El presidente y consejero delegado de Mazda Automóviles España, José María Terol, ha defendido una neutralidad tecnológica en el marco de la revisión de las etiquetas medioambientales de los vehículos que está llevando a cabo la Dirección General de Tráfico (DGT).

Terol mostró, en declaraciones, su deseo de que los nuevos distintivos no discriminen en términos de tecnología y de que estos reflejen las emisiones reales de los vehículos, sin tener en cuenta si usan una u otra tecnología.

El directivo explicó que la evolución de la tecnología se está diversificando mucho y cada marca utiliza alternativas diferentes y señaló que Mazda es un ejemplo de empresa que usa soluciones tecnológicas únicas.

«Por ello, creemos que lo importante es mirar al resultado de la aplicación de las tecnologías, que en nuestro caso creo que es excelente, más que si se utiliza una u otra tecnología«, explicó el máximo responsable de la compañía en España.

Por otro lado, valoró de forma positiva la llegada de la tercera edición del Plan Moves, de impulso a la movilidad eléctrica, especialmente en un momento en el que las marcas están «muy presionadas» para vender vehículos eléctricos para cumplir los objetivos de emisiones y evitar el pago de multas.

«Es absolutamente imprescindible que haya programas de apoyo por parte del Gobierno para que hagan los coches eléctricos más asequibles a los clientes particulares y que eso permita que, entre todos, consigamos esos objetivos de aumentar las matriculaciones de vehículos eléctricos», subrayó.

Terol también se mostró a favor de otros programas como el extinto Renove orientados a renovar el parque automovilístico español y a la sustitución de los automóviles más antiguos, que son los más contaminantes, por otros nuevos «incluso aunque no sean eléctricos».

Así, puso el ejemplo de la tecnología e-Skyactiv X de Mazda, que cuenta con un sistema híbrido electrificado y un propulsor de gasolina «hipereficiente», que, a pesar de no ser 100% eléctrico, ofrece un alto nivel de eficiencia.

«Promover la sustitución de coches antiguos por otros con tecnologías como esta, creemos que sería una opción muy interesante y realista para acelerar el proceso de reducción de emisiones», finalizó el presidente y consejero delegado de Mazda en España.

El consejo de administración de Acciona solicitará este lunes en junta general extraordinaria de accionistas la autorización para sacar a Bolsa su filial de renovables, Acciona Energía, mediante una oferta de venta de acciones de al menos el 25% de su capital social, manteniendo en todo caso la matriz el control de la nueva sociedad.

La junta, cuyo único punto del día es la aprobación de esta operación, dará comienzo a las 13.30 horas y, debido a la situación sanitaria, se celebrará de forma exclusivamente telemática desde su sede corporativa en Madrid.

Con esta transacción, dirigida solo a inversores institucionales, Acciona busca duplicar su potencia instalada de energía renovable en solo cinco años, lo que supone incrementar en 9,3 gigavatios (GW) su potencia instalada hasta 2025, pasando de los 10,7 GW actuales a los 20 GW al final del periodo.

Este objetivo también supone duplicar la anterior meta que se había propuesto la empresa, ya que, antes de anunciar la salida a Bolsa de su filial, las previsiones apuntaban a una potencia instalada total de 15 GW para 2024.

Asimismo, la previsión de la compañía es invertir hasta 7.000 millones de euros en los próximos años a través de la recepción de fondos europeos destinados a la recuperación económica en España, con el foco puesto en la descarbonización.

La nueva sociedad, que saldrá a cotizar este mismo año en las bolsas de valores españolas, incluirá todo el negocio de Energía de Acciona, aunque excluyendo su participación en el fabricante de aerogeneradores alemán Nordex.

En 2020, el negocio de energía de Acciona facturó 1.780 millones de euros, un 10,9% menos, aunque fue el menos afectado por la pandemia, una crisis que ocasionó un impacto de 770 millones de euros al conjunto del grupo. Los analistas dan un valor de 9.500 millones de euros a sus activos renovables.

Los beneficios obtenidos irán a parar a reducir la deuda de la matriz y no se descarta que, una vez debute en el mercado español, también se estrene en otras plazas extranjeras.

