Los aranceles de Trump a Canadá del 50% afrontan ya una demanda empresarial en toda regla. Gellert Global Group, importador de alimentos con sede en Nueva Jersey, presentó el martes 20 de octubre una querella ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Nueva York, en la que sostiene que el presidente carece de autoridad legal para imponer gravámenes de ese calado sin el visto bueno del Congreso.
La compañía no discute la cifra en abstracto: la sufre en caja. Entre el 16 de septiembre y el 11 de octubre ha abonado más de 520.000 dólares en derechos de aduana, según el escrito de la demanda. Su negocio consiste en importar queso canadiense, un producto que el propio Gobierno estadounidense ha situado en el centro de una disputa que, en realidad, empezó siendo otra cosa: coches, alcohol y lácteos.
Qué sostiene la demanda: una ley de la Gran Depresión como base legal
He leído el argumentario con detalle porque el caso desborda la escala de un importador mediano. Lo que se cuestiona es la arquitectura jurídica de toda la ofensiva arancelaria. Trump activó este año la Sección 338 de la Ley Arancelaria Smoot-Hawley de 1930, una cláusula que permite aplicar hasta un 50% a las importaciones de países que discriminen a las empresas estadounidenses y que ningún presidente había invocado hasta ahora.
- La base legal: la Sección 338 no exige investigación previa, ni audiencia pública, ni informe motivado. Ese es su atractivo para el Ejecutivo y, a la vez, su punto más vulnerable ante un tribunal.
- El choque de normas: la demanda defiende que leyes posteriores del Congreso —la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, entre ellas— imponen investigaciones, periodos de comentarios públicos y otras garantías que la Administración habría sorteado, y que esas normas más recientes prevalecen sobre el texto de 1930.
- El plazo incumplido: incluso aceptando la vigencia de la Sección 338, la ley obliga a esperar 30 días antes de recaudar sobre productos añadidos a la lista. En el queso, según la querella, se esperaron siete.
- La incongruencia de fondo: dos de las políticas canadienses señaladas por Washington nacieron como represalia a los propios aranceles estadounidenses, y la tercera —la política láctea— está regida por el T-MEC, el tratado que ambos países firmaron junto a México.
El escrito pide tres cosas concretas: que se declaren ilegales los aranceles, que se detenga su cobro y que se devuelvan las cantidades abonadas con intereses. La Casa Blanca no había respondido a las peticiones de comentario al cierre de esta edición, según Reuters.
«Gellert Global Group ha pasado generaciones construyendo relaciones de confianza con proveedores, clientes y socios de toda la industria alimentaria. Estos aranceles destruyen esas relaciones de la noche a la mañana y generan costes e incertidumbre que se propagan por toda la cadena de suministro.» — Thomas Gellert, consejero delegado de Gellert Global Group, comunicado del 20 de octubre de 2026
La cláusula durmiente y el problema de gobernar por decreto arancelario
Lo que veo aquí es un litigio que ataca el flanco procedimental, no el económico. Y ese flanco es el que más ha cedido hasta ahora. En febrero, el Tribunal Supremo anuló la mayor parte de los aranceles impuestos en 2025; más tarde, un tribunal de comercio falló contra el gravamen global temporal del 10%; y sigue pendiente otro desafío sobre los aranceles vinculados al trabajo forzoso. El patrón resulta inequívoco: cada vez que un juez examina el expediente, la justificación se estrecha.
Hay un detalle que conviene subrayar. El 50% aplicado a Canadá es justo el techo que autoriza la Sección 338, de modo que dentro de esa norma no queda margen de escalada. La contradicción que los datos no resuelven es otra: si la Justicia acaba dando la razón a Gellert, la pregunta inmediata es quién devuelve los 520.000 dólares ya cobrados, a qué ritmo y con qué tipo de interés. Nada de eso está resuelto en el texto legal.
El precedente pesa más que la cifra. Cualquier importador europeo, mexicano o asiático podría replicar la estrategia si el tribunal acepta que la Sección 338 no sirve para sortear las garantías de las leyes posteriores. Es la vía por la que la guerra comercial deja de librarse en los despachos de aduanas y pasa a decidirse en las salas de vista. El hito a seguir es la primera comparecencia ante el Tribunal de Comercio Internacional; a partir de ahí, cada resolución sobre esta cláusula marcará el calendario real de la política arancelaria estadounidense.
🌍 El impacto en España y Europa
El impacto directo en España es limitado: el comercio bilateral con Canadá pesa poco en el conjunto de nuestras exportaciones y los aranceles recaen sobre productos estadounidenses. Lo relevante para el lector español es la doctrina jurídica que se está construyendo, porque fija el terreno donde se moverán los próximos expedientes contra productos europeos.
- Euríbor e hipotecas: si la incertidumbre comercial empuja al alza la inflación estadounidense y retrasa los recortes de la Fed, el Euríbor a 12 meses tardará más en bajar. Cada 25 puntos básicos de demora equivalen a unos 31 euros mensuales en una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años.
- Inflación y poder adquisitivo: un gravamen del 50% sobre bienes canadienses encarece insumos que circulan por cadenas globales y traslada presión al BCE, con efecto directo sobre el coste de la cesta de la compra.
- Empresas del IBEX: el agroalimentario y la automoción son los sectores con más exposición indirecta a este tipo de represalias cruzadas. Un marco arancelario inestable encarece la financiación y complica la planificación de inversiones.
- BCE y política fiscal europea: si la vía judicial tumba la Sección 338, se abre espacio para negociar en lugar de represaliar. Si no la tumba, Bruselas tendrá un motivo más para acelerar sus propios instrumentos de defensa comercial.
