La Justicia española quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concrete algunas de las conclusiones recogidas en su sentencia emitida el pasado 3 de marzo relativa al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), al considerar que fue «insuficiente» y que sigue suscitando dudas de interpretación.

El magistrado del juzgado de instrucción número 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana, quien formuló a Luxemburgo la cuestión prejudicial sobre IRPH, quiere repreguntar al TJUE en relación a la interpretación del alcance del control de transparencia y de sus consecuencias si resulta que la información al consumidor fue insuficiente.

«Una vez recibida y analizada la sentencia del TJUE, se entiende por el juzgador que la información ofrecida no es suficiente para resolver el asunto (…), por lo que reconsidero el sometimiento de nuevas peticiones concretas», según recoge la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press con fecha de 11 de mayo.

González de Audicana considera que el fallo del Tribunal Europeo no termina de despejar las dudas, sobre todo porque después de que se hiciera público se han dictado diez sentencias que anulan el índice en primera instancia y cuatro que lo consideran válido a escala provincial.

En este sentido, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez ha calificado de «indignante» que las Audiencias Provinciales estén reiterpretando la sentencia del TJUE posicionándose a favor de la banca, a pesar de que «es muy difícil» que el IRPH supere el control de transparencia exigible en la directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre consumidores. También ha agradecido la «valentía» del magistrado al pedir una aclaración.

10 SENTENCIAS A FAVOR DEL CLIENTE EN PRIMERA INSTANCIA

En primera instancia, la primera sentencia la firmó la magistrada Begoña Mosacar en Burgos contra CaixaBank, solo un día después de que el TJUE se pronunciara. Cinco días más tarde, la jueza Laura Bueso de Lleida daba salida a dos fallos sobre IRPH, en los que también tumbaba su validez. En este caso, se refería a dos contratos hipotecarios firmados con CaixaBank y Banco Popular (ahora Banco Santander).

Las juezas María Teresa Martínez en Orihuela y María José Ruibal en Cornellà de Llobregat hicieron lo propio los días 13 y 16 de marzo contra Banco Popular (ahora Banco Santander) y BBVA.

En el mes de abril, ya instaladas en el estado de alarma pero tramitadas a través de los canales telemáticos de la Justicia, las magistradas Ángela Sanz de Guadalajara, Eva Martínez de Orense, Margarita Isabel Poveda de Palma de Mallorca y Tania Rodríguez de Vigo y Marta Pizarro Mayo declararon nulo el IRPH en cinco ocasiones. Sus sentencias se dictaron contra BBVA, Abanca, CaixaBank, Banco Santander y UCI (Santander).

CUATRO FALLOS A FAVOR DE LA BANCA, TRES A ESCALA PROVINCIAL

No obstante, durante el mismo periodo, cuatro jueces han desestimado la demanda del cliente y han declarado la validez del índice. El primer caso fue el Juzgado de Primera Instancia de Tarragona, que se posicionó a favor de CaixaBank.

El segundo caso marcó un devenir en el futuro de las sentencias al tratarse de una Audiencia Provincial. El juez José María Fernández Seijo desestimó el recurso de apelación que un cliente interpuso contra un fallo que determinó la validez de IRPH incluida en un contrato firmado con Caixa d’Estalvis de Sabadell (ahora BBVA).

Las dos últimas sentencias a favor de las entidades las ha emitido el juez Juan Márquez Romero de la Audiencia Provincial de Sevilla, desestimando la demanda de dos clientes en contra de CaixaBank.

El fundador de la compañía automovilística Tesla, Elon Musk, ha decidido reactivar la producción de su planta de Fremont (California), desoyendo así a las autoridades de la localidad de Alameda (donde está situada la fábrica), que no permiten la vuelta a la actividad en dichas instalaciones.

Tal como ha anunciado Musk en su cuenta oficial de la red social Twitter, Tesla ha reactivado su producción este lunes «en contra de las reglas de Alameda». «Estaré allí con todos los empleados. Si alguien es arrestado, pido que solo sea yo», ha indicado el directivo.

En otros tuits, Elon Musk ha explicado que las autoridades aprobaron la apertura de las factorías automovilísticas en el estado de California, aunque daban permiso a los gobiernos locales a seguir manteniendo medidas más restrictivas en el caso de que lo viesen necesario.

«California aprobó, pero un funcionario no electo lo anuló ilegalmente. Todas las demás compañías automovilísticas en Estados Unidos pueden reiniciar su actividad. Solo Tesla ha sido suspendida. Esto está súperdesordenado», ha lamentado Musk.

