El déficit del Estado alcanzó en los cuatro primeros meses del año los 19.929 millones de euros, lo que supone más del doble respecto al déficit del mismo periodo del año pasado (7.863 millones) y equivale al 1,78% del PIB, frente al 0,62% del PIB de hace un año, según los datos actualizados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

Por su parte, el déficit del conjunto de las administraciones públicas (salvo los ayuntamientos) alcanzó los 8.674 millones en el primer trimestre, duplicando al de hace un año en el mismo periodo (3.693 millones) y representando el 0,78% del PIB.

Hacienda explica que las operaciones del Estado desde el mes de marzo «se desarrollan dentro del contexto establecido por la declaración del estado de alarma» y refleja ya «impactos significativos» ocasionados por la crisis, una situación que «se seguirá agudizando en los próximos meses».

LOS INGRESOS DEL ESTADO CAEN UN 6,7%

En los cuatro primeros meses del año los ingresos del Estado cayeron un 6,7%, hasta 57.335 millones de euros, mientras que los gastos se elevaron un 11,8%, hasta los 77.264 millones. Según Hacienda, los ingresos caen por la caída de la actividad empresarial, el menor consumo y las medidas de liquidez del Gobierno, y los gastos aumentan por medidas como la prestación por cese de actividad para autónomos y el gasto sanitario.

Asimismo, Hacienda recuerda que desde el 1 de enero de 2020 se ha producido la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) por importe de 1.745 millones, sin correspondencia en 2020, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.

Solo en abril, mes afectado en su totalidad por el estado de alarma y las medidas de confinamiento, el déficit del Estado alcanzó los 13.641 millones de euros, con una caída de ingresos del 29,2% y un aumento de los gastos del 48,7%.

Asimismo, el saldo primario, que no tiene en cuenta el coste de los intereses de la deuda, presentó un déficit de 12.839 millones, frente al superávit de 24 millones del mismo periodo del año pasado.

Por su parte, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, exceptuando las corporaciones locales, alcanzo en el primer trimestre los 8.674 millones, más del doble que en el primer trimestre de 2019 (3.693 millones) y equivalente al 0,78% del PIB, frente a la ratio del 0,30% del PIB de hace un año.

En detalle, el déficit del Estado hasta marzo subió un 2%, hasta 6.505 millones, el 0,58% del PIB, siete décimas más que hace un año, al tiempo que el de las comunidades autónomas aumentó un 7,9%, hasta 1.703 millones, el 0,15% del PIB, dos décimas más.

Pese al impacto de la crisis, en marzo hubo 5 CCAA que registraron superávits: Asturias (65 millones), Canarias (75 millones), Navarra (41 millones), Comunidad Valenciana (15 millones) y País Vasco (320 millones). El resto registraron déficits: Andalucía (247 millones), Aragón (85), Baleares (27), Cantabria (17), Castilla-La Mancha (218), Castilla y León (247), Cataluña (395), Extremadura (33), Galicia (4), Comunidad de Madrid (417), Murcia (113) y Comunidad Valenciana (416).

A su vez, los fondos de la Seguridad Social pasaron de un superávit de 4.260 millones en el primer trimestre de 2019, el 0,34% del PIB, a un déficit de 466 millones, el 0,04%.

Los ingresos del Estado en términos de caja cayeron un 4,4% en el primer cuatrimestre, hasta los 68.501 millones de euros, tras desplomarse un 30,8% en abril, con 15.666 millones, ya que a pesar de ser uno de los meses de mayor ingresos han sufrido el desplazamiento de varios festivos el año pasado y este y el impacto en la recaudación de abril de 4.540 millones por la ampliación del plazo para presentar determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias, así como otros 2.278 millones por la posibilidad de aplazar deudas tributarias. Teniendo en cuenta esto, el Estado habría obtenido hasta abril unos ingresos de 75.508 millones, un 2,2% menos.

MENOS RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

La recaudación por impuestos directos y cotizaciones sociales cayeron un 5,7%%, hasta los 27.496 millones en el primer cuatrimestre. Dentro, la del IRPF alcanzó los 28.905 millones de euros, un 2,9% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades registraron una cifra negativa de 2.697 millones debido a las devoluciones realizadas.

En la imposición indirecta, que cedió un 3,5%, hasta 33.288 millones, la recaudación por IVA cayó un 4,7%, hasta los 25.240 millones de euros; al tiempo que los ingresos por impuestos especiales sumaron 6.877 millones de euros, un 1,3% más. Dentro de estos tributos, el impuesto del alcohol y bebidas derivadas alcanzó los 218 millones (+2,3%), el de cerveza los 91 millones (+8,3%) y Labores del tabaco 2.127 millones (+14,4%).

