JxCat y el PSOE han acordado incluir en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción del Congreso para la reactivación económica la aprobación de un régimen sancionador contra la morosidad de las empresas, así como impulsar mecanismos para que las administraciones públicas cumplan los plazos de pago a sus proveedores y suministradores.

Así figura en sendas enmiendas transaccionales acordadas por ambos grupos para incorporar en las conclusiones de reactivación económica del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, cuyas votaciones se producirán este miércoles.

Durante la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para el debate del dictamen que ha elaborado la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, el portavoz económico de Junts en el Congreso, Ferran Bel, ha anunciado la incorporación de estas dos enmiendas transaccionales que recogen una de las aportaciones de los 150 comparecientes en dicha comisión.

En concreto, con el objeto de incrementar la liquidez de las pymes y los autónomos y mejorar su competitividad y productividad, la primera enmienda recoge la aprobación de un régimen sancionador que «contribuya a evitar el incumplimiento de los plazos legales de pago, reduciendo de esta manera la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes».

En este sentido, la otra transaccional pactada insta a impulsar los mecanismos necesarios «para que las administraciones públicas cumplan los plazos de pago a sus proveedores y suministradores».

JUNTS SE ABSTENDRÁ EN LA VOTACIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Es fundamental que hoy se pueda mandar un mensaje a todos los autónomos y pymes de que en breve esta Cámara podrá aprobar un régimen sancionador equivalente a lo que existe en otros países de Europa y haga cumplir sobre todo a las grandes empresas con sus plazos de pago», ha destacado Bel en su intervención.

En caso de aprobarse, ha indicado que su grupo parlamentario se abstendrá en la votación del documento del grupo de trabajo de reactivación económica de la Comisión de Reconstrucción, que se producirá este miércoles.

El diputado catalán ha agradecido la incorporación de algunas de sus propuestas y demandas, pero ha pedido un compromiso de que verán la luz tras la situación «esperpéntica» de la semana pasada, en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo propuestas sobre la aplicación de remanentes y la regla de gasto que «no tenía nada que ver» con la enmienda aprobada de forma transaccional por todos los grupos menos el PSOE.

El Ibex 35 ha puesto fin a la jornada de este martes con un alza del 0,22%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 7.494,5 enteros, recortando así las ganancias superiores al 2% que llegaba a experimentar después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea hayan alcanzado la pasada madrugada un acuerdo para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones con el que relanzar las economías del bloque comunitario, especialmente las de los países más golpeados por la pandemia de Covid-19, como España e Italia.

Este plan de reconstrucción, que estará financiado por una emisión sin precedentes de deuda conjunta por parte de la Comisión Europea y tendrá una duración de tres años, se sumará a un presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros.

En concreto, de los 750.000 millones de euros para superar la crisis del coronavirus, aproximadamente 140.000 millones de euros servirán para financiar reformas e inversiones en España. De este importe, 72.700 millones serán en transferencias y el resto en préstamos, lo que en la práctica supone casi 5.000 millones menos en subsidios a fondo perdido.

En este contexto, los valores que más han subido son Meliá (+5,99%), IAG (+3,3%), Inditex (+2,48%), Repsol (+2,46%), Naturgy (+2,43%), Ferrovial (+1,93%), Merlin Properties (+1,69%) e Indra (+1,16%). En el lado de las pérdidas se han colocado Almirall (-4,32%), Grifols (-2,59%), Cellnex (-1,42%), Acciona (-1,36%), Telefónica (-1,18%) y Acerinox (-1,09%).

El resto de principales bolsas terminaban la sesión con ascensos del 0,11% para el Ftse 100 de Londres, del 0,23% para el Cac 40 de París, del 0,94% para el Dax de Fráncfort y del 0,43% para el Mib de Milán.

En este escenario, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 42,13 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 44,66 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española avanzaba posiciones hasta 84 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,335%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1494 ‘billetes verdes’.

El acuerdo alcanzado esta madrugada por los líderes europeos para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros representa «una muy buena noticia» que envía una señal positiva y clara a los mercados de que Europa está unida, según ha señalado el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el español Luis de Guindos.

