El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que España contribuirá con 125 millones a la respuesta global contra la pandemia de Covid-19, concretamente con 50 millones de euros a la Alianza de Vacunas (GAVI) y con 75 millones a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias (CEPI). Los compromisos que no se traducirán en desembolsos inmediatos sino que se extenderán hasta 2035.

Sánchez ha participado este lunes en una Conferencia de Donantes telemática destinada a recaudar fondos para combatir la pandemia de COVID-19 patrocinado por la Unión Europea, Francia, Alemania, Reino Unido, España, Noruega, además de Arabia Saudí e Italia (como presidencias actual y futura del G20).

El Gobierno ha precisado después que la contribución española será a largo plazo, a través de la Facilidad Financiera para la Inmunización (IFFIM). Este instrumento permite a GAVI y a CEPI financiarse en los mercados con la venta de ‘bonos vacunas’ respaldados por los compromisos anunciados por los donantes que, de este modo, no tienen que hacer desembolsos inmediatos.

España ya canalizaba por esta vía su aportación a la Alianza de Vacunas, un compromiso que ahora se extiende 10 años más, hasta 2035. La contribución anunciada para CEPI es a lo largo de 15 años, es decir, igualmente hasta 2035.

Tanto GAVI como CEPI son alianzas público-privadas, la primera de ellas centrada en aumentar el acceso a las vacunas en países en desarrollo y la segunda en financiar la investigación de vacunas contra infecciones que puedan suponer potenciales epidemias. El Gobierno español tenía ya un compromiso de

En su breve intervención, ha recalcado que el acceso equitativo y asequible a vacunas, tratamientos y diagnósticos es «el único camino para derrotar al virus», pero también «es hacer lo correcto», porque hay que «hacer todo lo necesario para impedir que aumente la desigualdad como consecuencia de la pandemia».

«Debemos aprender las lecciones aprendidas en nuestro pasado más reciente y asegurar que, esta vez sí, salimos de la crisis sin dejar a nadie atrás», ha dicho, en alusión a la crisis financiera de 2008 y las medidas adoptadas para superarla.

Esa respuesta, a su juicio, debe descansar sobre tres principios: justicia social, ciencia y colaboración de todos los países. Se trata, ha dicho, de avanzar en la investigación científica en marcha, desde las fases iniciales hasta el impulso a su producción y las garantías de su distribución.

«ESTRUCTURAS DE COLABORACIÓN DURADERAS»

Así, ha pedido a sus homólogos de la comunidad internacional que, «más allá de realizar contribuciones financieras», confía en que sean capaces todos de crear «estructuras de colaboración duraderas» para mejorar la respuesta mundial a enfermedades presentes y futuras.

Sánchez ha defendido que la comunidad internacional se encuentra ante una amenaza que «no entiende de fronteras» y que los países son más fuertes contra el virus si están unidos. En esa línea, ha apostado además por impulsar el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), «tan importante en estos momentos decisivos».

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha rendido homenaje a los fallecidos por el Covid-19 y sus familias, así como al personal sanitario y a quienes mantienen los servicios esenciales y ha dicho que a todos ellos los gobiernos les deben «una respuesta decidida global».

OBJETIVO, 7.500 MILLONES DE EUROS

La Conferencia de Donantes, que aspira a recaudar 7.500 millones, la ha abierto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciando una aportación comunitaria de 1.000 millones de euros. La canciller alemana, Angela Merkel, ha anunciado 525 millones, y el presidente francés, Emmanuel Macron, 510.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha comprometido 551 millones de euros; el británico, Boris Johnson, 441 millones y Arabia Saudí 457. La aportación anunciada por Italia será de 71,5 millones y la de Países Bajos de 192 millones de euros.

El Gobierno español ha explicado que la conferencia de donantes está estrechamente ligada al nuevo «ACT Accelerator», una iniciativa liderada por la OMS y otras organizaciones internacionales de salud para coordinar los esfuerzos existentes y alcanzar así, lo antes posible, tratamientos y vacunas contra la COVID-19 a precios asequibles. En su lanzamiento el pasado 24 de abril también participó Sánchez.