LOS GASTOS SE DISPARAN UN 14,7%

En lo que respecta a los gastos, crecieron un 14,7% en términos de caja, hasta 57.615 millones. Los referidos al personal alcanzaron los 5.314 millones hasta abril, un 5,6% más, principalmente por el alza de los sueldos (+1,8%), hasta 4.319 millones.

Mientras, los gastos corrientes se elevaron un 42,7%, hasta los 1.711 millones de euros. De su lado, las transferencias corrientes crecieron un 21,4%, hasta los 35.877 millones, y las de capital subieron un 5,7%, hasta 2.166 millones.

Por último, las inversiones reales bajaron un 8,6%, hasta los 864 millones de euros, como consecuencia del descenso del 52,9% en el Ministerio de Defensa, hasta 179 millones, frente al alza del 21,2% en inversión civil, con 685 millones, por el alza del Ministerio de Fomento (+33,8% y 487 millones).

El Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, subió fuertemente en mayo y se situó en el entorno del -0,0856%, frente al -0,108%, de abril.

Este viernes, último día de mayo, el Euríbor se ha colocado en el -0,085%, por lo que calculando la media con las otras 18 jornadas hábiles del mes se extrae que cerró el quinto mes del año en torno al -0,0856%, encadenando así cuatro años y tres meses en negativo.

Esto supone que las hipotecas de 150.000 euros a 30 años con un diferencial de Euríbor +0,99% a las que les toque revisión experimentarán un encarecimiento de 43,32 euros en su cuota anual respecto al mismo mes del año pasado o, lo que es lo mismo, de 3,61 euros al mes.

El director de hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, ha subrayado el «claro» cambio de tendencia, empujado fundamentalmente por la crisis del coronavirus, que ha llevado al índice a acercarse «peligrosamente» a cero.

En este punto, Colombelli cree que el papel del Banco Central Europeo (BCE) ha sido clave al no bajar los tipos a intereses negativos y dejarlos en cero, además de inyectar más liquidez al mercado con la compra de deuda.

De este modo, la decisión de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, de no bajar más los tipos e inyectar liquidez al sistema ha provocado también la subida de este índice, que es muy sensible a todas las decisiones económicas que se toman desde este organismo.

«Esto ha provocado que comprar dinero en el mercado interbancario sea menos atractivo y su consecuencia directa es que suba el Euríbor, que en realidad es el índice que usan los bancos europeos para saber cuánto les cuesta prestarse dinero», ha afirmado Colombelli.

El director de hipotecas de iAhorro confía en que si esta tendencia se mantiene, el Euríbor podría llegar a cero. «Lo que sí está claro es que el llegar a cero está cada vez más cerca, aunque no en el corto plazo», ha precisado. «Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la crisis del Covid-19», ha apostillado.

El comportamiento ascendente del Euríbor a lo largo de todo 2018 llevó a los analistas a pensar en que el indicador se acercaría a cero a finales de 2019 para volver en 2020 al terreno positivo. Sin embargo, tras alcanzar un -0,108% en febrero de 2019, su tendencia positiva se vio interrumpida, tocando un nuevo mínimo histórico del -0,356% el pasado agosto.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha actualizado su plan de actuación para 2020 con el fin de adaptarlo a la nueva realidad generada por la pandemia de Covid-19, aunque ha reafirmado la necesidad de seguir prestando atención a la supervisión de los mercados regulados y de reforzar la detección de las prácticas más dañinas para la competencia.

En concreto, las actuaciones que ha suprimido respecto al plan anunciado a principios del pasado mes de febrero tienen que ver con las reuniones internacionales que el organismo tenía previsto realizar y que ahora han quedado suspendidas por la situación generada por la crisis sanitaria.

Por ello, Competencia afirma que esta revisión no supone una modificación de la estrategia general fijada para 2020, manteniendo gran parte de las actuaciones previstas, que se realizarán en plazo o con un ajuste en su calendario, tras haberse adaptado a las nuevas condiciones de teletrabajo exigidas por la situación de emergencia.

Con ello, la CNMC se reafirma en la necesidad de prestar atención a la supervisión de los mercados regulados, que incluyen energía, telecomunicaciones, audiovisual, transportes y postal, y de reforzar la detección de las prácticas más dañinas para la competencia.

