El Tribunal de Cuentas ha destapado un perjuicio de 490 millones de euros en una decena de empresas del sector público estatal como consecuencia de la contratación de derivados financieros entre 2016 y 2023. El informe, hecho público ayer, señala a gigantes como Adif, Adif Alta Velocidad, Renfe Operadora o Aena y desvela una gestión de riesgos prácticamente inexistente, con consejos de administración que autorizaron las deudas que dieron origen a los swaps sin recibir información transparente sobre su coste real.
El perjuicio millonario de los swaps públicos
La fiscalización abarca a doce entidades que representaban más del 90 % de estos productos en el sector público empresarial no financiero. Diez de ellas mantenían swaps de tipos de interés vinculados a préstamos a tipo variable. En teoría esos contratos debían actuar como cobertura para cobrar si el Euríbor subía de forma imprevista, pero durante la mayor parte del período analizado el índice se mantuvo en niveles bajos o negativos. El resultado fue el contrario al buscado: las empresas tuvieron que pagar intereses netos por 401 millones de euros, de los que 383 millones correspondieron a la rama fija del swap y solo 18 millones a la variable.
A esa factura se suman otros 89 millones de penalizaciones por cancelación anticipada. El caso más llamativo es el de la Autoridad Portuaria de Valencia, que abonó 34 millones por liquidar voluntariamente ocho swaps, y el de Acuamed, que pagó 46 millones por un instrumento que, según el Tribunal, incluía una cláusula de cancelación obligatoria que lo convertía en una simple apuesta sobre los tipos futuros.
Cómo se gestó el agujero: falta de control y asesoría insuficiente
El informe revela una cadena de fallos que va más allá del coste directo. Varias entidades, entre ellas las autoridades portuarias de Castellón y Las Palmas, además de Acuaes y la propia Acuamed, contrataron derivados complejos que incluían la venta implícita de opciones. Estos productos no solo no protegían frente a subidas del euríbor, sino que exponían a pérdidas ilimitadas si los tipos seguían bajos.
El Tribunal subraya que estos productos especulativos convirtieron a empresas públicas en actores de un mercado para el que no estaban preparadas.
A pesar del quebranto, la mayoría de los gestores públicos permanecieron pasivos. Solo Aena y la Autoridad Portuaria de Valencia exploraron acciones legales, mientras que el resto no presentó reclamaciones ante el Banco de España ni cuestionó formalmente la praxis bancaria. La fiscalización también detecta que en sociedades como Adif Alta Velocidad o Renfe Operadora los consejos de administración autorizaron las deudas principales sin ser informados de manera transparente sobre la contratación, modificación o costes reales de los derivados asociados.
El Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, recomienda reforzar la participación de los consejos en las políticas de cobertura de riesgos financieros y consultar al Banco de España sobre las liquidaciones en el ramal variable durante los períodos de tipos negativos, una puerta que el informe deja abierta para eventuales reclamaciones.
Lecciones de gobierno corporativo para un sector público sin blindaje financiero
El episodio dibuja una radiografía incómoda del músculo de control en las compañías de titularidad pública. Si en el sector privado cotizado una cadena de derivados mal gestionados habría activado los resortes de la CNMV y los inversores institucionales, en el ámbito público la inacción se explica, en parte, por la ausencia de un regulador específico de mercado que supervise la contratación de instrumentos complejos por parte de entidades no financieras. La recomendación del Tribunal de acudir al Banco de España busca precisamente cubrir ese vacío.
La situación recuerda a los malos ejemplos de cobertura de tipos que afloraron en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos durante la década pasada, con sentencias que condenaron a la banca por falta de transparencia. Ahora el foco se sitúa en las empresas del grupo Fomento y del sector del agua, cuya exposición a los derivados ha consumido recursos que, de otra forma, se habrían destinado a inversión productiva o a mejorar resultados.
Con el Euríbor actualmente en terreno positivo, el coste de financiación vuelve a ser una variable de riesgo para cualquier compañía apalancada. El informe del Tribunal de Cuentas, más que señalar culpables, fija un estándar mínimo de diligencia que los gestores públicos deberán cumplir a partir de ahora si quieren evitar una repetición del agujero.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La posible apertura de diligencias en el Banco de España o acciones judiciales posteriores al informe, así como el impacto reputacional en las sociedades cotizadas implicadas, especialmente Aena, que sí recurrió a la vía legal.
- Reacción del valor: La cotización de Aena puede resentirse a corto plazo si los inversores interpretan que los fallos de gobernanza identificados trascienden a otras áreas de la gestión de la compañía.
- Precedente sectorial: Los litigios por ‘swaps’ hipotecarios en la administración local sentaron jurisprudencia favorable para las entidades públicas. El informe da argumentos técnicos que podrían alentar nuevas reclamaciones contra las entidades financieras vendedoras.
