El Banco Europeo de Inversiones (BEI) proporcionará 890 millones de euros a Adif Alta Velocidad para financiar la línea ferroviaria que conecta Madrid con Extremadura, con el objeto de contribuir a la finalización del corredor atlántico europeo y mejorar «significativamente» la conexión entre España y Portugal, según han informado este lunes en un comunicado conjunto.

En concreto, el BEI y Adif Alta Velocidad han firmado un acuerdo de préstamo de 300 millones de euros, que constituye el primer tramo del total de 890 millones que el BEI destinará al desarrollo del proyecto.

Así, el organismo europeo de inversiones financiará la conexión entre Talayuela (límite entre las comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha) y Badajoz (frontera de Portugal), de 282 kilómetros, enlazando las ciudades de Navalmoral de la Mata, Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz.

La nueva línea de alta velocidad será mixta, tanta para pasajeros como mercancías, y, según explica el comunicado, reducirá el tiempo de viaje «significativamente» entre ambas ciudades.

Según informan el BEI y Adif Alta Velocidad, la financiación del banco contribuirá a reducir tanto las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como el tráfico y el tiempo de viaje entre España y Portugal y beneficiará a más de 2,6 millones de pasajeros al año.

El vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix, que es a su vez el responsable del Banco en España, ha valorado «la importancia de la red transeuropea de transporte (TEN-T) para conectar diferentes ciudades y países europeos, y para impulsar la actividad económica y la movilidad de personas entre ellos».

«El desarrollo de infraestructuras y medios de transporte con bajas emisiones es fundamental para promover la transición hacia un modelo económico sostenible, otra de las grandes prioridades de la Unión Europea y del Banco Europeo de Inversiones», ha apostillado Mourinho.

Por su parte, la presidenta de Adif y Adif Alta Velocidad, Isabel Pardo de Vera, ha indicado que «la conexión de alta velocidad es uno de los proyectos de mayor calado en los que está trabajando Adif Alta Velocidad, con un gran impacto a escala nacional, ibérica y europea.

«El importante esfuerzo inversores que requiere posibilita la creación de empleo y el desarrollo económico, tecnológico y regional, lo que es aún más importante en un momento en que debe iniciarse la recuperación económica tras la crisis del Covid-19», ha añadido Pardo de Vera.

La presidenta de la compañía ha concluido agradeciendo la colaboración del BEI para poder «seguir avanzando para contar con infraestructuras que cohesionen el territorio, generen riqueza y contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

El grupo de trabajo sobre tipos de interés libres de riesgo del Banco Central Europeo (BCE) ha iniciado este lunes dos consultas públicas sobre las posibles tipos alternativos del Euríbor que se usarán cuando este no esté disponible.

En un comunicado, el instituto emisor ha explicado que una de las consultas invita a los interesados a manifestar su opinión sobre los tipos alternativos basados en el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) y sobre la metodología de ajuste del diferencial. En la otra consulta, el BCE pide a los interesados su opinión sobre qué eventos podrían hacer necesario el uso de dichos tipos de referencia alternativos

El grupo de trabajo ha considerado dos clases de tipos alternativos basados en el €STR: tipos que utilizan información prospectiva (a futuro) basados en los mercados de derivados referencias al €STR, reflejando así las expectativas de los mercados, y tipos que utilizan información retrospectiva (a pasado) basados en cálculos matemáticos sencillos a partir de los tipos de €STR fijados diariamente.

El grupo de trabajo considera, a priori, que para los participantes en los mercados más sofisticados y que operan a escala global, el tipo alternativo al euríbor más adecuado tendría que utilizar los tipos basados en información retrospectiva. Sin embargo, también admite que puede haber algunos casos, para determinados productos o para participantes menos sofisticados y que operan localmente, en los que sea necesario conocer el tipo de interés con antelación y, por consiguiente, se podrían aplicar tipos basados en información prospectiva.

Los interesados podrán remitir sus comentarios hasta el 15 de enero de 2021. El grupo de trabajo ha subrayado que espera que responda el mayor número posible de grupos de usuarios, especialmente entidades de crédito, instituciones financieras no bancarias, sociedades no financieras, organizaciones del sector y asociaciones de consumidores.