«La salida a Bolsa del negocio de energía puramente renovable permitirá liberar capacidad de crecimiento en los demás sectores estratégicos en los que estamos presentes», aseguró el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, cuando dio a conocer la operación.

La fuerte subida del precio de los criptoactivos ha atraído a muchos inversores minoristas, que esperan obtener grandes rentabilidades, pero que en ocasiones no son conscientes de cuáles son los riesgos que corren más allá de la fluctuación de su precio.

Al igual que otros activos, como las acciones, el precio de las criptomonedas varía según su demanda, con la diferencia de que en los últimos años se ha disparado y desplomado múltiples veces. Por ejemplo, en marzo de 2020 cotizaba a 4.000 dólares, frente a los 61.000 que llegó a tocar en el mismo mes en 2021.

No obstante, a la volatilidad se une otro riesgo derivado de su naturaleza digital: los ciberataques son cada vez más comunes, y no solo a empresas relacionadas con las criptomonedas. Asimismo, los chiringuitos financieros, es decir, entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad, se postulan como otra amenaza a tener en cuenta.

La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, ha manifestado su preocupación sobre este último asunto en y ha explicado que últimamente están utilizando las criptomonedas como reclamo, si bien son una problemática que ha existido «desde siempre».

Suárez ha destacado la labor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que saca cada poco una lista con los que detecta. Por ejemplo, el pasado 29 de marzo alertó de Bitcoin Champion y Cryptocashsignals en relación con las criptomonedas.

«Cuando te quieras dar cuenta y quieras poner una reclamación no lo vas a encontrar, porque hay todo un entramado empresarial que hace imposible recuperar el dinero», ha explicado.

Asimismo, Suárez ha recordado que desde Asufin están impartiendo webinars sobre las criptomonedas, para explicar a los inversores los pros y los contras de la inversión en estos activos.

2GETHER SUFRIÓ UN CIBERATAQUE EN VERANO

Los ciberataques están a la orden del día, ya sea en las compañías de criptomonedas o en la Administración Pública, como el hackeo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que tuvo lugar el pasado 9 de marzo.

La compañía española 2gether fue víctima el pasado 31 de julio de un ciberataque que resultó en el robo de 114 bitcoins y 276 ethers, equivalentes a 1.183 millones de euros y al 15% de las posiciones de los clientes.

2gether ha estado trabajando desde entonces para reponer el máximo posible de fondos sustraídos y ha ofrecido a los usuarios la posibilidad de convertir las pérdidas, total o parcialmente, en capital de la compañía o en tokens 2GT (el token del proyecto).

Asimismo, la startup consiguió recaudar 1,5 millones de euros en una ronda de financiación que se cerró a finales de enero, una cantidad que se destinará a reforzar la seguridad de la compañía y su modelo de cobertura, así como a reponer los fondos sustraídos

«En el mundo cripto han pasado muchas cosas porque ha habido mucho promotor de proyecto con malas intenciones históricamente y que cuando ha surgido un problema, no ha dado la cara y ha cerrado», ha explicado el consejero delegado de la compañía, Pablo Ferraz.

Ferraz explica que fueron capaces de parar el ataque para que no fuera «inasumible», aunque sí fue un importe «relevante» y que la startup no podía reponer en ese mismo momento a los usuarios. Además, estos últimos han solicitado que la devolución se haga en las criptomonedas sustraídas, algo que se ha visto dificultado por su subida de precio en los últimos meses.

Después de frenar el ciberataque, el equipo trabajo durante cinco días en construir un nuevo entorno libre de riesgos y después, reabrieron la aplicación.

El consejero delegado de 2gether hace hincapié en que desde que sucedió, la compañía ha cambiado todos sus antivirus por EBR, más potentes; sustituido las VPN, que ya solo están abiertas en horario laboral, y construido un fondo de cobertura para protegerse si volviese a ocurrir.

De momento, no se obliga a las compañías de criptomonedas a que tengan un fondo de cobertura como el que está creando actualmente 2gether, si bien sí se contempla en la nueva regulación en la que está trabajando la UE, MiCA.

