La Asociación Española del Gas (Sedigás) ha considerado que la aprobación por el Gobierno de la Estrategia Español de Economía Circular (EEEC) es «una muy buena noticia» para la economía española y ha valorado que el sector puede contribuir «activamente» a través del fomento del gas renovable.

En este sentido, la patronal subraya que los gases renovables, principalmente el biometano, son «relevantes» en la Estrategia de Economía Circular, ya que parten de la reutilización de residuos, tanto residuos sólidos orgánicos, agrícolas, ganaderos como lodos de depuradora, «para la generación de una energía limpia y aprovechable para múltiples usos».

Asimismo, la organización presidida por Rosa María Sanz cifra entre 15.000 a 25.000 los empleos ‘verdes’ que podría generar el fomento del biometano en España.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC), con la que se quiere pasar de una economía lineal a una circular de aquí a 2030.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles ante el Pleno del Congreso que la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que espera aprobar «en breve plazo», «generará un marco regulatorio para la fabricación comercialización de vehículos» más eficientes.

Durante su comparecencia ante la Cámara Baja para defender una última prórroga del estado de alarma para afrontar la pandemia del virus Covid-19, Sánchez ha dicho que el objetivo de esta medida es «facilitar la transformación de la economía hacia un modelo sostenible» y que «permita la creación de empleo de calidad».

El presidente del Ejecutivo ha reivindicado como «estratégico» este sector, ha dicho que cada euro facturado en la automoción supone 1,65 euros en la economía española, y ha asegurado que su Gobierno «está trabajando en un gran plan de reactivación de la movilidad y del sector de la automoción».

Este plan, ha indicado, incluirá «acciones de apoyo» al sector del automóvil «a largo plazo» y también «a lo largo de toda la cadena de valor», con el fin de «posibilitar una rápida recuperación» y «paliar los efectos en la competitividad», además de «ayudar a realizar más rápidamente la transición a vehículos más sostenibles y limpios», con «medidas de apoyo a la movilidad sostenible».

El presidente del Gobierno ha asegurado que será necesario «incorporar un concepto más amplio y transversal de la movilidad», con «nuevas formas» de transporte, como la bicicleta, el autobús o la furgoneta eléctrica.

Por otro lado, a la hora de detallar el reparto proyectado del fondo europeo de reconstrucción propuesto por la Comisión Europea, ha explicado que para el sector del transporte de la automoción se prevén 64.000 millones de euros en toda la Unión Europea.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que es «necesario y rentable» proteger las rentas de los ciudadanos ante la crisis porque hará que la recuperación sea más rápida y ayudará a mantener el tejido productivo y el capital humano.

«Hay que soportar y pagar rentas durante el tiempo que haga falta porque es un periodo de tiempo limitado y sabemos que haciendo eso probablemente después tengamos una recuperación más rápida», ha subrayado el ministro en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Escrivá ha indicado que, durante la pandemia, se llegó a tener a 5,8 millones de trabajadores en casa, sumando los acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y los desempleados, y que ahora mismo la cifra ha bajado «hasta los cuatro millones largos».

Así, ha explicado, que en marzo y abril casi un tercio de los trabajadores se quedaron inactivos por la crisis sanitaria y el estado de alarma y casi un millón de personas perdieron su empleo. Pero en mayo uno de cada seis de esos trabajadores han vuelto a activarse y se han recuperado 200.000 afiliaciones a la Seguridad Social. La construcción, por su parte, que destruyó 150.000 empleos en marzo, ya ha recuperado dos de cada tres puestos de trabajo.

«Son datos significativos. Si nos hubieran preguntado a principios de abril, cuando teníamos tanta incertidumbre sobre la dinámica de la pandemia, probablemente era difícil pensar que ahora estaríamos reactivando el empleo. Hay que ser cauteloso, pero son datos significativos», ha insistido.

El ministro ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha incentivos para que las empresas recuperen trabajadores que incluyeron en ERTEs y ha puesto como ejemplo el caso de una ferretería con dos trabajadores.

«Si la ferretería decidiera arrancar con un empleado y dejar al otro inactivo, la exoneración de cuotas es mayor para el activo que para el inactivo. Si activa los dos, se beneficia más que si deja uno o dos inactivos», ha explicado.

En cuanto a los retrasos que se han dado en el cobro de las prestaciones de los ERTEs, el ministro ha pedido «comprensión» porque la dimensión de las medidas adoptadas y la presión sobre los aparatos administrativos «ha sido extraordinaria».

