El presupuesto para 2021 destinado a políticas de fomento del empleo alcanza los 7.405 millones de euros, un 29,5% más que en 2020, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año presentado este miércoles en el Congreso.

Con esta dotación, se priorizan e incrementan los recursos para impulsar la formación profesional para el empleo, las oportunidades de empleo, la orientación profesional y el fomento de la igualdad de oportunidades de empleo.

Se dotan créditos a financiar mediante el «Mecanismo de Recuperación y Resilencia» (MRR) de la Unión Europea por importe de 1.194 millones de euros. Estos fondos se destinarán al apoyo de reformas e inversiones «necesarias para una recuperación duradera, mejorar la resiliencia económica y social y apoyar la transición verde y digital en los Estados miembros».

El Ejecutivo explica que, si no se tienen en cuenta las actuaciones que se financian a través del «Mecanismo de Recuperación y Resilencia», el crecimiento de la política es del 8,6%.

Adicionalmente, en el presupuesto del Servicio Público del Empleo Estatal (SEPE) se incluyen transferencias a otras entidades del sector público estatal por importe de 206 millones de euros, con el objetivo de que estas desarrollen actuaciones de fomento del empleo.

2.771 MILLONES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL

En concreto, en la parte de la política que no se financia mediante el mecanismo de recuperación y resilencia destacan dos bloques: las actuaciones de inserción e incentivación de la contratación, con una dotación de 3.331 millones de euros, y la formación profesional para el empleo, con 2.771 millones, un 21,3% más. Un total de 1.655 millones de euros se destinarán a bonificar la contratación de los trabajadores con mayores dificultades, en total unas 684.000 personas, según los cálculos del Gobierno.

En concreto, por colectivos, un total de 320.000 autónomos se beneficiarán de las bonificaciones para su colectivo. Por otro lado, destacan las 110.000 personas que se podrán beneficiar de las bonificaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo y también las 110.000 personas por las bonificaciones en contratos de interinidad para sustituir trabajadoras en baja por maternidad.

De la cantidad destinada a la formación profesional para el empleo, 1.865 millones de euros se van a gestionar desde el Servicio Público de Empleo estatal y 906 millones de euros desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Estos 1.865 millones de euros destinados a la formación profesional para el empleo que se van a gestionar desde el SEPE se reparten en 339 millones de euros para la formación de parados; 1.084 millones para la formación de ocupados y 443 millones para oportunidades de empleo y formación.

De su lado, los 906 millones que gestionará el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 506 millones de euros serán para la oferta formativa para desempleados, 205 millones para los ocupados y 20 millones para acciones de carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación y desempleados.

La dotación para oportunidades de empleo, con un total de 910 millones de euros para 2021, se ha incrementado un 34,6%. El Ejecutivo explica que con estos créditos se financian, entre otras medidas, las actuaciones para impulsar la contratación de personas con discapacidad, así como el programa de fomento del empleo agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y en zonas rurales deprimidas, para el que se dotan 259 millones de euros.

Los Presupuestos también incluyen 526 millones para potenciar la orientación profesional, con un incremento del 64,6%. El objetivo es hacer la orientación profesional para el empleo «la puerta de entrada a los servicios públicos de empleo a través de un acompañamiento personalizado a lo largo de la vida laboral, para que todas las personas tengan las mismas oportunidades e información sobre el mercado de trabajo».

Para fomentar la igualdad de oportunidad y apoyar el incremento de la mujer al mercado de trabajo en plenas condiciones de dotan 20 millones. Por otro lado, para modernizar los servicios públicos de empleos se han dotado 85 millones para 2021.

PLAN DE CHOQUE PARA EL EMPLEO JOVEN

El próximo año se contempla el ámbito temporal previsto en el Plan de Choque de Empleo Joven 2019-2021, que tenía un coste estimado en los tres años de vigencia de 2.000 millones de euros, de los cuales 663 millones corresponden a las dotaciones previstas para 2021.

Por último, el programa ‘Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas’ tiene una dotación de 16 millones de euros para 2021, con un incremento en sus transferencias corrientes de 6 millones respecto a 2020, destinados principalmente para el desarrollo y ejecución de la Estrategia Española de Economía Social 2021-2027.

Se contemplan 1.194 millones de euros para actuaciones de fomento del empleo a financiar a través del ‘Mecanismo de Recuperación y Resilencia’. Los mayores importes en los que se divide esta partida, son de 355 millones para el empleo joven, de 315 millones para nuevos proyectos y de 298 millones para transformación digital y productiva.