El grupo de trabajo sobre tipos de interés libres de riesgo para la zona del euro espera publicar en el primer trimestre de 2021 una recomendación final sobre ambos temas, en la que se tendrán en cuenta los comentarios de los participantes en las consultas públicas.

El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) ascendió en 1,60 días en la Administración Central en septiembre, hasta los 35,47 días, mientras que descendió en 0,13 días en las comunidades autónomas, hasta los 34,77 días.

Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda, el conjunto de las entidades locales registró un periodo de pago de 70,35 días en septiembre, lo que supone un descenso de 5,76 días respecto el trimestre anterior.

Mientras, el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social en el noveno mes de laño se situó en 10,64 días, lo que supone una bajada de 0,52 días.

En el caso de la Administración Central, la ratio de operaciones pagadas se situó en 34,05 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago alcanzó los 37,86 días.

Respecto a la composición del PMP de las comunidades autónomas en septiembre, la ratio de operaciones pagadas se sitúa en 26,39 días, 1,96 días más, y la de operaciones pendientes de pago en 44,39 días, 0,31 días menos.

Desde el Ministerio dirigido por María Jesús Montero destacan que ese mes ninguna comunidad presentó un PMP superior al plazo de 60 días, límite a partir del cual Hacienda comienza a aplicar las medidas previstas en la normativa de estabilidad. De hecho, todas registran niveles inferiores a 50 días.

BALEARES TARDA MÁS DE 48,12 DÍAS

Por comunidades autónomas, Baleares fue la que más tardó en pagar a los proveedores en el mes de septiembre, con un total de 48,12 días, seguida de Cantabria, con 46,90 días.

También se demoraron Madrid (43,69 días), Aragón (39,01 días), Navarra (34,57 días), Castilla y León (34,53 días), Extremadura (33,8 días) y Asturias (30,84 días).

Por debajo del límite de 30 días quedaron Comunidad Valenciana (29,91 días), La Rioja (27,26 días), Andalucía (24,49 días), País Vasco (23,46 días), Castilla-La Mancha (23,01 días), Canarias (22,48 días), Cantabria (16,65 días), Galicia (14,47 días) y Murcia (3,49 días).

Asimismo, el importe de la deuda comercial de las Comunidades Autónomas asciende a 4.212,34 millones de euros, equivalente al 0,38% del PIB nacional, lo que supone un alza de 274,3 millones en un mes.

Hacienda detalla que las operaciones comerciales de naturaleza sanitaria generadas entre marzo y septiembre se han incrementado con respecto al mismo periodo del año pasado en un 12,26%. Los pagos realizados en los siete últimos meses han ascendido a 33.846 millones, un 8,4% más, de ellos 22.728 millones en el ámbito sanitario, un 14% más interanual.

En cuanto a las Corporaciones Locales, las entidades de cesión presentan un Período Medio de Pago a Proveedores 70,35 días, lo que supone un descenso de 5,76 días en relación con el trimestre anterior. Además, el 73,65% de las entidades de cesión(grandes municipios de más de 75.000 habitantes, diputaciones, consejos y cabildos insulares) y el 79,62% de las de variables (resto de municipios) presentan en dicho período un PMP igual o inferior a 30 días.

Con los datos de la muestra Hacienda afirma que el 80% de las entidades que presentan información presentan un PMP igual o inferior a 30,72 días.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo –superior a 60 días–, y que representan un 14,19% en cesión y el 10,8% en variables, el PMP se sitúa en los 20,89 días, mejorando ligeramente el dato del segundo trimestre de 1,44 días.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA TARDÓ MÁS DE 108 DÍAS EN PAGAR

Respecto a las ciudades, destaca Las Palmas de Gran Canaria como la que más se demoró en el pago, con 108,86 días, que sobrepasó el límite legal, así como Sevilla (35,73 días) y Palma (38,91%). El resto quedaron por debajo de los 30 días: Málaga (27,07 días), Zaragoza (25,41 días), Barcelona (12,21 días), Madrid (27,08 días), Valencia (24,37 días), Coruña (26,33 días) y Murcia (24 27 días).