«Que exista alguna disfuncionalidad o algunos retrasos me parece casi inevitable», ha señalado el ministro, que ha indicado además que las oficinas públicas de empleo tienen una estructura federal que complica estas cosas, mientras que en la Seguridad Social existe una estructura más centralizada «y probablemente mejor articulada».

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado este miércoles que es «clave y urgente ponerse manos a la obra» y que se vuelva a la actividad porque «cuanto antes se entre en el empleo, antes se recuperará el país».

Así lo ha señalado durante una entrevista a ‘Espejo Público’ donde ha resaltado que los empresarios quieren trabajar y volver a la actividad, siempre respetando las normas sanitarias y de seguridad, y que para ello es clave el espacio de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la vuelta al empleo y la desescalada.

El presidente de la patronal ha afirmado que se tiene que ver cómo se protege a las empresas, porque es «la mejor forma de proteger a los trabajadores». El Gobierno dice que el paro puede ir del 13,5% al 20% y es una realidad, algunos empleos van a ir a las listas del paro, por lo que cuanto antes podamos hacer esa desescalada, menos gente irá al paro y más empleo volverá a su espacio», ha remarcado.

Para Garamendi, este es «un punto fundamental» y es por eso por lo que se está planteando que los ERTEs duren hasta diciembre y que se prolonguen de forma automática, porque «si no, las empresas se ven abocadas a tomar decisiones, porque no pueden esperar al último día y porque tienen que sobrevivir». «Es la realidad y es en la que tenemos que trabajar», ha añadido.

También ha recordado que Madrid y Cataluña, entre las dos comunidades, representan más del 40% del PIB nacional. En este punto, ha llamado a la atención de que la gente de Madrid es la que tiene que ir al turismo interior, que es «clave para la recuperación.

Preguntado sobre en qué empresas se está notando ya una recuperación, Garamendi ha puesto de relieve que la construcción va a ser un sector «muy importante», al igual que el de las infraestructuras, durante la recuperación.

La industria también cree que se va a ir recuperando, aunque en algunos casos, como el automóvil, cree que van a ser necesarias políticas activas de demanda. «Mira lo que ha hecho Francia, que ha puesto 8.000 millones de euros encima de la mesa para el sector del automóvil. Eso tiene una importancia grande en España», ha incidido.

Así, ha instado a que se dé un tiempo a las empresas para adaptarse y hacer previsiones, porque a los empresarios «no les vale que le digan el 29 de junio si abren o no abren, si siguen en ERTE o no». De hecho, ha dejado claro que «hay que ponerse en marcha, porque uno no lo hace en un día» y las empresas tienen que tener una certeza de cómo se va a hacer.

Según Garamendi, lo que preocupa ahora mismo es el turismo, los hoteles, las agencias de viajes, los aviones, el transporte terrestre, el comercio o los bares y restaurantes. «En España hay más de 350.000 locales en restauración donde trabajan 1,7 millones de españoles, por lo que es tan importante la desescalada, los test y los corredores con extranjeros. Necesitamos que vuelvan los 85 millones de turistas», según ha apuntado.

En esta línea, ha reclamado que desearía que la desescalada terminase el 21 de junio, siempre teniendo en cuenta los sistemas de prevención, porque «como alguna de las 85 millones de personas que venían a España se vayan a otro país y les guste, recuperarlo va a ser complicado».

Preguntado por la reforma laboral, ha vuelto a insistir en que no se levantó de la mesa del diálogo social, sino que «fue a sentarse y ya había otras tres personas» (haciendo referencia a PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu). «Ahora que se han ido, me he sentado», ha subrayado, tras afirmar que la patronal siempre dirá con independencia lo que tiene que decir y lo que piensa que es bueno para el país.

La tasa de paro de la zona euro se situó el pasado mes de abril en el 7,3%, dos décimas por encima del nivel del mes anterior y su peor lectura desde el pasado mes de enero, mientras que en el conjunto de la UE subió también dos décimas, hasta el 6,6%, coincidiendo con la implementación generalizada de medidas de confinamiento por la pandemia de Covid-19 entre los países de la región, según ha señalado Eurostat.

La oficina de estadística comunitaria calcula que 14,07 millones de personas carecían de empleo en la UE en abril de 2020, de los que 11,91 millones se encontraban en la zona euro, lo que supone un incremento de 397.000 desempleados en la UE y de 211.000 en la zona euro con respecto al mes anterior.

No obstante, en comparación con abril de 2019, la cifra de desempleados en la UE aún se mantiene por debajo en 414.000 personas y la de la zona euro en 589.000 desempleados.

