Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han elevado la presión sobre Países Bajos y Austria, acusándoles de «instrumentalizar» la negociación sobre el fondo europeo para bloquear cualquier posible avance, según diversas fuentes diplomáticas y europeas.

Después de una cena tensa de cuatro horas, el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha suspendido la sesión antes poco de la medianoche para un breve receso que ya supera las dos horas con el objetivo de aclarar si hay margen para lograr un acuerdo o se cancelan las negociaciones.

En concreto, la mayoría de los líderes acusan a La Haya y Viena de utilizar el debate sobre vincular los fondos europeos al respeto del Estado de derecho, algo que irrita a socios del Este como Hungría y Polonia, para cerrar el paso a progresos sobre el tamaño del plan de recuperación.

Varias fuentes diplomáticas han lanzado este mensaje de manera coordinada en un intento por reaccionar a la falta de claridad en los debates por parte de los países del Norte (Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia).

Las mismas fuentes comunican que Finlandia, Dinamarca y Suecia tienen una posición más flexible y están «dispuestos a dar un paso adelante». Por contra, Países Bajos y Austria, utilizan la controversia sobre el Estado de derecho para bloquear la cumbre.

Alguna delegación también ha subrayado que el llamado ‘grupo de los frugales’ nunca llegó a poner sobre la mesa de los líderes su oferta de un fondo de 700.000 millones dividido a partes iguales entre préstamos y transferencias. Sólo lo hicieron, añaden, en un momento en el que las negociaciones estaban a punto de descarrilar.

El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha planteado a los líderes que el fondo de reconstrucción tenga un tamaño de 750.000 millones, de los cuales 400.000 millones serían subvenciones a fondo perdido y el resto préstamos a devolver.

Los países del norte siguen enrocados y se niegan a llegar a un montante de transferencias de 400.000 millones. Sin embargo, fuentes comunitarias defienden que pactar una cifra por debajo de este nivel tendría un impacto económico insuficiente.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han rechazado la oferta que habían planteado los países del norte y el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta que recupera un fondo de 750.000 millones, de los cuales 400.000 millones se distribuirían en forma de transferencias, según han detallado fuentes comunitarias a Europa Press.

Los líderes europeos llevan dos horas y media debatiendo en una reunión a veintisiete que empezó con una oferta de Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia: un plan de recuperación rebajado de 700.000 millones y dividido a partes iguales entre préstamos y subvenciones a fondo perdido.

A cambio, reclamaban mayores reducciones del dinero que deben aportar a las cuentas comunitarias (y que deben pagar el resto de Estados miembros) y que se establezca un férreo control antes de aprobar el desembolso de las ayudas del plan de recuperación.

Pero este planteamiento ha sido rechazado por el resto de socios y el belga ha recuperado el montante anterior. Michel, en concreto, ha devuelto a la negociación un fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros que estaría compuesto por 400.000 millones en subsidios no reembolsables y por 350.000 millones en créditos.

Aunque más elevada que la que sugerían los socios del norte, esta propuesta reduce en 100.000 millones las transferencias que pedía la Comisión Europea en su planteamiento original, en el que ascendían a 500.000 millones.

En su discurso ante los 27 líderes, Michel ha recalcado que durante los dos primeros días de negociación escuchó «atentamente» a cada socio e incluyó en sus propuestas la mayor parte de las exigencias de los países llamados ‘frugales’, incluso reduciendo en dos ocasiones el volumen del fondo o reforzando la condicionalidad de las ayudas.

Tras recordar a los líderes su responsabilidad para con los ciudadanos y el golpe que la crisis del coronavirus ha supuesto en la UE, Michel les ha pedido decidir si son capaces de contribuir a «construir la unidad europea y confianza» o bien optarán por «el desgarro» y deberán presentar una Europa «débil, dañada por la desconfianza.

Michel ha cerrado el discurso, según han apuntado fuentes conocedoras de la negociación, afirmando que su deseo es lograr a un acuerdo «y que los periódicos europeos titulen mañana que la Unión europea ha logrado una misión imposible».

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, presentará este lunes ante el Consejo de Orientación Estratégica del ICEX el Plan de Choque post-COVID en apoyo a la internacionalización de la empresa española.