En las últimas semanas, Musk ha mostrado su rechazo a la mayoría de las medidas adoptadas para contener el coronavirus. El pasado sábado, amenazó con sacar la sede de la compañía de California y trasladarla a Nevada o Texas.

La formación en cursos de Udemy for Business, plataforma incorporada a la Universidad Corporativa de Indra, ha pasado de 800 horas a 2.360 horas diarias durante la crisis del coronavirus, lo que se traduce en un aumento del 195% de este tipo de aprendizaje a distancia.

De esta forma, los profesionales de la compañía española de tecnología y consultoría han incrementado sus horas de aprendizaje ‘online’ durante el periodo que se ha alargado esta crisis sanitaria, gracias al campus virtual de su Universidad Corporativa, que incluye recursos internos y externos, según informa la empresa en un comunicado.

Asimismo, la plataforma ha registrado un incremento en los usuarios activos diarios, al pasar de 1.500 a 2.380, es decir, un 59% más. Los profesionales de Indra en todo el mundo tienen acceso gratuito a los más de 3.000 cursos especializados ‘online’ de esta herramienta, que se ha reforzado con más de 300 nuevos cursos en español, entre los que destacan los de ‘Design Thinking’, ‘Blockchain’ o ‘Inteligencia Artificial con Python’.

De forma paralela, ha registrado un incremento del 36% en horas dedicadas a los cursos del campus virtual de la Universidad Corporativa de Indra, un ecosistema de conocimiento que combina lecturas, webinars, openclass, vídeos, cursos ‘online’ y recursos formativos de los socios de referencia de Indra, a disposición del empleado en cualquier momento y lugar.

Indra está proponiendo a sus profesionales una selección de estos recursos, especialmente indicada para el contexto actual de teletrabajo, confinamiento y necesidades especiales de conciliación de la vida profesional y personal.

También destacan los cursos de idiomas y, en cuanto a los cursos de ‘soft skills’, los que han contado con más matriculaciones han sido los relacionados con habilidades prácticas de liderazgo o para hablar en público, así como cursos para conocer los secretos del lenguaje corporal, mejorar la productividad y la gestión del tiempo o la inteligencia emocional.

IMPULSO A LA ATRACCIÓN DE TALENTO

Esta apuesta de Indra por el aprendizaje continuo y a medida de sus profesionales como elemento para asegurar su sostenibilidad, impulsar su transformación cultural y la atracción de talento, se ha visto reforzada desde el inicio de la crisis del coronavirus, al convertirse la capacitación ‘online’ en «una aliada en tiempos de pandemia y en una vía para reforzar el compromiso con los profesionales».

«Open University ofrece a los profesionales nuevas metodologías y contenidos actualizados que avivan ese interés por aprender cada día y ayudan a alinear el desarrollo de sus capacidades, habilidades y conocimientos con las necesidades cambiantes y urgentes del negocio, tal como se ha demostrado en esta crisis del Covid-19», asegura la compañía.

Indra fue reconocida, por segundo año consecutivo, como ‘Top Employer’, certificado que la acredita como una de las compañías que ofrecen mejor entorno de trabajo a sus profesionales y que incorpora «las mejores y más innovadoras» prácticas de recursos humanos.

La certificación, concedida por Top Employers Institute, compañía independiente de certificación que valora todos los procesos de gestión del talento, alcanza también a Minsait, la filial de Indra líder en transformación digital y Tecnologías de la Información.

La compañía energética alemana E.ON contabilizó unas pérdidas netas atribuidas en el primer trimestre de 327 millones de euros, frente a las ganancias de 387 millones observadas en el mismo periodo del año pasado, según ha informado este martes la empresa.

La facturación hasta marzo alcanzó los 18.520 millones de euros, lo que equivale a más que duplicar la cifra de negocios del primer trimestre de 2019, como consecuencia de la adquisición de Innogy. Los impuestos especiales sobre electricidad y energía alcanzaron los 855 millones de euros, más del triple, por lo que los ingresos netos se situaron en 17.655 millones de euros, un 97,8% más.

No obstante, consejero delegado de la empresa, Johannes Teyssen, ha asegurado que el clima particularmente cálido en Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos ha tenido un impacto adverso «tangible» en los resultados, especialmente en las ventas de la división de gas.

En el trimestre, el coste de los materiales creció hasta 13.503 millones de euros, el doble que hace un año, al tiempo que los gastos de personal también se duplicaron, hasta 1.365 millones.