Entre los países de la UE, Grecia volvió a registrar la mayor tasa de desempleo, con un 16,1%, aunque los datos del país heleno solo cubren hasta el pasado mes de febrero. España, por su parte, volvió a ser el segundo país de los Veintisiete con peores cifras de paro, con un 14,8%, frente al 14,2% de marzo. Por contra, República Checa, con un 2,1%; Polonia, con un 2,9%; y Países Bajos, con un 3,4%, registraron los menores niveles de desempleo en la UE.

En el mes de abril el desempleo aumentó en todos los países de la UE, salvo en Alemania, Polonia, Austria y Finlandia, donde se mantuvo estable en el 3,5%, 2,9%, 4,8% y 6,6% respectivamente, mientras que en Italia la tasa de paro retrocedió por segundo mes consecutivo, situándose en el 6,3% respecto del 8% de marzo y del 9,1% del pasado mes de febrero.

Por otro lado, la tasa de paro femenina en la UE subió al 6,8% desde el 6,7% de marzo, mientras que en la zona euro se mantuvo estable en el 7,6%. Entre los hombres, el desempleo en la UE subió tres décimas, hasta el 6,4%, mientras que en la eurozona se incrementó al 7% desde el 6,8% de marzo.

Entre los menos de 25 años, la tasa de paro era del 15,4% en la UE y del 15,8% en la zona euro, por encima del 14,6% y del 15,1% registrado, respectivamente en marzo. En cifras absolutas, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó en abril los 2,77 millones, de los que 2,23 correspondían a la eurozona, lo que implica un aumento de 159.000 jóvenes en paro en la UE y de 89.000 en la eurozona en comparación con el mes anterior.

En el caso de España, la tasa de paro juvenil se situó en abril en el 33,2% desde el 32,4% de marzo, la segunda más elevada de toda la UE, solo por detrás del 35,6% de Grecia en febrero, mientras que en Italia el desempleo entre los menores de 25 años descendió al 20,3% desde el 26% de marzo.

En cifras absolutas, en España registraba 538.000 jóvenes desempleados en abril, un incremento de 34.000 respecto del mes anterior y también en comparación con abril de 2019.

El Tesoro Público regresa este jueves a los mercados con una emisión en la que ofrecerá deuda a largo plazo y con la que espera colocar entre 6.500 y 8.000 millones de euros, tras aumentar su previsión de emisión bruta y neta como consecuencia de las mayores necesidades de financiación por la crisis del Covid-19.

El organismo volverá a testar a los mercados por primera vez después del anuncio de la propuesta de la Comisión Europea de un fondo de reconstrucción de 750.000 millones y tras el anuncio del propio Tesoro Público de elevar en 97.500 millones la emisión neta y en más de 100.000 millones la emisión bruta por el Covid-19.

En concreto, el Tesoro ofrecerá el jueves seis bonos a 3 años, con cupón del 0%; bonos a 5 años indexados a la inflación, con cupón del 0,15%; bonos a 5 años, con cupón del 0%; obligaciones a 10 años, con cupón del 0,5% y obligaciones a 15 años, con cupón del 1,85%.

Para determinar la evolución del coste de financiación, la referencia en los bonos a 3 años es el tipo de interés marginal del 0,282% registrado en la subasta del pasado 16 de abril; en los bonos a 5 años indexados a la inflación es el marginal del -1,046% marcado en la puja del pasado 7 de noviembre de 2019 y en los bonos a 5 años no indexados el tipo referente es el 0,070% de la subasta celebrada el pasado 21 de mayo.

En el caso de las obligaciones, la referencia a 10 años es el tipo de interés marginal del 0,720% registrado en la subasta del pasado 2 de abril, mientras que en las obligaciones a 15 años es un tipo del 1,202%, conforme a la última puja de este papel del 16 de abril.

Con la emisión de este jueves, el Tesoro da inicio al calendario de subastas del mes de junio, que contempla dos emisiones de letras, a 6 y 12 meses el día 9 y a 3 y 9 meses el día 16, y otra de deuda a largo plazo el próximo día 18.

AUMENTA LA EMISIÓN EN 100.000 MILLONES

El pasado 21 de mayo el Tesoro Público anunció una modificación de su programa de financiación para este año que prevé elevar la emisión neta en 97.500 millones de euros, hasta un total de 130.000 millones, e incrementar en algo más de 100.000 millones le emisión bruta, hasta alcanzar los 297.000 millones de euros, como consecuencia del la mayor necesidad de financiación por el aumento de la deuda pública para hacer frente a los mayores gastos derivados del Covid-19.

No obstante, a esta previsión de emisión neta se podrían descontar en torno a 15.000 millones que podría recibir España del sistema de reaseguro de empleo (SURE), así como la parte que perciba del fondo de reconstrucción europeo.

