El mercado de gran consumo registró un crecimiento del 9,1% durante el segundo trimestre, marcado por el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del Covid-19, con lo que lideró el avance de las cinco grandes economías europeas, según el informe ‘Growth Reporter’ de Nielsen.

En concreto, solo Alemania estuvo en cifras parecidas, con un 9% de incremento en las ventas entre abril y junio, mientras que en Italia y Reino Unido, los crecimientos fueron superiores al 7% y en Francia, al 5,6%.

Europa en conjunto vio aupar sus ventas un 8,9%, por lo que España creció dos décimas por encima de la media. Además, el avance del 9,1% registrado en el mercado español multiplica casi por cuatro la cifra lograda en el mismo trimestre de 2019, cuando crecía en el entorno de entre el 2,5% y el 3%.

A su vez, enlaza con el 11,3% del primer trimestre de este año, empujado por las compras de acopio ante el avance de la pandemia y el inicio del confinamiento, que dio lugar a cifras récord como el 71% de incremento en las ventas en la semana del 9 al 15 de marzo.

De cara al resto del año, según Nielsen, las perspectivas proyectan más moderación para el mercado en España, en tanto el consumo estará condicionado por la economía y la salud, ya que para la mitad de la población española son estas dos sus principales preocupaciones, tal y como apunta el informe ‘Consumer Confidence’ de Nielsen del segundo trimestre.

De hecho, seis de cada diez españoles estiman que España seguirá en recesión dentro de un año y hasta ocho de cada diez auguran malas perspectivas al futuro laboral en un plazo de doce meses vista.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido que no informar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre los planes para fusionar Bankia y CaixaBank es la línea a seguir en este tipo de actuaciones tan sensibles y confidenciales para que no se produzcan filtraciones, por lo que solo se informó a «aquellos que lo tenían que saber y a nadie más».

En una entrevista con ‘COPE’, Calviño ha puesto en valor su experiencia tratando con información «extremadamente confidencial» en ámbitos que son «extremadamente sensibles». «Sé muy bien lo importante que es, máxime en una operación de dos entidades cotizadas», ha resaltado.

Calviño ha asegurado que no informar a Pablo Iglesias no es, en absoluto, una cuestión personal, sino que «aquellos que tenían que conocer la operación lo sabían y nadie más».

La vicepresidenta tercera ha respondido así tras ser preguntada por el hecho de que Pedro Sánchez no informase sobre las negociaciones para la fusión de Bankia y CaixaBank a Pablo Iglesias, a quien recientemente se le intuyó molesto por dicho motivo.

«Habrán visto que no ha habido ningún tipo de filtración ni de información al respecto y yo creo que esto es como se tienen que hacer las cosas. Es la línea a seguir en este tipo de actuaciones tan sensibles desde el punto de vista económico y financiero», ha apostillado Calviño.

Por otro lado, la ministra ha justificado que el proceso de consolidación bancario ha sido defendido por las instituciones europeas, el BCE y el Banco de España, en un contexto de baja rentabilidad, de tipos de interés muy bajos que se prevé que se mantengan en el tiempo y de nuevos competidores digitales.

Preguntada por el impacto que puede tener la fusión en la competencia, Calviño ha señalado que la operación y todas las que se hagan en el futuro serán analizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), siendo conscientes de que «hay un proceso de consolidación que se está produciendo y se va producir y que deriva y está determinado por una serie de consideraciones que van a ser incorporadas en el análisis, como las nuevas formas de acceso a los servicios financieros y apoyo a los más vulnerables».

El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, ha rechazado cualquier tipo de injerencia o presión externa en la decisión que tomen las autoridades de su país en relación con la implantación del 5G, incluidas las que pudieran provenir de EEUU contrarias a la multinacional china Huawei.

Zeman señala en una entrevista en la cadena FTV que reproduce la web oficial de la Presidencia checa que el suyo es un país soberano, por lo que se seleccionará la mejor oferta.

Contesta así cuando se le pregunta por las declaraciones que realizó el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en una visita que realizó a Praga el pasado agosto en las que advertía sobre la presencia de Huawei en las nuevas redes de telefonía móvil 5G europeas.

EEUU NO OFRECE ALTERNATIVA

El presidente de la República Checa asegura que trasladó a Pompeo que “decidiremos por nosotros mismos qué empresas, nacionales o extranjeras, participarán en la licitación” e insiste en que ganará la compañía “que presente la mejor oferta”. En relación con los supuestos riesgos que entrañaría el acceso de la multinacional china a las redes 5G a los se alude desde EEUU, Zeman indica que ve en ello “una especie de lucha competitiva”.

