Renault y su red de concesionarios han lanzado el nuevo servicio de ‘renting’ ‘You rent online’, un servicio que ofrece la posibilidad de contratar el servicio de renting de un vehículo de forma completamente ‘online’, según informó en un comunicado.

La marca automovilística francesa señala que una vez contratado el vehículo estará disponible en un plazo máximo de 10 días en el concesionario más cercano del cliente o en su propio domicilio.

A través de esta iniciativa se ofrecen los modelos Clio, Kadjar y ZOE, con una duración de 36 o 48 meses y un kilometraje de 10.000, 15.000 o 20.000 kilómetros, según se elija. La cuota incluye un seguro a todo riesgo, sin límite de edad del conductor y sin franquicia; mantenimiento en concesionarios oficiales, asistencia en carretera 24 horas al día, gestión de multas, vehículo de sustitución y cambio de neumáticos en función del kilometraje contratado.

«Las necesidades de nuestros clientes cambian y por esta razón Renault y su financiera RCI Bank and Services junto con su red de concesionarios lanzan ‘You rent online’, para facilitar un servicio de renting a particulares, contratable 100% ‘online’, ofrecido por Overlease, operador de ‘renting’ del Grupo Renault con más de 20 años de experiencia en el sector», explica la compañía.

Una vez seleccionado el vehículo, el cliente recibirá la confirmación de la operación en menos de 24 horas. Por su parte, Overlease facilita la firma del contrato vía ‘online’ sin necesidad de que el contratante tenga que desplazarse de su domicilio.

El director general de Renault Iberia, Jean Pierre Mesic, ha valorado de forma positiva esta incitativa. «Es un orgullo ver cómo las necesidades de nuestros clientes cambian y Renault se reinventa para ofrecerles algunos de los modelos insignia de nuestra gama sin moverse de su casa», ha enfatizado.

Las firmas de inversión Exane, Kepler, BBVA y Mirabaud han destacado el potencial del negocio de Indra en diferentes informes después de que la compañía presentase ayer resultados y elevan el precio objetivo que tienen sobre su cotización a una horquilla de entre 6,5 y 10 euros. 

Exane ha subido su precio objetivo de 6,5 a 8 euros, con recomendación de ‘neutral’. Opina que el negocio de Defensa tiene un lado positivo en forma de cadena de contratos a partir de 2021 y que su filial Minsait se ha mostrado fuerte en el primer trimestre, aunque sigue luchando por la rentabilidad.

Los analistas de Kepler mantienen su recomendación de compra de la compañía, con un precio objetivo de 10 euros desde 7,58 de su cierre del lunes 11. La firma destaca un sólido comienzo de año en Tecnologías de la Informacion y el crecimiento de la cartera del grupo en un 12%. 

Sin embargo, señala que el impacto del Covid-19 y de la estacionalidad y retrasos en certificaciones en los ingresos de Defensa han provocado un descenso en el EBIT del primer trimestre. En opinión de Kepler, el negocio de Tecnologías de la Información ha aguantado bien en abril y la evolución de Transporte y Defensa es poco predecible.

Mirabaud también mantiene la recomendación de comprar, con un precio objetivo 11 euros, destacando el mantenimiento de los ingresos, y señalando que la generación de caja ha sido relativamente fuerte y que la evolución de la deuda es positiva.

Asimismo, opina que es claro que el Covid-19 tendrá un impacto material en 2020, pero destaca que los fundamentales y las perspectivas a largo plazo se mantienen intactos (fuerte crecimiento de Defensa, vuelta a la rentabilidad de TI) y que la corrección que ha sufrido la acción ha sido excesiva.

Por su parte, BBVA señala en otro informe que la situación volverá a la normalidad gradualmente y que las perspectivas a largo plazo de Indra se mantienen sin cambios, apoyadas en su postura positiva sobre la compañía. Asimismo, destaca el aumento de la cartera en un 6% para alcanzar un nuevo record histórico de 4.800 millones de euros. BBVA mantiene su precio objetivo en 10 euros.

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos, ha pedido al Gobierno que ponga en marcha «ya» un plan para reactivar el sector automovilístico español porque, a su juicio, dentro de tres meses «se estarán contando las empresas desaparecidas».

