La reunión entre el Gobierno y agentes sociales para abordar el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021 ha finalizado este lunes sin acuerdo, según han señalado fuentes del diálogo social.

No obstante, las tres partes se han emplazado a un nuevo encuentro para negociar esta subida, que posiblemente se celebrará el próximo lunes, 28 de diciembre, un día antes del último Consejo de Ministros del año en el que debería aprobarse este incremento.

Desde el Ministerio de Yolanda Díaz han confirmado que su postura durante la reunión ha sido la de acercar posturas entre las partes y que su objetivo es el de proteger tanto a las empresas como a los trabajadores que se benefician de la subida.

Las organizaciones sindicales han insistido en que el salario mínimo tiene que subir a partir del 1 de enero del próximo año. Por su parte, la patronal ha seguido con la idea de congelar el SMI.

Fuentes empresariales han afirmado que «no es el momento» y que no se dan las condiciones para llevar a cabo la subida del salario mínimo. No obstante, han señalado que «seguirán negociando».

Tras el encuentro, en un comunicado conjunto, CCOO y UGT han señalado que 2021 «no puede ser un paréntesis» que aleje al país de alcanzar, al final de la legislatura, un salario mínimo que se sitúe en el 60% del salario medio de España, tal y como establece la Carta Social Europea.

«Debemos seguir avanzando en la mejora de los salarios más modestos», han incidido, tras subrayar que «España no puede ser la excepción de la Unión Europea», ya que la mayor parte de los países que tienen establecido un salario mínimo van a proceder a su mejora el próximo año.

Tanto para CCOO como para UGT, el SMI es «un instrumento fundamental» para avanzar en la cohesión social, territorial y sectorial. «Nuestro país tiene un gravísimo problema de desigualdad y de pobreza salarial, que exige el avance progresivo del salario mínimo como herramienta redistributiva», han dicho.

Asimismo, han insistido en que «no tiene ninguna justificación» que el año que viene se incrementen las pensiones, el salario de los funcionarios y los salarios pactados en convenio y que «el salario de los trabajadores que se encuentran en una situación más vulnerable se quede atrás».

El escenario económico del próximo año no solo justifica una subida del salario mínimo, sino que la hace necesaria para acelerar la recuperación económica a través de la dinamización del consumo y la demanda interna», han destacado.

Tras la reunión de la semana pasada, ambas organizaciones ya hicieron hincapié en que no aceptarían una subida «menor», inferior al 1,8%.

De hecho, el secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez, dijo que todos los datos van a evolucionar favorablemente el año que viene y remarcó el incremento de los salarios medios pactados en noviembre fue del 1,89%. «De ahí no debería bajar la subida del SMI el año que viene», dijo. Por su parte, el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, afirmó que para su organización sindical «un punto de ruptura» sería que el Gobierno planteara una subida del 0,9% como la de las pensiones o la del salario de los funcionarios.

Este mismo lunes, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que «sería muy preocupante» que las empresas españolas no pudieran soportar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de apenas 9 euros mensuales. Una subida de unos 9 euros del salario mínimo en 2021 supondría un incremento próximo al 0,9%, la misma subida que se reflejará en los salarios de los funcionarios o en las pensiones a partir del 1 de enero.

Por otro lado, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha apuntado también durante el día de hoy que si sindicatos y empresarios no llegan a un acuerdo sobre la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, es «partidaria» de no elevarlo y esperar para tomar esta medida a que la recuperación «esté más enfilada».

Así, ha destacado que el Gobierno tiene un compromiso «muy claro» con la subida del SMI, actualmente situado en 950 euros mensuales por catorce pagas, pero que «la cuestión es si, en las actuales circunstancias económicas, es el momento adecuado y oportuno» para incrementar esta renta mínima.

«El Gobierno no ha tomado la decisión. Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor es que hay que tomarse un poco de tiempo, hasta el momento en que tengamos enfilada la recuperación económica y haya una mayor certidumbre», ha explicado.

Tras estas declaraciones, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado que el mensaje de la vicepresidenta económica es lo mismo que «otorgar derecho de veto a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha advertido este lunes del «desequilibrio» entre la oferta y la demanda a nivel mundial en el sector del aceite de oliva, así como «la realidad variada» en el cultivo, con coexistencia entre el tradicional y el intensivo, entre otros factores que influyen en el sector.

Así lo ha destacado en la inauguración del seminario web ‘La cadena del (no) valor del aceite de oliva’, organizado por el Consorcio Feria del Olivo de Montoro (Córdoba) y la Asociación Española de Municipios del Olivo en Montoro (Córdoba), con la colaboración de la Diputación cordobesa, junto al presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, y la alcaldesa y presidenta del Consorcio Feria del Olivo de Montoro y la Asociación Española de Municipios del Olivo, Ana Romero, además de profesionales de renombre en las diferentes áreas.