CNMV Y BANCO DE ESPAÑA, ATENTAS A LOS CRIPTOACTIVOS

En febrero de este año la CNMV publicó junto al Banco de España un comunicado en el que alertaba sobre los riesgos de invertir en este tipo de activos y subrayaba su falta de legislación, variaciones extremas de los precios y su incapacidad para ser usadas como dinero de curso legal.

A esto se suma la decisión del Gobierno en marzo de «establecer los mecanismos necesarios» para que la CNMV pudiese regular la publicidad de las criptomonedas, para lo que el supervisor abrió una consulta pública hace unos días.

Suárez ha dicho en declaraciones que van a presentar su propuesta a la consulta abierta por la CNMV y considera que las criptomonedas «no pueden quedarse fuera» de las exigencias a otros activos y que no se debe perder de vista la directiva MiCA.

«Hay que poner grande y en negrita que los inversores pueden perder todo su capital», ha sentenciado Suárez, que ha insistido en que son «cosas básicas» para que el usuario sepa dónde está invirtiendo.

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, explicó el viernes en la clausura de ‘Token World Conference’ que se iban a centrar en la publicidad de los criptoactivos cuando estos sean ofrecidos como inversión.

«El principal elemento que requiere acción regulatoria descansa sobre la posibilidad de que la publicidad de criptoactivos como inversión no contiene información objetiva sobre el producto y sus riesgos», ha defendido.

Buenaventura también ha alertado de que no solamente existe el riesgo de perder la inversión debido al precio, sino que el usuario también corre el peligro de sufrir un ciberataque y perder todo su dinero.

No obstante, pese a los riesgos de la inversión en criptoactivos, Buenaventura ha señalado que estos tienen un «poder transformador» y «potencial para convertirse en uno de los pilares de la transformación digital de la economía.

El Consejo Económico y Social (CES) ha señalado en su último informe sobre digitalización al elevado uso de los servicios públicos digitales, especialmente la Agencia Tributaria, el despliegue de infraestructuras TIC y la presencia de grandes empresas tractoras como fortalezas españolas de la digitalización.

Los autores del informe consideran que el ejemplo de la adaptación de la Agencia Tributaria, al que tildan de «ejemplar», debe permear al resto de la Administración para cumplir el objetivo de digitalizar los servicios públicos.

El Consejo considera «positivas» las iniciativas del Gobierno en esta materia de cara a 2025 y llama a reforzar la nube y las competencias digitales de los trabajadores públicos, así como valora el «elevado compromiso con la ciberseguridad», aunque considera que es un campo que también presenta amenazas y oportunidades.

Otra de estas oportunidades es la que tiene España de convertirse en un ‘hub’ de conectividad internacional en el sur de Europa, algo para lo que los expertos consultados creen que el país se encuentra una buena posición.

El Gobierno ha planteado un plan de atracción de infraestructuras digitales transfronterizas, que serán categorizadas como estratégicas de alto interés económico.

GRANDES EMPRESAS TRACTORAS, INFRAESTRUCTURAS Y ‘STARTUPS’

El informe también califica de forma positiva la existencia de grandes empresas tractoras que ya están digitalizadas y pertenecen a varios sectores productivos.

Las grandes compañías españolas se encuentran en un estado más avanzado de digitalización que las pequeñas y medianas empresas, hecho que se constata por ejemplo si atendemos al teletrabajo durante la pandemia. Mientras tres de cada cuatro empleados de las grandes empresas teletrabajan en el confinamiento, solo lo hacía uno de cada cinco empleados en pymes.

Desde el CES, valoran además positivamente los ecosistemas digitales o de innovación empresarial que pueden servir como ejemplos para otros de lo que permite hacer la integración de la tecnología en la estructura de las empresas y su negocio y recuerdan que, formalmente, muchas ‘startups’ puramente digitales son pymes por su bajo número de empleados y pueden servir como espejo.

Los expertos del órgano consultivo subrayan que se debe tener en cuenta este efecto tractor que podría conseguir que ciertos sectores impulsaran el crecimiento y el empleo y detrás de estos al resto de áreas económicas.

Para conseguir esto, España cuenta con una de las mejores y más avanzadas redes de infraestructuras del mundo.