Por último, en el caso de los Fondos de la Seguridad Social, el PMP de septiembre se ha situado en 10,64 días, bajando en 0,52 días en un mes. La ratio de operaciones pagadas ha ascendido a 8,38 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago se ha situado en 21,09 días.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha sugerido la posibilidad de introducir peajes en las carreteras en función del tipo de usuario que las utilice, descartando el pago por parte de los ciudadanos que necesiten transitar por ellas, frente al posible pago por parte de las actividades económicas que se benefician de la infraestructura.

Durante su participación en el ‘Primer Simposio del Observatorio de la Movilidad’, organizado por ‘El Español’ e ‘Invertia’, el ministro ha apuntado a esta posibilidad argumentando, además, que «no es justo tener territorios con peaje y otros libres de él».

El titular de Transportes ha asegurado que estas diferencias en el cobro de peajes en función del territorio en el que los usuarios circulen «no es hacer una España igual para todos», defendiendo un principio «de igualdad territorial sin discriminar a los usuarios».

No obstante, sí ha señalado que podría haber una diferencia entre los ciudadanos que circulan por las vías por necesidad, para ir a trabajar, y las actividades económicas que se benefician de las infraestructuras públicas.

«A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero a otros la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras», ha argumentado.

Este debate surge como respuesta a las grandes necesidades de financiación destinadas a la conservación de las infraestructuras ya ejecutadas, que, según el ministro, ya concentran todo el presupuesto público actual, dejando poco margen para la obra nueva.

«Trabajar en igualdad no es tratar a todos por igual, sino reconocer las diferencias de las personas, las necesidades diferentes y sus motivos diferentes, pero sí hay que dar oportunidades a todo el mundo para actuar en igualdad», ha seguido justificando.

En este sentido, respecto al otro gran ámbito de la movilidad de su Ministerio, el del ferrocarril, Ábalos ha defendido la liberalización inminente del sector para amortizar y rentabilizar la inversión realizada por el Estado, a la vez que abarata lo costes para los usuarios.

El ministro también se ha referido al ferrocarril de mercancías como «una asignatura pendiente del país», por lo que cree que la prioridad es avanzar hacia la intermodalidad del transporte, conectado las vías de tren con los puertos y con el transporte por carretera a través de las llamadas ‘autopistas ferroviarias’.

El Tribunal de Cuentas ha reclamado a las entidades de la Seguridad Social adscritas a esta Secretaría de Estado una mayor precisión a la hora de justificar sus contratos y detallar en todos ellos una memoria económica que justifique el presupuesto de este expediente o se justifique su estimación.

Y es que este organismo ha detectado varias incidencias relativas a estos hechos en su ‘Informe de fiscalización de la contratación celebrada por las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ejercicio 2018’, recogido por Europa Press.

El informe fiscaliza un total de 102 contratos de los 799 que las entidades gestoras y la Intervención General de la Seguridad Social celebraron durante 2018, por un importe total de 57,5 millones de euros (el 64% del importe de todos los contratos formalizados).

En su análisis de los contratos, el Tribunal percibe falta de justificación de los mismos: en diez expedientes no se precisa de forma suficiente la necesidad de contratar, en otros 18 expedientes falta una memoria previa, y en 22 expedientes el Tribunal echa en falta una mayor justificación de por qué no se dividieron en lotes.

Además, en 16 expedientes adjudicados por procedimiento abierto no cree debidamente justificado la elección de criterios de adjudicación, mientras que en tres contratos se valoró indebidamente, a juicio del Tribunal, el precio como único criterio.

En el examen de la adjudicación, el Tribunal detecta deficiencias en 27 expedientes por la utilización de fórmulas valoración del criterio precio que no resultaron acordes con los principios de economía y eficiencia y dos expedientes con criterios de adjudicación que no guardan relación directa con el objeto del contrato.

