La Seguridad Social ganó en junio una media de 68.208 cotizantes respecto al mes de mayo, su menor incremento en este mes desde 2015, lo que situó el número total de ocupados en 18.624.337 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Departamento que dirige José Luis Escrivá ha destacado que es el segundo mes consecutivo en el que aumenta la afiliación media tras el desplome provocado por la pandemia del Covid-19 en marzo (-243.469 afiliados) y abril (-548.093). En mayo, la afiliación media subió en cerca de 97.500 personas.

La ganancia de afiliados medios en junio se debió exclusivamente a los hombres, que sumaron 93.428 cotizantes respecto a mayo (+0.9%), ya que las mujeres ocupadas bajaron en 25.220 (-0,3%). La afiliación de extranjeros, por su parte, creció en 20.593 cotizantes, un 1% respecto a mayo.

El dato de afiliados medios es que el que se venía publicando antes de la crisis sanitaria. Desde el estallido de la misma, la Seguridad Social también facilita los datos de último día de mes, es decir, lo ocurrido entre el primer y el último día, pero sin hacer media.

En este sentido, los datos de último día de mes reflejan que el sistema perdió 99.906 cotizantes entre el 1 y el 30 de junio, con una caída muy acusada el último día del mes (-161.500). «Hasta un día antes de acabar el mes, la evolución de la afiliación mostraba una progresión positiva», subraya el Ministerio.

En términos desestacionalizados, la afiliación aumentó en junio en 29.477 personas, su primer incremento tras los descensos registrados en marzo (-356.703 afiliados), abril (-691.054) y mayo (-70.790).

En el último año el sistema ha perdido 893.361 cotizantes de media (-4,6%), la mayoría en el Régimen General (-847.650 cotizantes). El Régimen de Autónomos, por su parte, ha restado 41.348 afiliados medios en comparación con junio de 2019 (-1,2%).

Desde el 12 de marzo, un par de días antes de la declaración del estado de alarma, hasta el 30 de junio, el sistema acumula una pérdida de 860.000 afiliados (-4,4%), de los que el 60% eran mujeres, el 90% procedía del Régimen General y el 55% tenían contrato temporal.

CASI 1,2 MILLONES DE TRABAJADORES SALEN DE ERTE EN JUNIO

Según las cifras del Ministerio, desde que arrancó mayo han salido de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) 1,56 millones de afiliados al sistema. Sólo en el mes de junio 1,17 millones dejaron estar en ERTE, y de ellos la mayoría (1,05 millones) estaban en ERTE de fuerza mayor.

Del total de afiliados a cierre de junio, 1.830.664 seguían en ERTE. De ellos, 1,55 millones se encontraban en situación de ERTE por fuerza mayor.

A finales de junio, los sectores donde hay más afiliados en un ERTE son Servicios de comidas y bebidas (365.368 afectados), Servicios de alojamiento (198.322) y Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (167.091).

LA CONSTRUCCIÓN GANA 40.000 AFILIADOS EN EL MES

La afiliación media a la Seguridad Social creció en junio en todos los regímenes salvo en el del Carbón. El Régimen General sumó 42.728 afiliados medios en junio respecto a mayo (+0,3%), mientras que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ganó 24.345 ocupados (+0,7%), el triple que en junio de 2019.

Dentro del Régimen General, el Sistema Especial Agrario restó 41.596 afiliados medios en relación a mayo (+5,2%) coincidiendo con la finalización de algunas campañas agrícolas, mientras que en el Hogar se registraron 208 bajas (-0,06%).

Por sectores, la construcción elevó en 40.383 su cifra de ocupados medios en junio, un 5% más que en mayo, mientras que el comercio ganó 26.709 cotizantes (+1,1%); las actividades administrativas sumaron 22.610 afiliados (+1,9%) y la hostelería ganó 20.653 afiliados (+1,8%).

El descenso más acusado fue para la educación, que perdió casi 45.400 afiliados por el fin del curso escolar, cifra similar a la de junio de 2019, según el Ministerio.

El Gobierno aprobará finalmente este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan Renove de incentivo a la adquisición de vehículos, también diésel y de gasolina, a cambio de achatarrar uno antiguo y que cuenta con una dotación presupuestaria de 250 millones de euros.

Según confirmaron fuentes del Gobierno, este Consejo de Ministros extraordinario servirá para la aprobación de este programa de incentivo a la venta de vehículos, aunque en él también se abordarán otras medidas de carácter económico.

El Renove es una de las medidas estrella recogidas en el ‘Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción’, presentado hace dos semanas por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que contempla movilizar 3.750 millones de euros para impulsar el sector.