«La respuesta conjunta del Consejo Europeo que ha sido aprobada creo que es una noticia muy buena que igualará las posibilidades en el plano fiscal de los diferentes países», ha apuntado el banquero central durante un webinario organizado por la Fundación para la Investigación Económica e Industrial en el que ha estado acompañado por el gobernador del Banco de Grecia, Yannis Stournaras, y por el ministro de Economía del país heleno, Christos Staikouras.

En este sentido, el exministro español ha defendido que el acuerdo alcanzado coloca a los países «en un terreno más igualado en términos de respuesta fiscal» lo que podría evitar así el riesgo de fragmentación en Europa al servir de ayuda a aquellos países que se encontraban en una situación de desventaja respecto de otros socios en cuanto a posición fiscal.

«Este paquete va a ser positivo no solo por la acción política, sino por el mensaje que envía a los mercados», ha afirmado Guindos. Envía un mensaje muy claro de que Europa está unida y por primera vez llevará a cabo la emisión de deuda conjunta y eso es una señal muy positiva», ha subrayado.

Asimismo, el vicepresidente del BCE ha destacado el «enorme» volumen de la respuesta ofrecida por Europa a la crisis, que no puede comparase a la ofrecida en crisis anteriores, ya que «al poner juntas la respuesta de la política monetaria más los paquetes fiscales nacionales, más lo que se acordó anoche hay una clara diferencia con respecto del pasado».

Con anterioridad, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha felicitado a los líderes europeos por el acuerdo alcanzado sobre el fondo de recuperación, subrayando que la UE ha dado un paso al frente cuando más se necesita en ayuda de los ciudadanos europeos.

«El acuerdo de hoy del Consejo de Europa muestra que, cuando más se necesita, la UE da un paso al frente y se une para ayudar a los ciudadanos de Europa», ha afirmado Lagarde a través de su cuenta oficial en Twitter, donde ha querido agradecer los esfuerzos de los líderes europeos para alcanzar un pacto.

«Gracias por su resistencia y acción decidida en los últimos días. Solo podemos luchar contra las consecuencias económicas de la Covid-19 trabajando juntos», ha señalado la francesa.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han alcanzado este martes un acuerdo histórico para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones con el que relanzar las economías del bloque comunitario, especialmente las de los países más golpeados por la pandemia de Covid-19 como España e Italia.

Este plan de reconstrucción, que estará financiado por una emisión sin precedentes de deuda conjunta por parte de la Comisión Europea y tendrá una duración de tres años, se sumará a un presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha calificado de «decepcionante» el nuevo Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó el pasado mes de junio por olvidarse de lo social y, en especial, de la dimensión inclusiva de la discapacidad.

Así, cree que la nueva versión del Código de Buen Gobierno de la CNMV «ignora» los avances que en materia social, de discapacidad y de accesibilidad incorporó la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, contenidos que «tenían que haber sido desarrollados, ampliados y complementados en estas directrices».

El Cermi ha asegurado que el sector de la discapacidad formuló aportaciones «concretas y sensatas» en la fase de elaboración del documento. «Han sido desatendidas por la CNMV, sin explicación ni justificación», ha lamentado el Comité.

Otro elemento al que se ha referido es al olvido de la Responsabilidad Social Empresarial, que habría sido sustituida en bloque por el concepto de sostenibilidad, sin explicitar suficientemente que la sostenibilidad no debe asociarse solo a lo medioambiental y al cuidado y protección del entorno.

«La sostenibilidad tiene que ser entendida holísticamente e incluir lo social como componente esencial, pues la sostenibilidad es también y en gran medida sostenibilidad social», ha asegurado el Cermi.

El supervisor de los mercados presidido por Sebastián Albella aprobó el pasado mes de junio una revisión parcial del Código tras recibir más de 40 escritos de entidades e interesados en la fase de consulta pública.

En el texto final se revisaron la redacción de 20 recomendaciones de las 64 que integra el Código, con el fin de actualizarlas y adaptarlas a diversas modificaciones legales aprobadas desde su publicación hace cinco años y aclarar el alcance de otras que habían suscitado ciertas dudas.

Las ventas de prendas de moda recortaron sus caídas al 18% en valor y al 10% en volumen en el mes de junio, respecto al mismo periodo de 2019, gracias a las rebajas y al regreso a la ‘nueva normalidad’, según los datos ofrecidos por la consultora Kantar.

