El Gobierno sigue sin encontrar un sistema de doble tarifa eléctrica para el regadío, que debía haber entrado en vigor hace dos años, según se aprobó en los Presupuestos de 2021, y cuya puesta en marcha le ha exigido hasta el Tribunal Supremo vía sentencia.

Concretamente, en los Presupuestos Generales de 2021, que fueron aprobados en diciembre de 2020, se incluía una disposición final para establecer en un plazo de seis meses un contrato de este tipo para el sistema de regadíos. La idea es que a lo largo de un año los regadíos se pudieran acoger a dos potencias diferentes en función del suministro para así abaratar los costes.

Sin embargo, concluidos los seis meses de plazo, esto es junio de 2021, el Gobierno no puso en marcha este sistema, por lo que Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos dirigió primero un escrito al Ministerio de Teresa Ribera. Tras no recibir respuesta, según explican, decidieron presentar un recurso en el Tribunal Supremo, que acabó dando la razón a la organización agraria el pasado mes de marzo de 2023.

En su sentencia, el Tribunal Supremo dio al Gobierno un nuevo plazo de seis meses para poner elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria para este sistema, por lo que la fecha límite ya será en septiembre de este año.

AÚN SE ESTUDIAN «POSIBLES ALTERNATIVAS»

Con todo ello, el Ejecutivo apunta ahora en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, que está estudiando las «posibles alternativas» para encajar este sistema de doble tarifa eléctrica en la normativa sectorial y comunitaria.

«Actualmente se está estudiando la sentencia del Tribunal Supremo y las posibles alternativas para su ejecución con encaje en la normativa sectorial y comunitaria», indica la respuesta escrita registrada en el Congreso ante una pregunta de varios diputados de Vox.

El Tribunal concluyó en su sentencia que no ajustarse a la diligencia de la administración para completar los procesos de ejecución legal sería otorgar al Ejecutivo un «derecho de veto» sobre aquellas leyes que dependieran de un desarrollo reglamentario y que esto «constitucionalmente sería inadmisible».

El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista caerá este martes un 5,7% con respecto al lunes, hasta los 83,78 euros por megavatio hora (MWh).

Por franjas horarias, el precio mínimo, de 60 euros/MWh, se dará entre las 16.00 y 17.00 horas, mientras que el precio máximo se registrará entre las 21.00 y 22.00 horas, cuando será de 105 euros/MWh.

A este precio medio del ‘pool’ se sumaría la compensación a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada, pero para este martes se situará nuevamente en 0 euros/MWh, situación que se repite desde el pasado 27 de febrero.

El precio medio de la luz en lo que va de mayo se sitúa en torno a los 70,5 euros/MWh, frente a los 187,13 euros/MWh que registró en el mismo mes del año pasado.

La denominada ‘excepción ibérica’ se ha extendido hasta el próximo 31 de diciembre, tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea. Así, se prolonga siete meses, hasta final de este año, y no se excluye que pueda prolongarse más tiempo si dicho marco también se prolonga.

En concreto, el acuerdo no solamente representa una extensión de la excepción ibérica que ya se aplicaba, sino que implica algunos ajustes para acomodarlo, como la referencia de precios, que hasta ahora se incrementaba en cinco euros al mes, y ahora será más suave.

En el acuerdo original, el citado precio de referencia para el gas tenía un valor medio de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durante seis meses, elevándose 5 euros/MWh cada mes a partir de entonces. Ahora, se incrementará en 1,1 euros/MWh desde abril, para concluir en 65 euros/MWh. Para este mes de mayo, el límite está fijado en 57,2 euros/MWh.

Actualmente, el mecanismo lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero, debido al descenso del precio del gas natural por debajo de los umbrales fijados para su aplicación, pero, en caso necesario, la prórroga permitirá mantener un precio razonable, no tan dependiente de la evolución del gas natural.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dado el pistoletazo de salida al ‘Encuentro Empresarial Invertir en Marruecos por una prosperidad común’ destacando la importancia de Marruecos como «entrada» de las empresas y la inversión española en África.

Durante el acto, Garamendi ha recordado que Marruecos concentra un tercio del total de las inversiones españolas en África y que, tanto Marruecos como España, son dos «economías complementarias» que cuentan con un elevado grado de colaboración mutua: Marruecos como principal entrada a África y España como plataforma de entrada a América Latina y Europa.