Este viernes se dará finalmente ‘luz verde’ a la puesta en marcha del Plan Renove, que inicialmente estaba previsto que se autorizase en el Consejo de Ministros del pasados martes, tal y como anunció el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, durante la Mesa de Automoción, que contó con la presencia de toda la cadena de valor del automóvil y de las comunidades autónomas.

No obstante, la aprobación de este programa no se incluyó en el orden del día del pasado Consejo y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que esta medida vería la luz en «próximos consejos de ministros», antes de la primera quincena de julio.

«El orden del día del Consejo de Ministros no estaba cerrado, por lo que hay algún tema que se desplaza para el siguiente, es el caso del Renove, que se aprobará en los próximos consejos, no hay ninguna razón que no tenga que ver con el orden del día», aseguró Montero.

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró este miércoles que el desarrollo del Plan Renove «lleva su tiempo» y que se están ultimando los detalles para su aprobación por parte del Consejo de Ministros.

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

Según recoge el ‘Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción’, los 250 millones de euros del Renove se destinarán a ayudas a la adquisición de los modelos más eficientes, pero bajo un principio de «neutralidad tecnológica», de forma que también se subvencionará la adquisición de modelos de combustión (diésel y gasolina).

La compra de turismos con etiqueta energética ‘cero’ por parte de particulares o autónomos se subvencionará con 4.000 euros, mientras que si se compra un modelo ‘Eco’ se recibirán entre 600 y 1.000 euros y entre 400 y 800 euros si se adquiere un coche con etiqueta ‘C’ (combustión).

En el caso de las pymes, las ayudas son de 3.200 euros para los ‘Cero’, de entre 500 y 800 euros para los ‘Eco’ y de entre 350 y 650 euros para los ‘C’, mientras que las grandes empresas recibirán 2.800 euros en el primer caso, entre 450 y 700 en el segundo y entre 300 y 550 euros en el tercero.

Para poder solicitar las ayudas de este plan, los turismos adquiridos no podrán tener un precio de más de 35.000 euros.

PwC ha puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional y de los fiscales los 223 archivos requeridos la semana pasada en el marco de la pieza que investiga los supuestos encargos de BBVA a José Manuel Villarejo, si bien la entidad financiera reclama la realización de un procedimiento de expurgo antes de incluirlos en el sumario en su totalidad.

Para el banco, aportar de manera indiscriminada la integridad de la base documental de su investigación interna, que supone unos 2,3 millones de hits, podría suponer una violación de los derechos fundamentales, sobre todo por el contenido de estos archivos, según fuentes consultadas por Europa Press.

Tras el apercibimiento del juez Manuel García Castellón, BBVA ha tenido que desistir y finalmente ha permitido que PwC entregue los correos, aunque la entidad sigue manteniendo que «no son relevantes» para la causa. Las reticencias del banco se sustentan en la posibilidad de que estos archivos den «falsos positivos y violen los derechos fundamentales».

Los hits de los correos que se han querido evitar podrían contener información que puede afectar a la intimidad de terceras personas y que carece de relevancia para la causa; secretos empresariales, o incluso que viole el derecho de defensa de BBVA en este u otros procedimientos.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 pidió al socio responsable del departamento de Forensic Services de PwC, Javier López Andreo, que colaborase con la investigación judicial y entregara una serie de documentos que, de no hacerlo, incurriría en un posible delito de desobediencia.

López Andreo alegó que BBVA así se lo había indicado por «privilegio del secreto profesional». De hecho, remitió un escrito al instructor en el que explicaba que «la representación letrada» del banco le informó de que «el levantamiento del privilegio del secreto profesional sólo lo fue para contestar a las preguntas formuladas» durante la primera parte de su declaración el 20 de febrero, lo cual «no alcanza a la presentación de documentación al juzgado».

En este sentido, BBVA sigue aduciendo que cualquier hallazgo en su investigación que tenga conexión con los hechos ya ha sido aportado al sumario y que esto implica el traslado a la causa de unos 8.300 ficheros, equivalente a 100.000 folios.

Otras fuentes consultadas reconocen que el forensic encargado por BBVA es una investigación voluntaria puesta en marcha para su defensa en el caso y que no debería ser utilizada por la Audiencia Nacional como la base para esclarecer los hechos. Además, es la única parte investigada que ha encargado una investigación de esta magnitud.

La entidad financiera está imputada como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios en esta pieza 9 del ‘caso Villarejo’ por los presuntos trabajos de espionaje pagados al comisario a lo largo de 13 años y por los que éste habría percibido más de diez millones de euros.