NUEVAS ACTUACIONES POR EL COVID

El plan incorpora ahora nuevas actuaciones que no estaban previstas y a las que la CNMC está ahora dedicando sus esfuerzos, como el análisis de posibles incumplimientos de la normativa en el marco del Covid y las actuaciones derivadas de la gestión del buzón de consultas y denuncias en materia de competencia ante la pandemia.

Otro de los nuevos aspectos del plan se refiere a las medidas relativas a los procesos de portabilidad en materia de comunicaciones electrónicas como consecuencia de la normativa excepcional adoptada durante el estado de alarma.

Además, desarrollará orientaciones a las administraciones públicas para la concesión de ayudas públicas, la contratación pública y la regulación encaminada a favorecer la recuperación económica.

En este sentido, la CNMC insiste en su plan de actuación en la importancia de reforzar la cooperación con otros organismos públicos para que las actuaciones conjuntas tengan un impacto eficaz en el mercado y en la recuperación económica ante la situación creada por el Covid-19.

Las cuentas de la Seguridad Social registraron un superávit de 1.060,86 millones de euros a 30 de abril, a pesar del aumento del gasto como consecuencia de la crisis del coronavirus, aunque este resultado es un 67% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes el Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El saldo positivo de la Seguridad Social se debe a la diferencia entre unos ingresos reconocidos por operaciones no financieras de 50.526,32 millones de euros, que presentan un incremento del 2,16%, y unos gastos reconocidos de 49.465,46 millones de euros, que crecen un 6,99%.

Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,1% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,9% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuando a las obligaciones, el 89,2% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 10,8% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida alcanza los 49.534,9 millones de euros, un 6,42% más que en 2019, mientras que los pagos totalizaron 49.338,04 millones, un 6,91% más.

En lo que va de año, las cotizaciones sociales han ascendido a 41.502,83 millones de euros, un 1,61% más que hace un año, lo que, según explica el Ministerio, viene motivado por el aumento de la cotización de ocupados en un 0,45%, mientras que la de desempleados se eleva en un 21,11%.

IMPACTO POR EL CORONAVIRUS

El Ministerio señala que las cuentas recogen el impacto de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y que si se comparan aisladamente los datos de abril de este año y del pasado, sin tener en cuenta el acumulado de los tres primeros meses, esta partida disminuiría un 6,89%, tras un descenso de 8,56 puntos porcentuales en la cotización de ocupados y un aumento del 22,11% en la de desempleados.

Así, el departamento que dirige José Luis Escrivá ha recordado que la exoneración de las cuotas para las empresas acogidas a los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor (ERTEs) o la prestación extraordinaria para autónomos, que también conlleva la exención de las cuotas, han tenido impacto en las cuentas.

A lo que se une que la Tesorería General de la Seguridad Social no está reclamando la deuda de las cuotas no cobradas debido a la suspensión de los plazos administrativos en la gestión recaudatoria.

Las transferencias corrientes se incrementan un 5,53%, hasta los 8.632,12 millones de euros, siendo la partida más representativa la de las transferencias del Estado y organismos autónomos, que ha crecido un 7,56%.

El Ministerio explica que la variación en estos conceptos se debe fundamentalmente al desfase en el calendario de las transferencia que efectúa el Estado a la seguridad Social.

De hecho, dice que las diferencias más significativa se producen en las transferencias del Estado para el pago de pensiones no contributivas, que en abril de 2020 se cifran en 850,03 millones de euros frente a los 1.062,54 millones recibidos en el mismo mes del año pasado, lo que supone un descenso de 212,51 millones (-17,18%).

Sin embargo, afirma que de la aportación del Estado, que está prevista en los Presupuestos en concepto de apoyo al equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, se han percibido 667,91 millones de euros.

Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones totalizaron 46.541,57 millones de euros, con un aumento de un 7,13% respecto al ejercicio anterior. Esta cifra representó un 94,09% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 43.057,01 millones de euros, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 7,56%.

LAS PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

Las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) alcanzaron un importe de 37.629,31 millones de euros (+3,32%). Este incremento, según Seguridad Social, tiene su origen en el aumento del número total de pensionistas (+0,8%), en la elevación de la pensión media (+2,12%), así como en la revalorización de las pensiones contributivas de este año del 0,9%.

En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado al menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, crecieron hasta los 916,86 millones, un 14,14% más, donde, según el Ministerio, «se aprecia el efecto del aumento del permiso de paternidad de 5 a 12 semanas».