En detalle, estima una necesidad de financiación bruta para 2020 de 297.657 millones de euros, de los que 185.969 millones se prevé financiar mediante bonos y obligaciones y 111.688 a través de letras del Tesoro.

Desde el inicio de la crisis el Tesoro ha acelerado sus emisiones, de manera que ya ha financiado 143.491 millones de euros en el mercado, el 48,6% del nuevo objetivo establecido para 2020, de los cuales 101.738 millones han sido a medio y largo plazo (54,9% del objetivo) y 41.753 millones de euros han sido en letras (37,9% del objetivo).

A pesar del incremento en las necesidades de financiación y de la volatilidad financiera global, el coste medio de las nuevas emisiones en lo que va de año es del 0,31%, mientras que el coste medio de la deuda en circulación sigue bajando y se sitúa en el mínimo histórico del 2,02%. En paralelo, ha aumentado la vida media de la cartera de deuda del Estado a niveles máximos, hasta 7,74 años. El Gobierno estima que la ratio de carga financiera ronde el 2% este año.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que «sin lugar a dudas» está abierta a la posibilidad de que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) puedan extenderse hasta finales de año en aquellos sectores que lo necesiten.

«Hoy es una evidencia que la empresa y los trabajadores quieren que se extiendan más allá. En cuanto culminen las tareas de la comisión intersectorial, tendremos una hoja de ruta para saber qué sectores necesitan de ese acompañamiento más allá del 30 de junio. Desde luego tengo la clara convicción de que hay sectores que, por desgracia, van a requerir de ese acompañamiento«, ha explicado la ministra en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, preguntado en Antena 3 por si habría que alargar los ERTEs, ha afirmado que hay que estar «abiertos» a ello tanto en términos de secuencia temporal y como de sectores.

«Parece claro que todo lo que tiene que ver con la hostelería y, sobre todo con la parte de hoteles, va a ser lo que tarden más en recuperarse. Pero lo hay que hacer es bajar a mucho detalle, focalizarlo lo más posible, para hacer un uso mucho más eficaz de los recursos públicos», ha señalado Escrivá, que ha insistido en que hay que ser flexible y adaptarse a los acontecimientos según vayan sucediendo.

DESTRUCCIÓN MASIVA DE EMPLEO SIN LOS ERTEs

Volviendo a la ministra de Trabajo, Díaz ha señalado que sin los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) que rediseñó el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria, la destrucción de empleo hubiera sido «masiva» en España y la situación ahora sería «muy grave.

Así, ha subrayado que los ERTEs son un «amortiguador social», que en España han protegido a más de 3 millones de trabajadores, y en Alemania e Italia, a más de 10 millones y a casi 8 millones, respectivamente, y que allí no se plantea el debate de cuántos ERTEs se acabarán convirtiendo en EREs.

«A mi me entristece que se hagan esas formulaciones (…) La empresa tiene el compromiso de mantener el empleo seis meses», ha recordado la ministra, que ha destacado que ya hay 400.000 personas que han salido de los ERTEs para reincorporarse a la actividad laboral.

«Esto va muy despacio, pero va. Estamos trabajando no sólo para dar protección social, sino para garantizar el empleo, que es el principal problema que tiene España tras la crisis sanitaria», ha apuntado la ministra.

UN 2% DE LOS ERTEs LLEGAN CON DEFECTOS

Díaz ha afirmado que, a día de hoy, las prestaciones por desempleo reconocidas en los ERTEs están «prácticamente pagadas» y ha precisado que hay un 2% de procedimientos que muestran algún tipo de defecto en su tramitación.

Sobre si es sostenible la factura del desempleo, que ha supuesto la cifra récord de 5.121 millones de euros en el mes de abril, la ministra ha hecho hincapié en que «lo que no sería sostenible» es tener a las personas sin protección por desempleo.

«Los trabajadores cotizamos para tener protección por desempleo y claro que es sostenible desplegar una marea de protección intensa. (…) Nadie se cuestiona en Europa si esto es sostenible o no. No tenemos duda de que esto es lo que hay que hacer cuando los trabajadores lo necesitan», ha defendido.

La ministra no ha querido hacer «futuribles» sobre cuánto podría subir el paro en esta crisis y se ha limitado a señalar que se está lejos de las cifras que se llegaron a alcanzar en «mandatos anteriores» (un 27,2% en 2013). «Ojalá no lleguemos a esas cifras por el bien de nuestro país», ha añadido.

