Carlos Ghosn, expresidente de Nissan detenido en Japón y que se fugó a finales de 2019 a Líbano, está siendo investigado en Francia como presunto autor de un delito de evasión fiscal durante sus tres últimos años al frente de Renault y Nissan.

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg, Ghosn y las autoridades fiscales francesas han estado discutiendo desde mediados del año pasado si el exdirectivo debería haber sido considerado un residente francés durante 2016, 2017 y 2018, aunque él había trasladado su residencia a Países Bajos en 2012.

En el marco de esta operación, las autoridades han incautado propiedades de Ghosn por valor de 13 millones de euros, según publica este lunes el diario francés Liberation.

Entre estos activos se incluyen un apartamento en París propiedad de la mujer de Carlos Ghosn por valor de 5,9 millones de euros, la mitad de la propiedad de una casa en L’Etang-la-Ville y acciones de Renault.

«Ya sea que esté huyendo, en el país o no, es un ciudadano francés y será tratado como un ciudadano francés«, ha apostillado este lunes el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, que se negó a confirmar la existencia de una investigación en curso sobre los asuntos fiscales del exejecutivo de Nissan.

UPA-Andalucía ha destacado el «buen ritmo de comercialización y la tendencia al alza de los precios» registrados en noviembre en la campaña de aceite de oliva. No obstante, ha precisado que siguen sin cubrirse los costes de producción y el sector «no debe bajar la guardia» frente a la especulación.

Así lo ha indicado este lunes después de conocer los datos que arroja el mes pasado y que hacen seguir «optimistas», con ritmo de comercialización que continúa siendo «muy elevado, con 138.558 toneladas». «Estas cifras se sitúan en la buena media que se mantiene desde que comenzara la presente campaña, el 1 de octubre, y hablan muy positivamente de la alta demanda que tiene en los mercados nuestro aceite de oliva», ha señalado en una nota.

En cuanto a la producción en España, se espera que sea media, bastante afectada por la sequía, así que «levemente podría superar los 1,5 millones de toneladas. Por otro lado, la producción en los países productores del arco mediterráneo será menor, y el mercado no comunitario presentará una caída del 22 por ciento, con lo que «se estima una producción total mundial que rondará los tres millones de toneladas».

Al hilo, ha añadido que en los últimos años, el consumo mundial de aceite de oliva se viene situando en torno a los 3,2 millones de toneladas por campaña, de manera que, «si el ritmo de salidas se mantiene como hasta ahora, habrá mercado suficiente para vender toda la producción».

Con respecto a los datos concretos extraídos del mes de noviembre, UPA-Andalucía ha apuntado que el*aceite*producido alcanza un acumulado entre los dos primeros meses de campaña en Andalucía de*194.182 toneladas*y en España, de*276.274 toneladas. El aceite de oliva importado a España se sitúa este mes en 15.000 toneladas, «cifras altas que lo seguirán siendo mientras se mantengan los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, que con la entrada del nuevo ejecutivo liderado por Joe Biden, abre una vía a medio plazo para la renegociación y una posible supresión de los mismos, aunque no será ya para esta campaña.

Atendiendo a los datos de entradas y salidas de aceite de oliva, las existencias totales a 30 de noviembre se sitúan en las 511.916 toneladas repartidas entre 290.576 toneldas en almazaras, 186.878 toneldas en envasadoras y refinerías y 34.462 toneladas en el Patrimonio Comunal Olivarero.

Por otro lado, la organización agraria ha explicado que los precios presentan una tendencia al alza en todas las categorías, principalmente el aceite de oliva virgen extra, que se encuentra en torno a los 2,67 euros/kilo de media, y el virgen en 2,01 euros/kilo. Sin embargo, aunque desde que comenzó la campaña «los precios son claramente más altos que los de las dos anteriores y manteniendo una subida progresiva», ha subrayado que «siguen estando por debajo de los costes de producción medios».