Foro Consultores Inmobiliarios constata que la actividad está continuando en el mercado inmobiliario y apunta que la recuperación del sector vendrá en el último trimestre del año, según se desprende de un muestreo realizado a partir de su actividad comercial de vivienda nueva.

Así, el informe apunta que hubo una bajada de petición de información de viviendas durante el 1 de febrero y el 15 de marzo del 23%, pero que en los últimos días del mes de abril se registró una reactivación de la demanda de información y del cierre de operadores.

El consejero delegado de Foro Consultores Inmobiliarios, Carlos Smerdou, ha afirmado que la demanda sigue interesada y que se cerrarán «muchas operaciones» cuando la crisis por el coronavirus pase.

Smerdou cree que la evolución del mercado será paulatina y se desarrollará a lo largo del verano, puesto que hay muchas entregas de viviendas «pendientes» y también de reservas.

Además, ha vaticinado que, probablemente, en octubre o noviembre ya haya un mercado normalizado dentro de «la nueva normalidad». También ha apuntado que la vivienda es un valor refugio en estos momentos.

Se está generando demanda embalsada y las declaraciones de algunos políticos están provocando incertidumbre y la gente que tienes ahorros en el banco prefiere dedicarlos al ladrillo como valor refugio», ha añadido.

Respecto a los precios, dice que la vivienda usada puede ser el segmento más afectado, pero que dependerá de las zonas. «Aquellas áreas con precios más baratos y donde la crisis golpee más, sí que tendrán que reducir precios», ha añadido, tras afirmar que la vivienda nueva aguantará mejor la situación.

El Banco Central Europeo (BCE) adquirió en abril deuda soberana de los países de la zona euro por importe de 26.759 millones de euros, de los que casi un 41% correspondieron a bonos emitidos por Italia, el 31% por Francia y el 16% por España, mientras que el peso de los bonos emitidos por Alemania se situó en el 2,3% del total, muy por debajo de la clave de capital que corresponde a la mayor economía del euro.

Según los datos publicados por el BCE, durante el mes de abril, la institución presidida por Christine Lagarde adquirió deuda soberana de España por importe neto de 4.276 millones de euros, un 21% menos que los 5.407 millones comprados en marzo, aunque mantuvo estable en el 16% el peso de la deuda española en sus compras, cuando su clave de capital ronda el 12%.

No obstante, la mayor distorsión corresponde por segundo mes consecutivo a Italia, cuyo volumen de deuda pública adquirida por el BCE ascendió a 10.919 millones de euros, casi el 41% de las compras de bonos de países de la eurozona en abril en el marco del programa PSPP, frente a los 11.855 millones comprados en marzo, que equivalieron al 35% de las compras de ese mes, cuando la clave de capital del país transalpino ronda el 17%.

En el caso de Alemania, las compras sumaron en abril 628 millones de euros, el 2,3% del montante total, por debajo de los 2.046 millones de marzo, cuando apenas representaron un 6%. La clave de capital del Deutsche Bundesbank ronda el 27% al descontar la aportación de bancos no pertenecientes a la eurozona y la del Banco de Grecia, cuyos bonos no son adquiridos dentro del programa PSPP.

De su lado, la deuda francesa adquirida por el BCE en abril alcanzó los 8.325 millones de euros, ligeramente por debajo de los 8.873 millones comprados en marzo, aunque el porcentaje del total subió al 31% desde el 26%.

De este modo, el volumen acumulado de bonos adquiridos bajo este programa, que comenzó en marzo de 2015, alcanzó en abril los 2,29 billones de euros, incluyendo 241.917 millones en bonos de instituciones supranacionales. Entre los países de la zona euro, la mayor cantidad de deuda en cartera del BCE corresponde a Alemania, con 533.875 millones, por delante de Francia, con 451.644 millones, Italia, con 393.380 millones, y de España, con 270.892 millones.

Así, el volumen neto de deuda alemana supondría el 26% del total, mientras que el de Francia equivaldría al 22%; el de Italia al 19% y el de España al 13%.