Por otro lado, la incapacidad temporal totalizó en 3.236,36 millones de euros de gasto, un 20,72% más que en abril de 2019. Según explica el Ministerio, destaca el gasto registrado por incapacidad temporal por procesos derivados del coronavirus de 18,86 millones, un 0,52% del gasto total.

A 31 de abril, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzaron un total de 3.484,56 millones (+2%). Este importe se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos (2.374,75 millones) y a subsidios y otras prestaciones (749,81 millones, de los que 726,12 millones corresponden a prestaciones familiares, un 17% más).

El Ministerio explica que este incremento viene motivado por la mejora en la cuantía de las prestaciones familiares, en su modalidad contributiva, que ha pasado de una prestación por hijo a cargo de 291 euros a 341 euros o a 588 euros en aquellos casos en los que los ingresos del hogar sean inferiores a la escala que precisa aquellas familias que se sitúan en la pobreza más severa.

Por último, señala que el incremento de los gastos del personal está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de los empleadores devengadas en diciembre del ejercicio.

Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, consiguientemente, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado este viernes en el Parlamento que los vuelos entre islas –ya hay 40 diarios– operarán al 100% de su capacidad a partir del lunes.

En una comparecencia parlamentaria solicitada por el Grupo Nacionalista ha detallado que tienen «todas las garantías» de la compañía que opera ahora el servicio (Binter) de que se cumplen todos los protocolos sanitarios ordenados desde la UE de ahí que se levantará la restricción del 50% de plazas, lo mismo que del comité científico que asesora al Ejecutivo.

Franquis ha indicado que el transporte «ha sido esencial y estratégico» durante el estado de alarma para «combatir» el virus y «mantener las constantes vitales» de la economía y resaltado que de la mano del Ministerio de Transportes y los cabildos se pondrán en marcha un fondo de contingencia para ayudar a las empresas de transporte público terrestre.

Sobre el transporte marítimo, ha apuntado que se va a «abrir en las próximas semanas» con la Península y en Canarias acorde al tirón de la demanda y valorado que no haya habido ningún problema de desabastecimiento durante el estado de alarma.

Sobre el subsector del taxi, ha garantizado que habrá un «esfuerzo económico» del Gobierno al que espera se sumen cabildos y ayuntamientos, con una línea específica de ayudas y el mantenimiento de la plataforma tecnológica, por ejemplo. «Este gobierno será sensible, no se van a sentir aislados», ha agregado.

Además, ha destacado que el conjunto de créditos de 100 millones, a través de la sociedad Aval Canarias, están «hechos a medida» del subsector, con cinco años y uno de carencia, cubiertos en su totalidad y con un máximo de 50.000 euros.

Franquis ha resaltado también que ha sido «muy importante» la aprobación de los ERTE en el transporte que afectan a casi 10.500 trabajadores –más de 3.000 del taxi– y con el objetivo de que se puedan prorrogar hasta final de año.

En cuanto a las empresas de transporte que prestan servicios en educación ha indicado que próximamente se pagarán las facturas pendientes de este curso para darles «liquidez» y los servicios se empezarán a retomar con la reapertura del curso en septiembre de tal manera que volverá la actividad.

ENTRAR EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AENA

Cuestionado por los precios de los billetes aéreos, ha indicado que el Gobierno seguirá vigilante y mantiene su exigencia de tener representación en el Consejo de Administración de Aena, ironizando con que será «casualidad» que en el último informe de la CNMC ya se reconoce una tendencia a la baja en los precios tras la celebración de una cumbre bilateral de transportes con Baleares.

El diputado del Grupo Nacionalista, Narvay Quintero, ha dicho que los transportes en Canarias se han reducido de forma «nunca vista» en la historia de las islas y espera una desescalada «donde ninguna isla se quede atrás», especialmente las no capitalinas.

Ha advertido de que hay riesgo de que «desaparezcan» muchas pequeñas empresas locales de transportes y taxis o que «caigan en manos de fondos de buitre» por lo que ha apelado a garantizar los puestos de trabajo en el subsector.

Sobre la apertura del transporte ha dicho que hay que «vigilar» la subida de los precios «ahora más que nunca» ya que las compañías, con afán recaudatorio tras las pérdidas, pueden «cargar» sus beneficios sobre los usuarios.

Al igual que Mendoza, ha alertado de que las islas menores «pueden perder» la conectividad exterior ganada en los últimos años.

