La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este martes que el Gobierno informará por carta a quienes tengan derecho a recibir el subsidio de 430 euros mensuales para trabajadores que estuviesen recibiendo prestaciones entre el 14 de marzo y el 30 de junio y no tengan acceso a otras ayudas ni posibilidad de incorporarse al mercado laboral.

En declaraciones a la Cadena Ser, la titular de Trabajo ha indicado que el Ejecutivo actuará «de oficio» informando a las personas que cumplen los requisitos para la percepción de este subsidio, cuya cuantía será el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 430 euros durante tres meses.

La ministra ha recalcado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con estos datos y será en el encargado de remitir estas cartas personalizadas aunque, en cualquier caso, la norma dice que la persona lo tiene que solicitar por los cauces establecidos. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo trabaja en acabar con la actual situación de una administración «muy burocrática, muy pesada y muy garantista».

Además, Díaz ha incidido en que el hecho de que la Administración cuente con todos los datos de las personas también ayudará a que este subsidio sea percibido sin demora. «Todos los datos están ahí y se hará de forma rápida», ha apostillado.

Para tener derecho a la percepción de este subsidio «indemnizatorio», el Ejecutivo ha eliminado muchos requisitos, aligerando al máximo las mismas y quitando cuestiones como el mes de espera o la búsqueda activa de empleo.

En concreto, los posibles beneficiarios tienen que estar en situación de desempleo y estar inscritos en los sistemas públicos como demandantes. Además, podrán acceder al mismo las personas que estén cumpliendo el mes de espera para acceder al subsidio de agotamiento de la prestación contributiva.

«Lo importante es la cobertura. Es una cosa humilde pero para muchas personas por lo menos tienen algo», ha recalcado la ministra, quien ha enfatizado que el objetivo último es «seguir protegiendo a la gente que más lo necesita. «Es esto o nada», ha concretado la ministra.

Recientemente, CCOO y UGT pidieron que se crease la prestación extraordinaria por desempleo que se recogía en el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo para quienes consumieron sus prestaciones por paro durante el estado de alarma.

En concreto, la propuesta sindical pasaba por que se reconociese un periodo de reposición de prestaciones a todas las personas que habían percibido y consumido prestaciones por desempleo durante el estado de alarma.

La ministra ha indicado que «seguramente en los próximos tiempos» se tomarán más medidas para ayudar a las personas que más lo necesite. Los agentes sociales y el Gobierno tenemos que actuar y no podemos dejar a la gente tirada», ha zanjado Díaz, que ha recordado que es el «momento de estar próximo a la calle.

Igualmente, este subsidio no será compatible con la percepción de la renta mínima, la renta de inclusión, salario social o ayudas análogas de cualquier administración pública.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha animado este martes a los gobiernos europeos a solicitar tanto las subvenciones como los préstamos del fondo de recuperación para «maximizar» su impacto en la economía europea, al tiempo que ha pedido un acuerdo «rápido» para que pueda ponerse en marca lo antes posible.

«Necesitamos un acuerdo rápido entre el Consejo (los países) y el Parlamento. Una aplicación acelerada del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) y usarlo al completo a través de tanto las subvenciones como los préstamos maximizarían la contribución potencial a una política fiscal coordinada», ha expresado el italiano al término de la reunión por videoconferencia del Eurogrupo.

El RRF, principal instrumento del fondo de recuperación, repartirá entre los Estados miembros subvenciones no reembolsables y también préstamos, pero algunos países como España han manifestado su preferencia por dejar los segundos a una fase posterior y en el caso en que sean necesarios.

Gentiloni ha advertido de que la recuperación económica se ralentizará como consecuencia de las restricciones decretadas en los países para contener la segunda ola del coronavirus. «Los datos del tercer trimestre muestran que el rebote fue bastante fuerte, pero datos como la confianza de los consumidores son las primeras pruebas, pero no las únicas, de una ralentización de la economía«, ha afirmado.