Al margen del programa PSPP de compra de deuda pública de la zona euro, el BCE se hizo en abril con 5.560 millones de deuda de empresas de la eurozona, un 20% menos que en marzo, hasta acumular desde el comienzo de las mismas 207.067 millones.

Por su parte, el banco central gastó 3.582 millones de euros en la compra de cédulas, frente a los 3.931 millones del mes anterior, hasta 277.696 millones, mientras que sus compras de titulizaciones disminuyeron en 276 millones, hasta un total de 30.936

CASI 120.000 MILLONES EN COMPRAS CONTRA EL COVID-19.

Asimismo, el BCE informó de que ha adquirido activos por importe total de 118.811 millones de euros desde el comienzo de sus compras de emergencia contra la pandemia de coronavirus, bajo el programa PEPP, por sus siglas en inglés, que fue anunciado el 18 de marzo, aunque no entró en vigor hasta el pasado 26 de marzo.

De este modo, durante el mes de abril la entidad adquirió activos por importe de 103.366 millones de euros bajo este programa de emergencia, mientras que en los días de marzo en los que estuvo activo había comprado 15.444 millones.

En su primera semana en los mercados con su nueva bazuca con el Covid-19 bajo el brazo, el BCE invirtió 30.133 millones entre el 26 de marzo y el 1 de abril, a un ritmo diario de algo más de 6.000 millones, que corrigió a unos 5.000 millones diarios en las dos semanas siguientes, cuando destinó a la adquisición de activos 20.600 y 20.000 millones de euros, respectivamente.

No obstante, en la semana que concluyó el pasado 24 de abril, la institución destinó 26.045 millones de euros a la adquisición de activos a través de este programa de emergencia contra el Covid-19, mientras que en la última semana de abril invirtió 22.092 millones.

El BCE anunció el pasado 18 de marzo el lanzamiento del nuevo programa PEPP, con una dotación de 750.000 millones de euros, que estará en vigor hasta que haya terminado la fase de crisis por el Covid-19, garantizando que como mínimo seguirá comprando activos hasta final de 2020.

La entidad presidida por Christine Lagarde no ofrece información sobre la composición de las compras de activos realizadas a través del programa PEPP, aunque la francesa anunció el pasado jueves que se ofrecerán los detalles de las compras cada dos meses.

El Gobierno y los sindicatos de Función Pública han acordado este lunes que las oficinas de la administración se abrirán al público a partir del 25 de mayo de mayo, con cita previa y limitación del aforo, y las oficinas podrán estar abiertas hasta las 21.00 horas, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.

Así figura en el acuerdo suscrito este lunes entre los sindicatos y el Ejecutivo, en el que se incluyen las medidas organizativas para la reincorporación gradual de empleados públicos y su adaptación con medidas de seguridad con motivo de la aprobación del plan para la transición hacia una nueva normalidad, priorizando el teletrabajo.

En concreto, el acuerdo firmado entre la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y los sindicatos del área pública, persigue avanzar por las distintas fases de desescalada determinadas por el Gobierno, de manera «gradual y segura» para la reincorporación de los empleados públicos, priorizando el teletrabajo y con medidas de seguridad y protección de la salud pública.

Fuentes de CSIF han explicado a Europa Press que el acuerdo recoge que las oficinas de la administración se abran al público a partir del 25 de mayo de mayo, coincidiendo con la ‘Fase II’ de desescalada, con cita previa y limitación del aforo, y las oficinas podrán estar abiertas hasta las 21.00 horas. No obstante, desde el sindicato han señalado que estarán «vigilantes» para que se garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad para las plantillas de empleados públicos y para los ciudadanos.

Por su parte, el secretario federal de AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha señalado que se trata de establecer un marco de «corresponsabilidad, homogéneo y negociado en todos los ámbitos, basado en una reincorporación gradual», y ha tildado de «muy garantista» el acuerdo porque «prioriza la seguridad y salud de los empleados públicos al tiempo que asegura la adecuada prestación de servicios de la Administración a la ciudadanía».