Así lo ha señalado De los Mozos en una mesa redonda ‘online’ organizada por Anfac, en la que también han participado el director general de Anfac, José López-Tafall; el director de la representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, y el secretario general de Industria y PyME, Raül Blanco.

El directivo ha subrayado la importancia de llevar a cabo un plan para reactivar la demanda de vehículos, ya que aceleraría la recuperación del sector automovilístico y, además, sería una «buena oportunidad» para reducir las emisiones.

«La industria del automóvil es un milagro para este país. Es el momento de trabajar todos juntos, desde la cadena de valor, hasta las administraciones y los agentes sociales, y de forma rápida y eficiente. En los momentos de dificultad el sector ha demostrado ser leal con el país y necesitamos que el milagro siga en el futuro, por lo que es importante la velocidad, la escucha y la eficacia», ha reivindicado el también director de Fabricaciones y Logística del grupo Renault.

En este sentido, De los Mozos ha subrayado que la automoción es «tractor» de otros sectores y cada euro que el Gobierno invierte en ella repercute entre 1,5 y 1,8 euros para la Administración, ya que se recaudan más impuestos por las ventas y se ahorra dinero de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

También ha insistido en la importancia de lanzar un plan de incentivos a la compra desde Europa, porque el 80% de los vehículos que se producen en España están destinados a la exportación. En este apartado, Raül Blanco ha señalado que a nivel europeo se tratará de defender que el 10% del plan de recuperación que se diseñe en la Unión Europea (UE) vaya destinado al sector automovilístico.

Sin embargo, el presidente de Renault en España ha insistido en ver las partes positivas de esta crisis, ya que esta situación ha permitido que todo el sector luche junto y tenga ante el Gobierno una «única voz».

Asimismo, ha destacado todas las acciones que las fábricas han realizado para ayudar en la lucha del coronavirus, produciendo utensilios necesarios para sanitarios y ciudadanos. Por ello, ha insistido en la importancia de dar certidumbre a las multinacionales, por lo que ha rechazado posicionamientos como el de aumentar el uso de bicicletas o ampliar las aceras para reducir la utilización del vehículo privado ya que «no ayudan a dar una imagen ‘friendly’ con el automóvil».

Telefónica ha alcanzado un acuerdo global con las formaciones sindicales UNI Global Union, UGT y CCOO por el cual se comprometen a abordar conjuntamente el plan de retorno a los centros de trabajo tras la crisis del Covid-19 en España, Brasil y los países englobados en su división Hispam.

En un comunicado, la operadora ha indicado que el objetivo es «aunar esfuerzos y asegurar la colaboración de todos para garantizar en todo momento la seguridad y salud de todos los trabajadores que forman parte del Grupo Telefónica».

El plan de retorno establece el teletrabajo «de forma prioritaria y preferente», hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Gobiernos o Autoridades locales competentes dictaminen el control de la pandemia, así como que el regreso de los trabajadores a los centros de trabajo se hará «de modo progresivo y por fases».

El acuerdo recoge aspectos específicos en relación con garantizar la disponibilidad y uso de equipos de protección individual, los mecanismos de seguimiento de la salud por parte de los servicios médicos del grupo, la facilitación del cumplimiento de los protocolos de actuación definidos en los distintos lugares de trabajo, así como de la gestión de las distintas etapas establecidas en este plan.

Se incluye también el compromiso de crear espacios de colaboración, en el ámbito de la negociación colectiva, con el objetivo de analizar y capitalizar los aprendizajes derivados de la gestión de la pandemia hacia la consolidación de esquemas de teletrabajo y flexibilidad, así como nuevos protocolos de salud y convivencia.

En cada país se establecerán localmente los sistemas oportunos por medio de comités de salud e higiene, comisiones temporales vinculadas al Covid-19 u otros instrumentos de diálogo para velar por el cumplimiento de los acuerdos y revisar cualquier incidencia extraordinaria que pudiera surgir hasta el control de la pandemia.

«La salud de todos los trabajadores es hoy más que nunca, la prioridad de Telefónica y este acuerdo de colaboración entre la empresa y los representantes mayoritarios de sus trabajadores en todos los países permitirá un retorno seguro a la normalidad», incide la compañía.