El comisario no ha querido adelantar las previsiones económicas que Bruselas desvelará el jueves, pero ha apuntado que existen «razones para creer» que el impacto será menor que el de primavera porque empresas y trabajadores «están mejor preparados para trabajar remotamente». Sin embargo, ha anticipado que el sector servicios, y en particular el turismo y la cultura, serán los más golpeados.

En este contexto, Gentiloni ha subrayado que a nivel europeo es necesario «aplicar lo que ya se ha decidido». «Creo que deberíamos hacerlo, dada la realidad de esta segunda ola y los riesgos que está teniendo, lo antes posible», ha enfatizado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de que el Parlamento Europeo y los gobiernos desbloqueen las negociaciones en marcha que impiden la entrada en vigor del fondo de recuperación, puesto que es «absolutamente crucial» para apuntalar la recuperación económica.

La situación económica ha sido precisamente el primer punto en la agenda del Eurogrupo de este martes y en el debate ha participado también la directora del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), Andrea Ammon.

El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, ha destacado que los Estados miembros se enfrentan ahora a «graves desafíos» tanto en el plano sanitario como en el económico, pero ahora están «mejor preparados para responder a la crisis» gracias a las medidas de estímulo pactadas en primavera.

En este contexto, los ministros de la Eurozona han pactado una declaración conjunta en la que han remarcado la importancia de encontrar soluciones que permitan desbloquear «antes de que acabe el año» el fondo de recuperación, para que sus ayudas empiecen a fluir a los países lo antes posible.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a afirmar este martes que la normativa europea impide bajar el IVA de las mascarillas para su venta al público, pero ha indicado que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea incluir la bajada en un directiva que se está tramitando en la que se reducirá el precio de las PCR y, en todo caso, ha aseverado que se van a revisar los precios y se van a rebajar para la venta a los ciudadanos.

Además, ha dicho no molestarle el concepto «hachazo fiscal» porque está «absolutamente amortizado en titulares y desprestigiado», y ha justificado los cambios y subidas de impuestos en las recomendaciones realizadas por la AIReF sobre la «regresividad» de algunos tributos, al tiempo que ha defendido el alza de bebidas azucaradas para frenar la obesidad infantil y el alza del diésel porque solo Lituania y Luxemburgo tienen un precio más barato en la UE.

Así lo ha señalado durante su intervención en respuesta a una interpelación en el Senado sobre el alcance real de las medidas fiscales presentadas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, realizada por la senadora del PP Elena Muñoz, quien ha criticado el «verdadero hachazo fiscal» del Ejecutivo al contemplar la subida de diez impuestos por 8.000 millones de euros, de los que 93 de cada 100 se dirigirán a la clase media y baja.

«No me molesta la palabra hachazo, todo lo contrario, a fuerza de desgastarla y manosearla está absolutamente amortizada en los titulares; da igual lo que hagamos, van a hablar de hachazo fiscal, ese adjetivo está absolutamente desprestigiado», ha indicado Montero, quien ha defendido el alza al 21% del IVA de bebidas azucaradas y edulcoradas al ser una recomendación del Ministerio de Sanidad y los expertos sanitarios para combatir la obesidad infantil y la diabetes, el principal problema sanitario en los niños.

Asimismo, ha aclarado que las llamadas tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, la ley de lucha contra fraude y el nuevo impuesto a los residuos y a los envases de plástico no figuran en el proyecto de PGE. Sí se incluye el alza para el 0,07% de contribuyentes de rentas altas en el IRPF, así como a las primas de seguro, sobre lo que ha apuntado que el tipo en Alemania es del 19%, mientras que con la subida en España alcanzará el 8%, por debajo de la media europea.

Además, ha justificado las subidas de impuestos aludiendo a los informes de la AIReF respecto a determinadas figuras fiscales en las que se calificaban de «regresivas» algunas medidas y se «invitaba» al Gobierno a revisar la fiscalidad para hacerla «más progresiva.