El mantra de que el país tiene más fibra óptica desplegada que los otros cuatro grandes países europeos juntos es repetido con frecuencia en el sector de las telecomunicaciones como un ejemplo de la avanzada posición de la que se parte en este campo.

Asimismo, el informe «pone en valor» el papel de España en la red de supercomputación europea con centros como el Barcelona Supercomputing Center.

UNA SOCIEDAD PREPARADA

La última de las fortalezas que subraya el análisis es la aceleración de la digitalización del confinamiento que ha situado a los españoles como una sociedad que, de hecho, espera estos cambios.

En una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo el 2,8% de los españoles consideraba que Internet iba a ser menos importante en su vida en los próximos años.

Asimismo, actividades como el comercio electrónico se encuentran plenamente incorporadas en la vida cotidiana y generando ingresos cada vez mayores, en el tercer trimestre de 2020 crecieron un 2,5%, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El Gobierno presentará este martes su plan de recuperación y un tercio de los fondos irá destinado a la digitalización, en una oportunidad única para que España aproveche sus fortalezas y cubra sus debilidades en la considerada la cuarta revolución industrial que definirá el futuro económico del planeta.

El Banco de España mantiene en su activo del balance 9,054 millones de onzas troy de oro fino, unas tenencias que han permanecido constantes en los últimos cuatro años, pero cuyo valor se ha ido revalorizando de forma constante, hasta contar con una tasación de mercado a cierre de 2020 de 13.978 millones de euros.

Desde que estalló la crisis del coronavirus, el oro ha experimentado una revalorización de entorno al 7%, hasta situarse en 1.473 euros por onza, si bien el pasado verano llegaba a alcanzar los 1.700 euros, lo que implicó un alza superior al 23% con respecto al inicio del estado de alarma en España. Desde 2016, ha elevado su valor en más de un 50%.

El Banco de España dejó de vender oro en el verano de 2007, hasta dejar las reservas en 9,1 millones de onzas troy (283 toneladas). Este metal precioso es un valor refugio en épocas de crisis, especialmente en momentos en los que la incertidumbre se cierne sobre los mercados internacionales y las dudas afectan a la valoración de la deuda soberana de los países.

Parte de estas reservas se custodian a día de hoy en las galerías de la Cámara del Oro, en la que también se ubica la Colección Numismática del Banco de España. Esta caja subterránea se encuentra a 35 metros de profundidad, está compuesta por seis galerías y tiene una superficie total de 2.500 metros cuadrados, de los que 1.000 corresponden a muros de hormigón.

Las obras de construcción de la Cámara finalizaron en marzo de 1936 y allí se trasladaron las cerca de 700 toneladas de oro que en aquel momento componían las reservas del Banco de España. Esta caja cuenta con un pozo de entrada que podría inundarse con agua en caso de necesidad, impidiendo completamente el acceso a ella.

El pozo de entrada actuaría como una efectiva medida disuasoria, al impedir la entrada al recinto, si bien no se ha utilizado nunca desde su construcción, aunque algunas series televisivas han llegado a imaginar la Cámara del Oro totalmente sumergida en agua.

Los salarios pactados en convenio subieron de media en marzo un 1,58%, por encima de lo registrado a principios de año (+1,44%), frente a un IPC del 1,3%, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este incremento salarial está por debajo de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral. Este AENC, que tenía vigencia hasta el año pasado, en estos momentos se encuentra a la espera de que los sindicatos y la patronal decidan renovarlo.

En marzo se registraron 1.832 convenios colectivos con efectos económicos en 2021, pero solo 45 se firmaron hasta el tercer mes del año. El resto, 1.787, se firmaron en ejercicios anteriores, aunque despliegan también sus efectos este año.

Los 1.832 convenios registrados en el primer trimestre de 2021 daban amparo a más de tres millones de trabajadores (3,64 millones de personas).

Del conjunto de convenios, 1.442 eran de empresa, con efectos sobre 231.048 trabajadores y una subida salarial media del 1,17%, y 390 eran convenios sectoriales, que daban cobertura a algo más de 3,4 millones de trabajadores, con una subida salarial media del 1,61%.

En cuanto a las 45 nuevas unidades de negociación firmadas hasta marzo, los 37 eran convenios de empresa, con un incremento salarial medio del 1,36% para 4.129 trabajadores. Los ocho restantes se dieron en los convenios de ámbito superior, con un incremento del 1,36% para 264.967 empleados.

