El Pleno del Congreso votará este jueves las nuevas recomendaciones aprobadas por la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que servirán de orientación para la reforma del sistema público de pensiones, así como los votos particulares presentados por los grupos y que hasta ahora no cuentan con suficiente mayoría para ser incluidos.

En la comisión, las nuevas recomendaciones salieron adelante con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana y EH-Bildu optaron por abstenerse. Únicamente Vox votó en contra.

Respecto a la emisión de votos particulares, el PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Junts han declinado emitir votos, dándose por satisfechos con lo aprobado; el PP y Ciudadanos sí han presentado modificaciones al dedicado a los planes de pensiones privados, la formación ‘naranja’ otro para fomentar la jubilación activa, y ERC y Bildu enmiendas a más de la mitad de las recomendaciones.

Concretamente, el PP quiere suprimir la crítica recogida a la gestión de los planes privados de pensiones, que pedía más transparencia, y pide apoyar los mecanismos de ahorro individual con más incentivos y no «eliminar» ni «reducir» sus deducciones fiscales.

Esquerra y Bildu exigen, entre otras cosas, derogar las reformas laborales y de pensiones, la supresión de todo el punto dedicado a los sistemas complementarios, proponen como referencia para las pensiones mínimas el 90% del salario mínimo, que la jubilación por encima de los 65 años sea voluntaria, ‘destapar’ la base máxima de cotización, calcular la base reguladora de la pensión en los mejores 20 años y la condonación por el Estado de la deuda contraída por Seguridad Social, en base a los gastos impropios asumidos por esta en los últimos años.

Cs PLANTEA ACELERAR UN SISTEMA DE AHORRO PARA TODOS

Ciudadanos presentó dos votos, uno dedicado a proponer más incentivos a la jubilación activa y acabar con toda penalización sobre la pensión, y profundizar los incentivos para sentar «las bases de un verdadero sistema universal de previsión social complementaria de la Seguridad Social dirigido a todos los trabajadores en activo, por cuenta propia y ajena, durante toda su vida laboral».

Si bien no llega a mencionar el sistema de ‘mochila austriaca’, desde esta formación señalan que la recomendación sería compatible con este modelo de aportaciones, que se acumularían durante la vida laboral y que podrían ser rescatadas en un momento de desempleo o para complementar la jubilación.

Por su parte, Más País y Compromís defenderán una redacción más comprometida con la eliminación de las penalizaciones a toda persona jubilada de forma anticipada que haya cotizado 40 años o más, fijando una nueva pensión en función de su base contributiva y años cotizados, y el BNG reclama una batería de medidas, como la recuperación de los 65 años para la jubilación, pensión mínima al 60% del salario medio, cálculo de la pensión en base a los mejores diez años de cotización y el ‘destope’ de las bases máximas.

UNA RENOVACIÓN PERSEGUIDA DURANTE CUATRO AÑOS

El acuerdo en el Pacto de Toledo pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la ‘popular’ Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.

El nuevo texto, además, incluye una recomendación ‘cero’ con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una «transformación radical» del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad, según el texto pactado por la Comisión.

Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como «fuente básica» de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.

SUBIDAS CON EL IPC Y SANEAMIENTO DE LAS CUENTAS EN TRES AÑOS

Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.

Este consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

EXCEPCIONES EN LAS PENALIZACIONES A JUBILACIONES ANTICIPADAS

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión –hasta 25 años en 2022–, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

Finalmente, además respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.

En este caso, el Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.

Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.

PLANES COMPLEMENTARIOS Y «MECANISMOS INNOVADORES» EN INGRESOS

Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.

Por otro lado, la Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de «encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.

El 63% de las empresas cree que una reforma del sistema público de pensiones implicaría una reducción de las mismas a futuro, según se desprende del informe ‘Situación de las pensiones en España 2020’ realizado por KPMG Abogados.

Para el 95% de los encuestados, la reforma era necesaria antes de la llegada de la emergencia sanitaria para garantizar su sostenibilidad. También un 95% considera necesaria una reforma del sistema teniendo en cuenta las consecuencias provocadas por la pandemia y un 94% cree que la reforma debería llevar implícita una serie de medidas para fomentar la previsión social privada.

El estudio, que también analiza el grado de desarrollo de la previsión social complementaria en España, pone de relieve que el 87% de las empresas estarían dispuestas a realizar aportaciones para la jubilación de sus empleados.