El 72,2% de las empresas españolas ha afirmado que necesita ayudas fiscales por parte del Gobierno para afrontar la crisis provocada por el coronavirus, según se desprende del informe ‘El impacto de la pandemia en el tejido empresarial’ realizado por Randstad.

Sin embargo, esta no es la única medida deseada por parte de las empresas para superar esta situación, ya que también instan a que se aprueben aplazamientos de cargas fiscales y cotizaciones, según el 56,8% de los encuestados.

Otras empresas apuestan por la provisión de ayuda económica directa por parte de la Administración (54%) o por la flexibilización laboral, según el 47,1% de los encuestados.

Las opciones que menos apoyo tienen entre las compañías, según la encuesta, son la de la asunción por parte del Estado de los costes del trabajador (40%), el aumento de préstamos y avales públicos (31,3%) o el aplazamiento de los pagos de las facturas (29,4%).

De cara al futuro, los empresarios han señalado que la incertidumbre de la economía es su principal preocupación (80,9%), aunque también les preocupa la situación económica en su sector (50,1%) o el panorama político (37%). También destacan las complicaciones y demoras de proveedores y clientes (34,3%), los posibles cambios legislativos (20%), la contratación (8,3%) o la seguridad digital (7,4%).

En cuanto a las amenazas financieras generadas por la situación, el 79% de los empresarios señalan como la principal la caída de la facturación y las ventas y más de la mitad destacan la posible bajada de la rentabilidad de sus negocios (50,3%) o la morosidad (48,3%).

Los responsables de las compañías destacan otras preocupaciones financieras como los costes laborales (4,14%), los pagos de los impuestos (22,5%) y los riegos de bancarrota (20%).

Respecto a las previsiones de los próximos meses, los empresarios dicen que prevén un acusado decrecimiento de la crisis, tanto en la economía en general como en su sector.

Así, el 91,7% de los encuestados prevén una situación económica negativa en España, el 89,7% en el caso de Europa, el 75,6% en su sector y el 74,5% en su empresa.

Por el contrario, se muestran positivos respecto a la percepción de la generación de empleo en el próximo medio año y cerca de la mitad confían en que el empleo crecerá o que, al menos, se mantendrá estable en los próximos seis meses en sus empresas.

El director de Randstad Research, Valentín Bote, ha afirmado que es «significativo» que las medidas que las empresas señalan como más necesarias en esta situación son las que están relacionadas con el alivio de las cargas fiscales.

«En un momento en el que las empresas suponen el motor de la recuperación económica, las administraciones deberían considerar, al menos de manera temporal, el peso fiscal que los empresarios están soportando en una situación en la que la mayoría no está pudiendo llevar a cabo su actividad con normalidad», ha apostillado.

Respecto al empleo, ha apuntado que casi la mitad de las empresas están demandando mayor flexibilidad laboral, «algo de lo que se está dando cuenta el Gobierno con el aumento de los plazos de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

El Gobierno cerrará la frontera marítima y aérea y prorrogará los controles en las fronteras interiores terrestres desde el próximo viernes, según consta en una orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que publica este martes el BOE.

La orden, que se enmarca en las medidas adoptadas por el Ejecutivo para el control de la epidemia de Covid-19, estará vigente hasta el próximo 24 de mayo, y hasta entonces solo se dejará entrar en España a ciudadanos españoles, trabajadores transfronterizos, y aquellos que acrediten, documentalmente, causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

Además, como novedad el Ejecutivo establece que los residentes en España que deseen regresar al país deberán acreditar su domicilio habitual. «Conviene recordar que el mero hecho de poseer una vivienda no acredita la residencia en España», avisa la orden.

Este precepto está especialmente dirigido hacia las personas residentes en el exterior que puedan decidir viajar a España y que entrarán en contradicción con las limitaciones de movilidad internas fijadas por el estado de alarma.

Así, para evitar recurrir a la denegación de entrada en el país, España colaborará con operadores de transporte de viajes y con las autoridades de los demás estados miembros y estados asociados a Schengen para impedir así el viaje a España.

UNA MEDIDA «PROPORCIONADA A LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN»

La restricción no se aplica al transporte de mercancías con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de preservar la cadena de abastecimiento.

La medida tampoco afecta al personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en España, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de funciones oficiales.