En todo caso, pese a las buenas expectativas, ha defendido que «el sector oleícola «no puede bajar la guardia frente a la especulación». «Hemos de estar vigilantes para que cuando las almazaras y cooperativas estén a pleno rendimiento, el mercado no use este argumento para bajar los precios, pues justamente esta campaña, todas las estimaciones apuntan a que la oferta será bastante menor que la demanda de aceite de oliva», ha añadido.

EQUILIBRIO

Junto a ello, ha considerado fundamental continuar trabajando desde varios frentes para poder llegar a un equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria en cuanto a precios, márgenes y prácticas comerciales. Así, ha apostado por la aplicación y cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a los operadores a referenciar unos precios justos en los contratos de compraventa para que los agricultores perciban precios por encima de lo que les cuesta producir.

También es preciso mantener un camino hacia la autorregulación del sector del aceite de oliva, con elementos como la aplicación, en cuanto sea posible, del artículo 167 bis que incorporará la OCM una vez sea publicado el Reglamento de transición de la Política Agraria Común (PAC). Este mecanismo, según ha precisado, podrá ser activado por el sector retirando del mercado aceite de oliva en campañas excedentarias, con carácter obligatorio, como forma de regular las producciones en los mercados, para posibilitar estabilidad en la oferta y los precios.

De otro lado, «una de las asignaturas pendientes» es la falta de concentración de la oferta. En Andalucía, un 30 por ciento de la producción se aglutina en grupos de concentración de cooperativas, pero hay que reducir el número de operadores que venden y, con ello, que el sector productor tengo más peso y fuerza a la hora de conformar los precios.

«De hecho, hay sobre la mesa algunas iniciativas de concentración de grupos cooperativos, pero es necesario que el sector trabaje unido, todos a una, y también el apoyo de las administraciones para poder materializarlo», ha manifestado UPA-A.

TERCEROS

Finalmente, la organización agraria ha reclamado que la Unión Europea «proteja y defienda mejor a los productores. «No se pueden tolerar aquellos acuerdos con terceros países que resulten perjudiciales para el sector del olivar», ha asegurado, no sin demandar la aplicación del principio de preferencia, que prioriza la comercialización de las producciones europeas frente a las importaciones dentro del marco intracomunitario.

También tiene que darse el principio de reciprocidad, exigiendo a las importaciones que cumplan los mismos requisitos que la UE impone a los productores europeos en materia medioambiental, de seguridad alimentaria y de condiciones laborales, como única manera de garantizar un mercado europeo de calidad, seguro, estable y competitivo.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para fijar a partir de este martes las posibilidades de pesca de la flota comunitaria para 2021 en el Atlántico y en el Mediterráneo, en unas negociaciones marcadas profundamente por las conversaciones entre Bruselas y Londres para intentar un acuerdo sobre su relación a partir del 1 de enero.

La delegación española estará encabezada por el ministro Luis Planas y la reunión comenzará este martes por la mañana, cuando los ministros tendrán un primer intercambio sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) del año que viene. Después abordarán varios puntos sobre agricultura y las posibilidades de pesca no volverán a la mesa de los Veintisiete hasta el miércoles por la mañana.

Las negociaciones se prolongarán entonces durante todo el día y no se espera un acuerdo hasta la madrugada del jueves, como ha ocurrido otros años. En esta ocasión, además de pactar las posibilidades de pesca para el Atlántico y el Mar del Norte, los ministros de Pesca tienen también el reto de fijar las del Mar Mediterráneo y determinar las cuotas de aguas profundas.

A todo esto se suma el desafío que supone el hecho de que la UE y Reino Unido no hayan concluido un acuerdo sobre la relación comercial que mantendrán a partir del 1 de enero, lo que plantea importantes problemas a la flota comunitaria.

En un escenario sin acuerdo, los buques pesqueros europeos no podrán faenar en aguas británicas. Pero además, la UE tendrá que buscar soluciones son respecto al centenar ‘stocks’ compartidos con Reino Unido. España tiene un especial interés en este ámbito con respecto, por ejemplo, a la merluza, el rape o el gallo de caladeros del norte.

