La CNMC ha cerrado este lunes la factura pendiente del apagón eléctrico que dejó sin suministro a buena parte de la península el 28 de abril de 2025. La resolución, publicada en el BOE, fija en 38,7 millones de euros el coste de reposición del sistema y determina que ese importe se repartirá en la factura de la luz de todos los consumidores durante 12 meses. El regulador calcula un impacto unitario de apenas 0,12 euros por megavatio hora (€/MWh), una cantidad que apenas se notará en términos individuales pero que suma una cifra global relevante.
Desglose de los costes de reposición
La mayor parte del coste, 33,1 millones de euros, corresponde a la generación que participó activamente en la reconstrucción del sistema. Fueron principalmente centrales de ciclo combinado de gas e hidráulicas las que tuvieron que arrancar en modo isla para devolver tensión a la red, un proceso técnicamente complejo que consume combustible y horas de operación. Otros 5,6 millones de euros se destinan a cubrir los intercambios internacionales de apoyo eléctrico desde la frontera con Francia, que no quedaron cubiertos por los mecanismos habituales de mercado. La CNMC subraya que ya se liquidaron a las instalaciones generadoras 9,1 millones, por lo que el importe pendiente asciende a 29,6 millones de euros.
El regulador ha decidido no aplicar el pago exclusivamente sobre la demanda de las horas del apagón para evitar un sobrecoste puntual para quienes consumieron en ese intervalo. En su lugar, el coste se repartirá entre la demanda futura de comercializadores y consumidores directos durante un año. Estimando una demanda peninsular anual de 241.595 gigavatios hora (GWh), la repercusión unitaria será de 0,12 €/MWh. Para un hogar tipo con un consumo mensual de 270 kWh, el impacto no llegará a los 4 céntimos al mes.
Rechazo de la vía presupuestaria y críticas de los consumidores
El trámite de audiencia previo recibió alegaciones de 16 entidades que pedían que el coste fuera asumido por los Presupuestos Generales, argumentando que el origen del cero eléctrico fue ajeno a la responsabilidad de los consumidores. La CNMC rechazó esta opción alegando que carece de competencias legales para canalizar la financiación por esa vía y que modificar el real decreto de cargos escapa a su mandato. La ley solo le permite repercutir los costes del sistema sobre la factura eléctrica.
Frente a las críticas de algunas asociaciones de consumidores, que calificaron la decisión de “práctica abusiva”, el regulador enfatizó que no se trata de trasladar indemnizaciones por los daños del apagón, sino de pagar la energía efectivamente producida y consumida para devolver la electricidad durante una situación de emergencia. En otras palabras: los generadores prestaron un servicio imprescindible y alguien tiene que pagarlo.
El regulador admite que la interrupción fue ajena a los consumidores, pero carece de herramienta legal para cargar el coste a los Presupuestos Generales.
Una factura inevitable que traslada el riesgo sistémico al consumidor
La resolución de la CNMC pone sobre la mesa una cuestión de fondo: la asimetría en la asignación de los costes de fallos sistémicos. Un apagón como el de abril de 2025, que según Red Eléctrica fue el más grave desde la gran tormenta de 2002, genera pérdidas millonarias para empresas y ciudadanos, pero el mecanismo de recuperación diseñado para el sector eléctrico no distingue entre un evento fortuito y un fallo de gestión. Todo se liquida como coste del sistema.
Los expertos en regulación energética recuerdan que el principio de quien contamina paga no tiene una traslación directa a los incidentes de red. Mientras que en otros sectores existen fondos de contingencia o seguros, en el eléctrico la socialización del coste es la norma. La alternativa —exigir responsabilidades a los operadores de la red o a los generadores— requiere investigaciones que pueden durar años y, en el caso del apagón de 2025, la causa última sigue sin estar esclarecida del todo. La Comisión de Investigación del Congreso todavía no ha emitido conclusiones definitivas, aunque los primeros indicios apuntan a una conjunción de fallos en la red de transporte y una respuesta inadecuada de los sistemas de protección.
La decisión de la CNMC, técnicamente impecable, refuerza una realidad incómoda: cuando el sistema falla a gran escala, la factura la pagan los mismos que sufren el apagón. El debate de fondo —si conviene crear un mecanismo de financiación extrapresupuestario para emergencias eléctricas— queda aplazado, pero no resuelto. El regulador se limita a aplicar la normativa vigente, y la normativa vigente dice que los costes de reposición se cargan a la factura. Los consumidores, mientras tanto, asumirán en sus recibos una línea más, casi invisible en euros pero potente en simbolismo.
El riesgo sistémico, a diferencia del riesgo de precio o de crédito, no tiene un titular claro en el sector eléctrico. El apagón de 2025 lo dejó claro. La CNMC, con esta resolución, pone una cifra a la primera factura de ese debate pendiente.