El Gobierno ha justificado esta prórroga argumentando que la evolución de la crisis sanitaria y la duración previsible del proceso de desescalada siguen requiriendo que las medidas restrictivas remanentes en el territorio español se acompañen de otras proporcionales en las fronteras interiores.

A su vez, con esta medida se espera que se pueda avanzar en el proceso de desescalada, en que los riesgos de contagio derivados delos movimientos permitidos serán mayores, añadiendo complejidad al objetivo prioritario de contener la expansión del virus.

El Ejecutivo ha explicado que esta medida, que debería haberse comunicado con cuatro semanas de antelación, se ha trasladado en un plazo más corto debido a la «impresivilidad de la evolución» de la enfermedad.

Así, la medida se considera «proporcionada a la gravedad de la situación y congruente con el mantenimiento de los controles restablecidos en las fronteras interiores por parte» de catorce estados miembros y asociados a Schengen.

Entre ellos, la orden recuerda que Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Lituania, Noruega y Polonia han restablecido los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas. Por su parte, República Checa, Eslovaquia, Francia, Hungría y Suiza han restablecido los controles únicamente en las fronteras interiores aéreas.

Iberdrola, a través de su filial Avangrid, ha arrancado la construcción del parque de ‘La Joya’ (Nuevo México), uno de los proyectos eólicos terrestres más relevantes del grupo en Estados Unidos con una capacidad de 306 megavatios (MW).

La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán prosigue así con sus planes de acelerar sus inversiones en energías renovables en todos los mercados donde tiene presencia, a pesar de la actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

En concreto, Avangrid Renewables ha comenzado los trabajos en terrenos de arrendamiento estatal para el parque eólico localizados en el condado de Torrance.

El proyecto incluye tanto terrenos privados como de arrendamiento estatal, que fueron concedidos a Avangrid Renewables por la comisionada Stephanie Garcia Richard a través de un proceso de licitación abierta en septiembre de 2019.

El parque eólico de ‘La Joya’ contará con un total de 111 turbinas y tendrá una capacidad total instalada de 306 MW. La parte ubicada en terrenos de arrendamiento estatal incluirá 74 nuevas turbinas eólicas capaces de generar un total de 207 MW.

Está previsto que el proyecto esté operativo a finales de este año. Una vez esté en funcionamiento, la producción del parque La Joya se entregará a la compañía de servicios públicos de Nuevo México (PNM).

Los trabajos en el proyectos se llevarán a cabo respetando las medidas de distanciamiento social y todas las prácticas recomendadas para reducir los riesgos asociados al Covid-19.

El parque eólico ‘La Joya’ es el segundo proyecto de Avangrid Renewables en Nuevo México, tras el parque ‘El Cabo’, que tiene una capacidad de 298 MW y entró en operación en diciembre de 2017.

El presidente y consejero delegado de Avangrid Renewables, Alejandro de Hoz, se mostró «entusiasmado» con los avances en La Joya y destacó la relación «larga y positiva» con el Estado de Nuevo México.

Por su parte, la comisionada de Tierras Públicas de Nuevo México, Stephanie Garcia Richard, destacó que el proyecto con Avangrid demuestra «el potencial del Estado para convertirse en una potencia para el futuro de las energías renovables en Estados Unidos».

ACELERANDO SUS INVERSIONES HASTA 10.000 MILLONES.

A pesar de la actual coyuntura por el coronavirus, Iberdrola no ha dado un paso atrás en sus objetivos y prevé acelerar este año sus inversiones hasta la cifra récord de los 10.000 millones de euros, según confirmó Galán en la presentación de resultados del grupo del primer trimestre.

Asimismo, la compañía se ha marcado el reto de ampliar su plantilla, con la contratación en todo el mundo de unas 5.000 personas, y ha rubricado el compromiso con sus proveedores, con el adelanto de compras por cerca de 4.000 millones de euros.

La marca automovilística Honda obtuvo un beneficio neto atribuido de 455.700 millones de yenes (unos 3.917 millones de euros al cambio actual) durante todo su año fiscal (desde abril de 2019 a marzo de 2020), lo que supone una reducción del 25% en comparación con los 610.300 millones de yenes (5.246 millones de euros) que ganó un año antes.

