El G20 ha subrayado que la «cooperación multilateral» es un elemento importante para dar una respuesta coordinada y global a la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, según se desprende de la declaración que han acordado todos los países pertenecientes al club, publicada este domingo

El Grupo de los 20 ha asegurado que las acciones globales coordinadas, la «solidaridad» y la «cooperación multilateral» son «más importantes que nunca» para superar los desafíos planteados por la pandemia y para aprovechar las oportunidades del siglo XXI.

En este sentido, el club de países ha asegurado que emplearán todos sus esfuerzos en proteger vidas, dar apoyo con «especial foco» a los más vulnerables y devolver las economías a una senda de recuperación del crecimiento. Al mismo tiempo, el G20 se ha comprometido a proteger y crear empleos «para todos».

«La recuperación es desigual, muy incierta y sujeta a elevados riesgos a la baja, incluyendo aquellos procedentes de los nuevos brotes de virus en algunas economías, con algunos países reinstaurando medidas sanitarias restrictivas», ha alertado el G20.

Con respecto al apartado del comercio internacional, la declaración recoge un apoyo explícito al «sistema comercial multilateral. No obstante, las naciones firmantes se han puesto como objetivo alcanzar un entorno de comercio e inversión que sea «libre, justo, inclusivo, no discriminatorio, transparente, predecible y estable.

El G20 también tenía previsto durante su encuentro de este fin de semana revisar la propuesta de fiscalidad digital propuesta por la OCDE. Los países se han comprometido a mantener la cooperación para lograr un sistema fiscal internacional que sea «justo, sostenible y moderno». En este sentido, han dado su visto bueno a la propuesta de la OCDE, por lo que aspiran a llegar a un acuerdo para mediados de 2021.

Además, el Grupo ha alertado de que ninguna criptodivisa estable, las llamadas ‘stablecoins’, deberían de comenzar sus operaciones hasta que se hayan solucionado «todos los requisitos de supervisión, legales y regulatorios». Por este motivo, esperan que el Fondo Monetario Internacional (FMI) termine sus informes sobre las implicaciones macrofinancieras de las divisas digitales.

La exportación de vehículos fabricados en las plantas automovilísticas españolas cayó un 24% en los tres primeros trimestres de 2020, situándose en las 1,31 millones de unidades, manteniéndose Alemania como el principal destino de los coches ‘made in Spain’, pese a caer un 25% hasta septiembre.

Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), recogidos por Europa Press, en lo que va de año se ensamblaron en España 1,53 millones de vehículos, un 27,7% menos. De este total, un 85,7% se vendió al exterior, muy por encima del 81,4% del año pasado.

Por regiones, en el marco de la actual crisis global las exportaciones españoles de vehículos a países europeos cayeron en menor medida si se compara con otros estados extracomunitarios, lo que implica una menor participación del resto del mundo en la demanda de vehículos españoles.

Así, España exportó 962.000 vehículos a la Unión Europea hasta septiembre, un 22,6% menos, mientras que el envío de vehículos ‘españoles’ al resto del mundo cayó un 27,2% menos.

«A pesar de la caída en las exportaciones a lo largo del año, la distribución de las mismas entre los países o áreas de destino no se ha visto gravemente afectada, manteniéndose Alemania, Francia y Reino Unido como los principales destinos de las exportaciones españolas con una cuota conjunta del 54,3% de las exportaciones totales», ha indicado Anfac.

ALEMANIA, PRINCIPAL DESTINO

Así, España envió a Alemania 275.000 vehículos hasta septiembre, un 24,9% menos, situándose como el principal destino de los coches ‘made in Spain’, seguido de Francia, con 266.000 unidades, un 14,7% menos, y de Reino Unido, con 173.000 unidades, un 34% menos.

Siguen la lista Italia, con 141.000 vehículos, un 22,2% menos, así como Bélgica, con 46.000 unidades, un 29,3% menos. En general, los destinos tradiciones de las exportaciones recortaron la compra de vehículos ‘españoles’ en torno a un 15% y un 30%.