Para evitar un vacío legal, y a la espera del desenlace en las conversaciones entre Bruselas y Londres, la Comisión Europea tiene previsto adoptar un régimen transitorio de tres meses para estas poblaciones compartidas en el que fijará unilateralmente las posibilidades de pesca de los Veintisiete en el mismo nivel establecido para 2020.

MERLUZA, LENGUADO Y CIGALA, LAS PRIORIDADES DE ESPAÑA

En cambio, sí que habrá negociaciones para aquellos ‘stocks’ que son de gestión exclusiva de la UE y en este campo España llega a los debates con tres prioridades claras. Así, la delegación española peleará por suprimir el recorte del 13% planteado para la merluza capturada en aguas ibéricas.

Bruselas justifica este tajo por la aplicación del principio de precaución, pero fuentes diplomáticas consideran que existen «datos abundantísimos» que demuestran el buen estado de la biomasa de esta población y que permitirán mantener las 5.600 toneladas que pudieron capturar los buques españoles a lo largo de este año.

Por otro lado, España batallará para mantener la cuota del lenguado sur y la cigala del Golfo de Cádiz, para los que el Ejecutivo comunitario ha planteado recortes en las posibilidades de pesca del 20%. España asume, en cambio, que la pesca de cigala en el Cantábrico seguirá cerrada en 2021 y sólo se permitirán capturas para investigación científica.

La delegación de Luis Planas centrará sus esfuerzos en estos tres ‘stocks’, pero la propuesta de Bruselas también prevé reducciones en la pesca de rape y gallo de aguas ibéricas, con tajos del 13% y del 11%, respectivamente. El único incremento que recoge la propuesta del Ejecutivo comunitario es el del jurel capturado entre Finisterre y el Golfo de Cádiz, para el que propone aumentar un 5% las posibilidades de pesca.

Las restricciones por la pandmia de coronavirus impidieron que los ministros se pudieran reunir físicamente en octubre, lo que ha provocado que las negociaciones sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo y las poblaciones de aguas profundas se trasladen también al encuentro de diciembre.

Con respecto al primer caso, España intentará aliviar el recorte del esfuerzo pesquero (días de actividad) que propone la Comisión Europea y que asciende al 15%. Se trata, a juicio de las mismas fuentes, de una reducción «desproporcionada» que se sumaría al esfuerzo acometido este año y que supondría un «desastre económico».

Finalmente, en relación con las negociaciones para aguas profundas, la delegación española tratará de «bajadas menos drásticas» para el besugo del Estrecho de Gibraltar y para el sable negro, que parten del tajo del 20% previsto por Bruselas.

Los gobiernos de la Unión Europea han lanzado este martes el procedimiento necesario para ratificar el fondo de recuperación y dar permiso a la Comisión Europea para que emita deuda en los mercados financieros y capte los recursos necesarios para financiar el plan anticovid de 750.000 millones.

En concreto, los Veintisiete han adoptado la Decisión sobre Recursos Propios, que establece cómo obtendrá el bloque los recursos para financiar sus presupuestos de los próximos siete años y que es necesaria para que Bruselas pueda emitir dicha deuda.

Esta normativa necesitaba ser aprobada por unanimidad y es precisamente la que Hungría y Polonia tenían bloqueada hasta el acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno la pasada semana.

Ahora, este acto legislativo tiene que ser aprobado por todos los Estados miembros siguiendo sus procedimientos habituales, que en la mayoría de los casos requiere la aprobación en el parlamento nacional, como es el caso de España.

Hasta que la Decisión de Recursos Propios no sea ratificada por todos los socios comunitarios, la UE no podrá empezar a desembolsar las ayudas del fondo de recuperación y se estima que el proceso se podría demorar hasta tres meses, porque los trámites en países como Alemania o Países Bajos son más lentos.

Según han explicado fuentes comunitarias en diversas ocasiones, el Ejecutivo comunitario calcula que podrá realizar la primera emisión de deuda a finales del segundo trimestre de 2021.