Al respecto, el ministro considera que «es muy bueno el rótulo de este encuentro», porque «la cadena del no valor del aceite de oliva es un título provocador, pero inmensamente actual», dado que «en los últimos dos años todo el sector y la cadena de valor se sitúan en una situación complicada, razón que ha motivado muchas reflexiones, pero también acción» desde el Gobierno, otras administraciones y el propio sector «en respuesta» a ello.

En este caso, ha defendido «la atención que se lleva a cabo desde el Ministerio sobre la cadena de valor, que lleva a uno de los productos en los cuales somos emblemáticos y líderes mundiales», por lo que «hay que marcar una referencia en la producción, no sólo a nivel europeo, sino a nivel a nivel mundial».

De este modo, ha apuntado que el hecho de que cada año 1,4 millones de toneladas, aunque este año sea de 1,6 millones, más del 40% de la producción mundial es española, «significa que no sólo hay que vender cada vez más producto», sino que hay que «ampliar y abrir nuevos mercados».

Ante ello, considera que «uno de los problemas de fondo en estos momentos es el desequilibrio entre la oferta cuantitativa, la cantidad de aceite que se produce para el mercado, y la situación de la demanda a nivel mundial», que en este último caso «crece a velocidad inferior de la oferta».

Por otra parte, ha apuntado a que se trata con «una realidad del sector del olivar tremendamente variada», donde «coexisten el olivar tradicional y particularmente el olivar de pendiente», algo que «es muy significativo desde el punto de vista productivo, ecológico, medioambiental, social y de la realidad de muchos de los municipios», junto con «el olivar intensivo y superintensivo, con rendimientos superiores al olivar tradicional y con costes inferiores».

Dichas dos «grandes referencias», en su opinión, «configuran parte de la problemática, no toda, pero la más significativa del mundo del aceite de oliva hoy en España y a nivel internacional. También, ha destacado el decálogo de iniciativas presentado este año a tal efecto para «intentar movilizar al conjunto de las administraciones públicas, pero también al conjunto del sector».

Al hilo, ha valorado sobre la oferta que «hace escasas semanas, la Comisión Europea aprobó un modelo de autorregulación planteado por Cooperativas Agroalimentarias de España, con el apoyo del Ministerio», para «intentar situar una vía de regulación del sector en campañas que presenten una mayor producción», entre otros aspectos precisados, como «permitir acciones desde la administración tendentes a regular campañas que podrían presentar situaciones de desajuste entre oferta y demanda y desestabilizar precios, pero también el rendimiento y rentas de olivareros».

De igual modo, el ministro ha destacado la recomendación de «desarrollar acciones de cosecha temprana» por «el valor más significativo» en la calidad del aceite, «la prohibición de mezclas que supongan deterioro de la calidad» y las acciones de promoción, de manera que «hay unas perspectivas de crecimiento muy notables teniendo en cuenta las características saludables de nuestro producto emblema, pero también esto significa cambios desde el punto de vista del consumo y cultural.

«SUPERAR LAS DIFICULTADES»

Por su parte, el presidente de la Diputación ha incidido en la necesidad de «superar de una vez las dificultades a las que se enfrenta continuamente el sector del aceite de oliva virgen extra, como los precios, la cadena de valor y la comercialización; ya que estos problemas afectan de manera directa a nuestro territorio, los municipios y los vecinos».

El máximo representante de la institución provincial ha recalcado que «el aceite de oliva es un elemento generador de riqueza, de desarrollo económico, de empleo y con un gran impacto social, y de él dependen cientos de familias de los municipios». Por este motivo, ha insistido, «todos los agentes sociales y económicos tenemos la responsabilidad de defender nuestro producto y de procurar que se le dé el valor que tiene, ni más ni menos».

En este sentido, Ruiz ha destacado el apoyo de la Diputación a este sector «poniendo a disposición todos los recursos al alcance, dentro de nuestras competencias». Así, ha aludido a la línea de ayuda a los ayuntamientos para la mejora de los caminos de titularidad municipal, que en este bienio cuenta con tres millones de euros; a lo que hay que sumar los 3,8 millones para el mantenimiento y mejora de caminos de titularidad provincial con los que se ha contado este año 2020, y los cuatro millones que se han incorporado al presupuesto de 2021.