En un comunicado, Honda ha explicado que los datos de cierre de año reflejan el «impacto» de la pandemia mundial de coronavirus, que redujo tanto el gasto de los clientes como la actividad económica en todo el mundo, dejando unas perspectivas «inciertas».

«En tales circunstancias, la producción, las ventas y otras actividades comerciales de Honda se han visto afectadas en todas las regiones, por lo que los resultados financieros para el cuarto trimestre y el total del año fiscal que finalizó el 31 de marzo reflejan dicho impacto», ha lamentado la firma japonesa.

Así, la facturación de Honda bajó un 6% en el último año, pasando de 15,88 billones de yenes (136.580 millones de euros) a 14,93 billones de yenes (128.360 millones de euros).

Además, su beneficio operativo se situó en 633.600 millones de yenes (5.446 millones de euros), un 12,7% menos si se compara con los 726.300 millones de yenes (6.243 millones de euros) que ganó entre abril de 2018 y marzo de 2019.

Solo en su cuarto trimestre, entre enero y marzo cuando surgió la pandemia de coronavirus, Honda obtuvo unas pérdidas netas de 29.500 millones de yenes (253 millones de euros), mientras que el año pasado en ese periodo la compañía nipona había perdido 13.000 millones de yenes (111 millones de euros).

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha calificado como «claramente insuficiente» que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor «solo» se puedan extender hasta el 30 de junio.

La organización valoró de forma positiva el consenso entre la CEOE y los sindicatos, ya que el diálogo social «será siempre la mejor herramienta para lograr una salida ordenada y efectiva de la crisis», aunque indicó que este acuerdo no es suficiente.

Por ello, desde la federación se mostraron expectantes en relación con que las negociaciones previstas sirvan para mejorar el acuerdo sellado este lunes y otros aspectos, con el fin de dar viabilidad a un «sector clave» como es el de la distribución y reparación de vehículos.

Faconauto recordó que en la actualidad hay 108.000 trabajadores de los concesionarios afectados por ERTE por causa de fuerza mayor y apuntó que la previsión para el año completo anticipa una caída del 40% en las matriculaciones de vehículos en España.

«Con esta caída en la actividad, Faconauto ve inviable que en julio se den las condiciones necesarias para incorporar a la totalidad de sus plantillas. De tener que asumir esta incorporación, se conseguiría el efecto contrario al deseado: una fuerte destrucción de puestos de trabajo y el cierre de muchas empresas», explicó la organización.

En este sentido, recordó que en la crisis de 2008 casi uno de cada tres concesionarios tuvo que cerrar, con la consiguiente pérdida de riqueza y empleo», por lo que resaltó la necesidad de garantizar la supervivencia del sector.

El Banco de España constata que un 80% de las empresas ha aumentado el teletrabajo como consecuencia del Covid-19 y las medidas de confinamiento para evitar que su actividad se resienta y estima que un 30,6% de los empleos en España podría realizarse mediante teletrabajo, lo que supone 22,3 puntos porcentuales más que ahora y más de seis millones de trabajadores, con un «amplio margen de mejora» en la mayoría de colectivos, especialmente en los asalariados con contrato indefinido.

Así se desprende del artículo analítico ‘El teletrabajo en España’, elaborado y publicado este martes por el Banco de España, en el que subraya que hay un «amplio margen de mejora» en el uso de esta modalidad de trabajo, que el año pasado desempeñaba un 8,3% de ocupados en España, según la Encuesta de Población Activa, especialmente entre personas de entre 35 y 65 años y trabajadores con formación universitaria.

El organismo, tras realizar un análisis de las características intrínsecas de cada ocupación, estima que el 30,6% de los ocupados podría teletrabajar, al menos ocasionalmente, pasando de los 1,64 millones de empleados que teletrabajan actualmente a más de seis millones; eso sí, con un incremento potencial «asimétrico», ya que no todos los trabajadores podrán aprovecharse de él, dado que aquellos con menor nivel educativo tienen dificultades para beneficiarse de esta modalidad laboral.

Asimismo, subraya que este modo de trabajo plantea algunos retos (distribución de las inversiones a las que se debe hacer frente entre empresa y trabajador o adaptación de los protocolos de horarios, condiciones del lugar del trabajo, seguridad y accidentes) que requerirán de una regulación «bien estructurada», y conlleva una inversión en equipos, programas informáticos y formación de trabajadores.