Además, los gobiernos de la UE han respaldado el acuerdo para poner en marcha el nuevo sistema de condicionalidad que prevé la suspensión del pago de fondos europeos si Bruselas detecta una violación del Estado de derecho que afecte al presupuesto comunitario y los intereses financieros del bloque.

La votación en el Parlamento Europeo para aprobar este mecanismo que había provocado el veto de Budapest y Hungría, tendrá lugar este miércoles. Los eurodiputados también votarán ese mismo día el acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, que también fue desbloqueado la semana pasada por los líderes.

El Gobierno se reunirá mañana con los representantes de los empresarios y de los trabajadores para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el próximo ejercicio. El encuentro tendrá lugar a las 12.00 horas y será una reunión de carácter técnico.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya ha dejado clara su intención de subir el salario mínimo el próximo año, mientras que los sindicatos piden que llegue a los 1.000 euros (actualmente está en 950 euros) y la CEOE cree que no es momento de abordar este asunto, sino de hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

«No voy a decir cuánto (subirá) porque cuando nos sentamos a dialogar tenemos que escuchar a las partes», remarcó Díaz el viernes en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, a lo que hoy mismo ha añadido que nadie entendería que subieran las pensiones y el salario de los funcionarios un 0,9% y no el SMI. Además, ha recordado que la gran mayoría de países de la UE ha anunciado un aumento del mismo para 2021.

No sería comprensible que nos alejáramos de Europa cuando se han subido salarios de empleados públicos y pensionistas un 0,9%. No podemos dejar descolgados a los trabajadores, que son los que más lo necesitan», ha abundado Díaz, quien ha indicado también que los salarios pactados en los convenios colectivos se revalorizarán entre un 1,5% y un 1,8%, por lo que «no sería comprensible» no apuntalar del mismo modo una subida salarial a trabajadores fuera de convenio

La ministra subrayó además que, en 42 años de democracia, el SMI nunca se ha congelado, salvo con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, cuya política, ha denunciado, se basó «en los recortes, la austeridad y en la devaluación de los salarios.

Díaz recordó además que el Gobierno tiene intención de cumplir con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que señala que determinar la cuantía del SMI debe tenerse en cuenta, entre otros parámetros, la inflación (0,9% para 2021) y el incremento de la productividad, que el Gobierno baraja que aumente el próximo año entre un 1,5% y un 2,2%.

Sin embargo, la semana pasada, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, insistió en que lo importante es recuperar el empleo y dejó claro que «no es el momento» para hablar de subir el salario mínimo interprofesional.

Mientras tanto, CCOO y UGT siguen defendiendo que el SMI tiene que rondar los 1.000 euros desde el 1 de enero, en línea con lo que se establece en la Carta Social Europea.

EL SMI SUBE EN CASI TODOS LOS PAÍSES DEL ENTORNO ESPAÑOL

En la actualidad, de los 27 países que conforman la Unión Europea, 21 tienen fijado un salario mínimo, exceptuando Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Italia. Hasta el momento, la mayoría de los países del entorno español han pactado subidas del salario mínimo de cara al próximo año pese a la situación provocada por la pandemia mundial.

En concreto, de cara al próximo año, destacan los incrementos aprobados en Alemania, donde sus trabajadores verán crecer sus ingresos en casi un 11,8% acumulado para 2022, o en Luxemburgo, donde pese a la oposición de la patronal, el salario mínimo alcanzará a partir del 1 de enero de 2021 los 2.201 euros brutos y será de unos 2.642 euros para los empleados cualificados.

En Holanda, el salario mínimo bruto legal para empleados de 21 años o más será de 1.684,80 euros al mes desde enero, mientras que en Portugal, el Gobierno y los agentes sociales se encuentran negociando una subida del 4,7% de su salario mínimo, por la que su SMI pasaría de los 635 euros mensuales actuales a los 665 euros.

Por otro lado, en Francia se prevé un aumento cercano al 1%, y en Reino Unido, el Gobierno ha aprobado un aumento del 2% salario mínimo nacional en abril de 2021 y para los jóvenes de entre 21 y 22 años, un 1,7% para los jóvenes de entre 18 y 20 años y un 1,5% para los menores de 18 años.