Por otro lado, el órgano fiscalizador también recomienda a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina revisar fórmulas utilizadas para la valoración del criterio precio que puedan minimizar la ponderación de otros, apostando por fórmulas de valoración que atienden principalmente al del precio de licitación.

También pide que, como regla general, se establezcan penalidades específicas reservadas para casos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas, estableciendo controles precisos para llevar a cabo el seguimiento de su cumplimiento.

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha señalado este lunes que el rescate de Air Europa es una cuestión «estratégica para el país» al proteger el ‘hub’ aéreo de Madrid y preservar el sector aéreo español.

Ábalos, que ha participado en el ‘Observatorio de la Movilidad’ organizado por ‘El Español’, ha indicado que las ayudas concedidas a la aerolínea de Globalia, que ascienden a 475 millones de euros, no responden a una cuestión económica, ya que el Gobierno «tiene que ser prudente» y «no puede hacer apuestas por intereses empresariales».

Por tanto, ha explicado que es «un ejemplo de lo que pretendía la norma», al tratarse de una «empresa estratégica que estaba bien» y que se ha visto afectada por la pandemia, pero que «sin pandemia tiene viabilidad».

Ábalos ha esgrimido que Air Europa «iba bien», aunque tenga problemas «derivados exclusivamente de la pandemia», pero opera en un «sector estratégico» como es el aéreo.

En ese sentido, ha indicado que «lo primero que tiene que hacer un gobierno es salvar la empresa», tanto por los empleos como por «su carácter estratégico», al tratarse de una empresa «100% española» que, junto a Iberia, representa «buena parte de la bandera» española en sector aéreo. «Hay que preservar el sector aéreo y que España tenga compañías aéreas de referencia», ha subrayado.

Además, ha explicado que Air Europa estaba en una situación «que ya preexistía», como es el acuerdo de compra con Iberia, un asunto que «tendrán que abordar ellos», según ha manifestado el ministro, y ha explicado que lo que «preocupa» al Gobierno es «tener empresas del sector que lleven la bandera y que el ‘hub’ de Madrid se fortalezca. «A partir de ahí, todo lo que permita y refuerce eso» contará con el apoyo del Gobierno, ha concluido.

La Unión Europea ha anunciado que aportará 183 millones de euros a la iniciativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aliviar la deuda de países de rentas bajas para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

Por el momento la UE se convierte en el mayor donante de esta iniciativa, que cuenta actualmente con 426 millones de euros. Este fondo permitirá a estos países aumentar su gasto social, sanitario y económico en responder a la emergencia generada por el coronavirus.

«La UE combina inyecciones de fondos para aliviar rápidamente las restricciones presupuestarias para ayudar a la respuesta inmediata con un plan sostenido a largo plazo para ayudar a los socios a capear una tormenta socioeconómica severa, que está lejos de terminar», ha valorado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

El jefe de la diplomacia se ha expresado a favor de estudiar una reestructuración o alivio de la deuda para países de rentas bajas. «Esperamos que esta contribución allane el camino para que otros actores se sumen a estos esfuerzos globales», ha resumido el político español.

En palabras del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, la contribución de la UE a esta iniciativa es un espaldarazo al multilateralismo y al alivio de la deuda. Se trata, según ha declarado, de una demostración del compromiso europeo con los países de rentas bajas para lidiar con la carga de la deuda.

La firma de calificación crediticia Scope Ratings no considera factible que las grandes economías del euro (Alemania, Francia, Italia y España) sean capaces de reducir sus ratios de deuda sobre el producto interior bruto (PIB) a corto plazo, ante el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento económico.

En un comunicado publicado este lunes, la agencia ha alertado de que la flexibilización de la política fiscal y el obligado endeudamiento para 2020 «suscita preocupación sobre la evolución de la deuda soberana después de la crisis».

«Creemos que un crecimiento menos boyante, incluso con políticas fiscales expansivas, impedirá que los gobiernos de las cuatro economías más grandes de la UE reduzcan los coeficientes de deuda pública a los niveles anteriores a la crisis en un futuro previsible», ha afirmado el afirma responsable de calificaciones de deuda soberana y del sector público, Bernhard Bartels.

