La vigilancia cripto del Tesoro de Estados Unidos acaba de replegarse. FinCEN, la red de control del blanqueo de capitales que depende del Departamento del Tesoro, ha retirado dos propuestas que llevaban años atascadas: la regla de las ‘carteras no alojadas’ de 2020 y el plan de 2023 para marcar los mezcladores internacionales de criptomonedas como actividad de alto riesgo. El anuncio implica que los bancos ya no tendrán que escrutar con la misma intensidad las transacciones que sus clientes guardan por su cuenta.
El movimiento se ha formalizado con sendas notificaciones de la agencia, que se publican en el Registro Federal, el boletín oficial del Gobierno estadounidense. Llega después de años de resistencia del sector y de las organizaciones que defienden la privacidad. Y llega con un detalle que conviene subrayar: ninguna de las dos normas llegó a aplicarse.
Qué retiraba cada una de las dos normas
La primera, conocida como la regla de las ‘carteras no alojadas’ (unhosted wallets), se diseñó en 2020. Habría obligado a los bancos y a otras entidades financieras a informar de determinadas transacciones en cripto por encima de 3.000 y 10.000 dólares cuando el cliente custodiara los activos en una cartera propia, es decir, fuera de un exchange. Dicho de otro modo: si guardabas tus bitcoins en tu propio monedero, tu banco tenía que dar parte.
La segunda propuesta, fechada en 2023, era todavía más ambiciosa. FinCEN quería etiquetar el mixing (el uso de mezcladores, servicios que combinan fondos de muchos usuarios para dificultar el rastro de una transacción) como una ‘clase de transacciones de principal preocupación por blanqueo de capitales’. La definición que manejaba era tan amplia que abarcaba cualquier operación capaz de ocultar el origen, el destino o el importe de una transacción: fondos mancomunados, transferencias fraccionadas, monederos de un solo uso e incluso intercambios entre distintos activos.
Las entidades habrían tenido que entregar direcciones de cartera, hashes de transacción, direcciones IP y datos de identidad de los clientes. Los comentarios públicos advirtieron de que aquello podía tener un ‘efecto disuasorio sobre la actividad legítima’ y sepultar a los bancos bajo montañas de papeleo, según reconoció la propia FinCEN al justificar la retirada.
A quién beneficia y por qué se habla de victoria
La organización Coin Center, uno de los principales grupos de defensa de la privacidad financiera en Washington, calificó la noticia de ‘victoria significativa para la privacidad financiera’. Su argumento es sencillo: la definición de mezclador era tan amplia que barría técnicas de uso corriente entre usuarios normales, y como FinCEN admitía la dificultad de determinar dónde se producía una operación, las entidades más prudentes acabarían reportando incluso transacciones puramente domésticas.
El resultado, advertían, serían consecuencias colaterales graves para usuarios inocentes, con restricciones o cierres de cuentas incluidas. En el sector se teme que criterios de riesgo demasiado anchos dejen a personas que cumplen la ley sin acceso a servicios bancarios básicos.
Retirar una propuesta no equivale a legalizar el anonimato: significa que el Estado deja de tratar a cada usuario con cartera propia como un sospechoso.
El contexto político y lo que aún queda en el aire
El repliegue no es un hecho aislado. Se alinea con la política que la Casa Blanca viene marcando desde hace meses. Un informe de julio de 2025 del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados de Activos Digitales ya señalaba que ‘la Administración Trump apoya la capacidad de los usuarios legítimos de activos digitales de transaccionar de forma privada en una blockchain pública’, y pedía al Tesoro que reconsiderara la norma. El mismo texto reconocía que los delincuentes usan mezcladores para blanquear dinero, pero subrayaba que los usuarios legales recurren a ellos para proteger su privacidad.
Eso sí, FinCEN no ha dado un cheque en blanco a los mezcladores. La agencia sostiene que los actores ilícitos ‘siguen usando mezcladores y otras herramientas para entorpecer las investigaciones’, y avisa de que seguirá vigilando el blanqueo y la financiación del terrorismo y podrá actuar en el futuro. Traducido: retira las normas, pero conserva la potestad de volver a la carga.
Para el inversor de a pie, el cambio es ante todo una señal. Significa que, al menos por ahora, guardar cripto en una cartera propia no te convierte en sospechoso ni obliga a tu banco a reportar cada movimiento por encima de 3.000 dólares. Y significa que la privacidad on-chain, durante años tratada como un problema que había que corregir, empieza a reconocerse como un derecho también de quienes cumplen la ley. Puedes consultar las competencias de la agencia en la web oficial de FinCEN y repasar qué es un mezclador en su entrada de Wikipedia.
Conviene no perder de vista las contradicciones. Que una agencia retire dos propuestas no equivale a que el Congreso haya aprobado una ley: otra administración podría resucitarlas, y la presión regulatoria en Europa, con el reglamento MiCA (la norma europea que ordena el mercado de criptoactivos) como telón de fondo, empuja en la dirección contraria. La última vez que Washington dio un giro así fue en el ciclo que desembocó en la aprobación de los primeros fondos cotizados de bitcoin al contado en 2024, cuando la política pasó de la hostilidad al acomodo en cuestión de meses.
La clave que conviene seguir es si FinCEN concreta, más adelante, qué operaciones considera legítimas y cuáles no. Ahí se sabrá si la retirada es un cambio de fondo o solo un compás de espera.