En concreto, el sector textil, afectado por el cierre de establecimientos por el estado de alarma tras el coronavirus, ha suavizado sus caídas tras registrar un desplome del 86% en abril. De hecho, durante las dos últimas semanas del mes, la compra de moda ya estaba al mismo nivel del año pasado.

Junio ha sido el primer mes completo donde los consumidores de moda han podido comprar sin restricción alguna, lo que se ha traducido en una recuperación significativa de la caída que venía sufriendo desde el inicio del confinamiento en España.

Además, el número de compradores en este mes se ha elevado, ya que 17,9 millones de personas adquirieron alguna prenda de moda en junio, frente a los 9,2 de mayo.

«Durante el último mes hemos visto como las compras comienzan a recuperar su tónica habitual. Aunque el consumidor sigue mostrándose prudente, empieza a relajar algunos de los frenos a la compra respecto a los meses anteriores, como es el caso de la frecuencia, que se recupera a niveles previos a la crisis sanitaria. En junio acudimos a comprar moda 2,3 veces frente al 1,7 del mes de mayo», ha explicado la directora panel Fashion & Beauty en Kantar, Rosa Pilar López.

Sin embargo, según Kantar, el consumidor ha cambiado alguno de sus hábitos e intenta aprovechar al máximo cada acto de compra. De media, durante junio compramos 2,4 prendas por ocasión, un 10% más de lo que se adquiría en el mismo mes de 2019.

Además, el efecto de la crisis económica también se está percibiendo en los consumidores, ya que hay un mayor control del gasto. Así, ahora se sitúa en los 70 euros frente a los 74 euros del mismo periodo del año anterior.

El informe destaca que las rebajas de verano han jugado un papel importante en la reactivación del sector. Las compras de producto rebajado han representado más del 41%, frente al 37% de junio de 2019, y han movilizado a 10,9 millones de personas que han aumentado su gasto en rebajas en un 10,5% versus el año anterior.

Respecto a las categorías que están impulsando la reactivación del sector, se aprecia que la racionalidad y la necesidad se imponen, ya que el consumidor está adquiriendo productos que tienen un mayor componente de necesidad y de reposición, como son el calzado y las compras para los niños.

EL COMERCIO ‘ONLINE’ SE DISPARA UN 150% EN JUNIO

Con la reapertura del comercio, los consumidores han vuelto a sus lugares de compra habituales. Sin embargo, el canal ‘online’ no se ha visto penalizado con la reapertura del comercio físico, y sigue creciendo y marcando nuevos récords.

De esta forma, en junio, el ‘ecommerce’ alcanzó una cuota del 21% del gasto y su facturación creció un 150% respecto a 2019, sumando más de 2,5 millones de compradores.

Si en mayo, el consumidor priorizaba la compra de proximidad y local, impulsando así la reactivación del canal independiente, en junio, con la reapertura total de las cadenas de moda, éstas cogieron impulso y fueron recuperando su espacio, aunque no todas lo hacen por igual.

De hecho, a pesar de la situación y del control del gasto, las cadenas ‘low cost’ no son las que más están aprovechando esta circunstancia, mientras que sí lo hacen algunas cadenas del grupo Inditex y algunas deportivas como Decathlon y Sprinter.

«Sabemos que cualquier crisis económica suele cebarse con el sector de la moda de una manera especial, por lo que solo nos cabe esperar que esta recuperación paulatina no se vea sesgada por los nuevos rebrotes y las posibles restricciones y medidas de confinamiento», ha señalado López.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que el pacto europeo alcanzado sobre el fondo de reconstrucción señala una salida de la crisis «diferente» y «desvinculada» de la reforma laboral de 2012 del Gobierno del PP, que el Ejecutivo actual trata de «esquivar» con un «marasmo complicadísimo» de normas para evitar su aplicación.

Así lo ha señalado Díaz durante su intervención en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde ha celebrado que el acuerdo europeo permite caminar en una dirección «diferente» en términos políticos y afirmar que «no hay hombres ni mujeres de la Troika ni los va a haber» porque «no hay condicionalidades» relativas a las agendas legislativas soberanas de los países, pese al «empeño» de algunos.