En este sentido, Scope ha explicado que los gobiernos de las cuatro economías principales del euro se apoyan más en el crecimiento de la economía que en los ajustes presupuestarios para lograr la consolidación fiscal. Además, ha alertado de que están atendiendo a «escenarios optimistas» de crecimiento a largo plazo.

«La atención prestada al estímulo fiscal supone un hito histórico para la eurozona, con un cambio del paradigma anterior de restricción fiscal por una dependencia más duradera de las políticas favorables al crecimiento. Sin embargo, para aprovechar la oportunidad de aumentar el potencial de crecimiento hay que sopesar los riesgos de que las previsiones de crecimiento resulten demasiado optimistas», ha agregado la analista del equipo del sector público y soberano de Scope, Giulia Branz.

La calificadora de riesgos considera que los fondos europeos acelerarán ciertos objetivos de la UE, como la transición ecológica, pero también ha avisado de que otros objetivos a largo plazo, como la mano de obra más cualificada, necesitarán de «mantener el progreso» de las reformas.

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha pedido este lunes que los concesionarios sean considerados en Andalucía como un «servicio esencial en su parte comercial y en su parte de posventa», de tal forma que puedan «seguir operativos para contribuir a la movilidad de los andaluces».

Así lo ha reclamado en un comunicado en el que ha advertido del «impacto negativo» que están teniendo sobre el sector «los confinamientos selectivos que se están aplicando en Andalucía y que han obligado a los concesionarios a cerrar sus puertas o a restringir sus horarios, «ahondando en la caída de las ventas y comprometiendo el mantenimiento del empleo».

Cabe recordar que, en Andalucía y para combatir la expansión de la pandemia de coronavirus, la Junta ha decretado el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18,00 horas en toda la comunidad autónoma, salvo en la provincia de Granada, donde el cierre de la actividad no esencial se prolonga durante todo el día por la peor incidencia de la pandemia.

Al respecto, la asociación ha advertido de que «el cierre de concesionarios, como ocurre en Granada, ahondará en la caída de las matriculaciones que arrastra el mercado en Andalucía, ya que, en lo que va de año, las matriculaciones han retrocedido un 37%», y «también se compromete el mantenimiento del empleo en el sector, que ha sido el gran objetivo de las concesiones desde que irrumpiera la pandemia».

La patronal ha defendido que, «cuando se establezcan confinamientos selectivos o limitaciones de movilidad en la región, se debería tener en cuenta las particularidades de los concesionarios, ya que no parece lógico que se vean obligados a parar de nuevo su actividad comercial cuando, por sus características, pueden operar con todas las garantías».

En esa línea, Faconauto ha remarcado que la actividad comercial de los concesionarios «no puede equipararse a la de otros sectores, ya que sus instalaciones se caracterizan por ser amplias y por tener una media de metros cuadrado muy grande, haciendo que la distancia social se mantenga sobradamente en todo el proceso de visita».

Además, el tráfico medio de clientes por las exposiciones es «actualmente de unos doce al día que, en su mayoría, están acudiendo con cita previa, lo que hace que la acumulación de personas no se produzca», según añaden desde Faconauto.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN

La misma organización subraya además que la automoción fue uno de los primeros sectores en poner en marcha un protocolo, elaborado por las patronales sectoriales Faconauto, Anfac y Sernauto, y acordado con los sindicatos CC.OO. y UGT, para «asegurar la protección y prevención tanto de trabajadores como de clientes», que «sigue activo y se está aplicando en los concesionarios» de España.

El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, ha lamentado que «la inacción de algunas administraciones, que no han sabido o no han querido ser más contundentes para frenar la pandemia. «Esto hace ahora que un sector como el nuestro, que ha demostrado responsabilidad y compromiso, especialmente con el empleo, se vea obligado a cerrar muchos de sus puntos de venta, poniendo en peligro nuestra supervivencia», ha criticado.

«Necesitamos que las administraciones se adelanten a los acontecimientos y que, cuando planteen restricciones, lo hagan teniendo en cuenta las particularidades de cada sector», ha añadido.