Este plan incluye tanto las medidas inmediatas desplegadas por los distintos instrumentos y organismos de apoyo a la internacionalización, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, para mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre el sector exportador.

El objetivo de estas medidas es que este sector recobre su actividad cuanto antes y recupere el ritmo que venía mostrando a principios de año, según ha informado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Entre otras, figuran actuaciones en foros multilaterales para mantener los mercados abiertos ante los crecientes riesgos de proteccionismo, identificando barreras y adoptando las acciones necesarias para eliminarlas.

En el Consejo, que se desarrollará por videoconferencia, se debatirán también las líneas orientativas del Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-22.

En el mercado del diálogo que el Gobierno mantiene con los agentes económicos y sociales, en ambos planes se tiene en cuenta a todos los actores relevantes en materia de internacionalización, incluido el sector privado, de forma que los citados planes respondan a sus necesidades, bajo el principio de complementariedad de las actuaciones públicas.

Además del Ministerio, a través de la secretaría de Estado de Comercio, en el Consejo de Orientación Estratégica de ICEX España Exportación e Inversiones participan, entre otros, la CEOE, la Cámara de Comercio de España y representantes de los principales sectores exportadores españoles.

Los primeros ministros de Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Finlandia han planteado al resto de socios una nueva propuesta que pasaría por reducir el fondo europeo de recuperación hasta los 700.000 millones de euros y distribuir esta cantidad a partes iguales entre transferencias no reembolsables y préstamos.

Los cuatro frugales han hecho esta oferta al resto de capitales sobre la base de una «sugerencia de compromiso» elaborada por la delegación finlandesa, según han detallado fuentes diplomáticas. Así, el plan de reconstrucción europeo estaría formado por 350.000 millones de euros dirigidos a los gobiernos en forma de subvenciones a fondo perdido y por otros 350.000 en forma de préstamos.

Sin embargo, este planteamiento está condicionado a que el control de las ayudas y el resto de cuestiones abiertas (como el respeto al Estado de derecho o los cheques que reducen su aportación al presupuesto comunitario) se resuelvan de una forma que sea aceptable para sus intereses.

Es decir, que se beneficien de mayores reducciones en el dinero que deben aportar a las cuentas comunitarias (y que deben pagar el resto de Estados miembros) y que se establezca un férreo control antes de aprobar el desembolso de las ayudas del plan de recuperación.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se han reunido todos juntos por primera vez este domingo pasadas las 19.00 horas. Hasta entonces se han sucedido los contactos bilaterales y las reuniones en grupos reducidos para intentar acercar posturas y desbloquear la situación

Una de estas reuniones, por ejemplo, ha juntado a los países del sur (España, Italia y Grecia) con el grupo de los frugales (Países Bajos, Dinamarca, Austria, Suecia y Finlandia), la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Las reuniones bilaterales para intentar desbloquear las negociaciones del fondo europeo de recuperación y el presupuesto comunitario para los próximos siete años han retrasado el inicio formal de la tercera jornada de la cumbre, que estaba previsto para las 12.00 horas de este domingo.

El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, suspendió anoche el encuentro y convocó a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a una nueva reunión plenaria a veintisiete a mediodía. El inicio de este encuentro, sin embargo, ha sido retrasado sin nueva hora para dejar espacio a más contactos entre los líderes en grupos pequeños.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han sido de los primeros en llegar al edificio Europa de Bruselas, donde tiene lugar la cumbre, para mantener una reunión privada con Michel y la presidenta del Consejo europeo.

En declaraciones sin preguntas ha su llegada, Merkel ha mostrado sus dudas acerca de la posibilidad de que los líderes europeos logren un acuerdo en la jornada «decisiva» de este domingo porque sigue habiendo «muchas posiciones» diferentes entre las capitales. «Haré mi parte, pero también es posible que no haya hoy un resultado», ha expresado.

El francés, Macron, a su vez, ha asegurado que «aún es posible» que los jefes de Estado y de Gobierno lleguen a «compromisos», pero ha añadido «claramente» que en cualquier caso «no se harán a costa de la ambición europea.