La portavoz de Cs, Vidina Espino, ha advertido de las «prisas» del Gobierno para que se amplíe la capacidad del pasaje en los vuelos interinsulares y ve «más seguro» que se incrementen las conexiones que las plazas.

CS PREFIERE MÁS FRECUENCIAS ANTES QUE MÁS PLAZAS

Ha reclamado test para los usuarios del transporte y garantizar que las compañías quieran viajar a Canarias por lo que demanda una rebaja de todas las tasas aeroportuarias en 2021 para favorecer la recuperación del turismo.

Sobre el taxi, uno de los subsectores «más perjudicados» con pérdidas de facturación del 80%, ha reclamado más ayudas y que el Gobierno escuche sus demandas.

Melodie Mendoza (ASG) ha apuntado que el subsector del taxi «lo está pasando realmente mal», ha advertido de que la cesta de la compra en las islas menores «se ha encarecido muchísimo» y reclamado que se garantice la movilidad en la desescalada.

Ha dicho que «ha costado mucho años» mejorar la movilidad entre islas y espera que la merma de conectividad «sea coyuntural». «Si retrocedemos un pasito se van a agravar las diferencias entre vivir en una isla capitalina y no capitalina», ha señalado.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha felicitado al subsector del transporte porque «ha facilitado la vida» a los canarios durante el confinamiento y al mismo tiempo ha reclamado ayudas para soportar las «pérdidas enormes» de las empresas.

Ha hecho un «llamamiento a la responsabilidad» de los ciudadanos en el buen uso del transporte para evitar rebrotes del coronavirus y aprovechar la situación para avanzar en el urbanismo táctico y la mejora de la movilidad.

Esther González (NC) ha destacado el «buen servicio» que han dado los transportes durante el estado de alarma y pedido reactivar la conectividad entre islas y al exterior «con todas las garantías» para fortalecer la recuperación del turismo y el suministro de bienes y alimentos.

Además, ha planteado si se van aplicar medidas de incentivos fiscales para la compra de bicicletas o patinetes y así evitar las aglomeraciones en el transporte público, tal y como se ha aprobado en Valencia, por ejmeplo.

EL PP CRITICA LA «DESCOORDINACIÓN» DEL GOBIERNO

Luz Reverón, del Grupo Popular, ha valorado el «compromiso» del subsector del transporte durante el confinamiento y por otra parte, la «descoordinación» del Ejecutivo al quejarse de que un vuelo de Iberia viniera lleno a Gran Canaria y ahora se apoye que los vuelos entre islas operen al 100%.

«Las improvisaciones son malas», ha comentado, y con respecto al transporte terrestre, ha solicitado conocer la ficha financiera del fondo de contigencia y a quién beneficiará, remarcando que hay empresas del subsector educativo aún no han cobrado facturas del curso en vigor y hay unos 4.000 trabajadores en un ERTE debido al parón educativo.

Jorge González, del Grupo Socialista, ha dicho que el subsector del transporte es «de vital importancia» en las islas y se ha desarrollado durante el estado de alarma de forma coordinada y en condiciones de seguridad y ahora se trata de «adecuar» la oferta a la demanda durante la desescalada.

Así, cree «necesario» que se aumenten paulatinamente las conexiones aéreas y marítimas de forma «cautelosa, responsable y coordinada» para apuntalar la confianza y activar un cambio normativo en una futura ley del transporte.

Ha dicho que el Gobierno «no ha improvisado» sino que ha sido «coherente y sólido» en la toma de decisiones.

La prima de riesgo ofrecida a los inversores en bonos españoles con vencimiento a 10 años en comparación con sus homólogos alemanes ha registrado este viernes una lectura inferior a los 100 puntos básicos por primera vez en las últimas ocho semanas.

El diferencial, que ayer cerró situado sobre la centena, ha iniciado la jornada situado en los 101,6 puntos, lo que también ha sido su máximo intradía. Tras eso, ha comenzado una racha bajista que ha llevado a la prima a situarse en los 98,2 puntos básicos.

El descenso de la prima ha venido dado porque el rendimiento del bono español en el mercado secundario ha descendido este viernes de forma más abultada que su contraparte germana. Así, mientras el bono alemán con vencimiento a diez años ha llegado a situarse en el -0,442%, frente al -0,26% registrado en la apertura. De su lado, su homólogo español ha llegado a observar un rendimiento del 0,547%, en comparación con el 0,580% registrado tras el toque de campana.

