El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros la inyección de 719 millones de euros en la gigafactoría de inteligencia artificial de Móra la Nova, el proyecto con el que España aspira a una de las cinco grandes infraestructuras de computación que la Unión Europea financiará a través de InvestAI.
Claves de la operación
- El Ejecutivo moviliza 719 millones públicos. La cantidad se canalizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y se suma a las aportaciones privadas de Telefónica, ACS, Santander y Multiverse Computing, aún pendientes de cerrar.
- La convocatoria europea se retrasa a la primera quincena de julio. El ministro Óscar López mantiene un ‘optimismo máximo’, pero el nuevo calendario añade presión para formalizar el consorcio que debe concurrir al concurso.
- El proyecto refuerza la doble sede catalana y madrileña. Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid) vertebran la candidatura, con Francesc Fajula, exconsejero delegado de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, al frente del diseño.
La aportación del Gobierno, gestionada por la SETT, supone un espaldarazo casi definitivo a la candidatura española a las gigafactorías que la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC) desplegará con cargo al fondo InvestAI. Ese instrumento movilizará 200.000 millones de euros en IA en toda la UE, de los que 20.000 millones se destinan a financiar cinco nuevos centros de computación de última generación. España compite con Francia, Alemania y otros socios por uno de esos polos, en un contexto en el que Bruselas quiere reducir la dependencia tecnológica de Estados Unidos y China.
Telefónica, que lidera el proyecto desde octubre de 2025, presentó inicialmente la ubicación de Móra la Nova junto a Masorange, Nvidia y varias startups españolas. Sin embargo, la salida de Masorange —tras la compra total por parte de su matriz francesa Orange, que participa en la gigafactoría gala— obligó a reconfigurar el consorcio. En enero de 2026 se añadió la segunda sede en San Fernando de Henares para robustecer la propuesta, una estrategia multisede que también ensayan otros países europeos.
Desde Merca2.es observamos que la bicefalia geográfica tiene una doble lectura: por un lado, reduce la latencia para el ecosistema tech madrileño y diluye el riesgo de concentrar toda la inversión en un solo punto; por otro, complica la coordinación del proyecto y puede elevar los costes operativos que el consorcio privado tendrá que asumir.
El pulso europeo por los centros de datos soberanos
La convocatoria se retrasa hasta la primera quincena de julio, un mes más de lo previsto. Fuentes europeas citadas por La Vanguardia atribuyen la demora a la complejidad de las negociaciones con los países candidatos. Mientras tanto, el ministro López ha reiterado su ‘máximo optimismo’ sobre las posibilidades de España, aunque el retraso tensa las costuras financieras de un proyecto que aún no ha cerrado las cuantías definitivas de los socios privados.
El consorcio que debe formalizarse incluye a ACS, Santander y la tecnológica vasca Multiverse Computing, además de Telefónica. Sus aportaciones económicas se desvelarán cuando se constituya formalmente el grupo, pero el montante global determinará la fuerza de la candidatura frente a las de Francia o Alemania, que ya han movilizado compromisos privados multimillonarios. La SETT, por su parte, está a punto de incorporarse a la EuroHPC con una contribución cercana a los 250 millones de euros.
Con estos mimbres, el reto no es tanto construir un centro de datos gigante como asegurarse un asiento en la próxima mesa de la computación mundial.
La doble sede, la baza diferencial de España
La elección de Móra la Nova y San Fernando de Henares no es casual. La primera ofrece suelo industrial, conexión energética y proximidad al Barcelona Supercomputing Center, que ya forma parte de la EuroHPC. La segunda acerca la infraestructura a Madrid, donde se concentran buena parte de las empresas que demandarán capacidad de cómputo para la inteligencia artificial y y la ciberseguridad. El diseño busca minimizar la latencia y distribuir el impacto económico.
Francesc Fajula, que abandonó la Fundació Mobile World Capital Barcelona el pasado 7 de mayo, se ha volcado en perfilar los últimos detalles del proyecto. Su experiencia en la gestión de grandes eventos tecnológicos y su conocimiento del ecosistema catalán son activos que el consorcio valora, pero la presión de los plazos y la incertidumbre sobre la cuantía final de las aportaciones privadas convierten su misión en una carrera contrarreloj.
El historial supercomputador español y los riesgos de la candidatura
España no parte de cero. El Barcelona Supercomputing Center y el superordenador MareNostrum han colocado a la ciencia computacional española en el mapa europeo durante más de dos décadas. Ese bagaje, junto con la capilaridad de Telefónica —que en los últimos años ha pivotado de operador de telecomunicaciones a proveedor de infraestructuras digitales—, aporta una credibilidad que otros socios comunitarios no tienen. Sin embargo, el abandono de Masorange y el retraso en la convocatoria han debilitado el cronograma inicial, que preveía tener los compromisos cerrados en el primer trimestre de 2026.
El proyecto se autodefine como una gigafactoría de IA, pero en la práctica es un centro de datos de última generación con capacidad para albergar ordenadores cuánticos y atender la demanda creciente de procesamiento de la inteligencia artificial. La propiedad será compartida entre los socios privados y la SETT, y se espera que esté operativa en un horizonte de tres a cuatro años si Bruselas da luz verde. La clave estará en la solidez del consorcio: la Comisión Europea exige que los proyectos tengan un alto grado de coinversión privada y una gobernanza que garantice su viabilidad a largo plazo.
En esta redacción entendemos que la partida se juega en los próximos dos meses. La primera quincena de julio marcará el inicio de la convocatoria, pero la resolución final puede demorarse hasta finales de año. Mientras, los socios deben cerrar sus aportaciones y demostrar que España no solo tiene terrenos y fibra, sino también un modelo de negocio que justifique los 719 millones de dinero público. La sombra de Masorange y la competencia de París y Berlín son recordatorios de que, en infraestructura digital, las promesas no bastan.