En este sentido, el 43% lo haría en un importe equivalente al 2% del salario y un 29% de las empresas encuestadas aportaría un 4% para la jubilación de sus empleados.

El estudio señala que, del total de 384 empresas encuestadas, el 27,5% tiene plan de previsión y de ellas el 39,6% tienen más de un plan. La mayoría de los planes de jubilación analizados pertenecen a los sectores financiero, servicios, químico y farmacéutico.

Según KPMG Abogados, aunque al inicio del año parecía que había interés por incentivar los planes colectivos de empresas, la situación derivada del Covid-19 ha provocado no solo que no se incentiven dichos planes, «sino que en algunas empresas hayan tenido que tomar medidas para reducirlos o paralizarlos temporalmente».

El informe también recoge que el 79% de los planes analizados es de aportación definida, el 10% de aportación definida y el 11% mixto. El 61% de los planes va dirigido a toda la plantilla, frente a un 20% que recoge solo a directivos, un 3% a mandos intermedios y un 16% a otros.

KPMG ha subrayado que la mayoría de los planes de jubilación implementados en España son los planes de pensiones de empleo, según el 46% de los encuestados.

Respecto a la fórmula de aportación a los planes de jubilación, el 74% tiene fórmulas de aportación consistentes en un porcentaje fijo sobre el salario pensionable, un 8% tiene una fórmula de aportación de dos tramos separados por una variable de corte, un 7% no aplica, porque tiene un plan de prestación definida y un 5% que tiene una cuantía independiente del salario pensionable.

Sin embargo, el 63% de las empresas cree que no se dan las condiciones para hacerlo en este momento, o que el coronavirus no ha disminuido los planes en materia de previsión social de las empresas.

De su lado, un 77% piensa que es necesario que se tomen medidas en materia de fiscalidad y de comunicación, así como que se establezca la obligatoriedad de realizar aportaciones a sistemas privados.

FOMENTAR EL AHORRO PRIVADO

De hecho, un 83% considera que no son suficientes los incentivos fiscales al ahorro y cree que el Gobierno tendría que incentivar el ahorro para la jubilación a través de instrumentos de ahorro tanto colectivos como individuales. Para KPMG Abogados, es necesario llevar a cabo una reforma fiscal que fomente el ahorro privado, tanto el colectivo como el individual.

Por otro lado, el estudio dice que, por la pandemia, el 10% ha aplicado medidas temporales de reducción de aportaciones a sus planes de jubilación, frente a un 90% de las compañías participantes en el estudio que no ha llevado a cabo una reducción por el Covid en el importe de aportación al plan de previsión social.

En general, preguntados por si han tenido que tomar medidas como reducción de plantilla por el Covid, el 62% ha asegurado que no ha tomado medidas, el 28% ha afirmado que ha realizado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y un 10% ha tomado otras medidas (congelación salarial y ERTE, finalización de contratos temporales, medidas individuales, bolsa de horas, permisos retribuidos recuperables, cambios de rol o anticipación de vacaciones).

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) propone modificar, mediante la aprobación de un Real Decreto-ley, preceptos específicos de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, con el objetivo de agilizar la distribución de fondos europeos Next Generation EU que recibirá España para la recuperación económica.

Esta es la medida que la patronal de empresarios ha propuesto finalmente en el grupo de trabajo que la CEOE constituyó, en el seno de la Comisión Legal, a principios de octubre, para acelerar los procedimientos para canalizar estos recursos hasta el sector privado y flexibilizar los instrumentos de colaboración público-privada.

Según la CEOE, España debe ejecutar 140.000 millones de euros en seis años provenientes del Plan Europeo de Recuperación, lo que constituye un «importantísimo reto de gestión». El propio Plan ‘España puede’ ya advierte de posibles ‘cuellos de botella’ operativos, por falta de medios, o legales, dada la complejidad de la tramitación.

Por un lado, si no se superan estos obstáculos, al demorar los compromisos de gasto y, de este modo, impedir que puedan ser atendidos con el importe asignado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la recuperación de la economía española a la que están destinados estos fondos se podría ver frustrada, con la consiguiente destrucción de empresas y empleos.

Por tanto, para maximizar el impacto de estos fondos es «fundamental», según la patronal, eliminar dichos ‘cuellos de botella’ y las trabas burocráticas de la legislación vigente en materia de contratos públicos y subvenciones, para lo cual propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones.