Díaz ha enmarcado esta acuerdo en el seno de la UE como una de las alternativas a los recortes llevados a cabo en anteriores periodos legislativos, que ha cifrado en 80.000 millones desde el año 2012.

«El pacto alcanzado señala una salida diferente y desvinculada al decreto legislativo 3/2012 (reforma laboral del PP) que originó dos huelgas generales, concitó denuncias de organismos internacionales y desfiguró el marco normativo laboral», ha enfatizado.

En su lugar, Díaz ha abogado por caminar en una senda diferente a la propiciada desde 1984, con 52 reformas laborales y más de una treintena de normas en materia de contratación, y ha indicado que el Ejecutivo actual «ha bordeado» para ir «alejándose» de la reforma laboral de 2012, de forma que trata de esquivarla aplicando un «marasmo complicadísimo de normas» que impidiesen la aplicación de esa norma.

De esta forma, Díaz ha asegurado que se ha obtenido resultados semejantes a los de los países «más relevantes» de la UE, si bien ha hecho hincapié en la «gran anomalía» española, referida a la precariedad, ante la «maldición divina» de la temporalidad, que en España alcanza el 26,7%, el doble de la media de la UE.

En este punto, ha apelado a un gran pacto contra la precariedad y a favor de la estabilidad. También se ha referido a la «anomalía» del paro, que actualmente se sitúa en el 15%, sobre lo que ha dicho que se trata como si fuese una «maldición divina» y no se pudiese actuar legislativamente, con regiones que practican políticas diferentes con niveles de desempleo distintos.

A raíz de la flexibilización de los ERTE, a los que se han acogido 3,4 millones de trabajadores durante la pandemia, frente a los 60.000 en la crisis financiera de 2008, la ministra ha destacado que se trata de la primera vez en que la caída del empleo es menor a la caída del PIB del país.

En este sentido, se ha referido a la etapa de la exministra de Empleo del PP, Fátima Bañez, diciendo que hay que «combatir» la tesis que se mantenía en ese momento de tener que elegir «entre trabajo precario o paro».

BÁÑEZ DEFIENDE LA REFORMA LABORAL QUE INCLUYÓ EL «CAMBIO» EN LOS ERTE

En contraposición, en la mañana de este mismo martes, también en el marco de los Cursos de Verano de la UCM, Báñez ha defendido la reforma laboral que impulsó en el año 2012 y ha indicado que la crisis de 2011 es diferente a la actual, ya que la anterior fue financiera y se produjo con grandes desequilibrios y reformas por hacer, y la actual es sanitaria, con derivación económica y social, pero con mayor fortaleza y un crecimiento económico español que doblaba al de la media de la UE.

Báñez, que ha pedido que la salida de la crisis sea también «social» y se focalice especialmente en los jóvenes, ha defendido que la reforma laboral se configuró para evitar la destrucción de 3,5 millones de empleos registrados entre 2008 y 2011 y permitió que el crecimiento se tradujera «intensamente» en creación de empleo.

En concreto, antes de la reforma de 2012 el PIB tenía que crecer entre un 2,5% y un 3% para crear nuevo empleo y tras la norma valía con un alza económico de entre el 0,7% y el 1%, por lo que propició «la intensidad en la creación de empleo».

Además, ha afirmado que sirvió para ayudar de manera «fundamental» a los colectivos más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes y los parados de larga duración con «medidas novedosas».

La exministra ‘popular’ también ha afirmado que la destrucción de puestos de trabajo en 2020 se ha evitado con la utilización masiva de los ERTE, cuyo «cambio fundamental» se produjo con la reforma laboral de 2012 a través de la flexibilización de condiciones para acceder a esos expedientes de regulación de empleo temporales por parte de las empresas.

«Cuando a la sociedad española se le dan reformas valientes, pero equilibradas, como la reforma laboral de 2012, la sociedad las utiliza para bien. Los ERTE han salvado muchos empleos en los últimos tres meses. Pedimos que esos empleos se conviertan pronto en vuelta a puestos de trabajo», ha enfatizado.

Además, ha defendido que la norma incluía medidas para bajar el nivel de temporalidad y eliminó el encadenamiento excesivo de contratos temporales, por lo que se suprimió el despido libre o exprés en España, de forma que no se puede despedir desde entonces sin una causa.