Desde el 1 de enero de 2021, el SMI subirá un 1% en Irlanda, un 6,6% en Bulgaria, se incrementará un 4,61% el salario mínimo neto promedio en Croacia y un 4,1% en República Checa. Eslovaquia ha propuesto un aumento del 7,4%, hasta los 623 euros, y en Letonia se plantea una subida del 16,3%, hasta los 500 euros.

Igualmente, en Lituania, la subida será del 5,8%, hasta los 642 euros; en Polonia, del 7,7%, hasta los 630 euros desde los 585 euros actuales, y en Malta, se ha aprobado una subida del 1% en el SMI de mayores de 18 años.

El Tesoro Público celebrará este martes su última emisión del año 2020, con la que espera captar entre 500 y 1.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, lo que le permitirá cerrar el programa de emisiones de un ejercicio marcado por la crisis del Covid-19 que ha llevado al organismo a efectuar tres revisiones de su programa ante la necesidad de financiación.

La emisión de este martes será la última del año, ya que tras la última reducción del programa de emisiones en 5.000 millones, el Tesoro no ha convocado la subasta de bonos y obligaciones del día 17, con lo que concluye el calendario y su programa para este año.

A pesar de las consecuencias de la crisis del Covid-19 desde el mes de marzo, los inversores han mantenido su confianza en la deuda pública española, marcando mínimos en los tipos y reduciendo los costes hasta tasas históricos.

Además, la emisión se producirá después de que el pasado jueves el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) anunciara un nuevo paquete de medidas que contempla un aumento de 500.000 millones de euros en el volumen máximo de compras netas de activos dentro del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés), así como su extensión hasta marzo de 2022, entra otras.

Para determinar la evolución del coste de financiación, la referencia en las letras a 3 meses es el tipo de interés marginal del -0,620% y en las letras a 9 meses el marginal del -0,582%, en ambos casos registrado en la subasta del pasado 17 de noviembre.

El pasado jueves el organismo celebró su última emisión de deuda a medio y largo plazo, con la que captó 1.403 millones de euros, dentro del rango medio previsto, y lo ha hizo cobrando a los inversores por el bono a 10 años por primera vez en la historia.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destacó que este descenso ratifica la «confianza» de los inversores en la «eficacia» de las medidas adoptadas por el Gobierno español y es también «un mensaje de confianza en la recuperación y futuro de la economía española.

Con este descenso, se afianzó la reducción de los tipos de interés de la deuda española, que en noviembre registraron nuevos mínimos históricos: el coste de la deuda en circulación se sitúa en el 0,18% y el tipo del stock de deuda se situó en el 1,86%.

TRES REVISIONES DEL PROGRAMA HASTA UNA EMISIÓN NETA DE 110.000 MILLONES

El programa de financiación del Tesoro para 2020 fue revisado por primera vez en mayo al alza en 100.000 millones como consecuencia de las mayores necesidades por la crisis del Covid-19, pero se varió de nuevo el pasado 8 de octubre para reducirse en 15.000 millones, sumándose ahora otra nueva rebaja de 5.000 millones.

De este modo, sobre la previsión de emisión neta de 130.000 millones anunciada en mayo para hacer frente a las necesidades adicionales motivadas por el Covid-19, la emisión neta se situará en 110.000 millones de euros y la emisión bruta en unos 277.000 millones de euros.

Estas menores necesidades de financiación se explican por una evolución de los ingresos más favorable que la prevista a principios de octubre, con mayores ingresos tributarios ante la recuperación de la actividad económica a partir del tercer trimestre.

Además, las amortizaciones anticipadas por parte de las CCAA de préstamos de los Fondos de Financiación han continuado.

EMISIÓN RÉCORD EN 2021

Tras la celebración de la emisión de este martes, el Tesoro no volverá a los mercados ya hasta el próximo 7 de enero con una subasta de bonos y obligaciones del Estado.

Conforme a las proyecciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, la emisión bruta por parte del Tesoro Público registrará el próximo año una nueva cifra récord de 299.138 millones de euros, un 6% más que el ejercicio anterior.

