La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha insistido este lunes en que las políticas monetaria y fiscal de las autoridades europeas siguen siendo necesarias ante la incertidumbre económica de 2021.

Durante su comparecencia en el Parlamento Europeo, Lagarde ha asegurado que el nuevo repunte de los casos de Covid-19, las mutaciones del virus y las «estrictas» medidas de contención suponen un «riesgo a la baja significativo» para la actividad económica de la zona euro. «La economía sigue por muy por debajo de sus niveles prepandemia y la incertidumbre sobre cómo evolucionará la pandemia sigue siendo elevada», ha afirmado.

En este sentido, la economista francesa ha defendido que las políticas fiscales a nivel nacional han sido «cruciales» para mantener puestos de trabajo, estructuras de empleo y salvar empresas. «La política fiscal ambiciosa sigue siendo fundamental para evitar un ‘efecto abismo’ y asegurar que no dejamos a nadie atrás», ha argumentado.

En todo caso, ha expuesto que las medidas fiscales tienen que ser «específicas y orientadas», haciendo hincapié en que cuanto más se mantengan más importante será que estén bien orientadas. Lagarde ha sido optimista con respecto al fondo europeo de recuperación, apuntando que «si se aplica correctamente» va a permitir apoyar la recuperación fiscal.

Eso sí la dirigente del BCE ha puesto el foco en que el plan de recuperación «llegue sin demora» y que los Veintisiete canalicen los fondos en reformas que promuevan la digitalización y la lucha contra el cambio climático.

Lagarde ha asegurado que una política monetaria «acomodaticia» sigue siendo «esencial» para preservar unas condiciones de financiación favorables, algo «crucial» para reducir la incertidumbre sobre el acceso a financiación exterior.

Además, ha insistido en que la política monetaria tiene que ir de la mano de la fiscal, por lo que ésta también es «crucial» para atajar el impacto de la pandemia y apuntalar la recuperación de la economía de la zona euro.

En su discurso, Lagarde no ha hecho referencia al manifiesto firmado la semana pasada por un centenar de economistas que solicitaban la condonación de la deuda pública de la eurozona atesorada por el propio BCE.

«Si queremos allanar el camino para una recuperación sostenible, necesitamos mantener y fortalecer el esfuerzo común europeo que demostró ser tan efectivo el año pasado. El BCE está comprometido a hacer su parte, dentro de su mandato», ha subrayado la francesa.

Igualmente, ha roto una lanza a favor de que el BCE incluya cuestiones climáticas en su visión estratégica. «Sé que no le encanta a todos, pero es la realidad, la responsabilidad principal para abordar el cambio climático la tienen los gobiernos pero necesitamos avanzar rápidamente», ha subrayado.

«Que los bancos centrales no sean responsables de la política climática no quiere decir que podamos ignorar el tema o esquivar el bulto. Para nosotros es algo relevante, la escala y la irreversibilidad hace que se necesite una acción inmediata de todos los actores», ha sostenido, recordando que el cambio climático tiene implicaciones macroeconómicas, la estabilidad financiera y de los precios.

Sobre la preocupación de los eurodiputados con respecto a la inflación, Lagarde ha vaticinado que se mantendrá los próximos meses y la ha achacado a la bajada del precio de la energía. Eso sí ha insistido en que su incidencia se vera reducida por la baja demanda, la situación del mercado laboral y la apreciación del euro.

Por eso esta política de estímulo amplio es esencial para conseguir que haya condiciones favorables para todos los actores económicos, reducir la incertidumbre e impulsar el gasto y la inversión, lo que permitirá una estabilidad a medio plazo de los precios. En este tema tenemos puesto el foco», ha defendido.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que el momento actual representa «una gran oportunidad» para explotar el gran potencial de eólica marina existente en España, especialmente a través del avance que ha experimentado la tecnología flotante en los últimos años.

En un comunicado, la patronal afirma que la situación actual de la tecnología de eólica flotante permite ya «la instalación de grandes parques comerciales, lo que además puede compaginarse con el impulso de parques demostrativos que apoyen la validación de las tecnologías flotantes españolas en curso de desarrollo».

Según datos del último informe sobre eólica marina en Europa de WindEurope, la patronal del sector eólico europeo, el Viejo Continente ha incrementado en 2020 en 2,9 gigavatios (GW) la potencia en la tecnología ‘offshore’, lo que equivale a 356 nuevos aerogeneradores conectados a la red en nueve parques eólicos ‘offshore’. Europa cuenta actualmente con una potencia total instalada de 25 GW de eólica marina en 12 países.