Turquía se sitúa como el primer país extracomunitario que más vehículos ‘españoles’ importa, con 42.000 unidades, lo que supone un crecimiento del 47,4% más en comparación con el mismo periodo de 2019.

«Destaca el caso del mercado turco, el cual, tras varios años perdiendo importancia para la exportación española de vehículos por la dura crisis de mercado que sufrió, se recupera recibiendo un 47,4% más de unidades que en el mismo periodo del año anterior», ha subrayado Anfac.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha avisado este domingo que «la vacuna llegará, pero para el negocio de muchos autónomos será demasiado tarde».

Así lo avisa Amor en un tuit, en el que señala que uno de cada cinco autónomos, alrededor de 600.000, no cree que pueda superar esta crisis y está en «riesgo inminente» de cierre, así como que 1.600.000 autónomos han visto caer su actividad en 2020 «por encima del 60%».

A fecha de este viernes, la cifra global de contagios en España se eleva a 1.556.730 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 419, frente a 436 ayer y 498 el viernes pasado, con un total de 197.266 positivos en las pasadas dos semanas.

El Centro de Predicción Económica (Ceprede) prevé que el PIB caiga este año un 10,8% como consecuencia de la crisis del Covid, y que repunte un 8,7% el próximo año, con una tasa de paro que subirá del 15,7% al 16% en 2021 y con un nivel de déficit público del 10,4% y del 5,9% del PIB en cada ejercicio.

Estas son las últimas previsiones realizadas por Ceprede, que ha celebrado su junta semestral, en la que más de la mitad de las opiniones (56%) apuestan por una recuperación de los niveles de PIB previos a la crisis del Covid más allá del segundo semestre de 2022, frente a un 32% que augura que llegará a principios de 2022 y solo un 12% en la segunda mitad de 2021.

De acuerdo con el escenario central de Ceprede, el rebrote de la pandemia estaría frenando el proceso de reactivación iniciado en el tercer trimestre del año y el avance esperado para el cuarto trimestre sería prácticamente nulo.

De cara al 2021, y asumiendo una progresiva desaparición de las restricciones a la movilidad señala que cabría esperar una recuperación progresiva de los niveles de actividad que se situarían, a finales de dicho año, en unos niveles similares a los de 2019.

Concretamente, prevé una caída del PIB del 10,8% este año, un repunte económico del 8,7% en 2021 y un alza del 5,2%. A más largo plazo, en el periodo 2023-2027, augura un avance de la economía española del 1,8%.

Asimismo, señala que las estadísticas de evolución del empleo están sesgadas por la presencia de los ERTES que no afloran de forma completa en los registros de la población activa (ocupados) y que sí se recogen parcialmente en los datos de la Contabilidad trimestral que contempla la evolución de las horas trabajadas.

De esta forma, la tasa de paro, calculada sobre los datos de la EPA, se habría elevado hasta el entorno del 16,3% en el tercer trimestre del año, y Ceprede estima que en el conjunto del año se situará en el 15,7%, para subir el próximo ejercicio al 16% y descender al 14,8% en 2022.

En paralelo, el empleo cederá un 7,5% el presente ejercicio, pero subirá un 4,8% y un 2,5% los dos siguientes años. De su lado, la inflación se situaría en el 0,7% este año y se más que duplicaría el próximo ejercicio, hasta el 1,6%.

Respecto al déficit público, calcula un aumento de este desequilibrio hasta el 10,4% del PIB este año, si bien descendería al 5,9% en 2021 y al 4,2% en 2022.

Según Ceprede, todos los mercados a excepción de alimentario y el destinado al sector público experimentarán una cierta contracción durante el bienio 2020-2021, siendo especialmente intensa la caída estimada para el turismo exterior, más del 50%, y para el resto de mercados exteriores de bienes y servicios, que se contraería en torno a un 13%.