VE «IMPRESCINDIBLE» CAMBIAR LA LEGISLACIÓN LABORAL

Sobre el diálogo social, la ministra ha asegurado que el diálogo social es fundamental, porque los agentes sociales deben formar parte de las decisiones relevantes que se tomen en materia laboral, pero ha abogado por dirigirlo con «cierta discreción».

«Los agentes sociales siguen trabajando y deseo que cuanto antes podamos tener esa disposición para extender los ERTEs a los sectores que lo necesiten», ha añadido.

En cuanto a los cambios que quiere hacer el Gobierno en la reforma laboral, Díaz ha indicado que los datos laborales de la pandemia han puesto de manifiesto que es «imprescindible» cambiar la legislación laboral en España porque hay normas «que han precarizado absolutamente el mercado laboral» y han «agudizado» la contratación temporal.

En este sentido, ha afirmado que a España le va a costar más salir de la crisis precisamente por las debilidades de su mercado de trabajo, «que tienen el marchamo de la reforma laboral». «En esta crisis de alguna manera hemos esquivado la reforma laboral de 2012», ha apuntado.

La ministra ha insistido en que en cuanto lo permita la pandemia, el Gobierno y los agentes sociales retomarán los trabajos que ya habían iniciado antes de esta crisis para introducir cambios en la reforma laboral del PP.

Además, ha recordado que el Ejecutivo ya está trabajando en más legislación que verá la luz «en breve»: la regulación del teletrabajo y la protección social a los trabajadores de plataformas digitales, como los ‘riders’.

El 87,6% de las peluquerías trabaja por debajo del 50% de su capacidad en la desescalada y de estos establecimientos, el 62,97% está trabajando por debajo del 33% de su actividad, según un estudio de la denominada ‘Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías’, integrada, entre otros, por las firmas Marco Aldany, Luis&Tachi, Rizos o Llongueras.

El estudio, en el que han participado más de 3.700 peluquerías, refleja que el 80,5% de los salones de peluquería abrieron de forma mayoritaria el pasado 4 de mayo, desde el mismo inicio de la Fase 0, poniendo de manifiesto «su compromiso social y el carácter de servicio esencial con el que los profesionales y autónomos de las peluquerías desarrollan su trabajo».

Respecto al porcentaje de la plantilla con la que han iniciado su actividad, teniendo en cuenta que las peluquerías únicamente pueden reiniciar su actividad con un 30% del aforo de los establecimientos, el 62,26% de los locales ha abierto con menos del 33% de su personal.

Sobre las medidas y protocolos de higiene obligatorios para retomar la actividad, el sector de las peluquerías ha demostrado, según la Alianza, su rápida capacidad de respuesta en la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias, el distanciamiento interpersonal y la adaptación al sistema de cita previa.

En este sentido, los principales problemas que afronta el sector de las peluquerías para cumplir estos protocolos tienen que ver con su coste económico, ya que el 57,6% considera bastante o muy difícil asumir los gastos de las compras de guantes, mascarillas y sistemas de protección, en su mayor caso desechables tras un único uso, o las limitaciones respecto a la agilidad del servicio y la necesidad de realizar una atención personalizada de cada trabajador a cada cliente, que se considera bastante o muy difícil para el 51% de las peluquerías.

Con respecto a la capacidad de resistencia del sector a las limitaciones en la prestación del servicio con la que se puso en marcha el servicio en la Fase 0, el 63,7% de las peluquerías se encuentran al límite de su supervivencia, siendo «especialmente vulnerables» las peluquerías de Cataluña, Madrid o Castilla y León, que aún no han alcanzado la fase 2 en la que se flexibilizan las medidas, suprimiendo la cita previa o incrementando el aforo de los salones al 40%.

En relación a las medidas económicas de apoyo a las pymes activadas por el Gobierno español, el 90,8% de las peluquerías que han participado en el estudio consideran que es bastante o muy importante que se mantengan los ERTEs hasta recuperar la productividad de su negocio, mucho más allá de la finalización de la alarma nacional si se desea evitar la amenaza de desaparición del 42,4% de las peluquerías hasta un total de 20.400.

Teniendo en cuenta el «injusto» tratamiento fiscal en el que lleva ocho años instalado el sector de la peluquería con una IVA del 21% a pesar de considerarse un servicio esencial, el 99,2% de las peluquerías encuestadas considera que la bajada del IVA al 10% sería una «herramienta clave» para garantizar la sostenibilidad y viabilidad de estos pequeños negocios y salir de esta crisis económica.

En este contexto, la Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías ha reactivado los contactos con todos los grupos parlamentarios que apoyaron la PNL aprobada en 2018 que reclamaba la bajada del IVA y que «fue respaldada por los grupos políticos que dan sustento al actual gobierno de coalición».