Como consecuencia de la venta de su división de renovables a RWE y por los costes de integración de Innogy, E.ON cerró el primer trimestre con una ganancia extraordinaria de 4.324 millones de euros, así como con un gasto atípico de 5.950 millones.

El primer ejecutivo de la empresa también ha instado al Gobierno de Angela Merkel a reducir el «innecesariamente alto» impuesto a la electricidad del país, hasta situarlo en cinco céntimos por kilovatio hora. Este impuesto se situó de media en 2019 en 30 céntimos.

El 93% de los ciudadanos prefiere utilizar su propio vehículo privado frente a otras opciones como el transporte público o el ‘car sharing’ y señala como la principal motivación el sentimiento de seguridad y protección, según se desprende de una encuesta realizada por la ‘startup’ de venta de coches Clicars.

A medida que la desescalada del confinamiento permita más movilidad a los españoles, la población optará por un mayor uso del transporte privado, por lo que familias que ya cuentan con un coche valoran la compra de otro en el caso de que varias personas necesiten desplazarse.

«Con este nuevo escenario, en el que las medidas de seguridad y distancia personal han calado más en la sociedad, la preferencia en el método de transporte ha cambiado», han indicado desde Clicars.

En este sentido, la compañía ha reivindicado la importancia de la venta de coches ‘online’ en la «nueva normalidad», por lo que ha asegurado que una de cada diez ventas de vehículos de ocasión realizadas en España durante el confinamiento (coches de 1 a 5 años de antigüedad) se hizo en su plataforma.

«Es fundamental saber adaptarse y ofrecer a los compradores todas las garantías y facilidades, protegiendo su salud. El servicio de venta ‘online’ de Clicars ya era de por sí apto para el entorno Covid-19, por lo que solo ha sido necesario un refuerzo de su ya seguro proceso de entrega a domicilio, ahora sin ningún contacto físico, y redoblando las medidas de higiene», ha afirmado Carlos Rivera, cofundador de Clicars.

Crédito y Caución prevé una contracción del 5% en el Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil en 2020, poniendo fin al «modesto repunte económico» que el país registraba desde 2017, según informó en un comunicado.

El informe explica que la propagación del coronavirus en el país y las consiguientes medidas adoptadas por la Administración de Jair Bolsonaro han tenido un impacto «significativo» en la demanda interna.

«Tanto la inversión (-5%) como el consumo privado (-8%) registrarán una contracción. Por su parte, las exportaciones caerán por encima del 6% afectadas por la fuerte disminución de la demanda en China, Estados Unidos y Argentina, con la única excepción de las exportaciones de soja, en máximos históricos», apunta el texto.

Según Crédito y Caución, los principales sectores productivos registrarán un aumento «considerable» del riesgo de impago y las estimaciones de insolvencia empresarial prevén «un brusco crecimiento del 20% en 2020. En todos los sectores, las empresas dependientes de las importaciones se ven afectadas negativamente por la reciente depreciación del real respecto al dólar.

Por su parte, las proyecciones para la automoción, los bienes de consumo duraderos, la electrónica, los servicios, la construcción y el textil «se están deteriorando debido a los cierres generalizados y al aumento del desempleo, que crecerá por encima del 13%. En el sector servicios, el informe apunta que hoteles, restaurantes, bares y el turismo están sufriendo «especialmente».

El análisis resalta también que la industria del petróleo y el gas, que ya se encontraba en una posición difícil antes de la pandemia, está sufriendo a causa de la caída de los precios del petróleo, añadiendo que el deterioro de la demanda tiene un efecto en cadena sobre la maquinaria, la metalurgia y el acero.

DÉFICIT FISCAL SUPERIOR AL 10%

Por otro lado, el informe afirma que, debido a las medidas de apoyo a la economía adoptadas por el Ejecutivo brasileño, se prevé que el déficit fiscal, que era «la principal debilidad económica» del país antes de la propagación del brote vírico, supere el 10% del PIB en 2020, elevando la deuda pública acumulada por encima del 90% del PIB.

No obstante, Crédito y Caución apunta que «la inmensa mayoría de la deuda se financia internamente (87%) en moneda local (95%), lo que mitiga el riesgo de impago soberano. Crédito y Caución prevé que Brasil mantenga una situación financiera externa sólida, manteniendo bajos los riesgos de transferencia y convertibilidad».

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley, de medidas sociales en defensa del empleo, por el que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) se alargan hasta el 30 de junio, aunque el Ejecutivo se reserva el derecho a prorrogar este plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegada esa fecha.