Asimismo, este año se ha creado otra línea de ayudas a las empresas agroalimentarias para el fomento de la comercialización y la distribución, además de ayudas específicas para las Denominaciones de Origen. También se han puesto a disposición del sector, desde la Delegación de Agricultura y el Centro Agropecuario Provincial, recursos para la formación y la investigación, contando para el próximo año con más de dos millones de euros.

Ruiz ha subrayado que «desde la Diputación se hace una apuesta importante por la promoción y la proyección de los productos de Córdoba, especialmente los agroalimentarios, a través de diferentes campañas, como la de concienciación sobre la importancia de consumir productos locales».

Entretanto, el presidente de la corporación provincial ha remarcado «la importancia de afrontar nuevo retos, inversiones y avances para superar las dificultades a las que se enfrenta este sector en la actualidad».

«PRODUCIR LOS MEJORES VÍRGENES EXTRA»

Y Ana Romero ha declarado que «la viabilidad económica de las explotaciones es una cuestión absolutamente imprescindible para todos», de ahí que en «los últimos tiempos desde AEMO se realiza una labor de comunicación a los olivareros, donde se indica que la viabilidad futura pasa por aumentar el valor del producto y sus derivados y optimizar los costes de producción», con ello «una firme apuesta por producir los mejores vírgenes extra del mundo, en porcentaje máximo», entre otros aspectos.

A su juicio, «el futuro está en el aceite de oliva virgen extra de calidad y la apuesta por la comercialización», al tiempo que ha citado «el desarrollo del oleoturismo, asociado a las cooperativas y almazaras». Y ha avisado de que «la falta de rentabilidad de los bajos precios del aceite de oliva puede hacer desaparecer algunos municipios como Montoro en la producción oleícola», motivo por el que ha defendido «la comercialización» en «un sector cada vez más profesionalizado» y «organizado», además de «no vender por debajo de coste».

Las jornadas constan de cuatro coloquios sobre diferentes aspectos de la cadena de valor del aceite de oliva virgen extra, como ‘Valores del AOVE, influencia del Covid en el consumo, internacionalización’, Pool Red, AOVE vs AOV, Cata y Legislación, ‘Costes vs Precios’, ‘Momento recolección, sistema del cultivo y nuevas variedades’ y ‘PAC, ecoesquemas y nueva legislación’.

La Asociación Española del Gas (Sedigás) formará parte del foro de alto nivel de la industria española, donde pondrá de relieve el rol del gas en la descarbonización de la economía y su importancia en la modernización y el desarrollo económico, según ha informado en un comunicado.

Sedigás formará parte del foro creado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo junto con el resto de asociaciones empresariales en la definición de la hoja de rutas para el impulso de la modernización y productividad del sistema productivo español.

La asociación del gas considera que en el contexto actual de la transición energética, de transformación energética y de recuperación económica, su aportación a la hora de abordar las grandes reformas que necesita la industria española y europea tras la Covid-19 «será enriquecedora», las cuales «deben ir encaminadas a conseguir un modelo económico sostenible y descarbonizado».

«Desde la asocación consideramos esencial que, para la consecución y seguimiento del plan de recuperación, transformación y resiliencia nacional, se constituya un espacio común entre las esferas públicas y privadas», ha subrayado el comunicado.

En esta línea, Sedigás entiende que solo estableciendo organismos de análisis, asesoría, seguimiento y gobernanza, como es el caso del foro, se podrán establecer criterios y prioridades a la hora de posponer cambios estructurales en el modelo productivo del país.

El presidente de Sedigás, Joan Batalla, ha resaltado «la oportunidad e idoneidad en estos momentos de reposicionar» el tejido productivo y la competitividad española. «Estamos convencidos que las empresas que conforman Sedigás seguirán contribuyendo a la transición ecológica, la modernización y el desarrollo económico de nuestros país», ha apostillado Batalla.

Por último, Sedigás ha mostrado su diposición a la administración a la hora de abordar la nueva política industrial en beneficio del conjunto de la economía y sus ciudadanos.

Las ventas de joyería y relojería experimentarán una fuerte caída de debido a la pandemia de la Covid-19, que ha tenido como consecuencia una caída significativa de las ventas minoristas en el sector, endureciendo notablemente el marco de competencia y paralizando temporalmente los planes de expansión de algunas cadenas, según un informe del observatorio sectorial DBK de Informa.

La tendencia de este año contrasta con los datos registrados en años anteriores, cuando los ingresos generados por la actividad de venta minorista crecieron a un ritmo medio anual ligeramente superior al 2% durante el bienio 2018-2019, hasta alcanzar en el último año los 1.780 millones de euros.