CAMBIOS

Con estos cambios, la CEOE pretende proporcionar a las unidades encargadas de la ejecución y gestión de los fondos europeos, medios adicionales para hacer frente a esta labor, no solo atajando o minimizando los ‘cuellos de botella’ operativos, sino también generando sinergias entre dichas unidades, gracias a modelos de documentación administrativa extrapolables y a la preferencia otorgada a la tramitación de estos procedimientos.

También pretende acortar los tiempos de tramitación de los expedientes y simplificar su instrucción. Por ejemplo, suspendiendo la necesidad de que sean calificados de urgentes todos los procedimientos. Así, se dispone que los que estén sujetos a este ámbito de aplicación se tramiten directamente en los plazos establecidos para los expedientes calificados de urgentes.

Además, se propone la exclusión de la exigencia de garantía provisional, la generalización de las declaraciones responsables y la utilización de medios electrónicos.

Se plantea, igualmente, evitar que determinados trámites, como la fiscalización previa o la acreditación de la existencia de crédito presupuestario, impidan avanzar en la tramitación de los contratos o las ayudas, con el consiguiente ahorro de tiempo.

Del mismo modo, se persigue hacer compatibles las imprescindibles medidas de control ambiental de determinados proyectos con la agilidad en la tramitación de los procedimientos destinados a llevarlos a cabo.

Además, la CEOE pretende también incentivar la búsqueda en el sector privado de proyectos transformacionales y alineados con los objetivos de los fondos europeos, ante los réditos asociados a ser los primeros en plantear estos proyectos al sector público. A tal fin, se habilita a los particulares para presentar propuestas de contratos que se puedan acoger a los principios del Plan Nacional, accediendo a una puntuación adicional en su oferta de licitación a fin de incentivar la presentación de propuestas por parte de los particulares.

Igualmente, la patronal quiere así agilizar la colaboración público-privada, flexibilizando las formas de colaboración interadministrativas y de los sectores público y privado a través de consorcios con el objetivo de que dicha colaboración permita una utilización más eficiente y eficaz de los fondos europeos.

Por último, pretende incorporar a las entidades financieras a la misión de agilización, abriendo la posibilidad de que voluntariamente se sometan al correspondiente convenio de colaboración, cuando las bases reguladoras así lo prevean, para intervenir en el procedimiento de concesión de las subvenciones, de cara a la tramitación de las solicitudes, el análisis de requisitos y la propuesta de concesión.

Un total de tres comunidades y ciudades autónomas españolas continúan sin movilizar unos fondos de 5,62 millones de euros del nuevo Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible Moves II lanzado por el Gobierno, pese a que el plazo para hacerlo ya finalizó hace casi dos meses.

Así, unos 5,62 millones de euros de los 100 millones que contemplaba el plan continúan paralizados ya que Murcia, Extremadura y Ceuta no han publicado en sus respectivos boletines oficiales el plan, aunque el límite venció el pasado 17 de septiembre, tres meses después de que el Ejecutivo permitiese activarlo.

En concreto, Extremadura dispone de 2,26 millones en ayudas para la compra de vehículos eléctricos correspondientes al Moves II, mientras que a Murcia le corresponden 3,16 millones de euros y a Ceuta, 180.729 euros.

Otras comunidades, como es el caso de Andalucía (17,95 millones), Castilla-La Mancha (4,33 millones) y Navarra (1,38 millones) esperaron hasta el último momento para publicar en sus respectivos boletines oficiales la convocatoria, mientras que Islas Baleares (2,53 millones), Melilla (180.431 euros) o Castilla y León (5,12 millones) ya lo publicaron fuera de plazo.

Por su parte, Canarias (4,70 millones de euros) y Cantabria (1,123 millones de euros) fueron las últimas comunidades en aprobar el plan. En el caso de la comunidad cántabra, lo aprobó hace apenas dos semanas.

Entre las comunidades que sí lo han autorizado también ha habido discrepancias. Por ejemplo, en Baleares han sido muchas las voces del sector que han criticado la puesta en marcha del plan en esta comunidad insular ya que, al contrario de lo que dicta el acuerdo estatal, obliga a los ciudadanos a achatarrar un vehículo antiguo para poder comprar un coche ‘cero emisiones’.