Además, señala que desde la administración estadounidense se presiona contra Huawei pero no tiene “nada que ofrecer” como alternativa, ya que los competidores de la multinacional son empresas europeas como Nokia o Ericsson y se muestra convencido de que «ninguna empresa estadounidense puede construir una red 5G» en la actualidad.

El número de nuevas sociedades mercantiles retrocedió un 2,4% en julio respecto al mismo mes de 2019, hasta totalizar 7.636 nuevas empresas, pero aumentó un 13,4% respecto a junio, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el retroceso interanual de julio, marcado por la crisis sanitaria y el estado de alarma, la creación de empresas encadena siete meses de tasas interanuales negativas después de haber cedido en el mes de enero casi un 4%; en febrero más de un 9%; en marzo más de un 28%, en abril más de un 73%; en mayo, un 55,9% y en junio, del 9,4%.

Por su parte, las disoluciones empresariales disminuyeron un 11,9% en julio en tasa interanual, hasta sumar 1.432. En tasa mensual (julio sobre junio), las disoluciones empresariales aumentaron un 28,8%.

El 23,5% de las sociedades mercantiles que se crearon en julio se dedica al comercio y el 14,5% a inmobiliarias, financieras y seguros.

En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 17,6% pertenecía al comercio y el 16% a la construcción.

Para la constitución de las 7.636 empresas creadas en julio se suscribieron más de 461 millones de euros, lo que supone un descenso del 42,7% respecto al mismo mes de 2019, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 60.407 euros, retrocedió un 41,3% en tasa interanual.

De las 1.432 empresas que cerraron en julio, el 75% lo hicieron voluntariamente, el 12,7% por fusión con otras sociedades y el 12,3% restante por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital en el séptimo mes del año disminuyó un 11,5% interanual, hasta las 2.251 empresas.

El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 2.074 millones de euros, cifra un 12,6% superior a la de julio de 2019, mientras que el capital medio fue de 921.810 euros, un 27,2% más.

MADRID Y CATALUÑA

Las comunidades con mayor número de sociedades mercantiles creadas en julio fueron Comunidad de Madrid (1.755), Cataluña (1.455) y Andalucía (1.292).

Por el contrario, las que menos sociedades crearon fueron La Rioja (36), Comunidad Foral de Navarra (60), y Cantabria (68).

Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las que presentaron mayor número son Comunidad de Madrid (540), Andalucía (169) y Comunitat Valenciana (127), mientras que las que registraron menos sociedades disueltas fueron Comunidad Foral de Navarra (cuatro), Cantabria (10) y La Rioja (11).

España fue el estado miembro de la UE en el que se detectaron más irregularidades en el manejo de los fondos europeos agrícolas y estructurales en los últimos cuatro años, el 22,7 por ciento del total de casos de la Unión, según el informe anual publicado por la Oficina Antifraude Europea (OLAF).

En concreto, la agencia detectó 11.029 irregularidades en España relacionadas con la gestión de los fondos de Cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC) entre los años 2015 y 2019, con un impacto sobre el 2,7 por ciento de los fondos recibidos, aunque solo se concluyeron cuatro investigaciones, un número relativamente bajo.

España lidera este apartado muy por delante de Polonia y Rumanía, donde se hallaron 5.017 y 4.968 fraudes, respectivamente. En el lado opuesto se encuentran Luxemburgo, 2 irregularidades, Chipre, 55, y los países nórdicos: Suecia con 125, Dinamarca con 122 y Finlandia con 155, que son los socios comunitarios con menos irregularidades detectadas por la agencia antifraude en la gestión de estos fondos.

El informe anual revela que en el área de recursos propios tradicionales del bloque (derechos de aduana, derechos agrícolas y cotización del azúcar) España fue el cuarto país donde se detectaron más irregularidades, con 1.286, por detrás de Alemania, 7.434; Reino Unido, 4.108 y Países Bajos, 2.298.

FONDOS Y JUICIOS ABIERTOS

Todos estos datos vienen recogidos en el informe anual de la OLAF presentado este jueves, que el año pasado recomendó a las autoridades nacionales y comunitarias que recuperaran 485 millones de euros desviados del presupuesto europeo.

Durante 2019, la agencia europea abrió nuevas 223 investigaciones y concluyó otras 181 sobre fraudes en la Unión y, además, emitió 254 recomendaciones para las autoridades nacionales y de la UE.