GRECIA PIDE NO «DILUIR» EL FONDO DE RECUPERACIÓN

Un mensaje similar ha compartido el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, al reconocer que todas las partes deben hacer «concesiones» pero no a costa de «diluir» a ambición del fondo europeo de recuperación. «Simplemente no podemos permitirnos aparecer divididos o débiles», ha advertido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al edificio del Consejo europeo minutos después de las 10.30 horas pero no ha hecho declaraciones. España, no obstante, se mostró dispuesta a aceptar que Países Bajos pueda retrasar el desembolso de las ayudas si considera que no se han adoptado reformas adecuadas, pero no a vetar en última instancia el pago de las mismas.

Una de las cuestiones que bloquea la cumbre es precisamente la firme exigencia del primer ministro holandés, Mark Rutte, sobre la condicionalidad para acceder al fondo de recuperación. La Haya quiere, en concreto, que los desembolsos sean aprobados por unanimidad entre los Veintisiete.

Países Bajos está sólo en esta reclamación pero cuenta con el apoyo de Suecia, Dinamarca, Austria y Finlandia en su demanda para recortar el tamaño del fondo y reducir la cifra de subvenciones a fondo perdido.

CHOQUE POR EL ESTADO DE DERECHO

Otro de los grandes escollos para el acuerdo es la condicionalidad al respeto del Estado de derecho que, según ha dicho Macron, la mayoría de países apoya. Sin embargo, este principio choca con el rechazo formal de Polonia y Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orbán, ha retado a los socios europeos al defender que si se demuestra que un Estado miembro viola los valores fundamentales «debe abandonar inmediatamente la UE».

«Macron ha dicho que el Estado de derecho es una cuestión existencial, es correcto. Así que si alguien no está dispuesto a aceptarlo debe dejar la Unión Europea inmediatamente. No debe ser castigado con dinero u otra cosa, hay que decirle ‘adiós'», ha defendido Orbán en respuesta a preguntas de los periodistas cuando llegaba a la cumbre.

El líder húngaro ha acusado «al tipo holandés», en referencia a Rutte, del bloqueo en las negociaciones por pedir más control sobre las ayudas del fondo y también por exigir más severidad en la condicionalidad sobre el Estado de derecho.

Del primer ministro holandés, Orbán ha dicho que desconoce la razón por la que le «odia» a él y a Hungría, pero que ha defendido en la reunión que viola el Estado de derecho y por ello debe ser castigado.

«Eso es inaceptable», ha continuado Orbán, quien ha recordado que los 27 no han tomado ninguna decisión en contra de Hungría –el procedimiento sobre Estado de derecho está paralizado desde hace un año– y les ha emplazado a «negociar y tomar una decisión».

Las llamadas acciones de lealtad que introduce el proyecto de ley que modifica la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Consejo de Ministros han generado gran controversia entre los participantes del mercado durante su tramitación, posicionándose como defensores la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y destacando entre sus detractores el Banco de España, que ha advertido de sus inconvenientes y de la poca evidencia de sus posibles beneficios.

El proyecto de ley, que el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales, incorpora las acciones de lealtad como elemento para fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, consistente en permitir que las compañías otorguen un voto adicional a las acciones que haya mantenido su titular ininterrumpidamente durante, al menos, dos años.

La documentación relativa al proyecto remitida a las Cortes, a la que ha tenido acceso Europa Press, reconoce que la posibilidad de permitir a las cotizadas la introducción de las acciones de lealtad resultó «muy controvertida» durante el trámite de audiencia pública, que se extendió desde el 24 de mayo hasta el 14 de junio y en el que 40 entidades enviaron sus observaciones. El Gobierno también recabó informes del Banco de España y la CNMV y el dictamen preceptivo del Consejo de Estado.

Según consta en la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y otros participantes las valoraron «muy positivamente». En el caso de la CNMV, el organismo justificó la introducción de dichas acciones de lealtad para situar el régimen societario español al nivel de los países de su entorno y atraer o retener compañías cotizadas interesadas en fórmulas de este tipo.

Por el contrario, otros participantes se opusieron, alegando que no es una práctica reconocida en favor del buen gobierno corporativo, sino que refuerza la posición de accionista de control.