TELETRABAJO

De igual forma, ha dicho que el Estatuto de Trabajadores reconoció el derecho de formación permanente de los trabajadores y reguló «por primera vez» el teletrabajo en España para facilitar la vida personal y profesional.

Para Báñez, la actualización de la regulación del teletrabajo debe ir vinculada fundamentalmente a la negociación colectiva y los acuerdos de empresa, ya que ellos, junto a los interlocutores sociales, son los que mejor conocen las necesidades del tejido productivo. «No es igual trabajar en un sector que en otro ni en una empresa grande o pequeña», ha añadido.

Sobre la regulación del trabajo a distancia realizada por el Gobierno del PP, Yolanda Díaz ha dicho que fue «muy mal definido» y ha avanzado que el Ejecutivo va a legislar en el marco del diálogo social, en el que ya trabaja para poder proteger a los trabajadores que accedan a esa forma de organización laboral, ya que el trabajo a distancia tiene «elevadísimos riesgos de todo tipo», como digitales, psicosociales o de aislamiento, que hay que definir «bien y con derechos.

En este sentido, ha incidido en evitar el riesgo de pretender que con el artículo 13 de la reforma laboral el teletrabajo sea una forma más de ahorrar costes o precarizar relaciones laborales. «Si es así, caminaremos en la dirección adversa», ha advertido.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que el acuerdo europeo para el fondo de reconstrucción es «determinante» y «definitivo» para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 «a la mayor brevedad», al ser «fundamental» para poder «cristalizar» y concretar los recursos europeos y que lleguen a la ciudadanía.

Así lo ha señalado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha considerado que si el acuerdo sobre el fondo de reconstrucción europeo suscrito este martes no allana el camino por completo para los Presupuestos en España, «sí es determinante y definitivo», ya que «no se podría entender» que no viesen la luz unas cuentas públicas que recojan esos recursos tras una negociación «tan complicada».

«Sería como despreciar esa capacidad económica que ha contribuido Europa a poner encima de la mesa para impulsar proyectos tractores» para la recuperación y las grandes transformaciones previstas en la legislatura, ha apuntado Montero ante la posibilidad de un rechazo a las nuevas cuentas públicas.

A su juicio, no se comprendería que el fondo europeo no tuviera continuidad en un proyecto de Presupuestos que permitiera vehicular las cantidades de esas cuantías globales que se determinen para 2021, siendo «importantes para poder inyectar justo ahora, cuando se necesita, un volumen de recursos para que España avance en el progreso social».

No podemos esperar, el país no puede esperar», ha dicho Montero, por lo que ha adelantado que el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos «a la mayor brevedad», por lo que espera que sea apoyado por la mayor parte de formaciones, incluido el PP.

A este respecto, ha reiterado que la vocación del Ejecutivo es llegar a un acuerdo con todas las formaciones políticas, máxime cuando se trata del «Presupuestos de recuperación» en el que «es tiene que concretar todo el dinero de Europa. «El PP está llamado a jugar un papel fundamental y el conjunto de formaciones», ha añadido.

Una semana después de el Ministerio de Hacienda publicase la orden por la que autoriza a los ministerios a elaborar sus planes de ingresos y gastos de cara a la aprobación del proyecto de ley en septiembre, Montero ha dicho que será «fundamental» contar con el proyecto de PGE para poder «cristalizar» el fondo y se dé continuidad al «día histórico» de hoy, de forma que no solo se celebre el acuerdo, por lo que ha pedido a todos los grupos que se comprometan y hacer posible y operativo que los recursos lleguen a la ciudadanía mediante los Presupuestos.

La portavoz del Gobierno, que ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá próximamente en el Congreso para detallar el acuerdo europeo, ha dicho que este tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo y los propios parlamentos europeos, que espera que suceda «a la mayor brevedad» para activar «cuanto antes» los recursos.

Ha pedido un «último esfuerzo», especialmente al PP, para apoyar el dictamen de la Comisión de Reconstrucción del Congreso y lo ha extrapolado a los Presupuestos que espera presentar «en breve».