Sobre la acción judicial derivada de la acción de la OLAF, entre 2015 y 2019, se llevaron 178 casos ante los órganos de justicias nacionales, aunque solo 69 de ellos acabaron con el procesamiento de sus responsables, esto es el 36 por ciento del total.

El coste por hora trabajada aumentó un 8,2% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2019, su mayor alza desde 2014, debido a la situación derivada de la pandemia provocada por el Covid-19 y la declaración del estado de alarma desde mediados de marzo que ha provocado una disminución de las horas trabajadas superior a la observada en los costes, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por componentes, el coste salarial se incrementó un 6,2% en relación al segundo trimestre de 2019, en tanto que los otros costes avanzaron un 14,3%.

El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, creció un 7,6% interanual en el segundo trimestre de 2020.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada avanzó un 8,3% en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2019.

Con este repunte, se encadenan doce trimestres de tasas positivas en la serie corregida.

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el coste laboral por hora trabajada aumentó un 5,4% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario.

Sin tener en cuenta ambos efectos, el coste laboral se disparó un 12,7% entre abril y junio de este año debido, fundamentalmente, al mayor peso de los pagos extraordinarios y atrasos en el segundo trimestre de este año respecto al trimestre anterior.

Este aumento trimestral se debe a la subida en un 12,7% del coste salarial y en un 12,9% de los otros costes.

El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, aumentó 8% en relación al primer trimestre de este año.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

Las secciones que registraron los mayores incrementos anuales del coste laboral en el segundo trimestre fueron las actividades artísticas y de entretenimiento (+29,6%), las actividades inmobiliarias (+22,3%) y otros servicios (+18,5%).

Por su parte, los menores repuntes interanuales se dieron en actividades financieras y de seguros (+1,2%), suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (+2,3%) e información y comunicaciones (+4%).

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, las actividades donde más aumentaron los costes laborales en el segundo trimestre de 2020 en relación al mismo periodo de 2019 fueron también las actividades artísticas (+30,2%) y las actividades inmobiliarias (+21%), seguidas de los otros servicios (+18,2%).

Los menores avances del coste laboral en la serie corregida los experimentaron las actividades financieras y de seguros, con un aumento interanual del 1,4%; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (+2%) e información y comunicaciones (+3,7%).

En cuanto al coste salarial, las actividades artísticas fueron las que registraron el mayor repunte interanual, un 24,9%, seguidas de las actividades inmobiliarias (+20,6%) y otros servicios (+15,6%).

Los menores crecimientos del coste salarial se dieron en hostelería (+0,4%), actividades financieras y de seguros (+1,2%) y transporte y almacenamiento (+2,8%).

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado este jueves una reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para abordar la regulación del teletrabajo en el ámbito público, mientras que para la nueva Ley de trabajo a distancia los sindicatos siguen a la espera de que el Ministerio de Trabajo les remita la respuesta a las alegaciones que realizaron al último borrador.

CSIF ha denunciado que actualmente hay una aplicación «restrictiva» y disparidad de criterios en la aplicación del teletrabajo en los diferentes departamentos, y añade que algunas comunidades autónomas están pendientes de que se establezca una regulación a nivel nacional para legislar el teletrabajo.

El Gobierno ha anunciado que aprobará en breve la nueva ley de teletrabajo, que no incluye a los funcionarios públicos, por lo que los sindicatos de la Función Pública han reclamado que se extienda esta normativa a los empleados de la Administración.

La Federación de Empleados de Empleadas y Empleados de los ServiciosPúblicos (FeSP) de UGT planteará al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que se regule el teletrabajo en las Administraciones Pública con una ley de carácter básico.

UGT denuncia que la reunión llega con un «incomprensible retraso» y tras el incumplimiento de Darias, quien asegura que se comprometió a crear grupos de trabajo durante el mes de julio para avanzar en un acuerdo de teletrabajo en Función Pública.

El pasado 17 de junio, en plena pandemia, los sindicatos alcanzaron un acuerdo de resolución con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el que se establecían criterios de organización para que la plantilla de la Administración General del Estado pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios.

Este acuerdo contempla cuatro días de trabajo no presencial y uno presencial para aquellas personas que tengan a su cargo hijos hasta los 14 años, dependientes, así como aquellos con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus. Esta modalidad siempre será voluntaria y reversible. Para el resto de personas, el sistema ordinario de trabajo será la modalidad presencial con la posibilidad voluntaria de trabajar desde casa 1 día a la semana.

