El gasto social del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 alcanzará los 239.765 millones de euros, un 10,3% más y el equivalente al 52,6% del gasto total de las nuevas cuentas públicas, que alcanza los 456.073 millones, un 20,1% más. De esta cantidad, el 35,8% irá a parar a pensiones. Además, se aumentará el presupuesto de todos los ministerios, con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la cabeza.

Así se desprende del proyecto de PGE, aprobado por el Consejo de Ministros y presentado en rueda de prensa por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que lo llevará y presentará mañana en el Congreso, y previamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quienes han destacado que recoge «el mayor gasto social de la historia.

En concreto, se recogen 239.765 millones de euros en políticas sociales, un 10,3% más que este año, y que incluye 8.988 millones procedentes de fondos europeos excepcionales de los 26.634 millones que España recibirá en total a lo largo del próximo ejercicio.

Aunque los PGE de 2021 recogen la mayor cifra de gasto social en términos absolutos, la partida social equivale al 52,6% del gasto total, inferior al 56% de los presupuestos de 2018 en vigor y por debajo del 57,3% previsto en el fallido proyecto presupuestario de 2019.

La partida más relevante, las transferencias corrientes, sumarán 136.502 millones, un 39,1% más, que se elevarán hasta los 145.685 millones de euros al incluir la primera anualidad de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos e incorpora las transferencias a la Seguridad Social y las CC.AA., con un alza total del 43,4%.

Los gastos de personal subirán un 4,2%, hasta 18.599 millones y los gastos financieros un 0,4%, hasta 31.713 millones, en tanto que las operaciones corrientes alcanzarán los 195.685 millones, un 29,8% más.

De su lado, las inversiones reales repuntarán un 34,1%, hasta 8.230 millones y las transferencias de capital un 250,7%, hasta 28.523 millones.

Los gastos no financieros se elevarán un 41%, hasta los 236.311 millones, y los financieros un 22,5%; hasta los 147.212 millones, con lo que los gastos totales de los PGE ascenderán a 383.542 millones, un 33,3% más.

EL GASTO EN PENSIONES SUPONDRÁ 35 DE CADA 100 EUROS

Como todos los años, la mayor parte del gasto social se destina al pago de las pensiones, con 163.297 millones de euros, un 3,2% más que este año, equivalente al 35,8% del gasto total. Los PGE incluirán la subida del 0,9% de las pensiones y del 1,8% de las pensiones no contributivas.

A bastante distancia figuran las prestaciones por desempleo, la segunda partida en volumen de gasto, con 25.012 millones de euros, un 20,1% más y el equivalente al 5,5% del total, en el que se incluye la subida del 5% del Iprem, hasta los 564,7 euros.

Para otras prestaciones económicas se presupuestan 20.623 millones (+7,9%, el 4,5% del total), para servicios sociales y promoción social 5.201 millones (+70,3%, el 1,1%); para fomento del empleo 7.405 millones (+29,5%, el 1,6%), para acceso a la vivienda y fomento de la edificación 2.253 millones (gestión y administración de Trabajo y Economía Social (1.104 millones (+28%) y de la Seguridad Social (+29,5%).

En cuanto a los servicios públicos básicos, con 22.697 millones, el 5% del total y un alza del 5,5%, se contemplan para Justicia 2.048 millones (+7,6%, el 0,4%), para Defensa 9.072 millones (+5%, el 2%), para seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 9.694 millones (+,5%, el 2,1%) y para política exterior y cooperación al desarrollo 1.882 millones (+17,4%, el 0,4%).

Por su parte, para Sanidad, sin incluir asistencia sanitaria del mutualismo, se presupuestan 4.088 millones, (+151,4%, el 1,1% del total), para Educación 2.242 millones (+,9%, el 0,5%) y para Cultura un total de 1.148 millones (+25,6%, el 0,3%).