En la presentación del foro también han intervenido el ministro delegado ante el jefe de Gobierno encargado de la Inversión, la Convergencia y la Evaluación de las Políticas Públicas de Marruecos, Mohcine Jazouli; el ministro de Industria, Comercio y Turismo de España, Héctor Gómez; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; y el presidente de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), Chakib Alj.

Durante su intervención, el ministro de Industria, Comercio y Turismo de España, Héctor Gómez, ha puesto en valor las relaciones entre ambos países y ha asegurado que las energías renovables pueden ser un nuevo punto de unión entre Marruecos y España, ya que las dos naciones cuentan con potencial en este campo.

El ministro también ha destacado que desde el Gobierno de España es una «prioridad absoluta» seguir trabajando para fortalecer las relaciones comerciales con Marruecos y facilitar canales que permitan a las empresas españolas invertir en este país.

Algo que también ha recalcado el ministro delegado ante el jefe de Gobierno encargado de la Inversión, la Convergencia y la Evaluación de las Políticas Públicas de Marruecos, Mohcine Jazouli, al resaltar la capacidad del sector energético marroquí y, en concreto, respecto a las energías renovables.

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afirmado que la economía marroquí es «dinámica, estable, abierta y competitiva», y ha recordado la importancia de seguir manteniendo una «buena relación» en un escenario cargado de incertidumbre por lo sucedido con la invasión rusa en Ucrania.

El Viso, Recoletos y Castellana, todos ellos en Madrid, los barrios más ricos de España

Sant Cugat del Vallés, en Barcelona, es el municipio de España con menos paro, con una tasa de desempleo media estimada para 2022 del 5,2%. Le sigue Pozuelo de Alarcón (Madrid), con un 5,8%, según el informe ‘Indicadores Urbanos 2023’ publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ambos municipios ya lideraron la clasificación cuando se publicaron los datos de 2021 hace un año, pero en orden inverso. De este modo, en esta nueva edición de esta estadística, Sant Cugat del Vallés ha desbancado a Pozuelo como municipio con menor tasa de paro de toda España. En tercera posición se sitúa el municipio vasco de San Sebastián, con una tasa de paro del 6,5%, seguida de Las Rozas de Madrid (6,7%) y del municipio madrileño de Majadahonda (6,7%).

Por el contrario, el municipio gaditano de La Línea de la Concepción es el que mayor tasa de paro presenta, con una tasa estimada para 2022 del 29,3%, seguido de Ceuta (28%), del municipio jiennense de Linares (25,9%) y de los municipios de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Granada, ambos con una tasa de desempleo del 24,2%. De hecho, de los 15 municipios con mayores tasas medias de paro estimadas para 2022, la mayoría se encuentran en Andalucía.

Así, además de los cuatro ya mencionados, hay que sumar también a Algeciras (23,5%), Sanlúcar de Barrameda (23,3%), San Fernando (22,4%), Córdoba (22,2%), Chiclana de la Frontera (22,1%), Cádiz (21,6%), Alcalá de Guadaíra (21,2%) y El Puerto de Santa María (21%). Fuera de la comunidad andaluza, se cuelan en esta lista de 15 municipios con mayor tasa de paro las ciudades autónomas de Ceuta (28%) y Melilla (21,3%) y el municipio toledano de Talavera de la Reina (21,7%).

Por contra, entre los 15 municipios con menor tasa de paro, figuran cinco pertenecientes a la comunidad de Madrid (Pozuelo, Las Rozas, Majadahonda, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes); cuatro del País Vasco (San Sebastián, Getxo, Irún y Vitoria); cuatro de Cataluña (Sant Cugat, Barcelona, Castelldefels y Cerdanyola del Vallés); uno de Castilla y León (Burgos) y uno de Galicia (Santiago de Compostela).

En lo referente a las tasas de actividad, los municipios que presentaban en 2022 las cifras más elevadas son Rivas-Vaciamadrid (69,8%), Valdemoro (68,7%) y Parla (67,3%), todos ellos en la comunidad de Madrid. En el lado opuesto, los municipios con menores tasas de actividad fueron Ferrol (50,1%), Avilés (50,3%) y Gijón (50,4%).