La caída de la prima española no ha ido acompañada de descensos similares en la italiana o en la griega, que ya están situadas casi en el doble. Así, la prima italiana ha alcanzado este viernes los 189 puntos básicos, tras abrir en los 185,7 enteros, al tiempo que la griega se ha situado en 195,4 puntos.

El descenso del diferencial de la deuda española se produce en la semana en la que se ha presentado la propuesta del fondo de recuperación contra el Covid-19 por parte de la Comisión Europea. De los 750.000 millones de los que se compone el fondo, España accedería a 140.446 millones de euros, de los cuales 77.324 millones serían transferencias directas y, el resto, préstamos a devolver.

El Gobierno espera recuperar la tramitación del estatuto electrointensivo «a la mayor brevedad posible», una vez la evolución de la pandemia permita destinar los recursos y la capacidad necesaria, sobre todo para solucionar los despidos anunciados esta semana por Alcoa en Galicia.

Así lo ha avanzado la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, en el que ha admitido que al Ejecutivo le hubiera gustado contar ya con el estatuto aprobado.

Sin embargo, pese a que la norma ya estaba «muy avanzada», la llegada del Covid-19 al país interrumpió su tramitación el pasado mes de marzo, aunque ha señalado que el sector ya conoce las premisas sobre las que se está trabajando.

Alcoa abrió el jueves un periodo informal de consultas para el despido colectivo de un máximo de 534 empleados de su planta de aluminio primario de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), justificándolo en su producción «ineficiente» y situación «insostenible».

Montero ha manifestado que se trata de una decisión de la empresa que se suma a los ajustes que ya venía realizando en los últimos años –en 2018 anunció el cierre de sus plantas en A Coruña y Avilés (Asturias)–, por lo que le ha pedido que reconsidere esta decisión, en línea con la petición trasladada por parte de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

De hecho, la ministra portavoz ha defendido que el Gobierno esta trabajando «de forma muy intensa» para ayudar a este tipo de industria, que considera «muy importante» para el país, a través, no solo de ayudas al CO2, sino también con el llamado Plan Reindus y con el propio estatuto electrointensivo.

Montero ha añadido que el Gobierno está «en permanente contacto» con el sector industrial, no solo tras la decisión anunciada ahora por la multinacional estadounidense productora de aluminio, sino de forma previa y con la situación individual de cada una de las empresas que se han visto con problemas.

«Se está trabajando de forma intensa día a día, reiterando el compromiso desde que llegamos al Gobierno en la anterior legislatura y apoyando al tejido productivo y el que tiene que ver con Galicia», ha concluido la ministra.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que este viernes 29 de mayo es «un día histórico para la democracia» porque «hoy nace un nuevo derecho social en España», el ingreso mínimo vital, que pretende llegar a 850.000 hogares (un 16% de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y que oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar.

«Hoy es un día histórico para nuestra democracia, para mí es un honor anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España, un ingreso mínimo vital que explicaremos a continuación en detalle y que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la ley de dependencia (en 2006)», ha destacado Iglesias durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinarios.

Pablo Iglesias ya había avanzado sobre las 12,00 horas de este viernes a través de Twitter que el Consejo de Ministros había aprobado esta medida, poco antes de la rueda de prensa programada para explicar los detalles de esta medida, en la que comparece junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Iglesias ha avanzado además que las personas que acusen una situación de pobreza sobrevenida como consecuencia de la crisis del Covid-19 se pueda acoger también a este ingreso, una reivindicación de las organizaciones que trabajan en la lucha contra la pobreza.

En este sentido ha explicado que el acceso al ingreso mínimo vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Respecto a los ingresos, los totales del año anterior deberán ser inferiores a la renta garantizada anual.

Por ejemplo, según ha dicho, en el caso de una unidad de convivencia con dos adultos y dos menores, sus ingresos en el año anterior no deben superar los 10.500 euros. «Y también se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que en términos anuales estarían por debajo de la renta garantizada. Esto permitirá atender a las personas que se hayan visto afectadas por una situación de pobreza sobrevevenida a causa de la COvid-19», ha añadido.

Según Iglesias, esta posibilidad ha llevado «mucho trabajo» al Gobierno porque normalmente se tienen en cuenta las rentas del año anterior. Sin embargo, ha insistido en que la crisis del coronavirus, con sus consecuencias económicas y sociales, se ha producido en 2020. «Por eso hemos estado trabajando mucho», ha insistido.

