Las factorías del Grupo PSA en Vigo (Pontevedra) y Figueruelas (Zaragoza), así como las de Iveco (CNH Industrial) en Madrid y Valladolid retomarán este lunes 11 de mayo la actividad productiva, que estaba detenida desde hace semanas con motivo de las medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus.

Estos cuatro centros productivos se convierten en las últimas plantas en volver al trabajo de todas las de fabricación de vehículos que se encuentran instaladas en España, ya que las demás han ido reabriendo de forma parcial y progresiva en los últimos días, desde que el Gobierno permitiese volver a la actividad a los sectores no esenciales.

En el caso de las fábricas de Vigo y Figueruelas del consorcio francés PSA, la recuperación de la actividad se llevará a cabo de una forma «progresiva y «segura» desde este lunes, «en un contexto de reanudación de las actividades comerciales».

Las dos instalaciones irán introduciendo de forma gradual los turnos de trabajo, siempre con medidas de seguridad e higiene reforzadas, y, en función de la demanda, se irá procediendo a la normalización de la actividad productiva, que estará muy marcada por la disponibilidad de piezas y componentes por parte de la cadena de suministro.

«Proteger a nuestros empleados y proteger a nuestra compañía siguen siendo los dos principios intangibles para la gestión de nuestras operaciones. Nuestro protocolo de medidas mejoradas ofrece un alto nivel de protección a nuestros empleados y es el primer criterio para reiniciar nuestros centros de producción», explicó el director industrial de Grupo PSA, Yann Vincent.

IVECO

Por su parte, el fabricante italiano de vehículos industriales Iveco también volverá a subir la persiana en sus fábricas de Madrid y Valladolid, después de que decidiese retrasar la apertura, prevista para el 4 de mayo, ante «la dificultad que existe para garantizar el aprovisionamiento de piezas y material para llevar a cabo las tareas productivas con normalidad.

Fuentes de la empresa explicaron a Europa Press que estas dificultades en la cadena de suministro se justifican porque la mayor parte de los proveedores de piezas y componentes de estos centros se encuentra en el norte de Italia, una de las zonas más afectadas por la crisis del coronavirus.

No obstante, una vez subsanadas estas dificultades de suministro, las factorías de Madrid, con una plantilla de unos 2.300 trabajadores, y la de Valladolid, con unos 1.000 efectivos, retomarán este lunes su actividad.

Las fábricas de PSA e Iveco se convierten en las últimas plantas de fabricación de vehículos instaladas en España en volver al ‘tajo’ después de que todas paralizaran sus operaciones como consecuencia de las medidas adoptadas para luchar contra el coronavirus.

Las factorías de Renault en Sevilla, que produce cajas de cambios, y de motores de Valladolid fueron las más madrugadoras, ya que recuperaron de forma paulatina su producción desde el 14 de abril, mientras que las de vehículos de Renault en Valladolid y Palencia esperaron hasta el 29 del pasado mes de abril.

En el caso de las instalaciones que mantiene el consorcio alemán Volkswagen en España, situadas en Landaben (Pamplona) y en Martorell (Barcelona), la fecha elegida para esta desescalada fue el 27 de abril, al igual que el centro de Mercedes-Benz en Vitoria.

Respecto a Ford, la compañía estadounidense recuperó desde el 4 de mayo la producción en la planta de vehículos de Almussafes (Valencia), aunque anunció que no iniciaría hasta el 18 de mayo su operativa en la factoría de Motores.

En el caso de Nissan, el pasado lunes 4 de mayo se inició una huelga por parte de los trabajadores en la fábrica de Montcada i Reixac (Barcelona), donde estaban llamadas a trabajar unas 110 personas. Ese día estaba previsto que se retomase la actividad después de siete semanas con la fábrica de la Zona Franca de Barcelona parada debido al coronavirus.

El PP quiere reducir el impacto del futuro Impuesto sobre las transacciones financieras, la conocida como ‘tasa Tobin’, con más exenciones a las ya contempladas en el proyecto de ley, incluidas las operaciones realizadas por fondos de pensiones, las realizadas por fondos de inversión tipificadas como sostenibles y con carácter social o medioambiental, y las retribuciones a empleados en acciones.

En las enmiendas registradas en el Congreso al proyecto de ley del citado impuesto, a las que ha tenido acceso Europa Press, el Grupo Popular aboga por eximir toda adquisición de acciones realizadas por fondos de pensiones, mutualidades de previsión social, entidades de previsión social voluntaria (EPSV) y entidades aseguradoras en los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones.