Para UGT, será «imprescindible» que las administraciones sehagan cargo de los costes del teletrabajo, tal como se plantea en el ámbito privado. En una encuesta realizada por este sindicato a cerca de 2.000 empleados públicos de la Administración General del Estado, el 92% ponía de relieve que no había recibido en ningún momento de su carrera profesional la formación necesaria para teletrabajar y que no disponían de los medios adecuados.

Además, UGT reclama que se inicie urgentemente la negociación de Estatuto Básico del Empleado Público para abordar cuestiones pendientes como la temporalidad en las administraciones públicas y la jubilación parcial.

ÚLTIMOS PASOS PARA LA LEY DE TRABAJO A DISTANCIA

En cualquier caso, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aclaró que la regulación del teletrabajo en la Administración pública no compete en el marco de la nueva Ley de trabajo a distancia que se está ultimando para el ámbito privado.

Sobre esta negociación, los sindicatos están a la espera de la respuesta del Ministerio de Trabajo a sus observaciones al último borrador del Ministerio, en el que el Gobierno eleva del 20% al 30% el porcentaje para entender que el trabajo a distancia es regular en una empresa.

Dicho borrador también apunta que la modificación del porcentaje de presencialidad «solo podrá realizarse si concurre voluntariedad tanto por parte de la persona trabajadora afectada como por parte de la empresa» y que se realizará de conformidad con lo previsto en el convenio colectivo o el acuerdo de empresa que resulten de aplicación.

Igualmente, recoge que cuando el trabajo a distancia sea algo excepcional promovido por una pandemia, la empresa no tendrá que establecer un acuerdo específico con los trabajadores que incluya, entre otras cosas, la compensación de los gastos.

El Gobierno y los agentes sociales (patronal y sindicatos) han fijado para este jueves la primera reunión de negociación para la nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre con el objetivo de alcanzar un acuerdo la próxima semana.

Así lo acordaron en la reunión técnica que se celebró el pasado lunes por la tarde para la prórroga de los ERTE, en la que las partes han consensuaron fijar el jueves para la primera reunión de la negociación de esta nueva etapa de los ERTE, paraguas bajo el que se encuentran aún algo menos de 700.000 trabajadores.

Para ello, patronal y los sindicatos están a la espera de que el Ministerio de Trabajo les remita un texto con su propuesta para debatirlo, según han indicado en fuentes sindicales, que explican que el objetivo es alcanzar un acuerdo para la semana que arranca el 14 de septiembre.

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el lunes que en el Gobierno están «dispuestos» a extender la duración de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), mecanismo que actualmente afecta a 700.000 trabajadores, si bien ha apuntó que lo «importante» es continuar con la reactivación de los puestos de trabajo, para lo que se están estudiando determinados incentivos.

La reunión de la mesa técnica del lunes se produjo después de que el viernes pasado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abrieran junto a los principales representantes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO la comisión tripartita de diálogo sobre ERTEs en Palma de Mallorca.

Tanto Escrivá como Díaz confiaron en alcanzar un acuerdo definitivo para prorrogar esta herramienta más allá de finales de mes y «sin dejar a nadie atrás». Díaz destacó que este lunes arrancan «con fuerza» los trabajos técnicos para concretar la prórroga de los ERTEs, y apuntó que todas las partes se han comprometido «a no agotar los tiempos de negociación» de los que disponen.

En el encuentro celebrado en Palma de Mallorca, los agentes sociales pusieron encima de la mesa multitud de propuestas y los ministros se comprometieron a debatir y estudiar todas y cada una de ellas. «Seguramente todos vamos a trabajar en una única dirección, que es salvar a nuestro país», apostilló Díaz.

Junto con la incógnita de saber hasta cuándo se prorrogan los ERTE, una de las cuestiones que estarán encima de la mesa este jueves será evitar que se rebaje la cuantía que se percibe de prestación del 70% al 50% pasados 180 días. No obstante, el viernes pasado quedó claro que parece haber consenso entre todas las partes y que están a favor de esta petición de los sindicatos.

Para UGT y CC.OO., es absolutamente necesario renovar la regulación de los ERTE para que sean la «alternativa» a los despidos, así como mantener los ERTE de rebrotes para aquellas actividades que han tenido que volver a echar el cierre por las nuevas restricciones.

De su lado, los empresarios defenderán la necesidad de focalizar las exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social en aquellas empresas que están cerradas, planteamiento que fue visto con buenos ojos por parte del Gobierno en el encuentro del viernes.