Un 47% de los españoles asegura utilizar el móvil mientras conduce y hasta un 6% de estos señala que envía mensajes instantáneos (WhatsApp) al volante, según el estudio ‘VI Radiografía de los Hábitos de Movilidad de los Españoles’ elaborado por la compañía de reting y gestión de flotas Alphabet.

Dicho informe recoge que un 60% de los que aseguran utilizar el móvil mientras conduce lo hace para hablar con manos libres, aunque un 3% dice que llama por teléfono sin usar esta tecnología.

Además, el 6% de los conductores que afirman usar el móvil lo hace para enviar WhatsApp y un 1% consulta el correo electrónico o responden e-mails.

Según Alphabet, el uso manual del teléfono móvil mientras se conduce sigue siendo, dentro de las acciones que implican una distracción en la conducción, la infracción más cometida por los conductores.

MÁS INCIDENCIA EN LOS JÓVENES

Por edades, son los jóvenes de entre 18 y 30 años los que más utilizan sus dispositivos móviles al volante, con un 56% de los casos, nueve puntos más que la media nacional.

De ellos, el 8,5% lo utiliza para escribir mensajes instantáneos y el 3% de las veces lo usan para llamar sin usar el manos libres.

«A la hora de hacer un uso más adecuado del móvil mientras se conduce, destacan los mayores de 61 años. En esta franja de edad, el 76% de los encuestados que afirma utilizar su teléfono al volante lo hace de manera correcta», ha indicado Alphabet.

Por ciudades, Las Palmas de Gran Canaria se sitúa como la capital española donde más conductores afirman utilizar el móvil sin manos libres, con un 9% de los casos. Por su parte, en Oviedo es donde se escriben más WhatsApp al volante, con un 11%, cinco puntos más que la media nacional.

La industria del deporte tiene un impacto del 3,3% en el PIB y genera 414.000 puestos de trabajo, el 2,1% de la población ocupada en España, según el informe ‘Termómetro del Ecosistema del Deporte en España’, elaborado por la consultora PwC y la Fundación España Activa, con la colaboración del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El estudio ha sido presentado este lunes junto a la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento del CSD en Madrid con la presencia de la presidenta del CSD, Irene Lozano; el presidente de España Activa, Jaime Lissavetzky; el del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda; el de la Asociación del Deporte Español (ADESP), José Hidalgo; y el viceconsejero de Deporte de la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez.

Asimismo, el ‘termómetro’ recoge el efecto de la COVID-19 en la industria del deporte, y estima que los agentes de su ecosistema en España sufrirán unas pérdidas del 38,5 por ciento de su cifra de negocio en 2020, lo que implicaría una reducción de entre 31.000 y 42.000 puestos de trabajo.

En este sentido, Irene Lozano destacó el valor del informe por que el «conocimiento debe ser la base esencial en la toma de decisiones», así como los 40.000 millones (39.117, según datos del INE en 2018) que genera el deporte y que los jóvenes de hasta 34 años suponen el 50 por ciento del empleo en este sector. «Tenemos una responsabilidad con ellos, un país que no piensa en los jóvenes no piensa en el futuro», apuntó Lozano.

El estudio hace un análisis del impacto de la industria del deporte en España a través de diversos aspectos, que van desde el económico, pasando por la salud, el desarrollo tecnológico o su efecto dinamizador de las ciudades.

El deporte, señala el estudio, es una palanca generadora de industria y riqueza a través de múltiples actividades y agentes que constituyen el denominado ecosistema deportivo. En él se identifican las industrias del deporte profesional; la de los servicios del deporte; y la de las nuevas industrias del deporte, que incorporan el desarrollo tecnológico y la innovación.

El ‘termómetro’ destaca cómo el ecosistema del deporte y la actividad física deben contribuir a la transformación hacia una nueva ‘Economía del Bienestar. Para el estudio, la ‘pandemia’ de la actividad física persistirá mucho después de que España se recupere de la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, el presidente de España Activa, Jaime Lissavetzky, subrayó la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado. «Necesitamos un crecimiento económico porque cuanto mayor sea la inversión en deporte eso retornará en la sociedad. Que sigamos andando todos juntos porque el camino se hace más corto», dijo el ex secretario de estado para el Deporte.