Asimismo, según las previsiones de Irena, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, la potencia total de eólica marina necesaria a nivel mundial deberá ser de 228 GW en 2030 y de 1.000 GW en 2050. Según la IEA, la eólica marina supondrá la mitad de la generación eléctrica instalada en Europa.

En este sentido, AEE afirma que España cuenta con 6.000 kilómetros de costa en los que existe recurso eólico «estable y abundante», pero, por diversos factores, la eólica marina apenas ha tenido desarrollo, más allá de algunos proyectos puntuales de investigación, en contraste con la terrestre y con otros países europeos que sí están apostado fuertemente por esta tecnología, en línea con el objetivo estratégico de la UE de consolidarse como líderes mundiales en ella.

Así, la patronal considera que España tiene la oportunidad de capitalizar las ventajas de ser un ‘first mover’ «para maximizar los beneficios económicos locales de una cadena de suministro naciente en esta industria».

De esta manera, AEE cree que la implementación de las políticas de lucha contra el cambio climático y transición energética, junto con las capacidades industriales de los sectores eólico y naval, el interés real de los inversores y la fuerte reducción de costes, «convierten al momento actual en una gran oportunidad para explotar el gran potencial de eólica marina existente en el país».

A este respecto, subraya que el avance que ha experimentado la eólica flotante en los últimos años constituye un vector de desarrollo adicional para España, «al abrir la puerta a nuevos emplazamientos más alejados de la costa, con factores de capacidad muy elevados, y que permiten una disminución sustancial del impacto ambiental y visual respecto a los proyectos presentados hace más de una década».

UNA ESTRATEGIA «CLARA Y AMBICIOSA».

Sin embargo, subraya que sin una estrategia «clara y ambiciosa», con acciones concretas en el corto plazo, esta oportunidad se diluirá en favor de otros países europeos que ya se encuentran desarrollando el mercado y disponen de instrumentos de apoyo específicos.

De esta manera, AEE ve necesaria la aprobación de la Estrategia de Eólica Marina y Energías del Mar en el corto plazo, con unos objetivos concretos como se han incluido en otras estrategias u hojas de ruta, así como actualizar el marco regulatorio y avanzar en el diseño de subastas concretas para esta tecnología, para que sean convocadas en el plazo de tiempo «más corto posible».

La asequibilidad de la vivienda, la precariedad laboral, la desigualdad económica y los riesgos del cambio climático son las mayores preocupaciones que los ciudadanos expresaron durante sus encuentros con el Banco Central Europeo (BCE), en el marco de la revisión estratégica de su política monetaria que la entidad está llevando a cabo.

Este lunes, el BCE ha presentado las conclusiones de los diferentes eventos ‘El BCE te escucha’, así como de las respuestas que obtuvo en el portal web que habilitó para conocer la opinión de los ciudadanos europeos sobre la estabilidad de precios, la economía, los retos mundiales y la comunicación del BCE.

La autoridad monetaria ha detallado que muchas de las personas consultadas consideraban que los precios habían aumentado de manera desproporcionada, pese a que el BCE lleva años sin cumplir con su objetivo de inflación del 0%. Esto se debe a la percepción de gastos con respecto a alquileres e hipotecas y al encarecimiento de los alimentos. En este sentido, la pérdida de poder adquisitivo fue una preocupación generalizada.

De esta forma, el banco central ha indicado que un motivo de preocupación expresado por los encuestados fue el «temor» de que los salarios y las pensiones sigan deteriorándose en el futuro.

El BCE también ha asegurado que entre las respuestas recibidas se aprecia una «convicción generalizada» de que la situación económica general se ha deteriorado durante la última década, citándose como causas principales la fragilidad del modelo económico, los desafíos mundiales o la incertidumbre.

Además, las organizaciones fuera del ámbito económico (oenegés, organizaciones sobre cambio climático, grupos de protección de consumidores, representantes de los jóvenes y el público en general) solicitó al BCE que «afronte de forma más adecuada las cuestiones sociales y económicas generales», como la promoción del crecimiento económico, del empleo o la protección del medio ambiente.

El BCE ha encuestado a más de 4.000 personas durante este proceso. El 76% de los encuestados eran hombres y el 40% eran mayores de 55 años. Además, el Norte de Europa también está sobrerrepresentado. El 27% de los encuestados procedía de Países Bajos, el 25%, de Alemania, y el 10%, de Francia.

Una parte de los participantes de la encuesta señaló que el prolongado periodo de bajos tipos de interés, a su juicio, estaba provocando un endeudamiento público excesivo y niveles de deuda insostenible. Además, parte de los encuestados también expresó preocupación por que las compras de activos por el BCE puedan estar creando «burbujas de activos».