En cuanto a las actuaciones de carácter económico, se destinarán 8.405 millones a agricultura, pesca y alimentación (+10,2%, el 1,8% del total); 11.166 millones a industria y energía (+10,9%, el 2,4%); 2.230 millones a comercio, turismo y pymes (+150%, el 0,5%); 2.621 millones a subvenciones al transporte (+4,1%), el 0,6%).

El mayor monto lo recibirá infraestructuras y ecosistemas resilientes, con una inversión de 11.527 millones (+114,8%, el 2,5%), junto a I+D+i, con 11.48 millones (+80,1%, el 2,5%), a lo que se sumarán 861 millones en investigación, desarrollo e innovación militar (+26,8%) y otras actuaciones por 1.105 millones.

En órganos constitucionales, Gobierno y otros se contempla un presupuesto de 752 millones, un 3,6% más, en servicios de carácter general 9.942 millones (+60,1%), en administración financiera y tributaria 1.564 millones (+1,5%), en transferencias a otras administraciones 70.288 millones (+34,1%) y en deuda pública un total de 31.667 millones (+0,4%).

AUMENTA EL PRESUPUESTO DE LOS 22 MINISTERIOS

En lo referido a los ministerios, todos los departamentos ven aumentar su presupuesto, si bien el gasto efectivo de los ministerios y otros organismos del estado será de 194.456 millones de euros, algo por debajo del techo de gasto aprobado hace dos semanas, según ha especificado Montero.

El departamento que contará con un mayor presupuesto en 2021 será el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con 29.032 millones de euros, un 90,8% más que este año, seguido por el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con 11.935 millones (+141,8%); el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con 11.470 millones (+91,9%), también por la recepción de fondos europeos para dos de los principales departamentos inversores.

A continuación figuran el Ministerio de Defensa, con 9.409 millones (+4,6%); Interior, con 8.906 millones (+3,9%); Trabajo y Economía Social, con 6.267 millones (+1.167%); Educación y Formación Profesional, con 5.465 millones (+56,1%); Asuntos Económicos y Transformación Digital, con 4.550 millones (+392%); Derechos Sociales y Agenda 2020, con .3.836 millones (+70,6%) y Sanidad, con 3.421 millones (+947%).

Les siguen los ministerios de Ciencia e Innovación, con 3.232 millones (+59,4%); Hacienda, con 2.719 millones (+5,2%); Industria, Comercio y Turismo, con 2.396 millones (+338%); Justicia, con 2.014 millones (+7,6%), Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, con 1.443 millones (+19,7%); Agricultura, Pesca y Alimentación, con 1.242 millones (+53,4%) y Cultura y Deporte, con 894 millones (+37,7%).

Los departamentos con un menor presupuesto serán los de Política Territorial y Función Publica, con 619 millones (+72,9%); Universidades, con 462 millones (+94,3%); Igualdad, con 451 millones (+157,2%); Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, con 262 millones (+11,3%) y Consumo, con 41 millones (+68,4%).

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado que es responsabilidad de las autoridades de política económica que no se conviertan en estructurales daños derivados de la crisis económica, como son el desempleo, el elevado endeudamiento de las empresas, la situación de las finanzas públicas o la productividad.

Según ha reconocido durante el I Foro Económico Internacional organizado por ‘Expansión’, es difícil delimitar qué cambios derivados de la crisis tienen un componente estructural, debido a la elevada incertidumbre.

«Las crisis, cuando son muy persistentes, y esta tiene pinta de que lo va a ser, generan daños estructurales a los que hay que dar una respuesta económica óptima que los pueda aliviar», ha señalado el gobernador, quien ha apuntado a cuatro daños estructurales en la economía.

Por un lado, Hernández de Cos ha reconocido que el sector empresarial saldrá de la crisis más endeudado. En este sentido, ha explicado que la política económica ha apoyado con financiación a las empresas para evitarles problemas de liquidez, pero es el momento de reenfocar la política económica de los próximos trimestres y sustituir el apoyo a la financiación, que llevaría a más endeudamiento, por subvenciones directas, participaciones de capital o alivios de la deuda empresarial.