Entre los detractores de las acciones de lealtad destaca el Banco de España, quien en su informe aseguró que los potenciales beneficios que puedan esgrimirse a favor de las acciones de lealtad no son evidentes, mientras que pueden apreciarse con mayor facilidad los inconvenientes de su introducción.

Para el caso específico de las entidades de crédito, el supervisor bancario ha recordado que la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha recomendado a las entidades cautela en su utilización, dadas las posibles implicaciones en el contexto de recapitalización, en la medida en que podrían dificultar la entrada de nuevos accionistas si fuera necesario, así como para la gobernanza de las entidades.

El Ministerio de Asuntos Económicos ha reconocido que, en un supuesto de recapitalización, el coste de capital de las entidades que tienen reconocidas acciones de lealtad en sus estatutos puede ser superior al de las sociedades que no disponen de ellas (debido a que las acciones de sociedades que no ofrecen derechos de voto proporcionales son objeto de descuento por el riesgo de que existan accionistas de control que puedan extraer beneficios privados del banco).

Sin embargo, afirma que fomentar la formación de accionistas de control presenta, a su vez, ventajas frente a modelos de accionariado disperso en el caso de los bancos, pues en periodos de crisis de la entidad bancaria, el accionista de control tiene más incentivos a no «votar con los pies» que los accionistas minoritarios, dado que perdería la prima de control, asegura el documento remitido a las Cortes.

El Minsiterio también ha descartado la posibilidad de introducir las acciones de lealtad pero excluyendo al sector bancario, pues en los países en los que existe esta figura, como Francia, Italia y Países Bajos, no se excluye a las entidades de crédito.

Así, cree que si España se convirtiese en el único país que permitiese acciones de lealtad pero excluyese legalmente al sector bancario de la posibilidad de adoptar estatutariamente esta figura, «estaría estigmatizando peligrosamente a ese sector específico en su conjunto, frente al resto de empresas».

Además, ha sostenido que las acciones de lealtad contribuyen a desincentivar la entrada de accionistas a corto plazo e inversores meramente especuladores, lo que beneficia a la estabilidad del sistema financiero, pues los accionistas a corto plazo «tienden a preponderar la asunción de riesgos por las entidades sobre la propia estabilidad a largo plazo de la sociedad».

Estructuras accionariales con predominancia de inversores a corto o especulativos tienden a presionar a los órganos de gestión para que adopten políticas de concesión de préstamos, de reparto de dividendos y de remuneraciones más agresivas y arriesgadas que los grupos de accionistas a largo plazo», recoge el documento remitido a las Cortes al que ha tenido acceso Europa Press.

EL CONSEJO DE ESTADO SUGIRIÓ RETRASAR SU ENTRADA EN VIGOR

En la fase final de tramitación, el Gobierno solicitó dictamen preceptivo del Consejo de Estado con carácter urgente, que fue emitido el pasado 11 de junio. El Consejo de Estado tuvo en cuenta las consideraciones de diversos alegantes de que las acciones de lealtad, más que proteger los intereses de los accionistas minoritarios, acaba por favorecer la concentración de poder en los accionistas de control.

El Consejo de Estado valoró la opinión del Banco de España, así como de otros participantes como Emisores Españoles, que advertía de las consecuencias que el voto doble puede suponer para el régimen de ofertas públicas de adquisición (OPA), en la medida en que algunos inversores podrían modificar los estatutos de una sociedad cotizada para conferir voto adicional a las acciones con antigüedad mayor de dos años para obligar a otro accionista a formular una OPA, o bien, en función del comportamiento de los demás accionistas «leales», un inversor podría incurrir de forma sobrevenida en la obligación de formular OPA obligatoria.

En su dictamen, sugirió retrasar la entrada en vigor del régimen de acciones de lealtad hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de dicha parte, previendo una entrada en vigor conjunta de ambos grupos de normas.

Aunque la mayoría de las observaciones del dictamen se han introducido en el proyecto de ley, entre las excepciones se encuentra la sugerencia de retrasar la entrada en vigor de las acciones de lealtad. Según indica el Gobierno, dicha observación fue rechazada ya que el régimen de las acciones de lealtad incluido en el anteproyecto «es lo suficientemente acabado y está dotado de numerosas cautelas, por lo que su entrada en vigor no debe condicionarse a la aprobación del desarrollo reglamentario».