En concreto, el decreto aprobado, fruto del acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios, contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). En este último caso, se señala que, a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada.

La norma establece que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales. Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que, 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores.

El texto contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre. No obstante, el Gobierno también se reserva la posibilidad de prorrogar estas prestaciones si así lo ve necesario.

De acuerdo con este Real Decreto-ley, se facilitará la transición de ERTEs de fuerza mayor a ERTEs por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción. A los ERTEs por causas organizativas, económicas, técnicas o de producción que se inicien tras la entrada en vigor de este nuevo decreto y hasta el 30 de junio les serán de explicación las características especiales establecidas en la regulación del 17 de marzo. Se permitirá además que estos últimos se tramiten mientras estén vigente un ERTE de fuerza mayor.

EXENCIONES DE CUOTAS CON LA VUELTA A LA ACTIVIDAD

La regulación que se dio a mediados de marzo a los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 establece una exoneración de cotizaciones del 75% para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores. En el texto del decreto se señala que estas exenciones se mantendrán en mayo y junio para los ERTEs de fuerza mayor total.

En el caso de ERTEs de fuerza mayor parcial, la empresa, a partir de la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, se beneficiará de una exención de la cuota empresarial por los trabajadores que vuelvan a su actividad del 85% en mayo y del 70% en junio en el supuesto de que a 29 de febrero de este su plantilla fuera inferior a 50 trabajadores. Si contaba con más de 50 a dicha fecha, la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.

En el caso de los trabajadores que continúen con sus contratos suspendidos desde la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, la exención empresarial será del 60% en mayo y del 45% en junio para empresas de menos de 50 trabajadores, y del 45% en mayo y del 30% en junio para las que tengan más de 50 empleados. Todas estas exenciones podrán ser prorrogadas en los mismos términos o en otros distintos si así lo decide el Consejo de Ministros o ser extendidas a ERTEs basados en causas objetivas.

SE FLEXIBILIZA EL COMPROMISO DE MANTENER EL EMPLEO

Uno de los principales caballos de batalla de la negociación sobre la prolongación de los ERTEs ha sido la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a los mismos. La regulación de mediados de marzo vinculaba las exoneraciones de cuotas de los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 a que las empresas mantuvieran el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

En el decreto se flexibiliza esta cláusula, aunque no desaparece. Se especifica que este cómputo de seis meses empezará a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando éste sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

Este compromiso de mantenimiento del empleo se considerará incumplido si se despide a cualquier trabajador afectado por el ERTE, aunque con excepciones (despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad total, absoluta o gran invalidez y extinción de un contrato temporal por finalización de su vigencia o por el fin de la obra o servicio contratado). En el caso de incumplimiento de esta cláusula, las empresas deberán devolver todas las cuotas de las que fueron exoneradas, con recargo e intereses de demora.

Ahora bien, en el texto se especifica que este compromiso de mantener el empleo seis meses después de reanudar la actividad no será de aplicación a aquellas empresas que tengan riesgo de entrar en concurso de acreedores según los términos establecidos en el artículo 5.2 de la Ley Concursal.

Asimismo, se ha añadido un nuevo párrafo, respecto al texto anterior, para suavizar el compromiso de mantenimiento del empleo en las actividades estacionales, como las turísticas. Así, la norma establece que dicho compromiso «se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo».

COMISIÓN TRIPARTITA

El decreto crea una comisión de seguimiento tripartita de proceso de desconfinamiento que estará integrada por el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, que se reunirá con carácter ordinario el segundo miércoles de cada mes.

El objetivo de esta comisión será el de realizar un seguimiento de las medidas adoptadas en el ámbito laboral «durante la fase de excepcionalidad atenuada», intercambiar datos y efectuar propuestas.

Según explicó la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, esta comisión será la encargada de valorar en qué sectores se podrán prolongar los ERTEs más allá del 30 de junio. La comisión podrá reunirse también con carácter extraordinario si lo solicitan tres de las cuatro organizaciones integradas en la misma.

Este decreto entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y estará vigente durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas. El texto se negoció durante semanas y se cerró en la noche del pasado jueves, tras una reunión maratoniana entre el Gobierno y los agentes sociales.

La ministra de Trabajo presentó el acuerdo que se había alcanzado en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes, y ayer lunes fue suscrito en el Palacio de La Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado este martes, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que este Real Decreto «aúna los intereses de empresarios, trabajadores y Gobierno».