«RAZONABLEMENTE SATISFECHO»

Preguntado por si está contento con la medida, ha reconocido que «podría haber cosas mejores» pero ha insistido en que «claro» que está «satisfecho», sobre todo, «dada la situación» y teniendo en cuenta que esta prestación «ha tenido muchas resistencias por parte de grandes poderes económicos y mediáticos» y que, según ha recordado, fue «definida por la oposición –en referencia a Vox– como ‘la paguita'».

ELEVADA TASA DE POBREZA ANTES DE LA PANDEMIA

Iglesias ha recordado la visita del relator de la ONU sobre pobreza, Philip Alston que «sacó los colores» a España. Antes de la pandemia, según ha precisado, el país ya tenía «una elevadísima tasa de pobreza» y ahora «se ha agravado», lo que ha llevado al Gobierno a «acelerar» la implementación de este ingreso mínimo vital.

Tras destacar el «excelente» trabajo con el equipo del ministro José Luis Escrivá, Iglesias también ha agradecido a todas las redes de solidaridad, bancos de alimentos, ONG, Tercer Sector y parroquias, entre otras, por ofrecer una red de seguridad a las familias en situación de necesidad.

«El ingreso mínimo vital es una medida de justicia social y de eficiencia económica. Se toma en serio uno de los fundamentos de la democracia, que es la redistribución de la riqueza», ha subrayado Iglesias.

Además, ha indicado que es un instrumento «especialmente útil para luchar contra la pobreza infantil» y ha añadido que es una medida «absolutamente imprescindible» para la recuperación económica porque «los recursos no van a acabar en un paraíso fiscal sino que van a ir directamente al consumo.

«NO HAY LIBERTAD SI NO SE LLEGA A FIN DE MES»

A su juicio, el ingreso mínimo vital es también «una cuestión de libertad» porque «no hay libertad si no se llega a fin de mes». Finalmente, lo ha definido como «una victoria de todos los colectivos y personas anómicas que han trabajando durante muchos años» incluso, según ha dicho «recibiendo insultos y descalificaciones».

El ingreso mínimo vital, pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares. De ellos, un 16% de ellos son monoparentales que recibirán 100 euros más al mes. Los 100.000 hogares más vulnerables recibirán de oficio esta prestación a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar.

«Una persona que viva sola tiene derecho a 462 euros, si no tienen ningún ingreso percibirá 462 euros. Pero si cuenta con ingresos de 200 euros, en ese caso recibiría 262 euros, la diferencia entre sus ingresos y el umbral de la renta garantizada», ha explicado Iglesias. También ha puesto el ejemplo de una unidad de convivencia de 2 adultos y 2 niños, que tiene derecho a una prestación de 887 euros.

Además, ha precisado que será compatible con otras rentas, incluidos los ingresos laborables, lo que «permite evitar la trampa de la pobreza», es decir, «la situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre un empleo y aceptar una prestación social».

Asimismo, ha añadido que se establece un estímulo específico al empleo. «Si una persona que recibe esta prestación incrementa su ingresos laborales, una parte de sus ingresos no va a computar. Si consigue ganar 100 euros más al mes no se le restarían 100 euros de la prestación sino algo menos», ha puntualizado.

También ha precisado que se tendrá en cuenta el patrimonio, estableciéndose un límite de 16.614 euros para una persona que viva sola, que se irá incrementando por cada persona adicional hasta los 43.196 euros. Los beneficiarios, según ha dicho, deberán tener entre 23 y 65 años o desde los 18 años, si hay menores a cargo que lleven al menos un año de residencia legal en España.

El mercado de renta fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha admitido a negociación este viernes la emisión del bono social de la Comunidad de Madrid por importe de 52 millones de euros para financiar la lucha contra el Covid-19.

Se trata del primer bono social sanitario de una Administración Pública española. Los bonos cuentan con un valor individual de 1.000 euros y su amortización tendrá lugar en mayo de 2023.

La operación se realizó mediante una colocación privada en la que BBVA actuó como única entidad colocadora y Mapfre AM suscribió íntegramente la emisión para tomarla como subyacente de su fondo de inversión ‘Mapfre Compromiso Sanitario’, garantizado a tres años y que ha sido constituido específicamente para apoyar la ayuda sanitaria ante la pandemia.

«Esta emisión demuestra el importante papel que están desempeñando los mercados financieros para hacer frente a la crisis del Covid-19, en un contexto en el que las emisiones sociales son cada vez más valoradas por la comunidad inversora«, ha señalado el director general de BME Renta Fija, Gonzalo Gómez Retuerto.