SAN SEBASTIÁN, EL ÁREA URBANA CON MAYOR RENTA

En el informe publicado este lunes se incluyen los datos para las conocidas como Áreas Urbanas Funcionales (AUF). Cada AUF consiste en una ciudad y los municipios que forman su entorno funcional, concretamente de influencia laboral. Se definen 70 áreas urbanas funcionales para toda España.

Un municipio pertenece al AUF de una ciudad si el 15% o más de su población ocupada se desplaza a esa ciudad por motivos de trabajo. En 2022 las AUF con mayor población fueron las de Madrid (con 6,98 millones de personas), Barcelona (5,09 millones) y Valencia (1,78 millones). La AUF de Donostia/San Sebastián encabezó la renta neta media anual por habitante en 2020, con 16.836 euros, seguida de Bilbao (15.436 euros) y de Madrid (15.407 euros). Por su parte, Torrevieja (8.441 euros), Lorca (9.402 euros) y Marbella (9.721 euros) fueron las Áreas Urbanas Funcionales que presentaron las menores rentas.

El INE destaca que la proporción de empleo en la industria y los servicios permite distinguir entre AUF caracterizadas por una fuerte implantación de estos sectores frente a otros. En 2021 destacaron como áreas industriales las de Avilés (con un 26,7% de empleo en la industria), Alcoy (23,7%) y Sagunto (23,5%). Por su parte, las AUF de Marbella (2,6%), Almería (3,1%) y Mérida (3,1%) registraron los menores pesos de empleo industrial.

En cuanto a la proporción de población ocupada en el sector servicios, todas las AUF superan el 64%. Las de Mérida (91,5%), Toledo (91,2%) y Las Palmas de Gran Canaria (87,7%) registran los mayores porcentajes. Por su parte, las AUF en las que el sector servicios tuvo menor peso en el empleo fueron las de Avilés (64,7%), Lorca (65,0%) y Sagunto (68,8%).

EL MADRILEÑO BARRIO DE EL VISO, EL MÁS RICO DE ESPAÑA

Dado que dentro de las ciudades se dan también importantes desigualdades, la estadística también recoge datos para niveles inferiores al de la ciudad llamados ‘Sub-City District’ (SCD). En muchos casos, estos niveles coinciden con la división existente en distritos administrativos o barrios.

La lista actual de ‘barrios SCD’ la forman los municipios de Alicante, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Gijón, L’Hospitalet de Llobregat, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza. En total se contemplan 523 ‘barrios SCD’ en la estadística.

Los barrios con mayor renta neta media anual por habitante con datos de 2020 fueron El Viso (40.815 euros), Recoletos (37.067 euros) y Castellana (36.660 euros), los tres de Madrid. Por contra, las rentas más bajas se localizaron en Sevilla, en el barrio Polígono Surdel distrito Sur (5.816 euros) y en los barrios de Los Pajaritos y Amate del distrito Cerro-Amate, con 6.043 euros, y en el barrio alicantino de Juan XXIII (6.503 euros).

Los ministros de Competencia de la Unión Europea han respaldado este lunes nuevas reglas en materia de transparencia para hacer que los bienes de consumo sean más duraderos, confiables, reutilizables y reparables y prohibir la destrucción de aquellos que no se vendan.

Esta es la posición que ha adoptado el Consejo sobre la propuesta de reglamento por el que se establece un marco para establecer requisitos de diseño ecológico para productos sostenibles, que sustituye a la directiva existente de 2009 y que ampliará el alcance para establecer requisitos de sostenibilidad ambiental para casi todos los tipos de bienes colocados en el mercado de la UE.

El enfoque general introduce una prohibición directa de la destrucción de textiles, calzado y prendas de vestir, con una exención de 4 años para las medianas empresas y una exención general para las pequeñas y microempresas, aunque excluye los vehículos de motor de los grupos de bienes cubiertos por esta directiva, ya que leyes específicas abordan el impacto ambiental de los automóviles.