ASALARIADOS INDEFINIDOS

Por características laborales, los asalariados con contrato indefinido serían los que tendrían más margen para aumentar su potencial de teletrabajo, hasta el 30,7%, frente al 4,6% observado; los asalariados temporales hasta el 22,5%, frente al 3,1% actual y los autónomos en mayor medida, hasta el 41,2%, frente al 30,2% actual.

Por tamaño de la empresa, los colectivos de ocupados con teletrabajo en empresas de más de 50 trabajadores son los que más podrían aumentar la parte del trabajo que llevan a cabo en remoto, pasando del 7,3% actual al 34,3%. A su vez, las empresas con 250 o más trabajadores podrían incrementar el teletrabajo desde el 4,4% actual al 31,7% y las de entre 1 y 50 trabajadores, del 9,8% al 29,9%.

ACTIVIDADES CUALIFICADAS

Por tipo de trabajo, las actividades cualificadas -realizadas en la actualidad por alrededor del 80% del total de ocupados que llevan a cabo parte de su trabajo a distancia- son las que también presentan mayor margen de mejora. En concreto, los trabajadores con teletrabajo en las ocupaciones de técnicos y profesionales de apoyo y en las de empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina podrían incrementar en más de 40 puntos porcentuales su participación en el número total de empleados de cada una de estas ocupaciones, hasta el 53,2% y el 45,3%, respectivamente.

Asimismo, las ocupaciones incluidas en las categorías de directores y gerentes, y técnicos y profesionales científicos e intelectuales, podrían aumentar el porcentaje de trabajadores con teletrabajo en 32 y 37 puntos porcentuales, respectivamente, hasta el 56,2% en el primer caso y el 58,9% en el segundo.

De su lado, los operadores de instalaciones y maquinaria, pudiendo llegar hasta un 26% de teletrabajo, así como los trabajadores de servicios de restauración y comercio (17%), que en la actualidad prácticamente no teletrabajan, podrían avanzar también de forma significativa en este sentido y, posiblemente, beneficiarse de algún cambio en el modelo de negocio de sus empresas.

Por el contrario, en las ocupaciones elementales (que incluyen empleados domésticos; otro personal de limpieza; ayudantes de preparación de alimentos; recogedores de residuos urbanos, vendedores callejeros y otras ocupaciones elementales en servicios; peones agrarios, forestales y de la pesca, la construcción, las industrias manufactureras y el transporte), donde el teletrabajo también representa un porcentaje muy reducido, el margen de mejora es «escaso».

SECTORES FINANCIERO, COMUNICACIONES E INMOBILIARIO

Entre los sectores de actividad que tendrían más potencial para aumentar su proporción de ocupados con teletrabajo se encontrarían algunas actividades que en la actualidad ya están utilizando de forma más intensiva este tipo de trabajo, como las actividades financieras y de seguros (61%); la información y las comunicaciones (67,3%) o las actividades inmobiliarias (64,2%).

De igual forma, el artículo analítico subraya que hay algunos sectores en los que, actualmente, el trabajo desde el domicilio es casi inexistente y que tendrían un potencial de mejora muy elevado, como el transporte y el almacenamiento, hasta el 45,1% (+42 puntos); el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, hasta el 43,5% (+37 puntos); la Administración Pública, hasta 34,3% (+32 puntos); el comercio, hasta el 32,8% (+25 puntos); otros servicios, hasta 29,3% (+22 puntos); el suministro de agua, las actividades de saneamiento y la gestión de residuos, hasta el 30% (+22 puntos), y las manufacturas, hasta el 21,6% (+17 puntos).

En el lado opuesto hay otros sectores donde la posibilidad de teletrabajo es limitada y podría subir a porcentajes reducidos, como la agricultura (8,2%), la construcción (12,9%), la hostelería (13,5%) y el servicio doméstico (9,3%).

MAYORES DE 65 AÑOS Y UNIVERSITARIOS

Por edades, se observa que los mayores de 65 años tendrían un elevado margen de mejora en el teletrabajo, y prácticamente la mitad de este colectivo (43,5%) podría pasar a trabajar de forma no presencial. Por otro lado, los menores de 24 años podrían incrementar el uso del teletrabajo en 20 puntos, hasta el 21,5%.