Asimismo, también aquellas adquisiciones realizadas por Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) referidas a los artículos dedicados a inversiones sostenibles de carácter social o medioambiental, según lo contemplado en el Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de servicios financieros.

NO QUIEREN QUE AFECTE A LA ‘AUTOCARTERA’ NI A LOS ‘SCRIP DIVIDEND’

Las exenciones propuestas también alcanzan a las adquisiciones que se deriven de la entrega de acciones o participaciones de una sociedad a sus trabajadores o de otra entidad del mismo grupo para evitar, aducen, «el efecto negativo sobre los planes de retribución de empleados, cuyo fin es retener y fomentar el capital humano de las empresas españolas».

También se quedarían fuera en su propuesta todas las operaciones de ‘autocartera’ y los llamados ‘scrip dividend’, al eximir adquisiciones derivadas de la ejecución o liquidación de fórmulas de remuneración al accionista. El PP considera necesario fomentar el uso de estos esquemas de retribución en acciones, pues «contribuyen positivamente a la capitalización» de las empresas.

Otras de las exenciones son las adquisiciones derivadas de la ejecución o liquidación de obligaciones o bonos convertibles o canjeables, aquellas compras en los que la adquisición de valores no sea definitiva –entregas o depósito de acciones en un acuerdo de garantía financiera– y a los clientes de miembros de un mercado que sin ser miembro del mismo, acuden a él en condiciones similares cuando realice actividades de creación de mercado.

NO DIFERENCIAR EL DEVENGO DEL IMPUESTO

Por otro lado, el PP también quiere eximir a los sujetos pasivos del impuesto a presentar una declaración anual del impuesto con todas las operaciones exentas. En vez de esta declaración, los ‘populares’ apuestan por incluir en esa declaración de forma exclusiva las operaciones sujetas y no exentas con el fin, arguye, de «reducir los costes de cumplimiento que deberán soportar los sujetos pasivos del impuestos».

Asimismo, apuestan por simplificar el devengo del impuesto, y que se ejecute en el momento en que se produzca la anotación registral de los valores a favor del adquiriente, pues consideran que utilizar dos criterios diferentes, según recoge el proyecto original, en función de si se realizan en un centro de negociación, o al margen del mismo, va contra la neutralidad del impuesto.

Renfe y sus futuros competidores, la francesa SNCF e Ilsa, la alianza entre Air Nostrum y Trenitalia, firmarán este lunes, 11 de mayo, los contratos por los que a partir del próximo 14 de diciembre empezarán a prestar servicio de transporte de viajeros en tren en competencia por tres líneas de Alta Velocidad.

Se trata de la rúbrica de los acuerdos marco con Adif, los documentos en los que se concreta la capacidad o el número de servicios y frecuencias que cada una las tres empresas podrán realizar en estos tres corredores, el AVE a Barcelona, el AVE a Valencia y el que une Madrid y Sevilla.

Renfe y los nuevos operadores lograron estos servicios el pasado año a través de un concurso público promovido por Adif y podrán prestarlos durante un periodo de diez años.

En el caso de la compañía pública española, logró contar con contrato a diez años tras justificar al regulador del mercado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que cumplía los criterios que la Ley Ferroviaria fija para ello, especialmente el de las inversiones a realizar.

Una vez que este lunes se materialice la firma, las tres empresas podrán solicitar a Adif ‘surcos’ o ‘slot’ en los tres AVE que se abren a la competencia para explotar dichos servicios en competencia desde diciembre.

En concreto, Renfe realizará 86 circulaciones diarias por los tres corredores, mientras que Ilsa tendrá 16 frecuencias cuando empiece a operar, en enero de 2022, dado que ya ha indicado que arrancará el servicio un año después. De su lado, la SNCF operará cinco servicios al día que, en su caso, prevé arrancar desde el mismo día 14 de diciembre.

La entrada de competencia en el AVE lleva asociada una inversión total de unos 2.550 millones de euros. Renfe asegura que invertirá 1.646 millones de euros, unos 600 en nuevos trenes AVE y, el resto, en amortizar lo que queda de los actuales. De su lado, SNCF cifra su desembarco en España en unos 700 millones e Ilsa asegura que su plan de negocio supone unos 200 millones.

PALANCA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA.

El proceso de apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren previsto para diciembre sigue así su curso tal como estaba previsto y a pesar de la crisis.

En este sentido, la CNMC ya ha indicado en distintas ocasiones que es «consciente» de la situación generada por la pandemia, especialmente en el plano económico y del transporte, y que, por ello, permitirá que se tenga en cuenta para posibilitar que los operadores modifiquen, de forma justificada, los contratos de servicios sin penalizaciones.