El endeudamiento neto del Tesoro Público en 2021 ascenderá aproximadamente a 110.000 millones de euros; las letras aportarán alrededor de 10.000 millones de financiación neta, mientras que los bonos y obligaciones del Estado, junto con el resto de deudas en euros y en divisas, aportarán los restantes 100.000 millones para cubrir la totalidad de las necesidades de financiación neta previstas.

Además, el Tesoro Público realizará en 2021 su primera emisión de un bono ‘verde’, que se prevé que sea sindicada y de entre 5.000 y 10.000 millones de euros, según «el apetito» que presente el mercado en ese momento, aunque con la intención de alcanzar un nivel de liquidez de 20.000 millones a largo plazo con sucesivas reaperturas.

El Gobierno elaborará una lista de suministradores de tecnología para las redes de 5G que identificará el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de las distintas compañías proveedoras, que podrán ver restringida su presencia en alguna parte o la totalidad de las redes de la nueva tecnología móvil en función de la categoría en la que hayan sido incluidas.

Así, lo recoge el Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G, cuyo periodo de audiencia pública comienza este lunes y que tiene por objetivo establecer los requisitos de ciberseguridad específicos para el despliegue y la explotación de redes de 5G, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado.

La propuesta de norma incluye principalmente medidas destinadas a los operadores de redes y servicios 5G, pero también a suministradores, fabricantes y a determinados usuarios corporativos que el texto identifica, así como los procedimientos que se deben seguir en el ámbito público para garantizar la seguridad en el despliegue.

En lo que se refiere a los operadores de redes, tendrán como principal obligación realizar un adecuado análisis y gestión del riesgo. El anteproyecto proporciona una guía del alcance y los factores que deben considerar en relación con las redes 5G, ampliando a ese ámbito las actividades que estas compañías realizan de modo habitual.

Además, deberán analizar su dependencia en la cadena de suministros y estarán obligados a elaborar e informar de la ejecución de una estrategia de diversificación de suministradores. Dicha estrategia debe incluir medidas para limitar la dependencia de un solo suministrador y restricciones para los suministradores que sean calificados de alto riesgo.

Por su parte, el Gobierno adoptará, por Real Decreto, el Esquema de Seguridad de Redes y Servicios 5G, con el cual se realizará un tratamiento integral de la seguridad en las redes y servicios 5G nacionales. Dentro del esquema, se priorizarán los riesgos y las medidas para mitigarlos que deberán tener en cuenta los operadores.

Para la elaboración del mismo se tendrán en cuenta los análisis realizados por los operadores, incluyendo las vulnerabilidades de la cadena de suministros. El borrador establece de modo transparente los factores a considerar en el análisis de la cadena de suministros, desde la garantía técnica de funcionamiento y protección frente a ataques, hasta la limitación de su exposición a injerencias de terceros.

NIVEL DE RIESGO DE SUMINISTRADORES

En función del análisis de riesgos de la cadena de suministros, y previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá promover un Acuerdo de Consejo de Ministros para calificar el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de los distintos suministradores.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales han explicado que la propuesta de Ley establece un procedimiento «muy transparente, muy integral y muy abierto», así como basado en datos, para que se vayan estableciendo los distintos pasos para crear estas categorías.

Así, han remarcado que una vez se decida la inclusión de un suministrador en una de las categorías fijadas, esto tendrá consecuencias para dicha compañía en un proceso posterior en el que, en función del riesgo correspondientes, se podría ver excluido de una parte o de la totalidad de la red 5G.

Para evaluar el nivel de riesgo de un operador se realizarán dos tipos de análisis, uno que abordará cuestiones puramente técnicas y otro que dedicará a identificar riesgos adicionales como pueden ser la estructura de la sociedad o la capacidad de injerencia de un Gobierno extranjero en la empresa.

La fuentes han recalcado que el Anteproyecto de Ley no establece «vetos apriorísticos» con ningún operador, como ocurre en otros países en relación a fabricantes chinos como Huawei, sino que las restricciones que se produzcan dependerán del perfil de riesgo analizado en cada momento.