Por otro lado, el gobernador ha advertido de que la economía española no será capaz de evitar el crecimiento del desempleo que, si además viene motivado por cambios estructurales en las empresas, requiere que el foco se ponga no solo en políticas de garantía de rentas, sino empezar a enfatizar las políticas activas de empleo y de formación.

En tercer lugar, ha reconocido que los altos niveles de déficit y endeudamiento de las finanzas públicas «van a suponer una rémora» que habrá de acometerse con incrementos de impuestos o reducción del gasto público, con sus efectos negativos sobre el crecimiento.

Finalmente, el gobernador ha advertido de las posibles consecuencias sobre la productividad y de los posibles errores de política económica. Si bien en los primeros momentos de la crisis el Banco de España apoyó una política fiscal muy expansiva, ahora ve muy importante que el sector público no persista en apoyar a empresas no viables.

«Hacer frente a estos daños estructurales con una visión de largo plazo y reformas de carácter estructural es particularmente importante. Ya lo era antes de la crisis y lo es más ahora», ha sostenido Hernández de Cos.

CAMBIOS ESTRUCTURALES

Además de los daños estructurales, Hernández de Cos se ha referido a cambios estructurales, positivos y negativos, que ha traído consigo la crisis del coronavirus.

Una tendencia positiva ha sido el fenómeno de la digitalización. «Estamos buena parte de las empresas teletrabajando y esto está aquí para quedarse, porque probablemente beneficia al bienestar del trabajador y, al menos, añade una alternativa adicional a lo que teníamos antes», ha explicado.

En este sentido, ha señalado que la autoridad pública debe favorecer los marcos laborales que permitan que la digitalización «sea un hecho», así como aliviar algunos costes y poner el peso en la formación de los empleados.

El gobernador también se ha referido a la tendencia «claramente proteccionista» que había antes de la crisis. «Todos los retos globales son eso, globales, y la política doméstica nacional no va a ser capaz de enfrentarse a ello de manera adecuada. La respuesta óptima mundial debería ser más multilateralismo y no menos», ha advertido Hernández de Cos, quien también ha lanzado un mensaje de optimismo, pues la respuesta financiera global ha sido coordinada y Europa ha actuado de la manera «adecuada.

Otra tendencia que se ha acelerado es la desigualdad, cuya lucha pasa por contar con un buen diagnóstico de lo que tiene detrás. En este sentido, ha recordado que el Banco de España ha dado una serie de recetas de cómo debería ser el marco laboral para eliminar las trabas que generan un mayor desempleo. «Sucede lo mismo con las políticas de género y es así donde hay que enfocar la política económica», ha asegurado.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha asegurado este martes que el Govern no descarta ninguna medida para la reactivación del turismo, incluida la de pedir PCR negativa a los turistas como pretende hacer Canarias, aunque ha matizado la distinta situación de los dos archipiélagos.

Negueruela ha recordado que ya se fijó como un elemento importante la PCR negativa en origen para poder establecer corredores seguros con mercados emisores.

En todo caso, el conseller ha resaltado la diferente situación de los archipiélagos tanto respecto a la situación epidemiológica, el estado de alarma como al estado de la temporada turística.

Negueruela ha resaltado la importancia de que ambos gobiernos trabajen en coordinación porque los intereses tienen que sumarse ya que Canarias y Baleares se relacionan, aunque con distinto peso, con Alemania y Reino Unido como mercados emisores.

El conseller ha aprovechado para matizar algunas informaciones y ha explicado, por un lado, que en Canarias no se han activado corredores seguros «como tal» sino que los países emisores han levantado algunas restricciones.

Por otro lado, ha indicado que en el archipiélago canario no se están realizando pruebas PCR en puertos o aeropuertos sino que se plantea la posibilidad de practicarlas en los establecimientos.

Según ha apuntado, en territorio español no se están haciendo PCR en puertos y aeropuertos a pesar de que ambos gobiernos lo han pedido. Además, el tipo de movilidad de ambas regiones es diferente. A diferencia de Canarias, en Baleares hay mucha movilidad nacional por trabajo y eso hace más compleja la situación de los controles.