Por ello, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) tachó de «incomprensible» que Baleares publicase el plan «tarde» y con modificaciones que «reducen su eficacia y crean confusión», ya que recupera el requisito del achatarramiento para empresas y particulares, un tema al que se había llegado a un consenso para eliminarlo.

En la misma línea se han pronunciado desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), calificando de «discriminatorias» las bases del Plan Moves II que el archipiélago ha publicado. Por ello, ambas asociaciones han pedido que se modifique y que se adapte a las bases nacionales.

Aun así, en la actualidad esta cláusula continúa vigente, aunque el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) la está analizando, según explicaron fuentes del sector.

TODAS LAS COMUNIDADES LO PUBLICARÁN

A pesar de estos retrasos, fuentes IDAE consultadas afirmaron que «lo importante» es que todas las comunidades autónomas publicarán el plan, a pesar de que algunas de ellas lo hagan fuera de plazo.

«Lo importante es que todas las comunidades han aceptado las ayudas oficialmente y nos consta que todas ellas están realizando los trámites administrativos internos para sacar las convocatorias», subrayaron desde el IDAE.

En la misma línea ha hablado el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), Arturo Pérez de Lucia, quien aseguró que «todas las comunidades están trabajando en ello», por lo que si no han publicado ya sus planes es por algún «retraso administrativo».

El Plan Moves II cuenta con un presupuesto de hasta 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible. Así, el Gobierno aporta hasta 5.500 euros para la adquisición de un modelo ‘cero emisiones’, mientras que los fabricantes darán una ayuda adicional de 1.000 euros para incentivar su compra.

En lo que se refiere a turismos, el modelo debe de tener un precio máximo de hasta 45.000 euros. Esta cantidad asciende hasta los 53.000 euros para modelos de ocho plazas o en el caso de que el destinatario último sea una Administración o una entidad sin ánimo de lucro.

El Pleno del Congreso vota esta semana una moción de la CUP que reclama al Gobierno la suspensión de todos los desahucios y la regulación del mercado del alquiler de viviendas en un plazo de tres meses, con índice público y social de precios, la prohibición de las Socimis, no recurrir la ley de alquileres del Parlament de Cataluña e integrar todo inmueble de la Sareb, el llamado ‘banco malo’ en el parque público de vivienda.

La moción es consecuencia de la interpelación dirigida por la diputada de la formación anticapitalista e independentista catalana, Mireia Vehí, al ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, José Luis Ábalos, en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, el pasado 28 de octubre.

En esa interpelación, Ábalos se reconoció «impactado» por la imagen de una familia recién desahuciada en el distrito madrileño de Carabanchel, pues señaló que el Gobierno había prohibido estas ejecuciones. Ahí explicó que la Sareb, propietaria de la vivienda, había informado que se trataba de una ‘okupación’, si bien reconocía que «esta no es la imagen que este país merece, máxime si hay menores».

Y es que la suspensión de desahucios aprobada por el Gobierno está supeditada a aquellos en los que se acredite vulnerabilidad por la crisis provocada por la pandemia, no situaciones de vulnerabilidad previa, y la suspensión no es automática.

La iniciativa reclama la suspensión de los desahucios «de cualquier tipo y razón» durante el vigente estado de alarma y movilizar toda la cartera inmobiliaria disponible por el Sareb, el llamado ‘banco malo’, para que pasen a formar parte del parque público de vivienda.

En materia de alquileres, la CUP reclama regular en un máximo de tres meses sus precios en base a un índice público –PSOE y Unidas Podemos pactaron a finales de octubre llevar al Congreso una ley en cuatro meses con esta regulación– y no recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de alquileres del Parlament de Cataluña.

El Banco de España prevé que los problemas de insolvencia de las empresas como consecuencia de la crisis del Covid den lugar a un «repunte significativo» de las solicitudes de concurso una vez expire la moratoria concursal el próximo 31 de diciembre.

El Gobierno, en el contexto de la crisis económica ocasionada por la pandemia, suspendió la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores (concurso voluntario) hasta el 31 de diciembre de 2020 e impidió que sus acreedores pudieran realizar la solicitud antes de esta fecha (concurso necesario).

El fin de la moratoria a finales de año se sumará a la «baja eficiencia» de los procedimientos de insolvencia que, según el Banco de España, son demasiado largos (la duración media fue de casi cuatro años en 2019), y son «escasamente» utilizados, tanto en lo que concierne a los concursos de acreedores como a los mecanismos preconcursales por parte de las sociedades no financieras y los empresarios individuales.