MANTIENE EL CALENDARIO PARA REFORMA LABORAL Y SU PLANTEAMIENTO FISCAL

Preguntada sobre la condicionalidad de los recursos europeos, Montero ha explicado que se trata de impulsar una serie de «transformaciones» de los vectores de impulso en materia de transición ecológica, digital e inclusión social y los requisitos forman parte de las recomendaciones país que la CE ha formulado en los últimos meses, que pasan por el refuerzo de la capacidad del sistema sanitario; medidas para preservar los puestos de trabajo, como los ERTE; liquidez a pequeñas y medianas empresas, como los créditos ICO; inversión para transición ecológica e impulso digital.

«Estamos bastante alineados con esas reformas que se planteaban en el informe de recomendaciones país y ya el Gobierno venía trabajando en todas y cada una de ellas», ha enfatizado.

Sobre la reforma laboral concretamente ha dicho que el Gobierno mantiene su hoja de ruta y su calendario en este asunto para la legislatura en el marco del diálogo social, adaptándola a la situación sanitaria y económica, si bien sobre esos elementos ha asegurado que «para nada se ha hablado», y las informaciones sobre posibles cambios del Ejecutivo en relación con la reforma laboral de 2012 obedece más a «pretensiones de otros países».

De igual forma, ha defendido que hay que acometer una «profunda» revisión de la fiscalidad para estudiar las figuras más diferenciadas del resto de Europa y la capacidad de rendimiento «óptimo». «Sería una contradicción pedir recursos y no ser capaces de optimizar como nación aquello que tenemos capacidad de alcanzar por el simple hecho de revisar las figuras tributarias», ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que durante las negociaciones se ha puesto de manifiesto la necesidad de recursos propios de la UE, y se trabaja en el impuesto digital, a las transacciones financieras, en fiscalidad medioambiental o el impuesto de carbono en frontera, que el Gobierno considera «imprescindible» para la fiscalidad europea y española. «Estamos alineados con las propuestas que el conjunto de países está planteando», ha aseverado.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ve un «auténtico paso de gigantes» en el acuerdo europeo sobre el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros, al suponer unas cantidades «significativas» para trabajar «de inmediato» y aprovechar la potencialidad del crecimiento y la cohesión social, por lo que espera que dicho acuerdo sea ratificado «cuanto antes» en el Parlamento Europeo y a nivel nacional.

Además, sobre las condiciones ha asegurado que están en línea con las prioridades del Gobierno y ha indicado que mantiene el calendario de la hoja de ruta en relación a la derogación de aspectos lesivos de la reforma laboral de 2012, en el marco del diálogo social, y en lo referido a la revisión del sistema fiscal español.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea hayan alcanzado este martes un acuerdo «histórico» para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones (390.000 millones en transferencias y 360.000 millones en préstamos), de los que España se beneficiará de 140.000 millones (72.200 millones en transferencias).

Montero ha destacado que se trata de un «auténtico paso de gigantes» en la reactivación del continente a nivel económico y social tras una pandemia que ha dejado «secuelas» en el conjunto de los países y que permitirá la reconstrucción pretendida para conseguir «una Unión Europea más fuerte, más justa y cohesionada».

En este sentido, ha celebrado que se haya alcanzado el acuerdo «en tiempo récord», a pesar de que la tarea «no ha sido fácil», con una negociación «muy compleja», en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido una actitud «proactiva», y que se ha podido lograr pese a las «grandes diferencias» en las posiciones de partida tras cinco días de «intensísimo» debate.

De esta forma, ha valorado que se haya alcanzado un «gran paquete financiero» para la recuperación económica, dotado con 750.000 millones, y que por primera vez la Comisión Europea se endeude para financiar los programas, «una de las claves más importantes del acuerdo».

Según Montero, el objetivo del fondo es que «todos los europeos superen la crisis lo antes posible, se impulse la recuperación inmediata y sirva para financiar la modernización de las economías», trasladándose a vectores relevantes para la transformación nacional, como la economía verde, digital y la recuperación «justa en lo social con el lema de que nadie se quede atrás.