BME ha informado de que es la séptima emisión con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) que registra la Comunidad de Madrid en el mercado AIAF desde 2016.

La Comunidad de Madrid cuenta con ‘ratings’ de ‘Baa1’, perspectiva estable, otorgado por Moody’s; ‘A-‘, perspectiva positiva, por S&P, y ‘A-‘, positivo, por DBRS.

En lo que va de año se han registrado ocho bonos ASG en el mercado AIAF, emitidos por Bankinter (750 millones), Adif (600 millones), la Comunidad Foral de Navarra (75 millones) y la propia Comunidad de Madrid, que colocó su primer bono verde por 700 millones en abril y cerró una operación de bonos sostenibles por 1.250 millones en febrero.

Unos 200 trabajadores de Nissan han cortado este viernes la Gran Via en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para protestar contra el cierre de las plantas catalanas, el día después de que se conociera la decisión.

El corte se ha efectuado cerca de las 12.30 horas en el mismo punto que el realizado este jueves y ha durado unos 10 minutos, tras concentrarse ante un concesionario de la marca, una convocatoria que han simultaneado en otros tres puntos de venta.

Los trabajadores, que han cortado ambos sentidos de la marcha, han gritado consignas como ‘Guerra, guerra, guerra, la Nissan no se cierra’ y han aplaudido a los vehículos que les manifestaban su apoyo con el claxon.

Los concentrados han acudido al concesionario alrededor de las 11.00 horas, convocados por el comité de empresa, y han lanzado huevos a la fachada y enganchado decenas de carteles, entre los cuales se podía leer ‘Nissan, nos habéis dejado morir’, ‘Nissan, te has equivocado, no te lo vamos a poner fácil’ y ‘Pedro Sánchez, gracias por salvar a Nissan, mentiroso’.

Algunos carteles ponían de manifiesto los miles de trabajadores afectados y otros criticaban al exdirector general de Nissan en España Frank Torres, que ahora se ocupará del proceso de consultas, así como a la dirección de Japón: «Todos los valores personales que nos han inculcado desde Japón y que tanto hemos valorado y admirado se han roto».

El secretario general de UGT en la planta de la Zona Franca, Javier Hernández, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que la movilización de este viernes se ha realizado de forma simultánea en los cuatro concesionarios más grandes del área de Barcelona.

«Hay que ir buscando alternativas porque estamos en el proceso que estamos y con el coronavirus buscamos alternativas. La única esperanza que nos queda es que cada día se nos dé algo de atención porque, el día que no se nos dé, Nissan habrá ganado», ha sostenido.

Hernández ha insistido en que las plantas de la automovilística no se pueden cerrar porque no va a venir «nada parecido» y ha destacado la calidad del empleo en la industria del automóvil, además de llamar a no perder la esperanza.

«Si al final no tiene solución, no descarto que lo próximo que arda sean las instalaciones de Nissan en Barcelona», ha sentenciado.

«CIERRE ANUNCIADO»

En declaraciones a Europa Press, Francisco Benítez, que lleva más de 30 años trabajando en la planta de la Zona Franca, ha lamentado que la marcha de Nissan ha sido un «cierre anunciado» y que no se han sentido protegidos.

«Nos quitaban los vehículos y no nos traían nada a cambio. Desde que se nos fue el (modelo) Pulsar –en junio de 2018– no ha venido nada. Nosotros dentro ya veíamos que si salen modelos y no traen nada, pues ‘blanco y en botella», ha lamentado.

En este sentido, Mariano Moreno, que lleva 29 años trabajando en la planta de la Zona Franca, ha explicado en declaraciones a Europa Press que hacía tiempo que lo venían venir por la falta de asignación de vehículos nuevos, y ha defendido que con la marcha del Pulsar se tendría que haber empezado a presionar a la marca para buscar soluciones para el futuro.

«SE VEÍA VENIR»

«En mi caso ya pensaba que las administraciones iban a llegar tarde fuera del partido político que fuera porque ya se veía que la cosa no estaba funcionando. Los sindicatos ya habían avisado y se veía a venir», ha señalado, y ha recordado que hace unos años cuando había un problema el presidente de la Generalitat viajaba a Japón para solucionarlo.

Ha sostenido que espera que por su edad intenten solucionar lo que queda de su vida laboral: «Intento tener la moral alta, no caer en el desánimo y tirar hacia adelante», y ha deseado que no caigan más empresas y trabajadores, incluso de otros sectores.