En un documento en el que analiza los procedimientos de insolvencia, el Banco de España justifica esta afirmación con datos: la tasa de concursos empresariales, que mide el número de concursos entre el total de compañías, fue la segunda más baja en 2006, por detrás de Polonia.

La situación no cambió con la llegada de la crisis de 2008 a pesar del repunte de concursos durante la recesión, pues siguió situándose muy por debajo de la de otras economías desarrolladas. En concreto, mientras que en España se produjeron cerca de 15 concursos por cada 10.000 empresas en 2010, en Japón hubo 88, en Alemania se registraron 89, en Estados Unidos casi 100, en Reino Unido hubo 137 y en Francia se superaron los 200.

La institución explica que estos datos se deben sobre todo a la baja concursalidad de los autónomos y las microempresas (empresas con menos de 10 trabajadores). En el caso de los autónomos, en 2019 hubo 2,2 concursos por cada 10.000 autónomos en España, frente a 31,8 en Francia y 74 en Inglaterra y Gales. En cuanto a las microempresas, en 2019 hubo 9,5 concursos por cada 10.000 microempresas españolas, frente a 104,8 en Francia, es decir, 11 veces menos.

En el caso de empresas con 10 o más empleados, España también presenta tasas concursales más bajas que Francia, 65,8, frente 179,2, de forma que la tasa concursal española es 2,7 veces menor que la francesa en este segmento empresarial.

El Banco de España atribuye el escaso uso del concurso de acreedores por parte de autónomos y pequeñas empresas tanto a la «baja eficiencia del sistema concursal», que se refleja en la lentitud de los procedimientos y se debe «al menos parcialmente» a la congestión de los Juzgados de lo Mercantil, como al «reducido atractivo» que tiene el sistema para las personas físicas y los dueños de microempresas por la dificultad para obtener una exoneración de deudas.

PROPONE MEDIDAS PARA EVITAR EL COLAPSO DE LOS JUZGADOS

Ante el aumento de solicitudes de concurso que prevé que se produzca tras el fin de la moratoria a finales de diciembre, el Banco de España propone una serie de medidas a corto plazo para evitar la «congestión» de los Juzgados de lo Mercantil.

En primer lugar, plantea fomentar el uso de los mecanismos preconcursales, tanto los acuerdos de refinanciación como los existentes para autónomos y pequeñas empresas (AEP), así como explorar la posibilidad de impulsar la participación de profesionales en los procesos preconcursales y concursales mediante un aumento de las retribuciones de los mediadores concursales, la garantía de que los administradores concursarles cobrarán su retribución y la ampliación del turno de oficio al ámbito concursal.

De forma alternativa, añade, podría recurrirse al sistema anglosajón de ‘pro bono público’, a partir del cual un experto judicial (en este caso, un mediador o administrador concursal) realiza su trabajo de forma voluntaria y sin retribución monetaria.

A largo plazo, el Banco de España apuesta por dotar al sistema concursal español de más recursos, ya sea mediante la creación de más Juzgados de lo Mercantil o mejorando la capacidad de respuesta de los ya existentes mediante una mayor tecnificación.

También aboga por reducir la duración del plan de pagos, por ejemplo, a tres años y eliminar como condición de acceso no haber rechazado una oferta de empleo. Ve también necesario diseñar mecanismos concursales específicos para microempresas y para autónomos, más ágiles y menos costosos que el procedimiento concursal propio de empresas de mayor tamaño.

Asimismo, recomienda establecer, como hacen otros países, vías rápidas y de muy bajos costes para tramitar y resolver los concursos de individuos con bajos niveles tanto de deuda como de activos y de ingresos mediante la liberación de las deudas tras la liquidación de su patrimonio inembargable.

MÁS EMPRESAS INVIABLES SI SE PROLONGA LA MORATORIA

La institución también alerta en este documento de que si la moratoria concursal aprobada con motivo de la crisis del Covid se alarga en el tiempo puede contribuir a una mayor supervivencia de empresas inviables o ‘zombis’ que, sin medidas de sostenimiento financiero como las refinanciaciones bancarias, acabarán por desaparecer en un breve plazo de tiempo.