En los próximos años, Informa destaca que se consolidará el crecimiento de las ventas ‘online’, en un marco de creciente desarrollo de la oferta y de progresiva tendencia de la demanda hacia la utilización de este canal para la compra de todo tipo de productos, entre ellos los de joyería y relojería.

Con respecto a 2019, las cadenas especializadas continuaron ampliando su cuota de participación en el mercado, con un 55% del valor total, frente al 54% contabilizado en 2017.

En contraposición, el peso de los comercios independientes se redujo al pasar del 27,2% en 2017 al 25,3% en 2019. Por su parte, los ingresos por venta de joyería y relojería obtenidos por grandes superficies y otros establecimientos concentraron el 19,7% del total nacional en el pasado ejercicio.

Los artículos de joyería y bisutería reunieron en 2019 en torno al 55% del mercado total minorista, correspondiendo a los productos de relojería una participación de alrededor del 40%. Otros artículos, principalmente de platería y complementos, concentraron el 6% restante.

A finales de 2019 en España operaban unos 9.100 puntos de venta minosrista de joyería y relojería, una cifra que mostró una continuada tendencia a la baja, según el estudio. De estos establecimientos, el 30% del total estaba integrados en cadenas.

Por último, el análisis realizado por Informa subraya la tendencia observada de aumento de la concentración de la oferta en los operadores líderes. Así, los cinco primeros actores reunieron el 42% de las ventas totales del sector en 2019, elevándose al 55% la participación correspondiente a los diez primeros.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este lunes que es el momento legislar sobre los trabajadores de plataformas digitales acatando las sentencias del Tribunal Supremo, según ha señalado durante la inauguración de unas jornadas organizadas por Uatae.

La titular del Ministerio cree que la mesa del diálogo social «va a hacer una gran tarea en esta cuestión». De hecho, ha confirmado que hay muchos puntos de encuentro sobre la futura Ley de trabajadores de plataformas digitales entre los agentes sociales y el Gobierno.

Así, Díaz espera que «la regulación sea pertinente» y que se tenga en cuenta que el Supremo ha dicho que se está ante una auténtica relación laboral.

«Habrá colectivos a los que les preocupe más o menos, pero tenemos que legislar de conformidad con la norma existente y hacerlo con experiencia. Hemos tenido aciertos y desaciertos y tenemos experiencia para hacer regulaciones con calma y tranquilidad», ha dicho.

Para la ministra, los ‘riders’ son «autónomos sin autonomía», personas por cuenta ajena a quienes debe aplicarse la norma laboral incluida en la legislación. «Las personas transportistas de plataformas no son emprendedores», ha dejado claro, tras apuntar que la intervención del Supremo a este respecto llega en un momento «clave» y tiene «un alcance de enorme interés».

Preguntada sobre si el Gobierno legislará si la patronal no está conforme con la futura Ley de trabajadores de plataformas digitales, Díaz ha resaltado que «no se pone en la tesitura de que no haya acuerdo», porque hay «muchos puntos de encuentro respecto a esta legislación.

Durante su discurso, la ministra ha dejado claro que «todas las personas tienen derecho a un trabajo digno, tanto si trabajan por cuenta propia como por cuenta ajena».

«El reto inicial al que debemos enfrentarnos es la adecuada protección de trabajadores por cuenta propia tanto en sus condiciones de trabajo como en la coberturas, prestaciones sociales y de Seguridad Social», ha añadido.

Desde su punto de vista, el trabajo de los autónomos «no puede ser un espacio marginal y poco protegido en el que se está a falta de alternativas».

«Los trabajos que se tengan para abordar el Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI deben abordar la obligación de que el trabajo autónomo sea adecuadamente valorado y protegido, no solo porque hay personas detrás, sino por su importantísima dimensión en el tejido productivo del país», ha apostillado Díaz.

Sobre si modelos como Glovo o Deliveroo tienen viabilidad, ha señalado que «claro que sí» y que hay otras muchas plataformas muy conocidas que están cumpliendo. No obstante, piensa que sería deseable que, «si esas empresas quieren permanecer con sus niveles de trabajo, cumplan con la legislación».

EXISTE RELACIÓN LABORAL

El pasado mes de septiembre, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor (‘rider’) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En concreto, el alto tribunal estimó el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad.

Así, el Tribunal Supremo sostuvo que Glovo no es una «mera intermediaria» en la contratación de servicios entre comercios y repartidores.

El Tribunal Supremo se pronunció de esta forma después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinara el pasado mes de febrero en una sentencia que la empresa Glovo es una plataforma de reparto y no de comercio, por lo que «el sistema de prestación del servicio no se acomoda al ámbito funcional del convenio colectivo que la empresa demandada pretende aplicar.