A corto plazo espera una reactivación de los costes energéticos, vinculada con la recuperación de los precios del petróleo, y de los productos industriales como resultado de la reactivación de la demanda internacional; mientras que tanto los costes salariales, condicionados por el aumento del desempleo, como los costes financieros, en ausencia de shocks en las primas de riesgo, permanecerán en niveles «muy moderados.

El Gobierno quiere agilizar la ejecución de los fondos de la UE y eliminar los conocidos como ‘cuellos de botella’ de la Administración y para ello llevará a cabo una transformación del funcionamiento del sector público que contempla, entre otras cosas, que los departamentos ministeriales elaboren en un mes una programación anual de los contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ligados a dichos fondos, que podrán recibir anticipos de hasta el 50% para acelerar su ejecución.

Además, recuperará las agencias estatales como figura de organismo público para la gestión de los fondos UE, reducirá a la mitad los plazos de tramitación de estos proyectos, la fiscalización de las operaciones no superará los 5 días hábiles y creará un portal web para registrar todos los proyectos, que actuará como ‘ventanilla única’ para realizar solicitudes.

Así figura en el borrador del real decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que se aborda una reforma estructural para modernizar los procedimientos de ejecución presupuestaria y agilizar y simplificar trámites para canalizar cuanto antes los 27.000 millones de fondos europeos adelantados en los Presupuestos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó esta semana que el decreto se aprobará en el mes de diciembre para que desde el 1 de enero está lista la nueva Administración y se puedan empezar a ejecutar los fondos. «Se tratará de una verdadera revolución administrativa», añadió.

AGENCIAS ESTATALES Y PERTES.

La norma recupera figuras administrativas y crea nuevas estructuras ‘ad hoc’ para agilizar la absorción de los fondos, como es el caso de la creación de agencias estatales como organismo público, que regresan a la Administración Pública como fórmula organizativa dotada de «un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión», aunque el decreto no especifica qué agencias concretas se crearán.

Además de las agencias estatales, el Gobierno crea una nueva figura administrativa de colaboración público-privada: los proyectos estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), dependientes del Ministerio de Industria, que en el plazo de tres meses deberá elaborar el registro estatal de entidades interesadas en los PERTE.

Asimismo, el Gobierno crearán cinco nuevos órganos de gobernanza de los fondos, que pasan en primer lugar por una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá Sánchez y en la que participarán varios ministros; así como un Comité Técnico, que dará soporte técnico y legal a la Comisión Ministerial, y una Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, que desde Presidencia del Gobierno realizará un seguimiento político y estratégico del plan.

También se crearán foros y consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores implicados y se reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos con las comunidades autónomas. La Dirección de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda, será designada como la autoridad de gestión responsable de cara a la rendición de cuentas en Bruselas sobre los fondos.

TRAMITACIÓN DE URGENCIA Y SIMPLIFICACIÓN DE CONVENIOS.

Esta nueva estructura organizativa y administrativa será la encargada de agilizar al máximo todos los plazos de los contratos financiados con los fondos percibidos por España, a los que se aplicará «el régimen excepcional de tramitación urgente».

En consecuencia, estos proyectos tendrán preferencia y los plazos para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes quedarán reducidos a cinco días naturales, sin que quepa prórroga alguna de este plazo, al tiempo que los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto se reducirán a la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que será de 15 días naturales contados.

En paralelo, se elevan los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados, ordinario y abreviado, de modo que resulten aplicables a un mayor número de contratos, lo que permitirá la agilización en su tramitación.

En detalle, en el procedimiento abierto simplificado abreviado se fija un umbral para los contratos de obra de valor estimado inferior a 200.000 euros y a los contratos de suministros y servicios inferior a 100.000 euros; y para el procedimiento abierto simplificado ordinario se establece que el valor del contrato sea inferior a 5,34 millones de euros si es de obras o suministro y servicios, inferior a 138.999 euros cuando sean contratos adjudicados por el Estado, organismos autónomos o entidades de la Seguridad Social, o a 213.999 euros cuando sean contratos distintos. Si son para servicios sociales el valor debe ser inferior a 749.999 euros.