Así, el organismo que gobierna Pablo Hernández de Cos cree que sería «conveniente evaluar cuidadosamente» una posible prolongación de la moratoria concursal más allá de finales de 2020, dado que esto podría «exacerbar» la supervivencia de empresas inviables en el mercado, con balances «cada vez más deteriorados», que provocarían además la acumulación de casos de insolvencia que habrían de resolverse cuando finalmente terminara la moratoria.

En este sentido, el Banco de España advierte de que existen evidencias de que la mayor supervivencia de empresas ‘zombis’ en el mercado reduce los beneficios del resto de las empresas, disminuye la inversión y el crecimiento del empleo, desincentiva la entrada de nuevas sociedades y provoca una «mala asignación» de los recursos productivos y pérdidas de productividad.

Entre los ‘pros’ de la moratoria aprobada por el Gobierno, el Banco de España reconoce que esta medida ha evitado una «avalancha» de solicitudes concursales que hubieran colapsado los Juzgados de lo Mercantil y reducido notablemente el número de concursos, que han ascendido a 4.290 hasta septiembre, frente a los 5.478 correspondientes al mismo periodo de 2019.

El Tesoro Público celebrará esta semana dos nuevas emisiones de deuda, una primera de letras a 3 y 9 meses el martes y una segunda de deuda a largo plazo el jueves, en un contexto de mínimos históricos en los tipos de sus últimas subastas y de optimismo en los mercados por las novedades sobre los avances de la vacuna de Pfizer.

Los inversores mantienen, pese a la crisis y las revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento de España por distintos organismos, su confianza en los títulos españoles tal y como demuestran los resultados de las últimas subastas.

En la última, del pasado martes, captó 2.452,39 millones de euros en letras a seis y doce meses, en el rango medio previsto y cobrando un poco más a los inversores en ambas referencias, que volvieron a colocarse en los mínimos históricos que ya marcaron en septiembre de 2019.

Esta semana, el Tesoro ofrecerá el martes letras a 3 y 9 meses a los inversores y el jueves emitirá bonos del Estado a 5 años, con cupón del 0%, y obligaciones del Estado a 7 años (vencimiento 30 de julio de 2027), con cupón del 0,80%.

Para determinar la evolución del coste de financiación, la referencia en las letras a tres meses es el tipo de interés marginal del -0,671% del pasado 13 de octubre, y en las letras a nueve meses el tipo marginal del -0,581% registrado ese mismo día.

En el caso de la deuda a largo plazo, la referencia para el bono a 5 años que se subastará el jueves es el tipo marginal del -0,325% de la emisión del pasado 15 de octubre, y en las obligaciones a 7 años el interés de referencia es el interés del -0,033% registrado en la emisión del pasado 17 de septiembre.

Con estas dos emisiones el organismo cerrará el calendario de octubre y no volverá a los mercados hasta el 1 de diciembre, para encarar el último mes de un ejercicio marcado por la pandemia del Covid-19 que ha obligado a revisar en dos ocasiones la estrategia de financiación del Reino de España.

Concretamente, fue revisado en mayo al alza en 100.000 millones como consecuencia de las mayores necesidades por la crisis del Covid-19, pero que se varió de nuevo en octubre para reducirse en 15.000 millones.

El secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, explicó que el coste de emisión de la deuda pública se situará a final de año en el 0,20%, por debajo del 0,22% actual, al tiempo que la carga de los intereses de la deuda superará este año el 2% del PIB, aunque posteriormente recuperará la senda descendente.

Tras la última revisión del programa, las emisiones netas quedan en 115.000 millones y las brutas en 282.137 millones. Tras esta reducción, las necesidades de financiación bruta hasta final de año pasan de los 47.000 millones a los 32.000 millones.

De esta cantidad, el organismo prevé que aproximadamente 10.000 millones se cubran con el nuevo instrumento europeo de ayuda al desempleo SURE en 2020, una vez que la Comisión Europea ha anunciado el comienzo de su programa de emisión.

Estos fondos se destinarán a atender los gastos de los distintos programas puestos en marcha para reducir el impacto sobre el empleo del Covid-19. El resto de fondos asignados a España, hasta completar los 21.325 millones aprobados, se recibirá en 2021.

Del total de 282.137 millones de emisión bruta previstos para 2020, la mayoría (188.469 millones) será a través de emisiones de deuda a medio y largo plazo y el resto de letras (93.668 millones).