Montero ha dado cuenta de algunas de las medidas del decreto, como las exoneraciones de cuotas empresariales por los trabajadores que vuelvan a la actividad, una medida que ha considerado un «claro beneficio» para las empresas y una «motivación añadida».

Ford ha desarrollado un sistema que permite descargar actualizaciones seguras del software de sus vehículos en segundo plano y de forma inalámbrica, lo que permitirá a los propietarios del nuevo Mustang Mach-E eléctrico recibir mejoras durante toda la vida útil de su coche sin salir de casa.

Tal como ha indicado el consorcio estadounidense, a diferencia de otros automóviles, que requieren que los propietarios esperen mientras se realiza una actualización del software, el sistema de Ford posibilita su descarga en un segundo plano y, en mucho casos, «en menos de dos minutos».

«La belleza del Mustang Mach-E es que lo que nuestros clientes experimentan el primer día es solo el comienzo: evolucionará para añadir aún más características y capacidades con el tiempo», ha indicado el responsable de Servicios Conectados de Ford, John Vangelov.

Casi todos los módulos de ordenador del Mach-E pueden actualizarse de forma inalámbrica, lo que significa que Ford puede ofrecer mejoras de rendimiento y características totalmente nuevas que podrían no existir cuando el vehículo se entrega por primera vez al cliente.

La marca japonesa Mazda ha revisado a la baja sus previsiones para el conjunto del año fiscal 2019-2020 (finalizado el pasado 31 de marzo) a causa del impacto sobre su negocio de la expansión del coronavirus y de las medidas adoptadas para combatirlo.

Según informó la empresa, que presentará este jueves sus resultados del ejercicio 2019-2020, las previsiones que barajaba para el conjunto del año se han recortado por la caída de la demanda en los principales mercados y por el impacto de la pandemia del Covid-19 en el último trimestre.

Mazda estima ahora cerrar el ejercicio fiscal con beneficio neto atribuido de 12.100 millones de yenes (104,3 millones de euros al cambio actual), lo que representa una disminución del 72% respecto a su vaticinio previo (370 millones de euros).

Al cierre del año fiscal 2019-2020, la enseña espera ahora contabilizar una cifra de negocio de 3,43 billones de yenes (29.568 millones de euros), un 2% de disminución en comparación con la previsión anterior.

Para el conjunto del ejercicio, Mazda anticipa un beneficio operativo de 43.600 millones de yenes (375 millones de euros), una cifra un 27,3% menor respecto a la estimación anunciada con la presentación de los resultados del primer trimestre fiscal.

Santander Asset Management ha lanzado un nuevo fondo de inversión de renta fija con horizonte de inversión en 2025, con un objetivo de rentabilidad concreto no garantizado, según figura en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El fondo ‘Santander horizonte 2025’ invertirá en renta fija privada, incluyendo depósitos y cédulas hipotecarias –pero no titulizaciones– de emisores de la OCDE, excluyendo emergentes, y también podrá invertir en deuda pública emitida por Estados de la Unión Europea o Comunidades Autónomas, con calidad crediticia por encima de ‘BBB-‘.

Según consta en el folleto del vehículo de inversión, que fue registrado el pasado 8 de mayo, su nivel de riesgo está calificado en tres sobre siete y no es adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años y cinco meses.

El objetivo estimado no garantizado consiste en obtener a 31 de octubre de 2025 la inversión inicial mantenida, así como una rentabilidad adicional por reembolsos obligatorios anuales. El propósito del fondo es ofrecer una rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez para todo el periodo de referencia, de 4,89%.

Deutsche Bank ha recibido el galardón ‘Banker’s Deals of the Year 2020’ de la revista ‘The Banker’, en la categoría de titulizaciones en Europa, por una operación realizada en España en el año 2019 con Banco Sabadell, que titulizó una cartera de préstamos al consumo de 1.000 millones de euros, que fueron vendidos entre inversores institucionales con una demanda superior a 3.000 millones de euros.

Deutsche Bank fue la entidad financiera colocadora de esta operación, que fue la mayor titulización española colocada públicamente desde el año 2007 y que permitió a Sabadell desconsolidar la cartera de su balance general, liberando activos ponderados por riesgo (RWA, por sus siglas en inglés) y provisiones y reconociendo una ganancia inicial.

Además, generó una ganancia de capital de 88 millones de euros antes de impuestos y tuvo un impacto positivo en el índice Common Equity Tier 1 (en términos de carga completa) de aproximadamente +14 puntos básicos, con un costo implícito de un 5%.