Negueruela ha hecho un llamamiento a evitar comparaciones para poder lanzar los mismos mensajes a los mercados emisores.

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con un desplome del 2,14%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.651,3 enteros, en una jornada que ha continuado marcada por la incertidumbre e inestabilidad debido al impacto de la segunda ola del Covid-19, con aumento de contagios y nuevas restricciones en distintos países de Europa, entre ellos España.

En cuanto a datos macro, en España el paro subió en 355.000 personas en verano, aunque la creación de empleo marcó un récord, con 570.000 empleos, según la EPA.

También, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, los más expansivos de la democracia española y que recogen subidas del IRPF, Sociedades y Patrimonio, así como un aumento del 0,9% de las pensiones y del salario de los funcionarios.

En el plano empresarial, Banco Santander presentó sus resultados anunciando pérdidas de 9.048 millones hasta septiembre, frente al beneficio de 3.732 millones de euros de un año antes, pero logró un beneficio de 1.750 millones en el tercer trimestre. Asimismo, el banco prevé cerrar 2020 con un beneficio ordinario de 5.000 millones y reducir costes por otros 1.000 millones en los próximos dos años en Europa.

En este contexto, solamente dos valores han terminado en positivo: PharmaMar (+0,55%) y Siemens Gamesa (+0,12%). El resto se teñía completamente de ‘rojo’, aunque han destacado las caídas de Bankinter (-6,26%), CIE Automotive (-6,18%), Amadeus (-5,75%), ArcelorMittal (-5,22%), Colonial (-4,93%) y Bankia (-4,68%).

El resto de plazas europeas también han terminado en negativo, con caídas del 1,09% para el Ftse 100 de Londres, del 1,77% para el Cac 40 de París, del 0,93% para el Dax de Fráncfort y del 1,53% para el Mib de Milán.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 39,55 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 41,25 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española subía hasta 75 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,156%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1825 ‘billetes verdes’.

El volumen de inversión en el mercado español del capital privado se redujo un 35%, hasta los 3.712,6 millones de euros en 513 inversiones, a fecha 30 de septiembre, según los datos de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión.

Así, el Covid ha frenado el ritmo de inversión del capital privado en España, tras varios años de resultados récord, por las incertidumbres sobre la evolución de la pandemia y su efecto en la economía, si bien «se prepara para 2021 con grandes reservas de liquidez».

En este sentido, el capital privado captó 1.384 millones de euros de los inversores nacionales hasta septiembre, un 34% más que en el mismo periodo de 2019, lo que «demuestra el interés» de los inversores institucionales por España a pesar del contexto de crisis económica por el Covid-19, según Ascri.

Los fondos internacionales fueron responsables del 80% del volumen total invertido en los primeros nueve meses del año en 116 inversiones. Por su parte, los inversores nacionales privados concentraron el 18,8%, con 295 inversiones, y los inversores nacionales públicos el 2% restante, tras liderar 102 inversiones.

«España es un gran país para invertir», ha señalado el presidente de Ascri, Aquilino Peña, en la presentación de los datos durante la ‘Conferencia anual para gestoras de capital privado y sus inversores’ organizada por EY, este martes.

Ascri considera que el sector del capital privado y capital riesgo de España enfrenta este cambio de ciclo económico con una «buena posición», que le permitirá seguir recortando distancia con la industria europea.

En los nueve primeros meses se cerraron siete ‘megadeals’, que concentraron el 54% de la inversión mencionada. Del volumen total invertido, el segmento de ‘venture capital’ invirtió 424,6 millones de euros en 413 inversiones. No obstante, el 86% de las inversiones recibió menos de 5 millones de euros en ‘equity’.

Las operaciones con una inversión en ‘equity’ de entre 10 millones y 100 millones de euros, el ‘middle market’ mantuvo su dinamismo a pesar de la crisis actual, con un volumen total de 1.229 millones de euros repartido en 48 inversiones.

