El plan inversor de Red Eléctrica de 13.000 millones hasta 2031 se ha quedado sin su documento matriz. La Planificación eléctrica vinculante, que debía ordenar el periodo 2025-2030, avanza con un año de retraso y choca ahora con el adelanto electoral del 29-N. La consecuencia es mecánica: el operador del sistema no puede acometer ninguna actuación que no figure en ese texto.
El calendario aprieta. El Ministerio para la Transición Ecológica cerró en septiembre la ampliación de la Planificación por encima de los 17.000 millones de euros, un récord para el sector, después de analizar 2.566 alegaciones. El documento ha crecido un 30% desde que pasó por información pública. Y sigue pendiente de un trámite ambiental que puede demorarse varios meses.
En el ministerio no lo esconden. ‘Es pronto para poder responder. Dependerá de los plazos y las prioridades’, señalan fuentes oficiales. Con el 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, la agenda legislativa se ha convertido en un embudo.
La Planificación eléctrica avanza un año tarde y sin calendario
El marco jurídico añade otro frente. El Gobierno no necesita el sí del Congreso para aprobar la Planificación, pero la ley exige someterla a la Cámara. Con las Cortes disueltas, los servicios jurídicos estudian si el trámite puede canalizarse a través de la Diputación Permanente, la misma vía ensayada con los decretos de vivienda. La aritmética no acompaña: en ese órgano, PP, Vox y Junts no suman mayoría absoluta.
Hay un segundo frente, este político. Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, arrastra el desgaste del gran apagón de 2025 y su relevo se da por descontado como una de las primeras decisiones si cambia el Gobierno. Tres fuentes del entorno del PP la sitúan como la primera presidenta de una empresa controlada por la Sepi en salir.
La Planificación no es un documento orientativo: es la frontera legal de todo lo que Redeia puede invertir en la próxima década.
La compañía, matriz de Red Eléctrica, presentó en febrero el plan estratégico más ambicioso de su historia, con 13.000 millones a movilizar hasta 2031 —la cifra que Moncloa contemplaba en el proyecto inicial y que después elevó en 4.000 millones extra—. Redeia calculó entonces que su base de activos regulados, de la que depende su retribución, crecería un 35% en el periodo. La documentación consta en los registros de la CNMV. Todo ese edificio cuelga del mismo clavo.
Un cambio de Gobierno no pondría en duda la inversión en red, pero sí su reparto: menos hidrógeno, más centros de datos y prórroga nuclear.
Goldman Sachs señala a Enagás y mueve ficha en el resto del sector
El informe que Goldman Sachs publicó este martes, adelantado por El Mundo, pone nombre a los perjudicados. El banco mantiene recomendación de venta sobre Enagás y ya daba por hecho retrasos en sus planes de hidrógeno verde. Un cambio de Gobierno los agravaría, advierte, por los largos plazos legislativos y la incertidumbre adicional sobre la estrategia futura y la asignación de capital. La compañía detalla su hoja de ruta en su web corporativa.
La apuesta es mayúscula. El plan de Arturo Gonzalo Aizpiri contempla invertir más de 4.000 millones en hidrógeno hasta 2030 para que ese negocio pese más que el del gas. Ni el PP ni Vox lo consideran hoy una prioridad.
En el otro lado de la balanza aparece Solaria, cuyo negocio de centros de datos encaja mejor con un discurso menos restrictivo que el actual. El banco también anticipa un acercamiento de la prórroga nuclear, que aportaría entre 500 y 750 millones de euros de ebitda anual a Endesa e Iberdrola. Y avisa de la otra cara: si un nuevo Ejecutivo recorta los márgenes de comercialización eléctrica, Endesa podría perder un 7% de beneficio por acción, frente al 3% de Naturgy y el 2% de Iberdrola.
Dos relojes que no avanzan juntos: la inversión depende del BOE
Aquí conviven dos relojes que rara vez avanzan juntos: el regulatorio y el político. Redeia lleva toda su historia reciente atada a las planificaciones eléctricas, documentos que se aprueban con retraso sistemático y que después marcan cada euro invertido. La de 2021-2026 tampoco llegó a tiempo. Que la actual acumule un año de demora no es una anomalía: es la norma. La diferencia, esta vez, es que el retraso coincide con una disolución de Cortes y con la ampliación más agresiva que se recuerda, un 30% sobre un texto que ya había pasado por exposición pública.
A mi juicio, el mercado sigue valorando a Redeia como un activo regulado de bajo riesgo cuando su crecimiento depende de una decisión administrativa que ni siquiera está garantizada. Los 13.000 millones del plan estratégico se calibraron sobre un borrador; el documento definitivo contempla 4.000 millones más, pero también exige plazos que la compañía no controla. Es un perfil más frágil de lo que sugiere la etiqueta de infraestructura crítica.
Y hay un cuello de botella que conviene no olvidar. Si el expediente vuelve a información pública por la ampliación, el calendario se estira otros seis meses como mínimo. Una Planificación aprobada por un Gobierno en funciones tendría difícil defensa ante los tribunales. El sector lleva dos años operando con reglas que cambian con el BOE abierto.
¿Fallo estructural o accidente de calendario? Me inclino por lo segundo, con matices. La red de transporte necesita inversión con independencia de quién gobierne. Los centros de datos, la industria electrointensiva, y las nuevas plantas de generación están colapsando las solicitudes de conexión, y ningún Ejecutivo puede permitirse frenar eso durante un mandato entero. El riesgo real no es que la Planificación desaparezca, sino que se rehaga bajo criterios distintos —menos hidrógeno, más centros de datos y nuclear— y que Redeia pierda un año en el camino.
El hito a seguir es concreto: la resolución del trámite ambiental y la constitución de las nuevas Cortes. Todo lo que ocurra antes de esas dos fechas es ruido. Después, la compañía tendrá que explicar en su próxima cita con los inversores cuánto de su plan de 13.000 millones sigue en pie.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: La información disponible no recoge una reacción explícita de precio tras el informe de Goldman Sachs conocido este martes. El valor sigue anclado a la previsión de crecimiento del 35% de su base de activos regulados hasta 2031, una cifra que solo se confirma si se aprueba la Planificación.
Clave técnica: El catalizador a vigilar es la resolución del trámite ambiental. Si se demora más allá de la constitución de las nuevas Cortes, los 13.000 millones del plan inversor podrían quedar bloqueados durante al menos dos trimestres más, con revisión a la baja de la base de activos regulados.
Apunte macro: El riesgo electoral no es exclusivo de Redeia. Goldman Sachs cifra entre 500 y 750 millones de ebitda anual el impacto de una prórroga nuclear para Endesa e Iberdrola, y en un 7% del beneficio por acción el recorte de márgenes de comercialización en Endesa.