De su lado, Adif, compañía pública promotora y gestora de la red ferroviaria, confía en que la entrada de nuevos operadores en el AVE, y el consiguiente incremento de circulaciones, «contribuya a mejorar su sostenibilidad y a servir de palanca para la recuperación económica en el contexto actual».

De igual forma, la compañía que preside Isabel Pardo de Vera espera que «éxito» que augura al proceso de apertura de los principales corredores AVE «sea un impulso para potenciar la progresiva implantación de más servicios y más operadores en otras líneas, para que los beneficios de la liberalización se hagan extensivos al máximo número de ciudadanos en España» y se impulse así el tren, el transporte más respetuoso con el medio ambiente.

Mutua Madrileña, Andbank España y Abante lideran las operaciones de concentración en el sector de gestión de activos, adelantándose a la previsible tendencia de fondo que se mantendrá en un momento de incertidumbre económica a raíz de la crisis del coronavirus.

Andbank se ha erigido en una de las entidades más activas en este proceso de concentración. En pleno mes de marzo anunció la adquisición de Esfera Capital Gestión, en un momento en el que los mercados vivían un desplome histórico y en el que las operaciones de fusiones y adquisiciones retrocedían en España un 90%, según datos de Transitional Track Record (TTR).

La entidad de banca privada se encuentra en la novena posición del ranking por activos bajo gestión, gracias en parte a la adquisición de Inversis en 2015, Merchbanc en 2018 y ahora de Esfera Capital Gestión, una estrategia de crecimiento que la gestora ha desarrollado desde su llegada a España.

A esta estrategia le ha seguido Abante, que anunciaba hace unos días la compra de C2 Asesores, un acuerdo que se inscribe dentro de la alianza de Abante con Mapfre, un plan para activar su expansión y crecimiento en Navarra y La Rioja y que convierte a la entidad financiera en un aglutinador de proyectos de banca privada.

LA PUJANZA DE MUTUA

Mutua Madrileña ha sido también una de las entidades más dinámicas en este proceso de consolidación adquiriendo participaciones en Alantra, EDM y Cignus.

La aseguradora que preside Ignacio Garralda se hizo recientemente con un 20% de Alantra Asset Managament, tras comprar anteriormente el 51% de Alantra Wealth Management. También tomó una participación de 20% en Cygnus y del 53% en EDM, focalizada en Cataluña.

Esta tendencia hacia la concentración en el segmento del asesoramiento financiero se ha intensificado en los últimos meses y podría llevar a la desaparición de algunas firmas y a la absorción de otras por parte de los jugadores con mayor tamaño.

Naturgy, la compañía que preside Francisco Reynés, figura como la sexta marca/compañía española que mejor está respondiendo al Covid-19 con iniciativas positivas para las personas y la sociedad, siendo además la primera energética, de acuerdo con un informe publicado por la consultora de marketing Havas Media Group.

Según el informe, los encuestados nombraron un extenso número de marcas, pero sólo 8 consiguieron superar una mención superior al 3%. Inditex lidera la clasificación con un 11,8% de las menciones, seguido de Mercadona (4,9%), Zara (4,4%), El Corte Inglés y Amazon (4%).

Naturgy, en sexta posición, obtuvo un 3,7% de las menciones; Iberdrola es séptima con el 3,5% y Banco Santander logra la octava posición, con el 3,2%.

Las siguientes compañías destacadas por porcentaje de menciones fueron Seat (2,7%), Telepizza y Bankinter (1,9%), Carrefour (1,7%), BBVA y Endesa (1,5%), Cruz Roja y Movistar (1,4%), Google y CaixaBank (1,3%) y Orange (1,2%).

INICIATIVAS FRENTE AL COVID-19

El plan de actuación de Naturgy frente al Covid-19 incluye medidas como el aplazamiento de las facturas de luz, gas y servicios para más de 4 millones de sus clientes domésticos, pymes y autónomos o regalar energía de forma gratuita a los hoteles y recintos medicalizados, como el hospital de campaña de Ifema, al que la energética suministró gas gratis.

A este respecto, los encuestados de Havas Media Group otorgaron a Naturgy la puntuación más alta entre las energéticas en la valoración del servicio e iniciativas realizadas, con una nota media de 6,5 sobre 10.

Le sigue Iberdrola, con un nota media para sus iniciativas de 6,3; Endesa y Repsol, con una calificación de 6.0; Cepsa, con un 5,6; y por último, Hola luz, con un 5,2.