La jornada media pactada en convenio se situó en febrero en 1744,18 horas anuales por trabajador (1.719,83 horas en los convenios de empresa y 1.745,83 en los convenios de ámbito superior).

SUBEN LOS ‘DESCUELGUES’

La estadística de Trabajo revela además que en marzo se registraron 69 inaplicaciones de convenios, casi un 44% más que en el mismo mes de 2020, que afectaron a 1.735 trabajadores, casi un 2% menos.

El ‘descuelgue’ de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas.La reforma laboral de 2012, que acaba de cumplir su noveno aniversario, introdujo mayor facilidad para que empresarios y trabajadores pudieran pactar estas inaplicaciones.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, acude este lunes a la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para informar al Congreso de los Diputados de su reforma para el sistema público de pensiones.

Escrivá comparecerá ante la Comisión a partir de las 17.00 horas y lo hará a petición propia, pero también a raíz de la solicitud del Pacto de Toledo, que acordó citarle para dar cuenta de las negociaciones que el ministro mantiene con los agentes sociales y también con las autoridades europeas.

Y es que el sistema de las pensiones es uno de los elementos en los que el Gobierno ha acordado con la Comisión Europea realizar reformas, en el marco de la llegada de fondos comunitarios para afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

En su última reunión de Mesa y Portavoces, la oposición exigió las explicaciones de Escrivá, ante las negociaciones con las autoridades europeas a cuenta del sistema de pensiones y la falta de explicaciones ante el Pacto de Toledo. Unas exigencias aceptadas por el PSOE y Unidas Podemos, que pidieron retrasarla unas semanas para celebrarla con las negociaciones con los agentes sociales más avanzadas.

NUEVA FÓRMULA DE REVALORIZACIÓN PARA DEJAR ATRÁS EL 0,25%

Y es que, como ha venido manifestando recientemente Escrivá, el Gobierno tiene muy avanzadas las conversaciones con los sindicatos CC.OO. y UGT y las patronales CEOE y Cepyme para acordar una nueva fórmula de revalorización de las pensiones y también las medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación y acercarla a la edad legal.

En el caso de la fórmula de revalorización, el ministro reconoció el pasado 17 de marzo en el Congreso estar «a punto de cerrar» un acuerdo con estas organizaciones para subir las pensiones «con el IPC». Esta nueva fórmula dejará atrás el sistema de revalorización impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, el conocido sistema del 0,25% que, en caso de déficit del sistema, limitaba así la subida de pensiones.

En el caso de la jubilación anticipada, Escrivá aseguró entonces que las negociaciones con sindicatos y patronales pasaban por «hacerla más justa y progresiva» pues, en sus condiciones vigentes, aseguró, «era regresiva».

«EN NINGÚN CASO VA A HABER RECORTES», PROMETE EL MINISTRO

Sin embargo, la reforma que más inquietud ha provocado, no solo entre la oposición, sino también entre Unidas Podemos, socio en el Gobierno de coalición, e incluso entre sectores del PSOE, es el posible aumento del período de cotización a 35 años para el cálculo de la pensión. Este aumento se recogió inicialmente en los documentos planteados a la Comisión Europea para concretar las reformas de pensiones y que finalmente no se incluyó en la ficha definitiva.

Sin embargo, Escrivá ha zanjado que esta posibilidad estuviera encima de la mesa, prometiendo que «en ningún caso va a haber recortes» en las reformas que negocia con Bruselas y con los agentes sociales, y que estas se ceñirán «estrictamente a las recomendaciones» del nuevo Pacto de Toledo.

Las pensiones son uno de los elementos más importantes en el funcionamiento de nuestro país. El sistema estatal está organizado de una manera en la que gran parte de la recaudación de los impuestos se destinan a hacer frente a estos pagos. En España existen dos tipos distintos: las contributivas y las no contributivas. Son, por tanto prestaciones económicas que se destinan para la protección de un trabajador, persona enferma o jubilado, entre otros.