La afluencia en las calles comerciales españolas se desplomó un 32,7% por el impacto de la tercera ola del coronavirus, que ha provocado nuevas restricciones y cierres en las comunidades autónomas para frenar la expansión de la pandemia y ha provocado que el efecto rebajas haya quedado completamente dilapidado, según los datos ofrecidos por TC Group Solutions.

En concreto, se encadenan 11 meses de descensos en el tráfico peatonal de las principales calles comerciales españolas. Todas las ciudades, excepto Palma de Mallorca, han experimentado en enero, mes marcado por la campaña de rebajas, una caída del tráfico peatonal.

Málaga ha sido la ciudad que ha registrado una evolución del tráfico más positiva en enero, con una media de descenso de tráfico del 16%, mientras que Palma de Mallorca ha sido la que ha sufrido la mayor caída, de un 53%, seguida por Sevilla y Valencia, con descensos del 40% y 37%, respectivamente.

Por su parte, Barcelona ha perdido de media uno de cada tres peatones (-31%), y analizando cinco de sus calles comerciales, se observa que el centro de la ciudad está siendo más castigado que los barrios. Así, el eje comercial de Sants ha experimentado un aumento de peatones del 8% respecto a enero del año anterior, mientras las calles más ‘prime’ como Paseo de Gracia, La Rambla, Pelayo o Portaferrissa siguen perdiendo peatones.

Un dato muy similar a Barcelona se registra en Zaragoza, con una caída del 28%, aunque el tráfico peatonal en la capital aragonesa se ha comportado mejor.

Por su parte, Madrid ha registrado un descenso del tráfico peatonal del 34% y en su caso, las calles ‘prime’ han registrado significativos descensos. Así, la calle Arenal ha disminuido de media un 75% su afluencia de tráfico en enero y Preciados, un 47% menos.

De esta forma y atendiendo al tráfico peatonal en los centros comerciales en enero, Barcelona lidera el descenso de visitantes (-69%) a causa del cierre impuesto por el Govern, seguido de Palma de Mallorca (-64%), Zaragoza (-40%), Madrid (-34%), Bilbao (-31%), Valencia (-29%), Sevilla (-28%) y Málaga (-23%).

Málaga vuelve a ser la ciudad que ha registrado en enero un mejor comportamiento del tráfico peatonal en sus centros comerciales, y en el otro extremo, Palma de Mallorca es la que ha sufrido una caída mayor de afluencia.

La portavoz federal de la dirección de Izquierda Unida y eurodiputada, Sira Rego, ha rechazado los «ataques y descalificaciones» realizados por la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, contra el grupo de economistas y formaciones políticas que defienden la condonación de la deuda generada para paliar los graves efectos de la pandemia.

Rego ha defendido en una rueda de prensa que «tiene sentido reconsiderar los instrumentos para salir lo mejor y lo más reforzadamente posible de la crisis sanitaria y económica» provocada por la pandemia del Covid-19.

En este sentido, ha rechazado las críticas realizadas por Christine Lagarde a la que a su juicio es una «inconcebible» propuesta, en referencia al manifiesto suscrito por un centenar de economistas europeos, incluida la presenta del PSOE, Cristina Narbona, y el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, que propone que el BCE condone la deuda de los Estado a cambio de que destinen esas partidas a transición ecológica y digital.

A este grupo Lagarde les aconsejó que dediquen sus esfuerzo a aprovechar bien los fondos europeos para la reconstrucción económica y social.

Rego ha dicho que la formación comparte el «enfoque» de lo que plantea el manifiesto y ha defendido que lo que debería considerarse una ‘anomalía’ es tener un instrumento como el BCE que «no está a disposición para resolver los intereses y las necesidades económicas de los países que formamos parte de la Unión Europea (UE)».

«Tiene bastante sentido que en un momento de crisis y casi de cambio de paradigma como el actual condonar la deuda y destinar esos recursos para impulsar lo público, para reforzar el empleo y para reorientar los modelos industriales», ha enfatizado.

Además, ha recordado que «no sería la primera vez en la historia que se plantea algo así», ya que «n la crisis tras la Segunda Guerra Mundial la salida pasó por una condonación de la deuda».

A su juicio, «más allá de la alarma de la señora Lagarde, que todos sabemos que es bastante conservadora, y de los popes del BCE, nosotras creemos que es un buen momento para reorientar la economía y ponerla a disposición de la gente para salir de este entuerto.

