Andros Lozano es un comunicador que lleva años recorriendo los rincones más oscuros del negocio de la droga en España. Periodista de investigación y autor de dos libros sobre el tema, su trabajo revela una realidad que va mucho más allá de lo que muestran las noticias. Según su visión, el narcotráfico no es un problema de delincuentes aislados sino una estructura que solo puede sostenerse con la complicidad del sistema.
España ocupa una posición geográfica única en el mapa del crimen organizado mundial. Al sur tiene a Marruecos, el mayor productor de hachís del planeta. Al oeste tiene un Atlántico que la une directamente con los grandes cárteles latinoamericanos. Y en medio tiene puertos que crecen en importancia internacional cada año. Ese caldo de cultivo convierte al país en el punto de entrada más estratégico del narcotráfico hacia Europa.
España: la puerta del narcotráfico que nadie quiere cerrar del todo
Lozano es claro al describir el papel que cumple España en el negocio internacional de la droga: el de intermediario. Los clanes del sur de la península no son los dueños del producto sino los transportistas que ponen la infraestructura para que la cocaína o el hachís lleguen después a Bélgica, Holanda, Suecia o Alemania. Mafias de los Balcanes, la Mocromafia, clanes marselleses y organizaciones del norte de Europa tienen células activas en el territorio nacional y lo utilizan como plataforma logística.
Lo que más preocupa al periodista es la escalada de violencia asociada al narcotráfico en los últimos años. El río Guadalquivir se ha convertido en la ruta con mayor tránsito de cocaína de toda Europa. En pocos meses se incautaron allí casi 20 toneladas de producto, una cifra que deja pequeña la mayor confiscación registrada históricamente en el puerto de Algeciras.
A ese dato se suman hechos que hace una década habrían resultado impensables: dos guardias civiles muertos en Barbate atropellados por una lancha narco y un agente herido grave durante una operación en Isla Mayor.
Lozano recuerda que hace años el principio de autoridad ya se había quebrado en el Campo de Gibraltar y fue necesario un dispositivo especial del Ministerio del Interior para recuperarlo. Lo que está ocurriendo ahora en el Guadalquivir sigue esa misma lógica, pero a mayor escala y con mayor violencia. «Cada vez hay más armas, más robos entre ellos y más agresiones hacia los cuerpos policiales», advierte.
La corrupción que hace funcionar la máquina
El elemento que Lozano sitúa en el centro de todo es la corrupción. Sin ella el narcotráfico tal como se conoce hoy sería imposible. Un inspector jefe de la Policía Nacional con casi 20 millones de euros emparedados en su vivienda. Cuatro guardias civiles de ocho condenados en Isla Mayor. Un agente que confesó cobrar 3.000 euros por día trabajando para los narcos sin que le encontraran un solo céntimo al momento de su detención. Estos no son casos aislados sino piezas de un engranaje que funciona de forma sistemática.
La lógica de la corrupción en el narcotráfico no siempre pasa por grandes decisiones. A veces consiste simplemente en elegir una carretera en lugar de otra durante una noche concreta para que una lancha descargue sin ser interceptada. Para el narco eso representa una inversión rentable. Para el agente corrupto puede equivaler a su sueldo anual entero.
Lozano también señala la dimensión tecnológica del problema. Los grandes clanes invierten en drones, comunicaciones encriptadas y embarcaciones de última generación que superan los medios de los que disponen las fuerzas de seguridad. «Es una carrera continua contra alguien que siempre te va sacando ventaja», resume. Y cuando el dinero es ilimitado y el tiempo también, esa ventaja tiende a crecer.
El periodista no cree que el narcotráfico pueda eliminarse mientras exista demanda de consumo. Lo compara con cualquier otro negocio: mientras haya compradores habrá quien produzca y transporte. Lo que sí puede hacerse es reducir su impacto y frenar su avance antes de que España llegue al punto en que ya se encuentran Bélgica u Holanda donde jueces reciben bombas y primeros ministros no pueden moverse sin escolta.