Las pensiones, las prestaciones por desempleo y el pago de los intereses de la deuda suponen el 48,2% del gasto contemplado en los Presupuestos Generales del Estado previstos para 2021, según consta en el proyecto remitido este lunes por el Ministerio de Hacienda al Congreso.

Estas tres partidas suman un total de 219.984 millones de euros, lo que equivale al 48,23% de los 456.073 millones de euros de gastos presupuestados.

Estas tres partidas son las más cuantiosas junto a las transferencias a las comunidades autónomas, que suman 70.288 millones de euros.

El mayor gasto del presupuesto será el de las pensiones, que concentrarán 163.297 millones de euros, un 3,2% más respecto al avance de liquidación del presente ejercicio, así como un 35,8% del gasto total.

El gasto en esta partida se ha visto incrementado en un 66,6% desde 2008, cuando ascendía a 98.011 millones de euros.

Además, los PGE para 2021 incorporan el incremento de las pensiones contributivas en un 0,9% y un incremento del 1,8% de las pensiones mínimas y no contributivas, lo que beneficiará a un total de 9,9 millones de pensionistas.

Por su parte, la partida de desempleo cuenta con una asignación de 25.012 millones de euros, un 20,1% más y supone el 5,5% del gasto total. Las prestaciones por paro concentran unos recursos superiores a los Presupuestos de 2008, cuando se dedicaron 15.777 millones a esta partida.

En cuanto a la deuda pública, la partida vinculada a su coste asciende a 31.675 millones, un 0,4% más. El coste de la deuda tiene un peso del 6,9% sobre el gasto total.

Pese a la contención, la cifra es el doble de la que suponían los intereses de la deuda en 2008 (15.265 millones), cuando la deuda pública no representaba más del 34,3% del PIB y ahora ronda el 111% de la riqueza nacional.

Por distribución de grandes áreas de gasto, el 53,7% de los Presupuestos corresponde a gasto social, el 33,5% a actuaciones de carácter general, el 7,5% a actuaciones de carácter económico y el 5,2% a servicios públicos básicos.

De entre las partidas destinadas al área de gasto social, se destaca el refuerzo de la protección de los más vulnerables, la potenciación de la cohesión y la inclusión, eliminar la brecha de género, el refuerzo y resiliencia del sistema nacional de salud, y el impulso del capital humano como palancas del empleo y generación de oportunidades.

En esta área destacan la política de servicios sociales y promoción social, el desempleo, educación, sanidad y el acceso a la vivienda y fomento de la edificación.

Por su parte, en el área de gasto de actuaciones de carácter económico el refuerzo se concentra en el impulso de la transición energética, ecológica y digital, así como la modernización del tejido industrial y de la pyme. Destacan los incrementos en I+D+i y digitalización, industria y energía, comercio, turismo y pymes, e infraestructuras y ecosistemas resilientes.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 contemplan una dotación de 102 millones de euros para financiar ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible y a la transición «justa» a una economía descarbonizada.

Según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 presentado este miércoles por el Gobierno, estas subvenciones estarán gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera gastar hasta 64 millones de euros en ayudas a la movilidad eficiente y sostenible, mientras que unos 38 millones se destinarán a subvencionar la transición justa hacia una economía descarbonizada, tal como se especifica en el documento.

Todo ello después de que este año el Gobierno pusiese en marcha la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves II), que cuenta con un presupuesto de hasta 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible.

En la actualidad, el Ejecutivo subvenciona con hasta 5.500 euros la adquisición de un modelo ‘cero emisiones’, mientras que los fabricantes dan una ayuda adicional de 1.000 euros para incentivar su compra.

PLAN RENOVE

Por su parte, el nuevo proyecto de Presupuestos Generales también recoge los 250 millones de euros que el Gobierno destinará este año al Programa de Renovación de Vehículos 2020 (Plan Renove 2020), ya que está previsto que a lo largo de 2020 y 2021 se concedan ayudas vinculadas a este programa.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han confirmado que el Plan Renove estará disponible hasta el próximo 31 de diciembre, como aparece en sus bases, aunque las subvenciones previsiblemente se ingresarán a algunos ciudadanos el año que viene, por lo que tiene que aparecer este apartado dentro del presupuesto estatal.