A su vez, el secretario general de FSC-CCOO en el ámbito de la Función Pública, José Manuel Vera, ha destacado que el texto mejora «sensiblemente» las medidas de prevención de riesgos laborales y protección de la salud. Sin embargo, entiende que el trabajo sindical no concluye con esta firma y cree que «será necesario convocar con carácter previo las mesas delegadas para concretar y resolver algunas cuestiones que han quedado pendientes para adaptar la resolución a los ámbitos específicos».

REINCORPORACIÓN PROGRESIVA Y PRIORIDAD DEL TELETRABAJO

El acuerdo contempla una reincorporación progresiva de los trabajadores, dando prioridad al teletrabajo, evitando la incorporación de personas con bajas por incapacidad temporal, con síntomas o en contacto con familiares contagiados, así como con enfermedades crónicas declarados como vulnerables por el Ministerio de Sanidad y a las personas que tengan a su cargo menores o dependientes.

La reincorporación irá paralela al progresivo inicio de la actividad y acudirán a los centros de trabajo las personas «imprescindibles» que presten servicios en los diferentes sectores de producción y económicos que vayan avanzando hacia la situación de nueva normalidad.

En todo caso, se prevé que la atención a la ciudadanía, de modo presencial, se retomará a partir del 25 de mayo (Fase II), con cita previa y limitación del aforo, según han informado fuentes de CSIF.

Según el borrador del acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, cada departamento deberá autorizar la flexibilización horaria correspondiente a cada caso, con independencia de la modalidad de prestación de servicios, recomendándose el uso de fórmulas de jornada continuada.

Igualmente, para poder atender los supuestos de flexibilización se habilita la posibilidad de ampliar el horario de apertura de los centros de trabajo hasta las 21 horas.

Si fuera precisa esta ampliación para facilitar la rotación del personal, deberá constar la conformidad del empleado o empleada en los supuestos de alteración de los tramos de su jornada habitual.

ADAPTACIÓN POR FASES

En detalle, se establecen las distintas fases con «carácter flexible y adaptativo» de acuerdo con lo que establezca en cada momento el Ministerio de Sanidad para cada unidad territorial.

En la Fase 0, iniciada este lunes, se desarrollarán los trabajos necesarios para una adecuada adopción de las medidas preventivas, así como aquellas otras instrucciones y protocolos que pudieran dictar las autoridades sanitarias, para salvaguardar la seguridad y salud de las empleadas y empleados públicos.

Asimismo, en la Fase I, a partir del 11 de mayo, se recomienda la reincorporación gradual a los centros de trabajo de las personas imprescindibles que presten servicios en las actividades consideradas esenciales o críticas en cada ámbito departamental, y ya en la Fase II, que podría arrancar el 25 de mayo, se recomienda también la reincorporación de empleados públicos para la atención a la ciudadanía.

Tras la finalización de la Fase II, cuando así lo determine el Ministerio de Sanidad, en la Fase III ya se instará a la reincorporación gradual de las personas imprescindibles de las anteriores fases y la siguiente, de nueva normalidad, se regirá de acuerdo con las instrucciones de carácter organizativo que se dicten en su momento, estableciéndose nuevos protocolos de seguridad y salud «con la experiencia del aprendizaje de las fases anteriores y de acuerdo con lo que establezcan las autoridades sanitarias».

PRUEBAS SELECTIVAS, CURSOS Y VIAJES

En cuanto a los procesos selectivos, el documento señala que desde el momento que finalice la suspensión de los plazos administrativos declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, las convocatorias de procesos selectivos se podrán tramitar con carácter ordinario.

Eso sí, el órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá posponer la celebración de pruebas selectivas presenciales de concurrencia masiva por el tiempo imprescindible, de acuerdo con las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos.

Quedan exceptuados aquellos procesos selectivos relacionados con las medidas adoptadas para la contención de la Covid-19, los que puedan celebrarse por medios telemáticos y aquellos que se encuentren en fase de concurso o cuyo sistema selectivo sea el concurso.

Igualmente, se procurará articular los medios de carácter telemático necesarios para la realización de los ejercicios que se encuentren en su fase de lectura presencial de carácter individual por parte de la persona candidata, según el borrador recogido por Europa Press.