«TEMOR» POR EL RETRASO EN LA VACUNACIÓN

También ha expresado el «temor» de Izquierda Unida a que se agudice el retraso general en la vacunación debido al «incumplimiento» de las compañías farmacéuticas en la entrega de la cantidad de vacunas contra el Covid-19 comprometida en un principio.

La eurodiputada ha criticado los «muy complejos procesos de contratación de la Unión Europea» y que los graves fallos en el suministro de las vacunas se produzcan «mientras las farmacéuticas anuncian cifras multimillonarias de beneficios» con estos productos.

A este respecto, ha apuntado que es «un problema que las patentes tengan solo un control industrial», algo que en su opinión se resolvería «con la supresión temporal de este control, para ser más eficaces, salvar vidas y poder adelantarse a las mutaciones del virus».

En la misma línea, y en relación a los debates en el Parlamento Europeo sobre el mecanismo de los fondos destinados a paliar esta crisis, apuntó que IU mantendrá su «defensa del municipalismo a la hora de abordar este reparto».

Ha contrapuesto esta posición a la que practican en Europa formaciones como el PP y Ciudadanos que «son aliados de la extrema derecha apoyando la condicionalidad en el reparto, con amenazas de nuevos recortes y la vuelta a los ‘hombres de negro’.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno está explorando «todas las opciones» que permitan reforzar la solvencia de las empresas y su balance económico, en respuesta a la posibilidad de una toma directa del capital de algunas compañías.

Calviño ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa este lunes antes de participar en un debate sobre las perspectivas económicas de 2021 organizado por el Cercle d’Economia.

La ministra ha celebrado los planes presentados por distintas comunidades autónomas para potenciar el plan de recuperación impulsado por el Gobierno y ha apuntado que «cada administración debe trabajar donde tiene una mayor eficacia».

En este sentido, ha subrayado que ayuntamientos y autonomías pueden proporcionar ayudas económicas ajustadas a las características económicas y a las restricciones en vigor en cada territorio, mientras que el Gobierno «está mejor situado» para tomar medidas de mayor envergadura fiscal y financiera.

Además, ha dicho que las propuestas realizadas por las administraciones públicas se estudiarán a la hora de articular el plan de recuperación de la economía: «Son elementos que tendremos en cuenta.

NO ABRIR NUEVOS DEBATES

Calviño también ha destacado que «no resulta productivo abrir nuevos debates», en alusión a la posible condonación de deuda a los Estados miembros por parte del Banco Central Europeo (BCE), y ha pedido centrar la atención en las políticas monetaria y fiscal.

La ministra ha insistido en que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en coordinar estas políticas para ayudar a la recuperación: «Esa debe seguir siendo nuestra prioridad».

Ya en su conferencia, la vicepresidenta tercera ha defendido que la «prioridad absoluta» tiene que ser impulsar el crecimiento económico y la creación empleo, y ha dicho que la política fiscal y la política monetaria han estado muy bien coordinadas a nivel europeo para impulsar creación de empleo y el crecimiento económico.

«Debe seguir siendo nuestra prioridad articular una buena política fiscal y monetaria para la recuperación, tenemos que centrarnos en esto y no en abrir otro tipo de debates que contribuyan a este objetivo», ha zanjado.

SOLVENCIA

Calviño ha sostenido que, una vez localizados los sectores más afectados, es cuando pueden empezar a tener una visión clara sobre cuáles son los problemas de sobreendeudamiento de las empresas: «Nos quedan semanas duras. Los problemas ya no son de liquidez como pueden llegar a ser de solvencia».

Ha advertido de que, además de tomar medidas para que estos problemas sean los menores posibles, como puede ser alargando periodos de madurez y de carencia de los créditos, así como las excepciones al régimen concursal obligatorio, ahora hay que ver qué medidas adicionales pueden ser eficaces para reforzar la solvencia empresarial.

«En este sentido, necesitamos que la CE nos autorice el nuevo régimen de ayudas, pero sobre todo terminar ese trabajo muy complejo desde el punto de vista técnico que estamos haciendo desde el Banco de España y con entidades financieras para que la acción del Estado siga siendo como hasta ahora, determinante y con impacto», ha añadido.

MORATORIA CONCURSAL

Preguntada por la ampliación de la moratoria concursal, ha respondido que han ampliado todas las exenciones al régimen concursal hasta marzo y que ahora conviene analizar si es conveniente alargarlas, ya que puede suponer un elemento más de incertidumbre.

Así, ha considerado muy importante que no solo se tomen medidas que retrasen un problema, sino medidas que eviten que se produzca ese problema. «La prioridad no tiene que ser retrasar el desencadenamiento de procedimientos concursales. Lo que tenemos que evitar es que las empresas lleguen a esa situación», añadió.