Por eso son tan importantes para muchas personas. Y por eso, tanta gente quiere saber qué tipos existen y a cuánto asciende la cantidad de dinero que se cobra por cada una. Y precisamente en este artículo queremos hablarte de estos dos aspectos. Así que si quieres enterarte de todo, te recomendamos que sigas leyendo.

Pensiones por jubilación

Las pensiones por jubilación son aquellas que están dedicadas a cubrir la pérdida de ingresos cuando una persona, por los motivos que sean, ha decidido poner fin a su vida laboral siempre y cuando cumpla los requisitos pertinentes. Por tanto, existen tres tipos de jubilaciones diferentes. Una de ellas es la ordinaria. Otra la anticipada, ya sea tanto de manera anticipada como de manera voluntaria. Y por último la flexible.

Las cuantías a recibir dependen de distintos factores como la edad, si se vive solo o si se tiene un cónyuge tanto cargo como no. Así que la cuantía mínima que se puede recibir en una pensión por jubilación se queda en 604’40 euros. Mientras que la máxima prestación que se puede percibir en estos casos asciende a 1265’10 euros.

Pensiones por incapacidad permanente

Este tipo de pensiones son aquellas cuyo pago está destinado a cubrir las necesidades básicas de una persona que haya sido afectada por procesos patológicos o traumáticos. Para poder optar a ella estos procesos han de ser propiciados por una enfermedad o por un accidente que merme la capacidad laboral. En nuestro país, existen tres tipos distintos de esta pensión: de gran invalidez, total o absoluta.

La cuantía a recibir depende de varios factores como la edad, el tipo de asistencia requerida, si se tiene cónyuges y si están a cargo o no. En función de ello, la cantidad máxima a percibir es de 1.265’10 euros. Y la mínima se queda en 499’50 euros.

Pensiones por viudedad

Otro de los tipos de pensiones que contempla nuestro estado es el de viudedad. Para poder cobrarla, el cónyuge no fallecido debe de estar en alta en la seguridad social en el momento de la defunción. Además también debe de haber cotizado durante 500 días de manera interrumpida en algún momento en los 5 años previos al fallecimiento. Aunque todos estos requisitos quedan anulados si la causa de la muerte ha estado relacionada con un accidente.

En función de los titulares, la edad, y los cónyuges, tanto a cargo como no, la cuantía que se recibe por este tipo de pensión asciende a cantidades diferentes. Estas oscilan entre los 790’70 euros y los 499’50 euros.

Las pensiones por orfandad

Otro de los tipos de pensiones que contempla el Estado español son las que tienen que ver con la orfandad. Para poder acceder a ella hay que cumplir con varios requisitos. Algunos de ellos son, por ejemplo, el tener una edad inferior a 21 años. Pero también estar incapacitado para la práctica laboral. Además, el fallecido tenía que estar dado de alta en el momento del deceso. O si no, encontrarse en una situación que se le asimile.

Las cuantías a percibir por este tipo de pensión dependen da varios factores. Como por ejemplo, la edad, si hay minusvalía o no y si la orfandad es total o no. En función de ello, las cantidades a percibir oscilan entre los 208’90 euros y los 411 euros al mes.

Otro tipo de pensión es la no contributiva

Estas pensiones dependen de manera directa de cada Comunidad Autónoma y del IMSERSO. Existen varios requisitos que son necesarios cumplir para acceder a ellas. Ser residente legal en España, tener más de 65 años y no tener ni rentas ni derecho a una pensión de jubilación. Por su parte, para las de invalidez es necesario tener entre 18 y 65 y ser residente legal en España. Pero también tener una discapacidad de, por lo menos un 65% y no tener más de 5.538’40 euros de ingresos cada año.

La cuantía a percibir depende de diversos casos. Por ejemplo, en la jubilación no contributiva son 395,6 euros al mes. A los que hay que añadir 525 euros al año para los que opten al complemento para el alquiler de la vivienda.

Cada una de estas opciones puede optar a complementos

Hay veces en los que las prestaciones no alcanzan para cubrir las cuantías mínimas. En estos casos es cuando entran en juego los complementos por mínimos, para poder lograr así completarlas. Las cuantías de estos complementos, a su vez, también dependen de cumplimiento o no de una serie de condicionantes.