Por sexo, no hay una gran diferencia entre el nivel de porcentaje que podría alcanzar los hombres, con 3,25 millones (30,3%), frente al 8,8% actual, y las mujeres, con 2,78 millones (30,9%), frente al 7,7% actual.

Por nivel educativo, la estimación del número potencial de ocupados con teletrabajo muestra que el colectivo más cualificado podría elevar el porcentaje de personas que trabajan desde casa hasta el 51%, mientras que aquellos con menor nivel de educación solo subirían a un 16,7%.

ASTURIAS, CATALUÑA, MADRID Y PAÍS VASCO

Por último, las diferencias por comunidades autónomas no son grandes, pero liderarían la Comunidad de Madrid, pudiendo alcanzar el 35,9%, (+28 puntos porcentuales); el País Vasco, hasta el 34,2% (+26 puntos) y Cataluña, hasta el 33,5% (+25 puntos) serían las regiones en las que se podría registrar el mayor aumento en el porcentaje de empleados que trabajan desde su domicilio, junto a Asturias, hasta el 32,1%.

Las regiones que podrían alcanzar un porcentaje menor de teletrabajo son Baleares (26,3%) y Murcia 26,7%, aunque todas oscilan en porcentajes muy próximos: Andalucía (27,5%), Aragón (28,6%), Canarias (27,2%), Cantabria (28,3%), Castilla y León (27,5%), Castilla-La Mancha (27,2%), Comunidad Valenciana (29,2%), Extremadura (27,4%), Galicia (29,5%), Navarra (29,9%), La Rioja (27,6%) y Ceuta y Melilla (30,7%).

En comparativa europea, con datos de 2018, el 13,5% de los ocupados de entre 15 y 64 años trabajaban a distancia en la UE-28, según Eurostat, con mayor implantación en los países del norte. España se situaba por debajo de la media europea, con un 7,5%, 6 puntos porcentuales menos que el promedio europeo y lejos de Francia (20,8%) o Alemania (11,6%).

Criteria Caixa adquirió la semana pasado un total de 144.000 acciones de Telefónica por importe de 610.000 euros, operación con la que la entidad retoma la compra de títulos de la operadora coincidiendo con la publicación de los resultados del primer trimestre de 2020 y el anuncio del acuerdo con Liberty Global para fusionar sus actividades en Reino Unido.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Criteria Caixa adquirió el pasado jueves 7 de mayo un total de 72.000 acciones a un precio unitario de 4,23 euros por título, lo que representa un importe total de 304.560 euros.

En esta línea, el viernes 8 de mayo la entidad compró otros 72.000 títulos de la operadora de telecomunicaciones a un precio unitario de 4,25 euros, lo que supone un desembolso de 306.000 euros.

Con estas dos operaciones, Criteria Caixa retoma la compra de acciones de Telefónica después de que a finales de marzo y primeros de abril adquiriera más de 632.000 títulos de la operadora por un importe total de unos 2,63 millones de euros.

Por otro lado, la entidad ha comunicado también la venta el 8 de mayo de 500.000 derivados por 40.000 euros. En concreto, ha vendido 250.000 derivados a 0,06 euros y otros 250.000 a 0,10 euros.

Telefónica confirmó el pasado jueves que había alcanzado un acuerdo con Liberty Global para unir sus negocios en Reino Unido en una ‘joint venture’ participada al 50% por ambas compañías, una operación que crea el operador de servicios fijos y móviles «líder» de mercado en el país, valorado en 38.000 millones de libras (unos 43.250 millones de euros).

Asimismo, presentó los resultados financieros del primer trimestre de 2020, en el que obtuvo un beneficio neto atribuido de 406 millones de euros, un 56,2% menos que en el mismo periodo de 2019, mientras que los ingresos descendieron un 5,1%, hasta los 11.366 millones de euros.

También anunció que abandonaba sus objetivos financieros fijados para el ejercicio 2020 ante la incertidumbre generada por la crisis del Covid-19 y confirmó el dividendo de 0,40 euros por acción, que se abonará mediante la fórmula de ‘scrip dividend’ voluntario.