También ha explicado que, en el conjunto de 2020-2021, el Tesoro Público emitirá aproximadamente 150.000 millones de deuda pública adicionales a los que tenían previstos. «Se trata de un esfuerzo absolutamente extraordinario, que se corresponde con el enorme esfuerzo colectivo que la sociedad española está realizando», indicó.

Preguntada por el Impuesto de Patrimonio, ha contestado que llevan dos años y medio empezando a poner en marcha la reforma del sistema fiscal, y ha advertido de que se trata de cuestiones en las que hay que profundizar en el análisis y que el objetivo es tener un sistema coherente, más progresivo y justo.

El Tesoro Público celebrará este martes una nueva emisión de deuda pública en la que ofrecerá a los inversores letras a 6 y 12 meses, con la que espera captar entre 6.000 y 7.000 millones de euros. Además, ha dado mandato para la realización de la emisión de una nueva obligación sindicada a 50 años, la segunda de este plazo desde el año 2016.

Las emisiones se producirán en medio del debate abierto por el manifiesto suscrito por un centenar de economistas europeos, incluidos la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, que pide que el Banco Central Europeo (BCE) condone la deuda pública a los Estados miembros a cambio de destinar esas cantidades a transición ecológica y digital.

«No resulta productivo abrir nuevos debates», señaló al respecto en un acto de Cercle d’Economia la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha pedido centrar la atención en las políticas monetaria y fiscal para ayudar a la recuperación, algo que cree que «debe seguir siendo la prioridad».

Asimismo, el director general del Tesoro, Pablo de Ramón-Laca, ha afirmado que no le preocupa «demasiado» la propuesta de condonación de deuda porque la deuda española es «más sostenible año a año» y hay «mucha confianza» en España.

El organismo ha dado mandato para la realización este martes de una nueva emisión de un obligación sindicada del Estado a 50 años, la segunda emisión a este plazo que realiza el organismo después de la primera realizada en el año 2016, con sucesivas reaperturas que han acumulado un volumen de 15.000 millones de euros, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El organismo ha encargado a BBVA, Citi, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan, Nomura y Santander la emisión de una nueva obligación del Estado sindicada a 50 años, sujeta a las condiciones de mercado, con vencimiento el 31 de octubre de 2071.

Para determinar la evolución del coste de la deuda, la referencia en las letras a 6 meses es el tipo de interés marginal del -0,565% registrado en la emisión del pasado 12 de enero, la primera del año 2020, cuando el interés de las letras a 12 meses se situó en el -0,535%, tipo de referencia para este martes.

El pasado jueves el organismo captó 6.115 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, pero cobró menos a los inversores en dos de los cuatro papeles emitidos y volvió a pagar por las obligaciones a 10 años, mientras que cobró algo más por los títulos a 15 años indexados.

En las emisiones del mes de enero se ha constatado una evolución al alza de los rendimientos registrados y el interés de los inversores por los títulos de deuda pública española se ha mantenido.

Tras las emisiones de este martes, el organismo tiene programadas para el mes de febrero otra subasta de letras a 3 y 9 meses el martes día 16 y una última de bonos y obligaciones el jueves día 18.

LA ESTRATEGIA DE 2021

La Estrategia de Financiación del Tesoro para 2021 contempla una emisión neta de 100.000 millones, un 9% menos respecto a los 109.922 millones con los que cerró 2020, mientras que la emisión bruta se situará en el récord de 289.138 millones, un 4,4% más respecto los 277.059 millones del año pasado, debido a que, aunque el déficit bajará este año, el nivel de deuda acumulada obliga a refinanciar más vencimientos cada año.

A medio y largo plazo, la emisión bruta será de 184.380 millones, un 0,5% más que el año pasado, y la emisión neta de 90.000 millones, un 8,6% menos; mientras que la estrategia del Tesoro contempla 104.758 millones de emisión bruta en letras este año, un 11,9% más, y una neta de 10.000 millones, un 12,5% menos.

En total, la Estrategia de 2021 contempla la realización de 48 subastas ordinarias de letras y de bonos y obligaciones del Estado, recurrir nuevamente a las sindicaciones bancarias para la emisión de determinadas referencias de obligaciones y emitir deuda mediante colocaciones privadas, que se ejecutarán en la medida en que contribuyan a la diversificación de la base inversora.

Además, el organismo realizará en 2021 su primera emisión de un bono ‘verde’, previsiblemente en el tercer trimestre, con una referencia a 20 años y una primera sindicación con la que captará entre 5.000 y 10.000 millones de euros.