Según la fase de desarrollo, la inversión en los denominados ‘buy outs’ destacó con un volumen de 1.010 millones de euros en 31 inversiones, impulsada por el cierre de los grandes deals. Con relación al capital expansión (‘growth’) se realizaron 54 inversiones por un volumen total de 428,4 millones de euros.

En cuanto a las desinversiones, su volumen a cierre de septiembre fue de 669,4 millones de euros, a precio de coste, tras el cierre de 195 desinversiones.

El 65,6% de dicha cantidad fue desinvertido mediante la fórmula de venta a terceros, el 16,5% fue por venta a otra entidad de capital privado y el 7,7% se correspondió a reembolso de préstamos.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros contempla una mejora de los ingresos públicos del 14,7% del PIB, debido principalmente al incremento del 13% de los ingresos tributarios por la mejora de la economía y el alza de algunas figuras impositivas.

En concreto, los ingresos tributarios sumarán una cifra de 222.107 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al avance de liquidación previsto para este año.

Desglosando por impuestos, la recaudación del IRPF, que se incrementará para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y para las rentas del capital de más de 200.000 euros, se elevará un 7,8%, hasta los 94.196 millones de euros.

Los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades, que también se elevará para las grandes empresas por el recorte de la exención en el reparto de dividendos entre sus filiales, repuntarán el próximo año un 20,7%, hasta sumar 21.720 millones de euros.

También se elevará la recaudación por IVA, en este caso un 13,9%, hasta alcanzar los 72.220 millones de euros. El principal cambio introducido en este impuesto es un incremento del IVA aplicado a las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasa del 10% al 21%.

Los ingresos por impuestos especiales, por su parte, aumentarán un 12,4%, hasta los 21.809 millones de euros, impulsados por el alza del impuesto de hidrocarburos para el diésel, que pasará de 30,7 céntimos el litro a 34,4 céntimos. Asimismo, el resto de ingresos tributarios se elevarán un 46%, hasta sumar 12.163 millones de euros.

Por otro lado, los ingresos no tributarios también se beneficiarán de la mejora de la economía el próximo año, con un incremento del 25,7%, hasta alcanzar los 33.524 millones de euros.

Las empresas familiares han aprovechado la segunda jornada del Congreso del Instituto de la Empresa Familiar para pedir al Gobierno que utilicen la pandemia del Covid-19 para impulsar las reformas pendientes que pueden reactivar la economía española.

María Helena Antolín, vicepresidenta del Grupo Antolín, ha solicitado al Gobierno que «actúe deprisa, porque nos estamos jugando el futuro industrial del país y, para ello, debe aumentar la coordinación con las empresas, las universidades y los centros de investigación si queremos conseguir el objetivo de que el sector industrial pase de representar el actual 16% al 20% del PIB en los próximos años».

Además, en su opinión, «tiene que huirse de cualquier tipo de inseguridad en materia de legislación si queremos atraer a la inversión extranjera».

Por parte del sector turístico ha intervenido Sabina Fluxá, vicepresidenta y CEO del Grupo Iberostar, quien ha pedido un «plan de recuperación para el sector cuya contracción explica la caída del 67% del Producto Interior Bruto (PIB) de este año en España», sin depender solo de la llegada de una vacuna.

No hay que olvidar que un país que ha sido capaz de recibir 83,7 millones de turistas en 2019 es que ha hecho algo bien, y este aspecto lo debería poner más en valor el Gobierno.

Ambas ejecutivas participaron en una mesa de debate titulada «La huella de la pandemia: tres sectores de la economía española encarando la recuperación» en la que también intervino Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva y consejera delegada de Adolfo Domínguez, quien puso el acento en que las empresas que sobrevivan a la crisis «será porque darán a los clientes algo diferencial, y no sólo en cuanto al producto, sino también en la forma en que llegan al mercado, a través de nuevas aplicaciones o una elevada atención al cliente.