DIÉSEL E IVA DE MASCARILLAS

En esta línea, ha defendido el aumento del diésel al contemplarse una reducción de su bonificación fiscal en el proyecto de PGE, ya que ha apuntado que ni siquiera se equipara al precio de la gasolina y en fiscalidad medioambiental España quedó «el cuarto por la cola» tras el Gobierno del PP. De hecho, ha indicado que solo Lituania y Luxemburgo tienen el diésel más barato que España.

Respecto al IVA de las mascarillas, que desde el PP reclaman su bajada al 4%, ha insistido en que la normativa europea impide su bajada para la venta al público, si bien ha apuntado que se está tramitando una directiva en la que se va a bajar el IVA de las PCR y el Gobierno español ha propuesto que se incorpore el IVA de las mascarillas, además de haber pasado consulta a la Comisión Europea sobre si se puede o no bajar dicho gravamen a las mascarillas.

En cualquier caso, ha reiterado que o bien la Comisión Europa deja bajar el IVA en el reglamento europeo o el Ejecutivo se ha comprometido a revisar el precio máximo de las mascarillas, regulado desde la pandemia. «Vamos a revisar el precio y vamos a bajar las mascarillas que van dirigidas a la venta de los ciudadanos», ha garantizado.

La ministra ha asegurado que el Gobierno no va a practicar la «política del PP» y por tanto no va a realizar «recortes» en las prestaciones de los ciudadanos, al tiempo que ha recordado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy subió «60 veces» los impuestos de forma «indiscriminada» argumentando que ante la caída de recaudación había que mantener el nivel de prestación de servicios públicos.

A su juicio, en el PP «no saben cómo encontrar excusas para no aprobar un proyecto de PGE que es una palanca de cambio de este país, una red de seguridad para el conjunto de ciudadanos, la garantía de la financiación de las CCAA y lo que permitirá salir de la situación económica derivada de la pandemia».

Por ello, ha pedido a los senadores ‘populares’ que reflexionen y aprueben unos PGE «imprescindibles» y, al tratar al Gobierno como «socialcomunista», les ha pedido que se aclaren respecto a si asumen las palabras del líder del PP, Pablo Casado, sobre el «centro» político o si siguen «agarrados a la extrema derecha».

PP: «93 DE CADA 100 EUROS DE SUBIDA LO PAGARÁN CLASES MEDIAS Y BAJAS»

De su lado, la senadora ‘popular’ Elena Muñoz ha criticado el «verdadero hachazo fiscal» recogido en los PGE y con los cambios tributarios previstos por un total de 8.000 millones de las diez subidas de impuestos «a todos los españoles», ya que «93 de cada 100 euros lo van a pagar clases medias y bajas».

La senadora del PP ha cuestionado que el Gobierno hable de subida de impuestos a «ricos» cuando el alza del diésel afectará a 17 millones de españoles propietarios de ese tipo de vehículos, otros 17,8 millones de familias (el 95%) tienen contratada una póliza de seguros y 17,5 millones planes de pensiones.

«Le pido rigor, no nos tome por tontos, no siga intentando engañarnos a todo, la verdad es que van a dar un verdadero hachazo fiscal a la clase media y baja que son los que van a soportar la subida de impuestos», ha denunciado Muñoz, tras afear a Montero que un tiempo atrás afirmase que no se podía pagar las actualizaciones de las entregas a cuenta a las CCAA por la prórroga de Presupuestos y finalmente sí se pudo, así como cuando aseguró que los ayuntamientos no podían utilizar los remanentes si no se cambiaba la ley y tenían que entregar sus ahorros, y finalmente han podido hacer uso de esos recursos.

También ha remarcado que el PP lleva «meses» solicitando la bajada del IVA que ha reprochado a la ministra ya que, según la senadora, existe una guía de la Comisión Europea del mes de abril que permite bajar el IVA a las mascarillas y recoge que no habrá ninguna penalización si se lleva a cabo. Portugal (IVA del 6%), Francia (5,5%), Alemania (5%), Italia y Países Bajos (0%) son algunos de los países citados por Muñoz para demostrar que sí se puede bajar.