Además, los presupuestos también recogen el plan de impulso a la cadena de valor de la industria de la automoción, que dispone de 21 medidas de tipo económico, fiscal, normativo, logístico, de competitividad, de formación y cualificación profesional, de compra pública sostenible y de planificación estratégica que dan cobertura a toda la cadena de valor de la industria.

Con un presupuesto de 3.750 millones de euros, incluye acciones de impacto a corto plazo, que ya están implementándose este año 2020, así como medidas estratégicas a medio plazo, que se implementarán y ejecutarán a partir de 2021 y que podrán ser financiadas también con el apoyo de los fondos europeos para la recuperación.

Entre las actuaciones a realizar se encuentran la renovación del parque de vehículos, la realización de inversiones y reformas normativas para impulsar la competitividad del sector, la potenciación de la capacidad de innovar ante los nuevos retos, la inclusión de incentivos fiscales complementarios, así como la puesta en marcha de medidas en el ámbito de la formación y cualificación profesional.

En el actual proceso de transformación económica y social, este plan posibilitará la rápida recuperación de una industria clave para nuestra economía, ya que representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y emplea a 650.000 personas de manera directa y a 2 millones de trabajadores de forma indirecta. Además, el plan también va a contribuir a paliar los efectos adversos de la Covid-19 sobre la competitividad del sector de la automoción en España, concediendo el apoyo necesario para asegurar la continuidad y liderazgo de la industria mediante su adaptación a los retos identificados y la orientación a la sostenibilidad», asegura la memoria explicativa de los presupuestos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado haber entablado contactos con Ciudadanos para excluir del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 el aumento de la presión fiscal sobre el diésel pero ha señalado que, en todo caso, en el Gobierno estarán «encantados de poder hablar» de esta cuestión durante la tramitación parlamentaria de las cuentas.

Todo ello después de que desde la formación ‘naranja’ haya asegurado haber alcanzado un «compromiso» del Gobierno para no equiparar la fiscalidad del diésel con la gasolina, subida conocida como ‘impuesto al diésel’ para sentarse a negociar las cuentas y respaldar su tramitación en la primera de sus votaciones, la de totalidad.

«En relación con la negociación de los grupos políticos, yo, el Ministerio de Hacienda, el comité de negociación, no ha tenido ese contacto con Ciudadanos», ha asegurado la ministra.

ASEGURA QUE HABRÁ ACUERDO CON EL PNV

Respecto a otra de las formaciones que ha expresado su disconformidad con la medida, el PNV, la titular de Hacienda ha asegurado que el PNV «es socio preferente» y ha dado por hecho que habrá acuerdo para aprobar las cuentas.

«Llegaremos a un acuerdo con el PNV y lo haremos a lo largo de este proceso, y donde se incorporarán diferentes enmiendas que vayan planteando». Si ese apoyo de el PNV llegará aceptando la eliminación de ese aumento fiscal, ha apostillado la portavoz del Gobierno, «habrá que dejarlo al cauce de la negociación.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno, Teresa Ribera, ha afirmado que los daños económicos y sociales de la pandemia perdurarán incluso con una vacuna para la población.

«Sabemos que los daños económicos y sociales todavía durarán tiempo, incluso más allá del momento que hayamos conseguido un tratamiento, una vacuna para la población», ha señalado Ribera en su intervención durante los VI Diálogos del Agua América Latina-España, donde también han participado el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza, entre otros.

En este contexto, la vicepresidenta ha subrayado que en el proceso de recuperación y salida de la crisis será importante tener en cuenta los conceptos de equidad y sostenibilidad, ya que es una crisis en la que será fundamental recortar las brechas y fortalecer los servicios básicos de las personas.

Así, ha recordado que las iniciativas de la recuperación destacarán por un nuevo pacto verde y un compromiso entre generaciones, ya que se tendrá que desarrollar «una recuperación que debe integrar los problemas de la sociedad de hoy pero no olvidar que aquello que haga hoy debe estar orientado a facilitar la resolución la anticipación de los problemas de nuestros hijos y nuestros nietos».

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica ha cifrado en 6.400 millones de euros y en unas 3.400 medidas la partida destinada a planificación hidráulica.

En este marco de inversión, ha indicado Ribera, el sector del agua será fundamental, a lo que se añade que la gestión de este recurso será probablemente distinta ante el avance del cambio climático.