El reglamento también tiene como objetivo facilitar el movimiento de tales productos en el Mercado Único a través de un nuevo Pasaporte de Producto Digital que proporcionará información sobre la sostenibilidad ambiental de los productos, ayudará a los consumidores y las empresas a tomar decisiones informadas al comprar productos y a las autoridades públicas a realizar controles y verificaciones de una mejor manera.

Finalmente, la posición del Consejo establece un período de transición mínimo de 18 meses después de la entrada en vigor del acto delegado que establece los requisitos de diseño ecológico antes de que comience a aplicarse, dando así tiempo a los operadores económicos para adaptarse a los nuevos requisitos.

Además, los estados miembros también tendrán dos años para adaptarse y adoptar las medidas nacionales necesarias, incluidas las relacionadas con la vigilancia del mercado y las multas. El enfoque general acordado este lunes formaliza la posición negociadora del Consejo y otorga a la presidencia un mandato para las negociaciones con el Parlamento Europeo, que comenzarán tan pronto como este adopte su posición.

Las pruebas de inspección técnica de vehículos (ITV) incluyen dos nuevas pruebas desde el pasado sábado, una relativa al sistema de llamada de emergencia (eCall) y otra a la recopilación de datos OBFCM (On-Board Fuel Consumption Meter, en inglés).

En este sentido, los sistemas de llamada de emergencia (eCall) son obligatorios en los turismos y furgonetas desde el pasado 31 de marzo, algo que para la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) «ha contribuido a reducir el número de víctimas mortales, así como la gravedad de las lesiones» en los accidentes de tráfico.

El sistema eCall se activa cuando saltan los airbags, estableciendo una comunicación de voz con el centro de emergencias 112, o de forma manual si el conductor o los ocupantes pulsan el botón SOS que llevan los vehículos equipados con el sistema.

Aún así, el usuario no tendrá que realizar ninguna acción adicional en las nuevas pruebas. Sin embargo, sí que tendrá que tener en cuenta algunos aspectos para el buen estado del sistema eCall, según apunta la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil Norauto.

Según describe Norauto, en las pruebas del sistema de llamada de emergencia no se realizará bajo «ningún concepto» una llamada de prueba, algo que aseguran recoge el ‘Manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV’.

Por ello, se revisará mediante una inspección visual, mientras que si es posible, se comprobará la existencia y el correcto estado de sus componentes, es decir, el botón, el altavoz y el indicador visual de funcionamiento, entre otros. En el caso de que algún elemento esté en mal estado, se considerará un defecto grave.

Del mismo modo, la ITV comprobará que el sistema de autodiagnóstico no detecta un incorrecto funcionamiento del sistema, como algún aviso en forma de indicador visual que refleje anomalías. Esto supondría un defecto leve.

Si el defecto es leve, hay que subsanarlo en un plazo máximo de dos meses, sin tener que volver a pasar la ITV si el resultado de esta no ha sido desfavorable. No obstante, si los defectos son graves, el vehículo no puede circular salvo para ir al talles a arreglar estos defectos, también en un plazo máximo de dos meses.

Por otro lado, la recopilación de datos OBFCM es una nueva función que se le otorga a los centros de ITV para la recogida de información anonimizada para trazar estrategias desde el punto de vista de la seguridad vial y de la protección del medioambiente de acuerdo al funcionamiento real de los vehículos.

Estos datos no podrán ser usados, tratados o tenidos en cuenta de cara al resultado de la inspección y se eliminarán una vez que hayan sido reportados a la autoridad competente, según ha asegurado AECA-ITV.

Además, la recopilación de datos es aplicable para los turismos híbridos eléctricos enchufables y no enchufables, así como los de motor de combustión, matriculados a partir del 1 de enero de 2021.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 11 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, ha avisado de Lenz Capital (lenzcapital.pro); Bibox Technology (bibox.com); Ark Coin (arkcoin.cc); CT Matador (ctmatador.com); Señales Forex (señalesforex.com); Polarbtc (polarbtc.com); Upstream (upstream-market.com); Valo Holdings Group (surgetrader.com); Import Capital (importcapital.cc); Adrswap (adrswap.com); y Madeira Invest Club (madeirainvestclub.com).

El supervisor ha puesto de manifiesto que estas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de la CNMV y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión del organismo.

Las advertencias de la CNMV sobre ‘chiringuitos financieros’ pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los ‘chiringuitos financieros’.