A su vez, le ha reprochado que compare el precio del diésel de España con el de Alemania ante la diferencia de rentas y ha alertado de que la subida de impuestos deslocalizará empresas, capitales, reducirá la competitividad empresarial y penalizará el ahorro de familias, además de a sectores estratégicos como el automóvil.

En su lugar, la senadora del PP ha planteado el modelo de su partido, que pasa por bajar impuestos, la eficiencia del gasto público, apoyo a empresas frente a «losas fiscales» y la generación de empleo.

El presidente de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Tomás Pascual, ha señalado que la innovación en el sector agroalimentario será un «motor» para impulsar la recuperación económica provocada por el coronavirus.

«La innovación es uno de los pilares estratégicos de la industria de la alimentación y bebidas. Ahora, especialmente, va a ser uno de los motores necesarios para impulsar la recuperación y acelerar la salida de la crisis económica provocada por el coronavirus», ha indicado Pascual durante la inauguración de la jornada ‘Alibetopías 2020: nuevos territorios en alimentación y bebidas’.

El presidente de FIAB ha subrayado que todos los agentes de la cadena de valor del sector deben «apoyar y generar conocimiento para ganar en competitividad y conquistar el futuro», al tiempo que ha recordado que la innovación «no es algo nuevo» para la industria, que lleva ya décadas innovando.

De esta forma, Tomás Pascual ha recordado que la incorporación de empresas del sector a la actividad de I+D se acentuó en 2019, tras elevarse el número de compañías a 786 entidades, de las cuales el 83% son pymes. «Somos un sector que mira al futuro y nacemos apostando por el talento», ha recalcado.

Pascual ha reconocido que en la actualidad el país vive «circunstancias excepcionales» por la crisis sanitaria. «Agradecer a todas las empresas y trabajadores del sector y de la cadena el enorme esfuerzo que han realizado para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población. Creo que esta crisis ha sacado a la luz lo mejor de un sector como el nuestro que ha recibido críticas injustas en el pasado y se ha revelado como estratégico en el país», ha recalcado.

LÍNEA DE EMPRENDIMIENTO PARA SECTOR AGROALIMENTARIO EN 2021

Por su parte, la directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, ha avanzado durante la inauguración de la jornada de Alibetopías que la innovación y la internacionalización son algunos de los principales retos del Departamento que lidera Luis Planas.

«Para nosotros la innovación es una de las políticas fundamentales y para poder impulsarla somos conscientes de que hay muchas barreras y dificultades que eliminar. Hay que mirar la innovación como algo global que repercute en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria», ha señalado Bombal.

De esta forma, la directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria ha defendido que se priorice la innovación en la política de las industrias, que se fomente el reconocimiento del valor añadido de las industrias y proteger las innovaciones ante posibles plagios y copias.

De esta forma, Bombal ha avanzado que en 2021 Agricultura pondrá en marcha una línea específica de emprendimiento con Enisa para las empresas agroalimentarias que quieran innovar con «condiciones muy buenas». «Creemos que puede ser una línea de apoyo para las ‘startups’ del sector agroalimentario», ha indicado.

PREMIOS INGENIA STARTUP Y ECOTROPHELIA

Durante la jornada, se ha realizado la entrega de premios de las categorías Oro, Plata y Bronce de los finalistas de la segunda edición de los Premios Ingenia Startup, que organiza la Plataforma Food for Life-Spain y que buscan incentivar y apoyar el talento de empresas emergentes vinculadas al sector alimentario, ayudando a visibilizar proyectos innovadores.

El primer premio ha sido para Cocuus System Ibérica, empresa especializada en la impresión aplicada al ámbito alimentario, transformación láser alimentaria e investigación de impresión alimentaria 3D para hospitales y geriatría.

El segundo galardón ha recaído en Cleanwood Technology, que ofrece soluciones industriales para el sector vitivinícola a través de la regeneración y desinfección de barricas de roble por medio de una tecnología innovadora que aplica un tratamiento físico con ondas de alta frecuencia, mientras que Loveubio se ha convertido en el tercer finalista, con una propuesta de desarrollo sostenible, dedicada a la comercialización de té ecológico en cápsulas compostables.