Por ello, la apuesta de la vicepresidenta pasa por invertir en sistemas y redes flexibles de abastecimiento, que combinen fuentes de suministro naturales de agua, superficial o subterránea, con otros recursos como la depuración, la reutilización, en su caso la desalación.

La vicepresidenta ha explicado que el objetivo de la administración en esta materia es culminar la actualización de dicha planificación a finales de 2021, para que se generen unas nuevas inversiones en el futuro. Ribera ha indicado que desde el Ejecutivo se hace «especial énfasis» en desinfección y saneamiento del agua.

Por su parte, el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza, ha puesto de relieve el duro impacto de la pandemia en América Latina y el Caribe, tanto en la salud como en la economía, y ha recordado que una de las principales recomendaciones durante la epidemia, la de lavarse las manos, se hace difícil para al menos 165 millones de personas en la región que no tiene acceso al agua segura.

El presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2021 a 550.484 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,4% respecto a las cuentas de 2020, según el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que indica que si se excluyen los 26.634 millones correspondientes a los fondos europeos, el incremento se sitúa en el 13,6%.

Dentro del presupuesto de gastos, las operaciones no financieras ascenderán a 416.496 millones de euros, el 75,7% de todo el presupuesto consolidado, y un 17,5% más en comparación con el ejercicio anterior.

Las transferencias corrientes, por su parte, es el capítulo con mayor dotación, con un importe de 306.587 millones de euros, que representa el 55,7% de los gastos consolidados, un 12,8% más que un año antes. Si a este importe se le añaden las transferencias de capital, que ascenderán a 29.168 millones (+228%), el 61% del presupuesto consolidado se destina a partidas a otros agentes, públicos y privados, de la economía.

MÁS GASTO DE PERSONAL

Por su parte, los gastos de personal ascenderán a 25.018 millones de euros, un 4,5% más que un año antes, y los gastos corrientes de bienes y servicios suman 9.922 millones de euros, un 22,6% más. De su lado, los gastos financieros, que sumarán 31.740 millones de euros, caerán un 0,4% como consecuencia de los menores intereses de la deuda pública.

El fondo de contingencia y otros imprevistos contará con una dotación de 3.889 millones de euros, un 51,7% más, mientras que las inversiones reales, con un presupuesto de 10.172 millones, crecerán un 33,1%.

Dentro de las operaciones no financieras, los activos financieros sumarán 39.577 millones de euros, un 57,7% más; mientras que los pasivos financieros, con 94.411 millones, crecerán un 16%.

Por último, las operaciones financieras alcanzarán los 133.988 millones de euros, un 25,8% más que el importe presupuestado para 2020.

Ibercaja ha ampliado su oferta de productos de inversión sostenible, como parte de su campaña de planes de pensiones de 2020, en la que ofrece bonificaciones de hasta el 5% en traspasos y aportaciones bajo ciertas condiciones.

El banco suma el nuevo ‘Plan Ibercaja Confianza Sostenible’. De esta forma, amplía la oferta de esta gama a tres productos, en el marco de su compromiso con la inversión sostenible y como respuesta a una creciente demanda de una banca y finanzas más responsables por parte de sus clientes.

El nuevo plan, que invierte entre el 10% y el 30% del patrimonio en renta variable, complementa al ‘Plan Ibercaja Sostenible y Solidario’, que invierte entre un 50% y un 80% en renta variable con carácter global, y al ‘Plan Ibercaja Europa Sostenible’, que invierte entre un 75% y un 100% en renta variable, fundamentalmente de emisores europeos.

La gestión de estos planes se basa en criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR), llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) o ESG, en sus siglas en inglés.

BONIFICACIÓN

El banco ofrece hasta un 5% de bonificación de lo aportado o traspasado desde otras entidades a sus planes de pensiones individuales.

Para las aportaciones y traspasos superiores a 30.000 euros en planes de pensiones de Ibercaja, el partícipe puede obtener un abono en cuenta del 4% de lo aportado con compromiso de permanencia de 7 años. Ese porcentaje se incrementa al 5% si además se realizan aportaciones mensuales de cien euros durante el periodo de permanencia.

Para importes superiores a 8.000 euros, los clientes se podrán beneficiar de un abono del 3% si el compromiso es de 5 años de permanencia; de un 1,5%, si es de 3 años; de un 0,75%, si es de 18 meses. Las aportaciones y traspasos de cantidades inferiores a 8.000 euros se incentivan con premios entre 30 y 60 euros.