Por otro lado, han explicado que las operadoras deberán realizar su análisis de riesgo cada dos años, mientras que el Esquema de Seguridad de Redes y Servicios 5G se hará cada seis años, aunque se deja abierta la opción de acortar estos plazos en caso de que los avances tecnológicos o la situación así lo requieran.

MARCO SEGURO Y CONFIABLE

El objetivo de esta Ley, que desde el Ministerio calculan podrían estar aprobada el próximo verano, es crear un marco «confiable y seguro» que incentive el despliegue y la inversión por parte de los operadores de telecomunicaciones y, al mismo tiempo, la demanda de los servicios por parte de los usuarios, para impulsar el desarrollo de la tecnología 5G en España.

El anteproyecto realiza la traslación al marco legal español de las medidas estratégicas, técnicas y de apoyo para mitigar los riesgos de seguridad, contenidas en la caja de herramientas (‘tool box’) consensuada entre los Estados Miembros de la Unión Europea. La caja de herramientas identifica las principales amenazas y sus fuentes, los activos más sensibles, las principales vulnerabilidades y una serie de riesgos estratégicos en el despliegue de redes 5G.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales han recordado que la ciberseguridad de las redes 5G es un proceso que se está abordando a nivel europeo avanzando hacia la «máxima amornización posible» y adaptándolo a la realidad de cada uno de los países.

Además de los ya mencionados, el anteproyecto incluye otros instrumentos destinados a abordar la ciberseguridad en las redes y servicios, como medidas de apoyo en materia de I+D para redes y servicios 5G y de impulso a la interoperabilidad y estandarización; requisitos para la puesta en el mercado de terminales y dispositivos de acceso a la red 5G; y facultades para imponer obligaciones y requisitos en la compra pública de redes y servicios que hagan uso de 5G.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este lunes que 2021 «tampoco será un año normal» como consecuencia de la crisis del Covid y su impacto social y económico, aunque cree que se puede encarar «con esperanzas» por los avances en las vacunas, que también permiten «reforzar» la previsión de una mejora de los ingresos tributarios, con una evolución «positiva» de IRPF, IVA o Sociedades.

Así lo ha señalado durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 en el Pleno del Senado, en el que ha pedido el rechazo de los vetos generales a las cuentas públicas presentados por PP, Vox, Cs, JxCAT y CC para lograr tras dos años y medio de Gobierno y con unas cuentas prorrogadas unos PGE que den una «potente respuesta económica, social y fiscal para superar la crisis y resolver los problemas del día a día y anticiparse a los retos».

Montero ha defendido que las nuevas cuentas son «progresistas» y «expansivas» y suponen poner fin al «austericidio» de la anterior crisis, además de atender la distribución territorial, ya que «a España le conviene una mirada comprensiva a su pluralidad».

En este sentido, ha subrayado que los PGE son la «palanca» necesaria para poner en marcha las transformaciones que permitan una economía «robusta y competitiva» en calidad de productos y servicios y no con «precariedad y sueldos bajos», además de una «oportunidad» para incorporar ya los 72.000 millones de transferencias de fondos europeos hasta 2023.

Tras repasar la batería de medidas aprobadas desde marzo para paliar la crisis, como los ERTE, la prestación por cese de actividad para los autónomos, el Ingreso Mínimo Vital o las líneas de crédito ICO, Montero ha asegurado que los analistas apuntan a que la crisis por la pandemia tendrá efectos «transitorios» y la recuperación será «más rápida» que la anterior crisis, al tiempo que ha resaltado los «buenos datos» económicos del tercer trimestre.

Aunque ha admitido que 2020 ha sido un año «realmente terrible» y las próximas fiestas van a ser «muy difíciles para muchas familias» por la ausencia de familiares, allegados hospitalizados, las «dificultades para llegar a fin de mes» o la incertidumbre en los próximos meses, cree que hay motivos para encarar 2021 «con esperanza» gracias a la inminente llegada de la vacuna, con la que «pon fin se empezará a ver el final del túnel».