CONDICIONES: MANTIENE HOJA DE RUTA CON REFORMA LABORAL Y FISCAL

Preguntada sobre la condicionalidad de los recursos europeos, Montero ha explicado que se trata de impulsar una serie de «transformaciones» de los vectores de impulso en materia de transición ecológica, digital e inclusión social y los requisitos forman parte de las recomendaciones de país que la CE ha formulado en los últimos meses, que pasan por el refuerzo de la capacidad del sistema sanitario; medidas para preservar los puestos de trabajo, como los ERTE; liquidez a pequeñas y medianas empresas, como los créditos ICO; inversión para transición ecológica e impulso digital.

«Estamos bastante alineados con esas reformas que se planteaban en el informe de recomendaciones país y ya el Gobierno venía trabajando en todas y cada una de ellas», ha enfatizado.

Sobre la reforma laboral, concretamente ha dicho que el Gobierno mantiene su hoja de ruta para la legislatura, adaptándola a la situación sanitaria y económica, si bien sobre esos elementos ha asegurado que «para nada se ha hablado», y las informaciones sobre posibles cambios del Ejecutivo en relación con la reforma laboral de 2012 obedece más a «pretensiones de otros países».

De igual forma, ha defendido que hay que acometer una «profunda» revisión de la fiscalidad para estudiar las figuras más diferenciadas del resto de Europa y la capacidad de rendimiento «óptimo. «Sería una contradicción pedir recursos y no ser capaces de optimizar como nación aquello que tenemos capacidad de alcanzar por el simple hecho de revisar las figuras tributarias», ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que durante las negociaciones se ha puesto de manifiesto la necesidad de recursos propios de la UE, y se trabaja en el impuesto digital, a las transacciones financieras, en fiscalidad medioambiental o el impuesto de carbono en frontera, que el Gobierno considera «imprescindible» para la fiscalidad europea y española.

«Estamos alineados con las propuestas que el conjunto de países está planteando», ha aseverado.

PIDE CONTINUIDAD AL FONDO CON LOS PGE PARA QUE LLEGUE A LA CIUDADANÍA

Montero ha dicho que los recursos están mas dirigidos para los estragos económicos se puedan recuperar en un plazo «prudente», por lo que aunque «nunca son suficientes», cree que «sin duda» los obtenidos por España son «más que satisfactorios para la pretensión de cualquier país que quiera vincular la recuperación a la europea».

«Cuanto más recursos, mejor, pero son recursos imprescindibles y suficientes para que España pueda empezar una senda de recuperación ligada a proyectos de transformación más importantes», ha garantizado.

La portavoz del Gobierno, que ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá próximamente en el Congreso para detallar el acuerdo, ha dicho que este tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo y los propios miembros europeos, que espera que suceda «a la mayor brevedad» para activar «cuanto antes» los recursos.

Ha pedido un «último esfuerzo», especialmente al PP, para apoyar el dictamen de la Comisión de Reconstrucción del Congreso y lo ha extrapolado a los Presupuestos que espera presentar «a la mayor brevedad», ya que «no se entendería» que no viesen la luz para poder implementar los vehículos que hagan posible canalizar los recursos europeos.

En esta línea, ha dicho que será «fundamental» contar con el proyecto de PGE para poder «cristalizar» el fondo y se dé continuidad al «día histórico» de hoy, de forma que no solo se celebre el acuerdo, por lo que ha pedido a todos los grupos comprometerse y hacer posible y operativo que los recursos lleguen a la ciudadanía mediante los Presupuestos.

ESPAÑA, EL SEGUNDO PAÍS MÁS BENEFICIADO

También ha destacado que España será el segundo país más beneficiado, con una asignación de en torno a 140.000 millones de euros, el 11% del PIB en 2019, de los que 72.750 millones se hará en forma de transferencias directas a ejecutar entre 2020 y 2026, el resto en forma de préstamos.

Ha indicado que la cantidad «extraordinaria», que representa casi diez veces más el tamaño de los fondos de cohesión de los últimos años, tiene que servir para impulsar la modernización del país, por lo que ha abogado por ponerse «manos a la obra de inmediato» para aprovechar la potencialidad del crecimiento y la cohesión territorial y social.