El consejero delegado del grupo Daimler, Ola Källenius, ha alertado de que el sector del automóvil tendrá que reestructurarse y hacer «drásticos» recortes con motivo de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Así lo explicó Källenius durante un encuentro ‘online’ organizado por el sindicato IG Metall, en el que destacó que la crisis del Covid-19 obligará a los fabricantes de automóviles a poner en marcha procesos de reestructuración de mayores dimensiones en comparación con los previstos antes de la pandemia.

El directivo subrayó que la realidad tras la pandemia requerirá de «drásticos» recortes salariales y añadió que su compañía necesitará realizar ajustes para proteger su posición financiera y las inversiones en las tecnologías del futuro, según informa Bloomberg.

Daimler ya anunció antes del brote de coronavirus un plan de reorganización, aunque el pasado mes de abril Källenius alertó de que estas medidas podrían no ser suficientes a raíz de las consecuencias derivadas de la contracción del mercado y del cierre temporal de plantas.

El plan de reestructuración de Daimler, presentado en noviembre del año pasado, preveía un recorte de plantilla de más de 10.000 puestos de trabajo, con un ahorro en costes de personal de unos 1.400 millones de euros.

No obstante, según la publicación ‘Automobilwoche’, estas medidas se podrían complementar con la salida de otros 10.000 trabajadores de la compañía hasta 2025, sobre una plantilla a cierre de 2019 formada por cerca de 300.000 personas en todo el mundo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado a Iberdrola el cierre de la central térmica de Velilla (Palencia), que deberá realizarse en el plazo de doce meses.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, con fecha del pasado 19 de junio, por la que se da el visto bueno a la clausura de la térmica de Velilla 1 y 2, de 142 megavatios (MW) y 350 MW de potencia nominal, respectivamente.

La energética deberá proceder al desmantelamiento total de la central en el plazo máximo de tres años contados a partir de la fecha en que el cierre se haga efectivo.

En noviembre de 2017, Iberdrola decidió solicitar la autorización para el cierre de Velilla y Lada (Asturias), las dos últimas centrales de carbón en el mundo del grupo.

En Velilla, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán anunció el pasado mes de junio que construirá el mayor complejo fotovoltaico de la región, con un total de 400 MW de potencia instalada, que será también uno de los mayores de España y representará una inversión de 300 millones de euros y la creación de más de 4.000 empleos, según la estimación basada en los cálculos utilizados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Este plan de transformación en la zona incluye, además, inversiones en redes inteligentes y movilidad sostenible, la instalación de una planta de valorización de residuos, programas de formación y la creación de una Plataforma de Innovación Ciudadana para incentivar el emprendimiento en la comarca.

La estrategia de la energética para la transformación de la comarca de Velilla se basa en tres ejes: inversiones en proyectos 100% renovables, dinamización del tejido empresarial y el empleo local en torno a principios verdes e innovación y apoyo al emprendimiento local.

En la región, la energética mantiene en construcción y tramitación más de 650 MW renovables en proyectos eólicos y fotovoltaicos. Así, la compañía acaba de iniciar la ejecución del complejo eólico Herrera, con los aerogeneradores de mayor potencia en el mercado nacional en la actualidad, y el parque Fuenteblanca; y tramita los proyectos eólicos de Buniel y Valdemoro -que hacen de sus 164 MW de potencia uno de los mayores de la compañía y del país-, así como tres fotovoltaicas de más de 400 MW, entre ellas, una planta solar en Ciudad Rodrigo.

El Grupo Euskaltel ha alcanzado un acuerdo con Telefónica de España para el acceso a su red de fibra óptica hasta el hogar (NEBA FTTH) en zonas del país donde el operador incumbente no está obligado por la regulación a dar acceso a sus competidores, lo que ayudará a la compañía vasca a avanzar en su proceso de expansión nacional inciiado el pasado mes de mayo.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Euskaltel explica que este acuerdo contempla la prestación del servicio de acceso mayorista NEBA sobre la red de fibra óptica hasta el hogar (NEBA FTTH) de Telefónica en zonas del país que están exentas de la regulación mayorista.

En este sentido, la compañía detalla que este este acuerdo, de una duración de cinco años, es prorrogable y le permitirá aumentar las áreas de prestación de sus servicios de banda ancha sobre fibra a nivel nacional.

Euskaltel inició el pasado mes de mayo su desembarco en el conjunto del mercado español a través de la marca Virgin, con la que la operadora quiere llegar al 85% del mercado estatal y poder dar servicio así a un total de 18,4 millones de hogares.

