Kristin Smith, presidenta del Solana Policy Institute, sostiene que las normas que la SEC y la CFTC cierren antes del verano de 2028 serán muy difíciles de revertir. Lo dice después de que la Clarity Act, la ley que iba a fijar reglas federales para los activos digitales, se quedara sin votos en el Senado. Su lectura es incómoda para quien esperaba una solución legislativa rápida: el sector está ganando, pero por la puerta de atrás.
Conviene entender la diferencia, porque es el corazón del asunto. Una ley aprobada por el Congreso solo se deroga con otra ley. Una regla de agencia, en cambio, se tumba con un cambio de mayoría en la propia Comisión o con el mecanismo conocido como Congressional Review Act, que faculta al Congreso para anular normas recién aprobadas por mayoría simple. De ahí que el calendario se haya convertido en el activo más valioso del sector.
Smith no es una voz cualquiera. Dirige el Solana Policy Institute, el brazo de defensa regulatoria del ecosistema de Solana en Washington, y asume además de forma interina la dirección ejecutiva de la Blockchain Association, la principal patronal cripto estadounidense. Doble sombrero, doble peso en las conversaciones que se están celebrando este otoño.
Dos victorias ya en el bolsillo: la ley de stablecoins y el ajuste del IRS
Según las declaraciones que Smith ha trasladado a Bloomberg, la industria ya se ha apuntado dos tantos. El primero es la Genius Act, la norma estadounidense sobre stablecoins (monedas digitales ancladas al dólar), que da por fin un marco legal a un producto que vivía en zona gris. El segundo es un cambio en la regla de intermediarios del IRS, la agencia tributaria, que evitó que miles de operadores pequeños tuvieran que reportar sus transacciones como si fueran brókers de Wall Street.
Su argumento es que la pelea legislativa, incluso perdida, sirvió de cobertura política. Dicho de otro modo: mientras el Senado discutía la Clarity Act, los reguladores tuvieron margen para escribir normas sin que nadie les acusara de actuar por libre.
En paralelo, la CFTC, la agencia que vigila los mercados de derivados en Estados Unidos, ha abierto el periodo de comentarios públicos sobre las reglas del trading apalancado para clientes minoristas. Suena a detalle técnico y no lo es: define cuánto riesgo podrá asumir un particular con productos que hoy se comercializan casi sin freno.
La gran ley cripto sigue atascada, pero cada norma que sale de una agencia deja una huella más difícil de borrar que cualquier discurso.
Para el inversor en SOL hay una traducción sencilla. Cada regla que cristaliza reduce la incertidumbre sobre dónde puede cotizar el activo, quién puede custodiarlo y con qué productos se puede empaquetar. Y esa incertidumbre ha sido durante años uno de los mayores descuentos aplicados al precio.
El calendario manda: de 18 a 24 meses por norma y una ventana que expira en 2028
Smith pone cifra al proceso. Elaborar una norma en la SEC o en la CFTC lleva entre 18 y 24 meses entre propuesta, comentarios públicos, revisión, y publicación final. Ese plazo no es un capricho burocrático: es el reloj que marca la estrategia. Si el trabajo arranca ahora, el texto definitivo ve la luz en torno a 2028 y queda lo bastante atrás en el tiempo como para que el Congreso no pueda tumbarlo con el mecanismo exprés.
El resto depende de dos agencias y de una fecha. La SEC, el supervisor de valores, y la CFTC tienen por delante menos de dos años para cerrar el mayor número posible de reglas antes de que el ciclo político cambie de manos. Nada es definitivo. Todo es cuestión de tiempo.
Qué puede torcer el guion: dos obstáculos y un cambio de administración en 2029
Smith sitúa el regreso de la Clarity Act en dos escenarios improbables pero no imposibles: antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre o en la sesión de cierre posterior. Y nombra los dos frenos que explican el atasco: el negocio cripto de la familia presidencial y unos bancos que todavía no están del todo a bordo. Ninguno de los dos se resolverá antes de que acabe el año, según su lectura.
Su tesis es que la presión vendrá del suelo, no del techo. Cuando la banca tradicional y las firmas extranjeras empiecen a construir productos sobre reglas ya terminadas, deshacerlas saldrá caro: habrá contratos, licencias y operaciones en marcha.
No todo el sector compra el argumento. Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, una gestora de fondos cotizados de criptoactivos, admite que las ganancias actuales dependen por completo de las agencias y recuerda que una nueva administración podría revertir sus normas a partir de enero de 2029. Ahí está la contradicción de fondo: el sector celebra reglas administrativas precisamente porque son rápidas, y son rápidas porque son frágiles.
Para Solana, el terreno de juego es ya reconocible. La red ha construido buena parte de su atractivo institucional en la infraestructura de pagos y en los productos financieros que necesitan certeza legal para escalar. Un marco estable hasta 2028 da aire a esa estrategia. Un giro brusco en 2029 la dejaría a medio camino.
Queda menos de lo que parece. Las próximas decisiones de la CFTC sobre apalancamiento y los expedientes que la SEC mantiene abiertos dirán si la ventana de 2028 se aprovecha o se cierra en falso.