Dentro del fondo, ha detallado que el mecanismo de recuperación y resiliencia estará dotado con 672.500 millones, de los que 312.500 serán en transferencias y a España le corresponderán 59.000 millones, lo que permitirá impulsar un plan de reformas «ambicioso» orientado a las líneas estratégicas de la UE que coinciden con las prioridades del Gobierno en materia de crecimiento ‘verde’, digital, inclusión, innovación, formación de capital humano, ciencia, formación profesional y educación.

Asimismo, el programa ‘React’ contará con un montante de 47.500 millones, a los que España le corresponderán 12.400 millones, y servirá para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.

A ello se suma el marco financiero plurianual 2021-2027, dotado con más de un billón de euro, que sentará las bases para la estabilidad de la UE en los próximos años, ha dicho.

Asaja ha advertido de que España podría perder más de 4.700 millones de euros de fondos agrícolas europeos, tras el acuerdo alcanzado para el periodo 2021-2027 y el fondo de recuperación para la pandemia del coronavirus.

En concreto, la organización agraria ha subrayado que los fondos destinados a la agricultura se recortarán en un 10%, pasando de 383.000 millones de euros a 343.900 millones de euros, un recorte que equivale a perder un año entero de pagos directos de la PAC en España.

«Pese a que el presidente del Gobierno defendió que no aceptaría un presupuesto inferior al actual, la realidad es que el recorte es más que evidente y Sánchez habla de resultado exitoso y de acuerdo histórico cuando los agricultores y ganaderos van a perder cerca de 5.000 millones de euros durante el nuevo periodo», ha denunciado el presidente de Asaja, Pedro Barato.

La organización agraria ha señalado que los recortes serían de un 9,6% en pagos directos y ayudas de mercado, y del 11% en Desarrollo Rural, en precios de 2018, que es como las Instituciones Europeas diseñan sus presupuestos.

De esta forma y sin tener los cálculos definitivos de reparto de los diferentes países, pero teniendo en cuenta el peso de España en los fondos agrícolas de la UE (más del 13% en primer pilar y un 8,5% en el segundo), España podría llegar a perder más de 4.740 millones de euros en el periodo, según las estimaciones de Asaja.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha aplaudido el acuerdo sobre el fondo europeo para dar respuesta al Covid-19 alcanzado este martes en una jornada que ha calificado de «histórica», al tiempo que ha destacado que se trata de una «excelente noticia» para el campo español porque se han alcanzado y superado los objetivos marcados.

Según el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, tal y como ha resaltado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se trata de un acuerdo de gran importancia para el presente y futuro de España y Europa.

En este sentido, ha resaltado que la Política Agricola Común (PAC), es «muy importante» para la Unión Europea, ya que tiene 58 años de historia, y se ha reivindicado «claramente» en la pandemia proporcionando seguridad alimentaria al conjunto de los ciudadanos.

«El objetivo era lograr un apoyo a nuestros agricultores y ganaderos y que fuera un elemento fundamental para afrontar los grandes retos», ha afirmado Planas, quien ha insistido en que el Gobierno ha cumplido «plenamente» ese objetivo, ya que ha conseguido que estén disponibles 47.500 millones de euros para los próximos siete años a través de ayudas directas y medidas de mercado.

En concreto, esta medida supone 6.800 millones de euros anuales que se inyectarán al sector, con 700.000 perceptores que serán beneficiarios de estas ayudas, que ha precisado «no son subvenciones».

EL JUEVES PRIMERA APROXIMACIÓN CON LAS CC.AA.

De esta forma, una vez determinado el presupuesto para la nueva PAC, ésta entrará en funcionamiento plenamente a partir de 2023, pero Planas ha señalado que en el periodo 2021-2022 se aplicarán los antiguos reglamentos con el nuevo presupuesto.

«A partir de 2023, entrarán en funcionamiento tanto los reglamentos como el presupuesto, unos reglamentos que esperamos poder cerrarlos antes de final de este año», ha indicado el titular de Agricultura en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Planas ha precisado que este jueves está prevista una reunión con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas para tener una «primera aproximación» de la aplicación de esta PAC en España, que confía que esté terminada en otoño.

«Esta PAC viene a responder a la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, también en la faceta medioambiental y la social, porque esta PAC nos permitirá impulsar una transformación que es fundamental, incorporar nuevos agricultores y ganaderos y cubrir la brecha de género», ha reiterado Planas.