declaradas, las energías renovables cubrirían el 80% del crecimiento de la demanda mundial de electricidad durante la próxima década. La energía hidroeléctrica seguirá siendo la mayor fuente renovable, pero la energía solar es la principal fuente de crecimiento, seguida de la energía eólica terrestre y marina.

«La energía solar se convertirá en el nuevo rey de los mercados eléctricos del mundo», no ha dudado en afirmar Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, para quien «la era del crecimiento de la demanda mundial de petróleo llegará a su fin en la próxima década», aunque el directivo turco de la AIE subrayó que «sin un gran cambio en las políticas gubernamentales, no hay señales de un rápido declive», ya que, teniendo en cuenta la configuración de políticas actuales, un repunte económico global «haría que la demanda de petróleo volviera a los niveles anteriores a la crisis «.

De hecho, en los dos escenarios planteados por la AIE, la demanda de petróleo seguirá creciendo hasta tocar techo en la década de 2030. Sin embargo, en el caso del carbón, la AIE pronostica que la demanda «no volverá a los niveles anteriores a la crisis en el escenario de políticas declaradas», mientras que su participación en el mix energético de 2040 se situará por debajo del 20% por primera vez desde la Revolución Industrial.