A ello se suma que se ha dado luz verde en Europa la Mecanismo de Recuperación y al presupuesto europeo, un «avance extraordinario» que propiciará a España 140.000 millones en seis años para lograr una economía «más moderna» y estar «mejor preparados» para los retos actuales y futuros.

MEJORA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Con una previsión de caída del PIB del 11,2% este año y crecimiento del 7,2% en 2021, ha indicado que las últimas noticias sobre la disponibilidad de la vacuna, la rebaja de las tensiones geopolíticas, los datos del tercer trimestre o una evolución «estable» de los ERTE confirman una recuperación «intensa» en 2021 y el mantenimiento de la recuperación en forma de «V asimétrica».

De hecho, ha asegurado que la llegada de la vacuna «refuerza la previsión que contemplan los Presupuestos de mejora de ingresos»; con una evolución que será «positiva» el año que viene en tributos como IRPF, IVA o Sociedades gracias a la reactivación que propiciará la vacuna y por los «ajustes» que incorporan los propios PGE.

Entre otros, ha detallado el alza del IRPF a rentas altas, la limitación al 95% de la exención en Sociedades sobre dividendos y plusvalías, la subida del IVA de los refrescos, exceptuando los lácteos tras acordarse así en una enmienda en el Congreso, o de las primas de seguros, A ello se sumarán nuevas figuras, como las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ y medidas en el ámbito de fiscalidad verde, entre las que figuran un nuevo impuesto a los envases de plástico de un uso o a los residuos, un tipo del 15% a ‘socimi’ o la ley de lucha contra el fraude fiscal, ha apuntado.

«NO A LA CARRERA FISCAL A LA BAJA»

No obstante, ha subrayado que España necesita un debate «serio y en profundidad» sobre la fiscalidad, «alejado de demagogia y cortoplacismo», en el que se comparta que los impuestos son «imprescindibles y necesarios para garantizar la calidad y sostenibilidad del Estado de bienestar» y que tenga como objetivos la progresividad, acercarse a la recaudación media europea y modernizar el sistema tributario.

A este respecto, ha reivindicado que «la autonomía fiscal es importante, imprescindible, pero no puede ser ilimitada» y que «no puede devenir en la creación de agravios entre españoles ni tampoco en competencia desleal entre territorios».

«No podemos consentir que se incentive una carrera fiscal a la baja que desfonde la financiación de servicios públicos esenciales o que se utilicen los impuestos como arma arrojadiza entre las formaciones políticas», ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que la Constitución establece una contribución de todos los ciudadanos «de acuerdo con su capacidad económica» y unos principios de «igualdad y progresividad», y ha subrayado que «no contribuyen los territorios, sino la ciudadanía», apostillando que esta «no entiende por qué hay diferencia en los impuestos sustanciales si la situación de partida de cada uno de los contribuyentes podría ser similar».

FIN A LA AUSTERIDAD

En materia de gasto, ha detallado que los PGE suponen el «fin de la austeridad», ya que el ‘techo de gasto’ alcanzará los 194.456 millones, un 54% más, y ha aprovechado para defender la «oportuna» subida de las pensiones y el salario de los funcionarios en 2021 del 0,9%, y de las pensiones no contributivas, con un alza del 1,8%, porque permitirá a estos colectivos mantener el poder adquisitivo y contribuirá a la recuperación.

«Hay quien defiende que los pensionistas no tendrían que contar con esta actualización», ha indicado después de que el pasado viernes el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, volviese a cuestionar las subidas al suponer el segundo año consecutivo de ganancia de poder adquisitivo en un contexto de crisis.

Ha recordado que los PGE incluyen la «mayor inversión en gasto social de la historia», de 239.765 millones, un 10,3% más, el 53% del total, y que se elevarán las partidas de Educación (+70%), con récord en becas, Sanidad (+151,4%), I+D+i (+80%), infraestructuras (+114,8%), Cultura (+25,6%) o Dependencia (+46%).