Carlos San Basilio lleva veinte meses al frente de la CNMV y ha decidido señalar a un culpable incómodo. Las estafas de inversión ya no se cuelan solo por teléfono: se propagan por redes sociales que, a su juicio, no están haciendo lo suficiente para frenarlas.
El presidente del supervisor bursátil español lo dice sin rodeos en su primera entrevista desde que asumió el cargo, concedida a EL PAÍS. ‘No puede ser que las redes sean cómplices de los estafadores’, afirma. Su receta pasa por exigirles una doble obligación: prevenir antes de que el fraude se extienda y reaccionar cuando ya ha sido identificado, retirando el contenido.
Detrás de esa advertencia hay un diagnóstico incómodo. El fraude financiero es uno de los delitos que más rápido crece, y la tecnología ha multiplicado su alcance. Las redes sociales y los activos cripto funcionan como multiplicadores: abaratan el coste de llegar a la víctima y complican el rastro del dinero. San Basilio insiste en que las plataformas deberían eliminar el contenido fraudulento cuando se detecta, algo que, según él, no todas hacen.
La CNMV ya sanciona, pero el proceso termina en los tribunales
El supervisor no se ha quedado en la queja. La CNMV ha abierto procesos sancionadores por estos fraudes que ahora mismo se encuentran en vía judicial, según detalla su presidente. El mensaje es inequívoco: existe voluntad de perseguir el fenómeno, aunque la vía administrativa se topa con la lentitud de los juzgados. El organismo mantiene además un registro público de advertencias sobre entidades no autorizadas.
Hay otra pieza en el tablero: los influencers financieros. San Basilio reconoce su doble filo. Por un lado, acercan la inversión a públicos que nunca habían pisado un folleto de fondos. Por otro, muchos operan al margen del marco regulatorio, laxo pero existente. ‘Al recomendar una inversión, están asumiendo una responsabilidad, porque no es lo mismo que recomendar un restaurante’, señala. A los que no cumplen, dice, ‘los tenemos que perseguir, y lo estamos haciendo’.
Recomendar un producto financiero sin licencia no es una frivolidad: es el primer eslabón de una cadena que termina en ahorros familiares volatilizados.
El reto educativo: comprar cripto es más fácil que comprar una acción
Para San Basilio, el auge de las monedas digitales es un fenómeno ‘casi más sociológico que financiero’. El público joven ha encontrado en ellas un instrumento que se parece al gaming y a las apuestas deportivas. Mientras se juegue dinero que no compromete el patrimonio familiar, el daño es limitado; cuando entra el ahorro de toda una vida, el impacto en el bienestar es severo.
De ahí su insistencia en la educación financiera como principal herramienta a medio y largo plazo. La solución pasa, sostiene, por incorporar competencias financieras básicas al currículum escolar, porque muchos de estos fraudes son evidentes para quien sabe leerlos. El supervisor también trabaja de forma directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Un dato ilustra la paradoja que denuncia: resulta más sencillo adquirir una criptomoneda que una acción. Ese contraste, chocante en un mercado que presume de proteger al inversor, es el que la CNMV quiere corregir.
El presidente también se pronunció sobre los mercados de predicciones tipo Polymarket o Kalshi. No cree que deban equipararse a un instrumento financiero, aunque admite que parte de su actividad se solapa con las opciones binarias, prohibidas en la Unión Europea para clientes minoristas.
La autoridad moral no basta sin competencias
Llevo tiempo siguiendo el rastro de estas estafas y hay un patrón que se repite: el dinero se mueve más rápido que la norma. La CNMV puede señalar, sancionar, y advertir, pero carece de la llave que de verdad cerraría la puerta: la capacidad de obligar a una plataforma global a retirar un anuncio fraudulento en horas, no en meses. Esa palanca vive en Bruselas, en el reglamento de servicios digitales, y en Washington. Sin ella, la corresponsabilidad que reclama San Basilio depende demasiado de la buena voluntad de las tecnológicas.
El propio supervisor lo admite en otros frentes. Reconoce que se ha ‘sobrerregulado’ el acceso al mercado, quizá como reacción a la crisis financiera de 2008, y que algunas medidas de protección acabaron expulsando a inversores en lugar de atraerlos. La cuenta única de ahorro e inversión le parece ‘muy necesaria’, con diseños sencillos y pocas restricciones, y echa en falta un papel mayor de los fondos de pensiones en la movilización del ahorro minorista. En paralelo, apoya reforzar a la ESMA para supervisar operadores transfronterizos sistémicos.
Hay optimismo contenido en algunos frentes. La CNMV trabaja en varias salidas a Bolsa de cara al cierre de 2026, aunque su presidente evita hacer pronósticos. Y confirma que el nuevo código de buen gobierno corporativo buscará limitar la concentración de poder en presidentes ejecutivos todopoderosos. En el capítulo de riesgos, la inteligencia artificial ha escalado al primer puesto: preocupa una corrección brusca en las tecnológicas estadounidenses de dimensión sistémica y, sobre todo, la ciberseguridad.
El debate real no es si las redes deben colaborar, sino qué ocurre cuando no lo hacen. Ahí la CNMV se juega su credibilidad. Si los expedientes que hoy duermen en los tribunales tardan años y acaban en multas simbólicas, el mensaje se diluye. La próxima prueba de fuego llegará con las salidas a Bolsa previstas para el cierre de 2026 y con las primeras resoluciones sancionadoras. Ganar esa batalla no depende solo de una entrevista.