Los clientes que quieran beneficiarse de la promoción deberán haber realizado las aportaciones durante 2020 y en el caso de los traspasos de otras entidades, tendrán que solicitarlos entre el 3 de noviembre de 2020 y el 22 de enero de 2021.

GESTIÓN ACTIVA

La entidad también apuesta en esta campaña por sus planes de Gestión Activa global, con los que sus partícipes se benefician de una gestión activa, profesional y diversificada. Esta gama de planes permite mover la inversión del cliente en función de su perfil de riesgo y del tiempo que le quede para llegar a su jubilación.

De los cuatro productos, el ‘Plan Ibercaja Gestión Equilibrada’ es la alternativa más conservadora, adecuada para clientes con un horizonte de inversión a medio plazo y con una inversión en renta variable entre un 0% y un 20%. Frente a este producto, destaca el ‘Ibercaja Gestión Audaz’, con una inversión en renta variable entre el 50 y el 100%, dirigido a aquellos clientes más jóvenes capaces de asumir más riesgos.

Ibercaja cuenta además con otras alternativas dentro de su gama de planes para que todos sus clientes, sea cual sea su perfil inversor y edad, puedan encontrar aquellos que más les encajen y participar de una gestión profesional y diversificada de sus ahorros para la jubilación.

‘VAMOS CON TU FUTURO’

En el marco de la estrategia de Ibercaja de reforzar su posición referente en el ahorro finalista y ahorro para la jubilación, Ibercaja ha desarrollado ‘Vamos con tu futuro’, una web en la que los usuarios pueden resolver sus dudas y obtener respuestas para tomar las mejores decisiones en relación con su ahorro, para planificar y organizar su futuro.

‘Vamos con tu futuro’ muestra contenidos personalizados en función del perfil del usuario y de su comportamiento frente al ahorro y ofrece un panel de expertos al que poder plantear dudas. Además, dispone de herramientas de ayuda, como simuladores, con los que poder llevar a cabo cálculos sobre el ahorro, un apartado de experiencias y casos de otros ahorradores similares, y una agenda de eventos y contenidos de Ibercaja.

La nueva web refuerza la propuesta de valor del banco y la especialización de la entidad en el ámbito del ahorro. Asimismo, ‘Vamos con tu futuro’ se ha configurado siguiendo los valores de Ibercaja, como son la cercanía, la profesionalidad, la solidez y excelencia, el compromiso y la capacidad de adaptación.

La Asociación Española de Banca (AEB) y los sindicatos han acordado la extensión de la ultraactividad del convenio colectivo del sector bancario hasta el 31 de diciembre para poder seguir negociando el futuro convenio.

Según informaron fuentes sindicales, CC.OO. UGT y FINE han presentado un guion de negociación alternativo al que propuso la patronal el lunes y que contemplaba ampliar la movilidad geográfica y subidas salariales del 0,5% para 2022 y 2023.

El guion propuesto por los representantes de los trabajadores, denominado ‘esquema de líneas básicas de negociación del convenio’, hace referencia a la vigencia y ámbito de aplicación del convenio, la determinación del periodo previo de negociación en los procesos de reestructuración, la regulación del teletrabajo, la posibilidad de fraccionar las vacaciones, el disfrute de los permisos en días hábiles, la incorporación de la jubilación obligatoria y el aumento del capital del seguro de vida.

Asimismo, el guion de negociación de los tres sindicatos hace referencia a las mejoras en los préstamos, la transformación digital y los derechos digitales, las retribuciones, las coberturas de servicio en la misma plaza o próximas, la función comercial y requisitos para el reconocimiento del nivel 8, la adaptación del real decreto 6/2019 de igualdad y conciliación, la prevención de riesgos laborales, las comunicaciones sindicales y el régimen disciplinario.

Además, abre la posibilidad de ampliar el esquema introduciendo otros temas acordados por ambas partes.

El sindicato CC.OO. ha reconocido que las diferencias que les separan de la AEB «son muchas e importantes», pero confían en que al desarrollar los temas del esquema de negociación puedan obtener avances que permitan «atisbar un horizonte de acuerdo lo más pronto posible».

La próxima reunión para seguir negociando el nuevo convenio de banca, que sería de aplicación a entidades como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter, se ha fijado para el 10 de noviembre.

