He seguido de cerca el proceso electoral colombiano hasta su desenlace definitivo. Este viernes 7 de agosto, Abelardo De la Espriella jurará como nuevo presidente de Colombia en una ceremonia inusual: en lugar del Capitolio Nacional, la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali albergará a unos 6.000 invitados y una veintena de mandatarios extranjeros. El gesto no es simbólico: llega tras una segunda vuelta ajustadísima —el 49,66 % de los votos frente al 48,70 % de Iván Cepeda— y con las cuentas públicas bajo una presión que exige algo más que un cambio de sede.
El abogado penalista, sin experiencia previa en cargos ejecutivos, asume un país cuyo gasto público está lastrado por una deuda que supera los 1.169 billones de pesos. Acomodo esa cifra a euros: 314.000 millones, equivalente a casi el 60 % del PIB colombiano. No es la herencia más abultada de América Latina, pero llega en un momento en que el deficit ronda el 6,4 % del PIB y los mercados empiezan a vigilar los emergentes con lupa.
Un gabinete que mezcla tradición política y fichajes técnicos
De la Espriella ha formado un equipo de 18 ministros con paridad de género que combina perfiles del establecimiento político —como el excanciller Rodrigo Lara en Interior o la exfiscal Viviane Morales en Educación— con independientes extraídos del “banco de talentos” que el propio presidente electo impulsó durante la campaña. De ahí salió Claudia Benavides, ingeniera sin trayectoria política previa, que dirigirá la cartera de Ciencia.
La cartera de Defensa recayó en el general retirado Jorge Eduardo Mora, encargado de ejecutar la promesa central de la nueva administración: una ofensiva contra el crimen organizado que incluye bloques de seguridad urbana en las grandes ciudades y un ultimátum a las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo para que se sometan a la justicia antes de la posesión. La seguridad será el primer termómetro de su gestión.
La deuda pública, el déficit y el camino hacia el ajuste
La cifra que más pesa en la mochila de De la Espriella no está en las calles sino en las cuentas del Estado. La deuda pública colombiana alcanzó los 1.169 billones de pesos en 2025, unos 314.000 millones de euros. El déficit fiscal se sitúa en el 6,4 % del PIB, una brecha que su equipo económico se ha propuesto reducir al 4,8 % en apenas un año mediante recortes de gasto público. ¿Consecuencia inmediata? Los analistas locales advierten de que el ajuste restará crecimiento a corto plazo, justo cuando la tasa de paro bajó al 8 % en junio —la más baja para ese mes desde 2018— y la inflación repunta, lo que obligó al Banco de la República a subir tipos durante el último año.
Ese doble filo —desempleo en mínimos pero inflación al alza y menos margen monetario— convierte la política fiscal del nuevo Ejecutivo en un ejercicio de equilibrio que tendrá muy poco tiempo para demostrar resultados.
Más allá de los números, el sistema de salud colombiano arrastra una deuda sectorial superior a los 25,7 billones de pesos —casi 6.900 millones de euros— que ya ha provocado el cierre de centros médicos y desabastecimiento de medicamentos. Para pilotar la crisis, De la Espriella nombró a Ana María Vesga, hasta la semana pasada presidenta del gremio de aseguradoras, en un giro hacia el sector privado que promete tensiones con los herederos del gobierno de Gustavo Petro. La defensora del Pueblo ya ha advertido por carta de los riesgos para los derechos humanos en medidas como la reactivación del Escuadrón Móvil Antidisturbios o la eliminación de las consejerías presidenciales de Derechos Humanos y de Paz.
Un mandato en el que la credibilidad fiscal dictará la agenda internacional
En mi análisis, el verdadero desafío de De la Espriella no será la tensión política en el Congreso —donde el Pacto Histórico conserva la mayor bancada—, sino la capacidad de convencer a los mercados de que su plan de ajuste es creíble y sostenible. La apuesta por recortar el déficit en 1,6 puntos porcentuales en un solo ejercicio fiscal es ambiciosa y recuerda las experiencias de otros países emergentes que, sin respaldo internacional, vieron cómo los inversores castigaban su deuda soberana. Colombia cuenta, eso sí, con la línea de crédito flexible del FMI y un historial de disciplina fiscal, factores que pueden amortiguar el castigo.
Pero el nuevo presidente añade un componente de riesgo geopolítico al anunciar el cierre de catorce embajadas y una quincena de consulados, así como la ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua y la apertura de una representación en Jerusalén, en línea con la política de Donald Trump hacia Israel. Para un país que busca atraer inversión extranjera, ese bandazo diplomático puede generar dudas en los socios europeos justo cuando más necesita refinanciar parte de su deuda en los mercados internacionales.
🌍 El impacto en España y Europa
Colombia es uno de los principales receptores de inversión española en América Latina. Grupo Santander, BBVA, Telefónica, Mapfre o Indra mantienen operaciones relevantes allí. Un ajuste fiscal brusco que enfríe la economía colombiana podría trasladarse a menores ingresos para esas filiales y a un repunte de la morosidad en sus carteras crediticias. Para el ahorrador español, el riesgo más inmediato no es directo: el Euríbor no se moverá por la investidura de Cali. Pero si la prima de riesgo de la deuda colombiana se amplía por la desconfianza en su plan de ajuste, los fondos de inversión globales con exposición a emergentes —muchos comercializados en España— podrían acusar volatilidad. En el plano diplomático, el cierre de consulados en la región y la ruptura con La Habana complicarán las relaciones de la UE con América Latina, justo cuando Bruselas negocia el refuerzo de los acuerdos comerciales con Mercosur.