Para ello, la operadora alcanzó el pasado mes de diciembre un acuerdo sobre redes de móvil y fibra óptica con Orange España, que le permite ofrecer a sus clientes toda la tecnología de móvil y acceder a la totalidad de hogares desplegados por Orange en España mediante fibra óptica.

Este acuerdo, vigente hasta junio de 2024 en el móvil y sin fecha de finalización en el fijo, supuso la renovación y mejora de los acuerdos mayoristas fijos y móviles que el Grupo Euskaltel mantenía con Orange y representa un «ahorro significativo de costes».

Con el acuerdo alcanzado con Telefónica, la compañía amplía su presencia en el conjunto del mercado español, ya que le da acceso a zonas en las que, por existir un nivel suficiente de competencia, el operador incumbente no está obligado a dar acceso a otros operadoras a su red de fibra.

La regulación mayorista elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) establece que Telefónica deberá ofrecer un acceso virtual a su red de fibra óptica en los municipios donde haya menos de tres operadores desplegando redes de nueva generación, con una cobertura mínima individual del 20%.

En los 66 municipios en los que según la última lista publicada en 2016 por la CNMC, y que está previsto se revise este año, existe un nivel suficiente de competencia, Telefónica no está obligada a dar acceso mayorista a otros operadores, que deben alcanzar acuerdos puntuales, como es el caso del anunciado este jueves por Euskaltel, para acceder a su red de fibra.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 5.107 desempleados en junio (+0,1%), su mayor repunte en un mes de junio desde 2008, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha destacado que estas cifras «profundizan en la tendencia de ralentización» del ritmo de crecimiento del desempleo que se inició en mayo.

El incremento de junio ha sido cinco veces menor que el registrado en mayo y muy inferior a los de abril y marzo, meses en los que la crisis sanitaria llevó a un repunte del desempleo de 282.891 y 302.265 parados, respectivamente.

El volumen total de parados alcanzó al finalizar junio la cifra de 3.862.883 desempleados, la más alta del registro desde mayo de 2016.

Trabajo ha explicado que en el aumento del desempleo registrado en junio ha repercutido, «de manera significativa», el grupo de demandantes sin empleo anterior. El 48% del total de estos demandantes, casi 15.000, se han registrado en la Comunidad Valenciana para optar a la oferta pública de empleo como «auxiliar planes de contingencia playas COVID19» que requería la inscripción en las oficinas del SEPE como requisito.

«Sin esta circunstancia excepcional, el paro registrado habría descendido en unas 9.000 personas», afirma el Ministerio.

Aunque el ritmo mensual de ascenso del paro se ha ralentizado frente a los meses anteriores, el paro ha subido en junio por primera vez desde 2008. Sólo se han registrado dos ascensos en la serie histórica de junio: en 2008 (+15.058 desempleados) y ahora en 2020, cuando ha subido en 5.107 parados.

El dato de paro de junio, al igual que ocurrió en marzo, abril y mayo, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.

En términos desestacionalizados, el paro subió en junio en 77.593 personas, mientras que en el último año el desempleo acumula un aumento de 847.197 personas, lo que supone un 28% más, frente al ritmo de avance interanual del 25,3% del mes anterior.

SUBE EN LA AGRICULTURA Y EN EL COLECTIVO SIN EMPLEO ANTERIOR

Por sectores, sólo la agricultura y el colectivo sin empleo anterior sumaron parados en junio. En el primer caso, la finalización de la campaña de la fruta elevó la cifra de parados de la agricultura en 25.342 desempleados (+15,4%), mientras que el colectivo sin empleo anterior sumó 30.781 desempleados (+10,8%).

En cambio, la apertura gradual de establecimientos y el fin de las restricciones a la movilidad permitieron reducir el desempleo en el sector servicios en 27.319 desempleados, un 1% respecto al mes anterior. La construcción, por su parte, redujo su cifra de parados en 15.927 personas (-5%) y la industria en 7.770 (-2,4%).

SÓLO SUBE ENTRE LAS MUJERES

Al igual que lo ocurrido en mayo, el paro subió en junio sólo entre las mujeres, con un aumento de 24.240 desempleadas respecto al mes anterior (+1,1%), mientras que bajó en 19.133 personas entre los varones (-1,1%). Así, al finalizar el sexto mes del año, el número de mujeres en paro se situó en 2.215.918 y el de varones, en 1.646.965.

Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años subió un 5,1% en junio, con 16.584 parados más que en mayo, mientras que el paro de las personas con 25 años y más descendió en 11.477 desempleados (-0,3%).