Por su parte Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España, y que actuó como moderador del panel, aseguró en su intervención que «la incorporación de criterios de sostenibilidad, sociales y de gobierno corporativo en la agenda de las empresas familiares ha ayudado a gestionar la crisis y seguirá siendo diferencial. Precisamente, la digitalización y la sostenibilidad son los dos ámbitos principales sobre los que bascula el Plan Europeo de Recuperación, con el objetivo de consolidar el cambio de modelo productivo en Europa.

A todo ello, las ejecutivas añadieron la importancia de la innovación como vector para ayudar en la salida de la crisis provocada por la pandemia, así como de la comunicación constante y transparente, tanto con empleados como los diferentes grupos de interés y, por supuesto, siempre manteniendo los compromisos en materia de sostenibilidad, un asunto que no sólo ha venido para quedarse, sino que se ha reforzado con la crisis de la Covid-19.

La cifra de contratación en el sector logístico español se situó en los primeros nueves meses del año en 1,2 millones de metros cuadrados, igualando los niveles alcanzados en el mismo periodo del año pasado a pesar de la crisis del coronavirus.

Según datos de CBRE, en este periodo se han cerrado seis transacciones correspondientes a naves mayores de 25.000 metros cuadrados, la mayoría en el área de distribución nacional de los ejes A-2 y A-42, abarcando el comercio electrónico el 50% de la contratación.

«Con este nivel de actividad es previsible que en 2020 la contratación supere los niveles de la media histórica de la Zona Centro, pudiendo registrar alrededor de 800.000 metros cuadrados», adelanta el director nacional de Industrial & Logística de CBRE, Alberto Larrazábal.

La suma total de superficie logística contratada incluye datos de Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga y Bilbao, además de la de los dos focos logísticos del país, Zona Centro y Cataluña.

No obstante, respecto a datos de inversión, entre enero y septiembre se alcanzó un volumen de alrededor de 651 millones de euros, lo que supone un descenso del 50% respecto a la cifra alcanzada un año antes. Las previsiones apuntan a un cierre de año por encima de los 1.000 millones.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para abordar la mejora de la normativa relativa a las inspecciones y controles a los que se deben someter los buques españoles, en cumplimiento de los compromisos internacionales.

La normativa regula la actividad supervisora que lleva a cabo la Administración marítima para asegurar que los buques se diseñan, construyen y mantienen cumpliendo las prescripciones de seguridad aprobadas en el seno de la Organización Marítima Internacional.

Con la modificación aprobada, el Gobierno introduce medidas en aras de mejorar la eficiencia de la Administración marítima y agilizar las inspecciones y controles a los que se deben someter los buques para garantizar los máximos niveles de seguridad en su funcionamiento.

Los cambios propuestos permitirán a las organizaciones autorizadas realizar las inspecciones de control a los buques y a las compañías, de modo que se reducirán los tiempos de espera, lo que redundará también en la mejora de la competitividad de los buques de bandera española.

Asimismo, posibilitan a las organizaciones autorizadas la expedición y renovación de los certificados de trabajo marítimo, facilitando así la agilización de los trámites.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución territorial de 1,46 millones de euros en ayudas excepcionales para el sector del porcino ibérico, uno de los afectados por el impacto del coronavirus, tras la decisión adoptada el pasado 13 de octubre por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

En concreto, esta decisión se apoya en el Real Decreto 687/2020 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020, cuyo contenido fue elaborado conjuntamente con las comunidades autónomas y el sector.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha señalado que el reparto de estas ayudas se ha llevado a cabo en consonancia con las comunicaciones efectuadas por las autoridades competentes de las regiones con respecto a sus previsiones sobre las peticiones realizadas por los beneficiarios. La dotación presupuestaria prevista para la línea en este ejercicio es de 10 millones de euros.

El pasado 30 de septiembre se publicó una modificación del real decreto mencionado mediante la cual se ampliaba hasta el 15 de noviembre, entre otros cambios, el plazo del periodo subvencionable.