Con carácter general las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audioconferencia o videoconferencia evitándose en lo posible las reuniones presenciales o que impliquen desplazamientos a otra localidad. Así, o se podrá asistir a reuniones que se celebren en unidades territoriales diferentes a aquella en la que se encuentre el centro de trabajo, salvo por causas excepcionales y justificadas, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad en función de cada Fase.

A su vez, se suspenderán todos aquellos viajes de trabajo que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia, ni se permitirá viajar a unidades territoriales diferentes, salvo causas excepcionales y justificadas.

Por último, las unidades responsables de la organización de cursos y actividades formativas desarrollarán, con carácter prioritario, su actividad mediante medios telemáticos, con la finalidad de minimizar los posibles riesgos para la salud, respetando en todo caso los términos que determinen las autoridades sanitarias.

El consorcio europeo EIT Food, que forma parte del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), ha lanzado el programa Empowering Women in Agrifood (EWA) para España de apoyo a mujeres emprendedoras en el sector agroalimentario y las zonas rurales, con la colaboración del Grupo Cooperativo Tangente.

El consorcio europeo es consciente de los obstáculos que deben superar las mujeres en este entorno y busca revertir las actuales cifras, que muestran las dificultades para liderar empresas del sector agroalimentario, ya que solo el 28% de las mujeres del sector son gerentes o tienen altas responsabilidades en las explotaciones agrícolas y ganaderas en la Unión Europea.

Desde EIT Food se ha considerado que a raíz de la crisis generada por el coronavirus es «necesario reforzar los programas de apoyo a este colectivo de mujeres», según ha explicado explica Begoña Pérez-Villarreal, directora de EIT Food en el Sur de Europa.

Este programa específico para reforzar el liderazgo femenino busca apoyar a mujeres con ideas o con startups en fases iniciales del sector agroalimentario. Apunta especialmente a aquellas zonas rurales con difícil acceso a otros programas de incubación de empresas o formación.

El programa, que se desarrollará de julio a diciembre y es gratuito, incluye formación ‘online’ y presencial a medida (los últimos detalles dependerán de la evolución del estado de alarma y las normas de confinamiento).

También incorpora un apartado de financiación, en el que se han habilitado premios económicos de hasta 10.000 euros al final del proceso y que facilita el vínculo con otros programas de EIT Food con acceso a financiación.

La tercera vertiente del programa es la creación de una comunidad a través de eventos y de ‘networking’ con una red de más de 100 emprendedoras y mentoras del sector, así como el acceso a contactos de diversos ámbitos, como el de la inversión, el tecnológico, el empresarial u otros contactos de la red del consorcio europeo.

Ciudadanos ha reclamado este lunes en el Congreso ampliar a todos los sectores la moratoria de seis meses sin intereses para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social prevista para empresas y autónomos frente a la crisis del coronavirus, sin la distinción recogida en el decreto ley aprobada por el Gobierno el pasado 31 de marzo.

Para ello, la formación naranja ha registrado en la Cámara Baja una proposición no de ley con la que busca que esta moratoria se aplique también a las empresas que no tienen sus actividades suspendidas con motivo de la aplicación del estado de alarma.

Esta distinción, critican desde Cs, «deja fuera a un número muy importante de empresas y autónomos» que mantienen la actividad «con pérdidas cuantiosas y un serio riesgo de cierre en un futuro próximo si no reciben un apoyo que de momento se les está negando».

«NO DEFINE NINGÚN REQUISITO NI CONDICIÓN»

Asimismo, expone las «importantes dudas jurídicas» que provoca esta distinción, ya que si bien el decreto ley mandata al Ministerio de Inclusión Seguridad Social a determinar «los requisitos y las condiciones» para acceder a esta moratoria, finalmente no define ningún requisito ni condición como tal, «sino que meramente excluye sectores de actividad sin ninguna justificación», lamentan.

Por ello, llaman al Ejecutivo a realizar una «respuesta contundente» ante un «esfuerzo» que consideran «insuficiente para asegurar la supervivencia de pymes y autónomos a la crisis provocada por esta pandemia», antes las «limitaciones inexplicables» que, sostienen, «el Gobierno pone al alcance de sus propias medidas», como en esta moratoria.