El paro subió en junio en siete comunidades autónomas, especialmente en Comunidad Valenciana (+16.729 parados), Andalucía (+11.009) y País Vasco (+2.733), y bajó en las diez restantes, principalmente en Galicia (-6.428 desempleados), Castilla-La Mancha (-6.212) y Castilla y León (-4.811).

Por provincias, el paro descendió en junio en 33 de ellas, encabezadas por Cádiz (-4.549 desempleados), Pontevedra (-3.677) y Asturias (-2.870), y subió en 19, especialmente en Valencia (+8.751 parados), Huelva (+7.920) y Alicante (+5.781).

El paro registrado entre los extranjeros subió en junio en 18.846 desempleados (+3,7%) respecto al mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 525.728, con un repunte de 158.923 parados en el último año (+43,3%).

LA CONTRATACIÓN SE DESPLOMA UN 42% ANUAL

En cuanto a la contratación, en junio se realizaron 1.159.602 contratos, un 42,3% menos que en el mismo mes de 2019, pero un 36,3% más en la comparativa con el mes anterior.

Del total de contratos firmados en junio, 114.393 fueron indefinidos, el 9,8% del total, con un descenso del 34,3% respecto a junio del año pasado.

Dentro de los contratos indefinidos, los contratos a tiempo completo sumaron 66.593, un 35,7% menos que en igual mes de 2019, en tanto que los contratos indefinidos a tiempo parcial totalizaron 47.800, con un retroceso anual del 32,3%.

Del resto de contratos, más de 1,04 millones fueron contratos temporales, de los que el 25,8% fueron eventuales por circunstancias de la producción a tiempo completo y el 32,1% fueron de obra o servicio, también a tiempo completo. Por su parte, los contratos temporales con jornada a tiempo parcial supusieron el 27,1%.

LA FACTURA DEL DESEMPLEO: 5.526 MILLONES

Trabajo ha informado además de que en mayo se alcanzó el nivel máximo de protección del SEPE, que dio cobertura a casi 6 millones de personas, con un total de 5.986.864 prestaciones gestionadas.

Este nivel de prestaciones es el resultado de sumar las prestaciones que cobraban las personas que ya estaban en desempleo antes de la crisis sanitaria, las que perdieron su empleo desde entonces y, sobre todo, las personas que están en ERTE.

En el mes de mayo el SEPE pagó en prestaciones 5.526 millones de euros, de los que 3.318 millones se dedicaron a pagar prestaciones por ERTE y 2.208 millones a prestaciones por desempleo, tanto en el nivel contributivo como en el asistencial.

Las empresas de renting invirtieron 1.766 millones de euros en los seis primeros meses del año en la adquisición de vehículos para su flota, lo que representa un desplome del 45,7% en comparación con la primera mitad de 2019, según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

Con este monto, las firmas del sector pudieron matricular 87.356 vehículos entre enero y junio de este ejercicio, lo que representa una bajada del 48,2% en la comparativa interanual, con un peso del 21,26% sobre las matriculaciones totales, mientras que en junio las matriculaciones del renting se situaron en 20.699 unidades, un 39,1% menos.

Ante estos datos, el presidente de la asociación, Agustín García, indicó que, considerando las circunstancias actuales vinculadas a la crisis del coronavirus, el comportamiento de las matriculaciones del renting durante el mes de junio ha sido «bueno».

«Estamos convencidos de que, cuando dejemos atrás la situación actual, a este sector le espera un futuro espléndido. A ello contribuirán también los planes de ayuda de estímulo al automóvil, orientados a su dinamización y al rejuvenecimiento del parque, y que animarán a muchos clientes a decantarse por el renting, ya que se beneficiarán de las mismas ayudas estatales que cualquier otra fórmula de adquisición», añadió.

En cuanto a los líderes del renting hasta junio, las marcas más vendidas fueron Volkswagen, Peugeot, Seat, Audi, Toyota, Renault, BMW, Citroën, Mercedes-Benz y Nissan, mientras que los modelos más populares fueron el Seat Ateca, el Audi A1, el Renault Kangoo, el Nissan Qashqai, el Seat León, el Volkswagen Golf, el Toyota Corolla, el Citroën Berlingo, el Peugeot 3008 y el Volkswagen Tiguan.

Por tipo de tecnología, los modelos diésel coparon en lo que va de año el 50,03% del mercado, por delante de los de gasolina, con un 33%, de los híbridos de gasolina, con un 8,3%, de los híbridos diésel, con un 3,3%, de los híbridos enchufables de gasolina, con un 2,35%, o de los eléctricos, con una cuota del 1,52%.