El presupuesto consolidado de ingresos alcanzará los 323.996 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,6% respecto al presupuesto de este año, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021.

La recaudación por impuestos directos (IRPF y Sociedades fundamentalmente) y cotizaciones sociales crecerá un 3,4%, hasta los 221.946 millones. De este total, 119.942 millones de euros, un 3,7% más, se corresponderá con los impuestos, mientras que por cotizaciones sociales se recaudarán 153.484 millones de euros, un 5% más que este año.

Por su parte, los impuestos indirectos, entre los que se encuentra el IVA, repuntarán un 9,1%, hasta los 51.480 millones de euros, mientras que las tasas y otros ingresos tributarios caerán un 3%, hasta los 14.255 millones.

Asimismo, las transferencias corrientes supondrán unos ingresos de 15.3423 millones de euros, lo que supone un 26,1% más que este año, al tiempo que el Gobierno espera recaudar por ingresos patrimoniales 8.401 millones, un 44,8% más.

De esta forma, las operaciones corrientes sumarán 311.505 millones de euros, un 5,7% más, mientras que las operaciones de capital repuntarán un 175%, hasta los 8.725 millones de euros.

Por último, los ingresos no financieros, con 320.230 millones, crecerán un 7,5%, mientras que los activos financieros, con 3.766 millones, registrarán una caída del 39,8% respecto a lo presupuestado este año.

El eurodiputado del PP y portavoz de Agricultura del Grupo Popular Europeo, Juan Ignacio Zoido, ha pedido que, tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos de la próxima semana, la UE comience a trabajar con el nuevo presidente «para lograr que se eliminen los aranceles que desde hace dos años gravan los productos agroalimentarios europeos y españoles, causándoles un grave perjuicio».

«Tan pronto como se sepa el resultado de las elecciones, la Comisión Europea y el Gobierno de España deberán retomar con prioridad las negociaciones para la eliminación de los aranceles, ya sea con la nueva administración de Donald Trump o con el equipo de transición de Joe Biden», ha dicho Zoido, según ha informado el PP en un comunicado.

El eurodiputado ‘popular’ ha defendido que «este asunto va más allá de ideología», y «miles de productores de vino, espirituosos, aceite de oliva, aceituna de mesa y otros tantos productos están al borde de la quiebra por culpa de la pandemia», por lo que «lo mínimo que podemos hacer es eliminar la pesada traba de los aranceles estadounidenses», según ha insistido Zoido durante una reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo con representantes de la Comisión Europea.

«Debemos buscar en la UE y en España el fin de una guerra injusta y absurda con Estados Unidos», ha añadido el eurodiputado andaluz, que ha preguntado a los representantes de la Comisión Europea si ya están trabajando en este sentido con la contraparte estadounidense.

AMENAZA DEL ‘BREXIT’ «DURO»

Zoido también ha advertido que la difícil situación de los productos agroalimentarios españoles por los aranceles de Estados Unidos «puede agravarse si se confirma la amenaza de un ‘Brexit’ duro si no se alcanza próximamente un acuerdo entre la UE y Reino Unido».

«Las consecuencias del veto ruso podrían parecer una broma a su lado si se implantan aranceles de manera automática en Reino Unido, uno de los principales mercados de exportación del sector agroalimentario español», ha avisado Zoido.

Por ello, el eurodiputado ‘popular’ ha pedido a la Comisión Europea que «explique si ya está preparando planes de contingencia, en especial para los productos perecederos, en caso de que llegue a producirse un escenario de ‘Brexit’ duro».

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una normativa para garantizar que todos los países del bloque establecen unos salarios mínimos «adecuados» y «decentes» a nivel nacional e impulsar la negociación colectiva para que al menos el 70% de los trabajadores de cada país estén cubiertos por este tipo de acuerdos.

La iniciativa no fija un salario mínimo europeo y ni siquiera obliga a los seis Estados miembros que no tienen salarios mínimos estaturarios a crearlos. En cambio, la normativa busca establecer una serie de criterios comunes que, respetando la soberanía de cada Estado miembro, sirvan para elevar la remuneración mínima de cada socio un nivel «decente».

Bruselas justifica la directiva argumentando que la globalización, la digitalización y los nuevos empleos atípicos han dado paso a una «polarización» de los mercados de trabajo caracterizada por un incremento de los puestos mal pagados.