Además, se aborda la simplificación de la tramitación de convenios administrativos eliminando las autorizaciones por el Consejo de Ministros y reduciendo los plazos para la emisión de aquellos informes que resulten preceptivos. También se permite la tramitación anticipada de los expedientes de convenios que vayan a ejecutarse en el ejercicio siguiente u otros posteriores.

Excepcionalmente, el plazo de vigencia de estos convenios podrá tener una duración superior a la legalmente establecida, pudiendo llegar como máximo a diez años, con posibilidad de una prórroga de siete años de duración.

SUBVENCIONES MÁS ÁGILES.

La tramitación de subvenciones relacionadas con el uso de fondos europeos también se agiliza y se acortan los plazos. Así, se eliminan requisitos de informes y autorizaciones preceptivas, si bien para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será necesario acuerdo del Consejo de Ministros.

Igualmente, se podrá efectuar el desembolso anticipado de los fondos hasta un límite máximo del 50% de la cantidad total a percibir en los expedientes de gasto que se tramiten para los que su normativa reguladora no permite o bien se limita el desembolso anticipado.

A su vez, se podrán adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no superen los límites y anualidades fijados.

Respecto a la fiscalización, señala sobre el régimen de control previo aplicable a los expedientes, que el despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, debiendo de pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles.

PORTAL WEB Y COMPLEMENTO SALARIAL PARA FUNCIONARIOS

El decreto establece también que se creará un portal web único del Plan de Recuperación, que centralizará y distribuirá la información a todos los interesados. A través de la ventanilla única de este portal se podrá realizar la tramitación de las solicitudes de participación en las convocatorias derivadas la ejecución de los fondos.

Asimismo, se reorganizan puestos de trabajo y asignación de funcionarios para la gestión de los fondos, y se podrá acordar la asignación de funciones a tiempo parcial y, «excepcionalmente» y cuando resulte imprescindible, se contemplará la creación o modificación de puestos de trabajo cuyas funciones estén directamente relacionadas con la gestión de los proyectos.

Como regla general, se contará primordialmente con aquellos empleados públicos que tengan experiencia directa o indirecta en la gestión de proyectos relacionados con fondos europeos. Todos los que se dediquen a la gestión de los fondos, podrán recibir un complemento salarial variable por consecución de objetivos para compensar el desempeño del personal.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el sector agrario será «uno de los pilares» de la recuperación económica en el contexto de la crisis del coronavirus.

En una entrevista en ‘La Vanguardia’ este domingo, el ministro ha afirmado que el sector es rentable y «profesionalmente atractivo» para la gente joven y bien formada.

Planas ha sostenido que el sector ha resistido muy bien la pandemia y ha argumentado que el PIB agrario ha subido un 6,3% según el INE, «una cifra récord en los últimos años».

Según el ministro, se exporta al extranjero la mitad de la producción agraria, por lo que España se ha convertido en la séptima potencia exportadora agroalimentaria del mundo y en la séptima de la Unión Europea (UE).

Sin embargo, considera que en estos momentos el Brexit es un factor de incertidumbre y que los aranceles en Estados Unidos –que afectan al aceite de oliva, a la aceituna de mesa, a los vinos, quesos y otros productos– son injustos.

Ha explicado que el sector tiene que crecer, buscar nuevos mercados en el exterior y «dar un paso adelante» en Estados Unidos, China, Japón o Canadá.

El ministro ha identificado como retos del sector compensar los salarios con innovación y digitalización, ampliar la sostenibilidad del sector, romper con la brecha de género y motivar la presencia de mujeres en el mundo rural.

También ve necesario ocuparse del relevo generacional «para evitar el vaciamiento de las zonas interiores» y ha asegurado que es optimista y que cree que el agrario es uno de los sectores de futuro.

Confía en la nueva Política Agraria Común (PAC) que, según ha explicado, aportará 47.000 millones de euros en siete años los cuales, junto a la cofinanciación nacional y autonómica, supondrán más de 52.000 millones, sin contar las cantidades incluidas en el fondo de recuperación, transformación y resiliencia.