Además, Alibetopías también ha acogido la entrega de los Premios Ecotrophelia España 2020 que se celebró el pasado mes de septiembre en Fundación Alicia.

El grupo ganador, de la Universitat Autònoma de Barcelona, consiguió el primer puesto gracias a la elaboración de Tricube: un innovador postre enfocado al mercado gourmet en forma de pequeño cubo, compuesto por tres capas gelificadas con una estructura consistente a base de yogur, chocolate negro y crema catalana.

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se ha reunido este martes por videoconferencia, con los representantes del sector pesquero de arrastre y las comunidades autónomas del Mediterráneo, con quienes ha analizado la propuesta de la Comisión Europea para establecer los días de pesca para el arrastre en 2021, en desarrollo del régimen de esfuerzo previsto por el reglamento comunitario que establece un plan plurianual para los recursos demersales en el Mediterráneo occidental.

En la reunión, Villauriz ha reiterado su compromiso con una gestión pesquera «sostenible» en el Mediterráneo y ha manifestado la oposición del Departamento a la propuesta de la CE, ya que considera que dicho plan plurianual debe aplicarse de manera «progresiva y proporcionada», teniendo en cuenta todos los pilares de la Política Pesquera Común (PPC).

La propuesta comunitaria supondría una reducción adicional del 15% en los días de pesca ya asignados a España, Francia e Italia respecto a los ya asignados en 2020, de modo que la reducción del esfuerzo pesquero sería del 25%, teniendo en cuenta el periodo de referencia utilizado 2015-2017.

La secretaria general considera que se trata de una reducción «muy drástica», teniendo en cuenta que el plan prevé reducir el esfuerzo, como máximo, un 40% hasta el año 2025 (fecha establecida para la consecución del Rendimiento Máximo Sostenible).

Además, en las últimas semanas la Secretaría General de Pesca ha trasladado a Bruselas la necesidad de integrar el análisis del grave impacto socioeconómico de la medida propuesta. También se deben tener en cuenta las medidas ya tomadas en aplicación del citado reglamento, como son las vedas para la merluza o la reducción del esfuerzo en 2020 de un 10%.

España entiende que se debe contar con los informes de las últimas reuniones celebradas por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca de la Unión Europea (más conocido por STECF por sus siglas inglesas), en septiembre y octubre pasados.

La secretaria general ha indicado la conveniencia de seguir trabajando en las próximas semanas, en el marco de la Unión Europea, para lograr una mayor progresividad en la aplicación del plan comunitario, cuya aplicación puede ir acompañada con medidas técnicas, en las que ya trabaja el sector.

Por último, Villauriz ha valorado «positivamente» que el sector pesquero español, junto con el italiano y francés, hayan trasladado a la CE su opinión desfavorable a la propuesta, que también consideran desproporcionada.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha hecho una valoración «muy positiva» del acuerdo alcanzado en la Comisión del Pacto de Toledo para sacar adelante sus recomendaciones «por el contenido y la certidumbre que se va a trasladar a los pensionistas y a todos los españoles».

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha resaltado que en el Pacto de Toledo se ha comprobado el «talante y la actitud positiva» de todos los grupos políticos, «los que han votado a favor y los que no».

«Actitud constructiva del PSOE, Podemos, Ciudadanos, los minoritarios, el PNV desde el principio tuvo una actitud muy próxima a nosotros, incluso Vox, que al final cambió de discurso en el último momento y nos cogió por sorpresa, ha tenido un comportamiento ejemplar durante los trabajos», ha valorado Escrivá.

Asimismo, ha puesto en valor la importancia que tiene que de este tema no se haga «guerra partidista» y de que se llegue a un acuerdo «muy ambicioso», que tiene que ratificarse en el pleno del Congreso, donde espera «que se refleje incluso más rotundidad que el consenso alcanzado en el Pacto de Toledo».