Además, la crisis ha golpeado duramente a sectores con «una alta proporción de trabajadores de bajos salarios», como el turismo o el comercio minorista, y ha tenido un impacto más fuerte en «grupos desfavorecidos de la población».

«Si no actuamos, la pandemia puede elevar la desigualdad. La propuesta de hoy quiere evitarlo», ha explicado en una rueda de prensa el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, quien ha añadido que la mayoría de los empleados peor pagados son mujeres, por lo que las normas ayudarán también a cerrar la brecha de género.

En la actualidad, los salarios mínimos en la UE varían desde los 312 euros de Bulgaria hasta los 2.142 euros de Luxemburgo. Además, 21 Estados miembros funcionan, como España, con un sistema de salarios mínimos estatutarios, mientras que otros seis socios (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria, Italia y Chipre) se basan exclusivamente en la negociación colectiva.

INDICADORES COMUNES Y MÁS NEGOCIACIÓN COLECTIVA

A modo indicativo, Bruselas ha recordado que un salario mínimo equivalente al 60% del salario mediano bruto y al 50% del salario medio bruto de un país «pueden ayudar a guiar el análisis» para conseguir unas remuneraciones adecuadas.

En el caso de España, esto supondría subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.142 euros, según los cálculos de las autoridades comunitarias con datos de 2019. Pero se trata de unos umbrales que la directiva introduce como guía y no como obligatorios.

El comisario de Empleo y Política Social, Nicolas Schmit, ha defendido que la intención de la normativa no es «imponer» a todos los Estados miembros un mismo sistema de cálculo del salario mínimo. Al contrario, respetará que cada país establezca el suyo propio, en un mensaje claro para los países nórdicos, que siempre se han opuesto a una armonización del salario mínimo a nivel europeo.

De hecho, una de las principales medidas de la directiva es impulsar la negociación colectiva, especialmente en aquellos países en los que, como España, menos del 70% de los trabajadores están cubiertos por este tipo de acuerdo. A estos socios se les pedirá hacer «esfuerzos extraordinaros en consulta con los agentes sociales» en este sentido. En la misma línea, tendrán que establecer un marco que impulse la negociación colectiva ya sea a través de instrumentos legislativos o de acuerdos con sindicatos y patronal.

Además, la directiva exigirá a todos los Estados miembros que establezcan un sistema de sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias» en caso de incumplimientos de las leyes nacionales sobre salarios mínimos.

Los gobiernos europeos también tendrán que desarrollar herramientas «efectivas» de recolección de datos sobre la adecuación y la cobertura del salario mínimo, con vistas a informar una vez al año a la Comisión Europea.

Aquellos Estados miembros que cuentan con sistemas de salario mínimo establecido legalmente tendrán que cumplir una serie de criterios adicionales, puesto que es en estos países donde menos trabajadores están cubiertos por acuerdos entre sindicatos y patronal y donde hay mayor incidencia de salarios bajos.

Así, tendrán que fijar criterios «estables y claros» para calcular el salario mínimo y realizar actualizaciones «regulares y oportunas». La directiva también les obligará a limitar el uso de variaciones y deducciones para grupos específicos de trabajadores.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla con el compromiso adquirido el pasado 3 de julio, reactivando de manera «inmediata» las diferentes mesas del diálogo social.

En una carta, ambos líderes sindicales han resaltado que este compromiso no se ha adquirido y han manifestado su malestar por las informaciones que apuntan que el Ejecutivo «deja atrás» la derogación de la reforma del PP o la pretensión de implantar la ‘mochila austriaca’.

Para los sindicatos, esto requiere «un serio debate». «Hemos practicado una política de consenso y diálogo continuada por el bien de las personas trabajadoras de este país, política que ha fructificado en numerosos aspectos positivos a pesar de la gravedad de la situación», han remarcado.

Sin embargo, creen que «la aparición en prensa de referencias que quiebran el espíritu de diálogo enunciado suponen una demostración de unilateralidad y exclusión sorprendente».

Por ello, ambos líderes sindicales han solicitado a Sánchez que convoque «a la mayor brevedad» las mesas del diálogo específicas para abordar, en sentido constructivo, «unas normas que solo han servido para aumentar la desigualdad, impedir la adecuación de nuestro mercado de trabajo, y favorecer comportamientos empresariales indeseables».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entregado este miércoles a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, el primero del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Montero ha llegado pasadas las 15.20 horas al Patio Floridablanca de la Cámara Baja, donde ha posado siguiendo las recomendaciones sobre el Covid, junto a la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque.