UN «PIANO» PARA IMPACTAR EN OTRAS ÁREAS

Lozano subrayó que el deporte supone una «herramienta» que influye en otras áreas de la sociedad. «La sociedad puede ver el deporte como una cuerda, o como una guitarra, pero tenemos un piano, una herramienta para impactar en otras muchas áreas de la sociedad», manifestó en alusión a la transversalidad del mismo.

Además de su importancia económica y social en términos absolutos, la industria deportiva destaca por ser un sector intensivo en puestos de trabajo. Por cada millón de euros que la industria factura en España, genera 12,4 empleos absolutos, un 30% más que la media nacional.

Entre los sectores de la industria más intensivos en empleo, destaca el de los gimnasios, con 42 empleos por cada millón de euros facturado, y las instalaciones deportivas, con 23 empleos. Además, a través de su impacto indirecto la industria contribuyó a generar 16.432 millones de euros y mediante los impactos inducidos un total de 6.917 millones de euros.

El efecto multiplicador de la industria deportiva en la actividad económica de España es de 1,5 euros, por lo que por cada euro facturado por la industria del deporte en España, se generan 1,5 euros de ingresos adicionales en el resto de la economía.

El informe destaca que, además de los impactos indirectos e inducidos, alrededor de la industria deportiva se generan una serie de efectos tractores sobre la actividad económica de otros sectores que, de no ser por el deporte, no existirían. Entre los sectores potencialmente más beneficiados por este impacto tractor destacan el turismo, la hostelería y la restauración, los medios de comunicación y la publicidad, los videojuegos y los juegos y apuestas deportivas.

También, que la inactividad física constituye ya uno de los factores de riesgo de muerte prematura más importante. De hecho, en España el gasto anual previsto derivado de la inactividad física para 2020 ascendía a más de 1.800 millones, pero debido a la reducción de practicantes activos por la COVID-19 (14,1%), estos gastos se incrementarán en 508 millones de euros, hasta alcanzar los 2.312 millones.

Pese a ello, la presidenta del CSD lanzó un mensaje de optimismo porque, según ella, la pandemia puede marcar el cambio. A pesar de las dificultades en este momento, en el que mucha gente no tenía al deporte en su ‘radar’, es el momento de dar un paso de gigante para cumplir con el potencial que el deporte tiene», señaló la secretaria de estado para el Deporte.

La Comisión Europea ha dado este lunes luz verde al plan de ayudas públicas dotado con hasta 2.550 millones de euros con el que el Gobierno de Pedro Sánchez podrá ayuda a empresas y autónomos que estén en convenio de acreedores pero estén cumpliendo con el calendario de pagos a pesar de la crisis generada por el coronavirus.

La ayuda tiene la forma de garantías públicas para nuevos préstamos reembolsables concedidos por entidades financieras supervisadas, y de nuevas emisiones en el mercado alternativo de renta fija, según ha informado el Ejecutivo comunitario, que explica que este plan apoyará a cerca de 15.000 autónomos y entidades que se encontraban ya en situación de convenio entre el 14 de marzo y el 20 de junio, cuando se impuso el confinamiento para intentar contener la pandemia.

El objetivo de este plan, que aún debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, es ofrecer a estas empresas las mismas opciones que una empresa corriente para acceder a línea de avales del ICO a las que no podían acceder hasta ahora, pero dejando claro que su acceso está condicionado al cumplimiento preciso de sus obligaciones financieras en los plazos establecidos.

Bruselas ha examinado el plan notificado en el marco de las reglas de Competencia que le permiten autorizar medidas públicas de los Estados miembro para compensar a empresas o sectores específicos afectadas por situaciones «excepcionales», como está siendo la Covid-19.

En su examen del expediente, la Comisión ha concluido que este paquete de ayudas está directamente relacionado con las restricciones impuestas en el marco de la pandemia y considera el plan «proporcionada», dado que la indemnización prevista «no excede de lo necesario para reparar los daños».