A continuación, han entrado pasadas las 15.30 horas al interior del Palacio para que la ministra entregase el proyecto de ley a la presidenta del Congreso en el Salón de Pasos Perdidos.

Allí les esperaba la portavoz de la Comisión de Presupuestos, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido. Montero y Batet han llegado al Salón de Pasos Perdidos, ‘tablet’ en mano cada una, y han posado para la prensa con el proyecto de Presupuestos, también con el clásico formato del ‘libro amarillo’ y con un ‘pendrive’ que contenía las nuevas cuentas.

La ministra ofrecerá después una rueda de prensa a las 16.00 horas en la Sala Ernest Lluch para detallar las nuevas cuentas públicas.

COMPARECENCIAS EN UNA SEMANA Y PRIMERA VOTACIÓN EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE

Tras recibir hoy los PGE, la Mesa del Congreso se reunirá para calificar el proyecto, que este viernes se publicará ya en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Además, la Mesa abrirá un plazo hasta el día 30 de octubre a las 14 horas para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno y organismos públicos, que explicarán las cuentas entre el 4 y el 6 de noviembre.

El plazo para presentar enmiendas a la totalidad solicitando la devolución del proyecto finalizará a las 14 horas del viernes 6 de noviembre, y los días 11 y 12 de noviembre será su debate y votación.

En ese debate Montero defenderá su proyecto ante el Pleno y las enmiendas a la totalidad se votarán en una tocada (una única votación), bastando más votos a favor que en contra. Si superan ese examen, los primeros PGE del Gobierno de coalición pasarán a la fase de la discusión de su articulado y las enmiendas parciales, que deberán presentarse antes de las 14 horas del 16 de noviembre.

La fecha establecida para el informe de la ponencia es hasta el 20 de noviembre y para el dictamen de la Comisión hasta el 27 de noviembre.

Tras su paso por ponencia y comisión, el proyecto volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre al 3 de diciembre para la votación de cada una de las secciones de los Presupuestos (las cuentas de cada Ministerio). El derribo de una sola sección provoca la caída de todo el proyecto.

Según el borrador del calendario de sesiones plenarias, el último Pleno de 2020 está previsto para la semana del 15 al 17 de diciembre. Posteriormente se remitirían al Senado y después se devolverían al Congreso para aprobarlos definitivamente con o sin cambios.

El objetivo del Gobierno es tener aprobados los PGE a principios de 2021, que ya cuentan con los apoyos «suficientes», siendo plausible el ‘sí’ de los grupos que apoyaron la investidura, como ERC, JxCAT o Bildu, aunque también está abierta la opción de Ciudadanos.

RÉCORD EN GASTO SOCIAL E INGRESOS

Los PGE «expansivos, progresistas e imprescindibles para la recuperación» contendrán un gasto récord de 383.542 millones, un 33,3% más, incluyendo 26.634 millones adelantados de los fondos europeos (7% del total), con la «mayor inversión en gasto social de la historia», de 239.765 millones, un 10,3% más, el 52,6% del total, de los que un 35,8% será gasto en pensiones (163.297 millones) del gasto total de los PGE (456.073 millones, un 20,1% más).

Las nuevas cuentas prevén una recaudación récord de 222.107 millones, un 13% más, al que contribuirá un aumento del IRPF, Sociedades y Patrimonio a rentas altas, el alza del diésel, a las primas de seguros o el aumento del IVA de bebidas azucaradas al 21%, al tiempo que suben el sueldo de funcionarios un 0,9%, así como las pensiones, elevan un 1,8% las no contributivas y un 5% el Iprem.

Sube el gasto en pensiones (163.297 millones, +3,2%), equivalente al 35,8% del total; otras prestaciones (20.623 millones, +7,9%), Sanidad (5.088 millones, +151,4%); Educación (4.893 millones, +70,2%), con récord en becas; Cultura (1.148 millones, +25,6%); desempleo (25.012 millones, +20,1%), fomento del empleo (7.405 millones, +29,5%), infraestructuras (11.527 millones, +114,8%), Vivienda (2.253 millones, +367,9%); Agricultura, Pesca y Alimentación (8.405 millones, +10,2%), Industria y Energía (11.166 millones, +103,9%), Comercio, Turismo y Pymes (2.230 millones, +150%) o I+D+i (11.483 millones, +80,1%).