Enagás ha sellado definitivamente el Castor. Los 13 pozos del fallido almacenamiento submarino de gas, frente a las costas de Castellón, cuentan ya con tres tapones cada uno. El coste estimado de los trabajos asciende a 241 millones de euros, a la espera de las certificaciones finales que den por cerrada la operación.
La operación llega casi siete años después de que el Consejo de Ministros, el 31 de octubre de 2019, ordenara el sellado y abandono definitivo de los pozos a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El gestor del sistema gasista ha ejecutado unos trabajos de gran complejidad y alto nivel de especialización técnica, según ha detallado la propia compañía.
Del sueño de ACS al sellado con tres tapones por pozo
Para colocar las barreras que garantizan el sellado permanente, Enagás ha desplegado la plataforma marina flotante Jack Up Noble Resolve. Los trabajos han incluido el corte de los revestimientos de los pozos —los conductores— a más de tres metros por debajo del lecho marino, eliminando cualquier elemento que sobresaliera por encima del fondo. El resultado es un lecho marino completamente despejado y libre de las tuberías asociadas a los pozos.
Los tapones permanentes cuentan con la aprobación de un tercero independiente, el Well Examiner, conforme a lo preceptivo en el Real Decreto 1339/2018 de seguridad offshore. Las operaciones cumplen además con la normativa española y con los estándares internacionales de abandono de pozos offshore, las OEUK P&A Guidelines, según el gestor del sistema gasista, que subraya que se han respetado los criterios ambientales y de seguridad de la Declaración de Impacto Ambiental.
Con este sellado se cierra una de las etapas más relevantes del proceso, iniciado con la hibernación técnica del almacenamiento. Esa fase previa incluyó el sellado temporal de los pozos y dejó la instalación preparada para la fase final de desmantelamiento de las estructuras de superficie, tanto marinas como terrestres.
El sellado de los trece pozos cierra el capítulo técnico del Castor, pero deja intacta la pregunta sobre quién asume la factura pública del fracaso.
El recorrido del almacenamiento ha sido largo y accidentado. El proyecto, promovido por ACS y Escal, fue abandonado tras provocar centenares de seísmos en su puesta en marcha. La hibernación y el sellado temporal llegaron al amparo del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, con el que el Gobierno adoptó medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares. La norma llegó con el almacén ya inoperativo.
Un almacén concebido para reforzar el suministro terminó convertido en un pasivo geológico, ambiental y financiero de difícil digestión.
El sellado definitivo corona una secuencia ejecutada por fases. Primero llegó el análisis de la situación de los pozos; después, la inertización de las instalaciones y la preservación de los equipos; más tarde, el sellado temporal y, finalmente, el abandono permanente. Cada etapa exigía verificar la integridad del pozo antes de avanzar a la siguiente, un procedimiento que alarga los plazos y encarece los trabajos.
El mandato de abandono llegó en 2019, cuando el Gobierno descartó cualquier intento de reflotar el almacén. La decisión del Consejo de Ministros fijó el marco del sellado y trasladó a Enagás, como gestor técnico del sistema, la responsabilidad de ejecutar los trabajos. El capítulo técnico, cerrado; la factura, otra historia.
El desmantelamiento de superficie, la siguiente factura
Con los pozos ya sellados queda por delante la retirada de las instalaciones de superficie. El Castor cuenta con dos: la planta de operaciones de tierra, en el término municipal de Vinaròs (Castellón), y la estructura marítima superior, situada en aguas territoriales españolas a 21,6 kilómetros de la costa mediterránea.
Ambas están unidas por un gasoducto de 30 pulgadas de diámetro y 30,3 kilómetros de longitud, con un tramo submarino de 21,6 kilómetros y otro terrestre de 8,7 kilómetros, además de una línea paralela de comunicaciones de fibra óptica. La instalación marina estaba constituida por una plataforma de pozos (WHP) y una plataforma de proceso (PUQ), unidas entre sí por una pasarela. De la WHP partían los 13 pozos que descendían hasta el almacenamiento: 8 de producción, 4 de monitorización y 1 de reinyección de fluidos.
Un cierre técnico que no borra la factura pública
El sellado de los pozos cierra la etapa más visible del Castor, pero no zanja la pregunta de quién asume la factura completa. Los 241 millones de euros son el último tramo visible de un proyecto que naufragó hace más de una década y que desde entonces ha generado costes de mantenimiento, hibernación, y abandono. El desmantelamiento de las instalaciones de superficie añadirá una partida más, todavía sin cifra pública cerrada.
La historia del almacenamiento deja una lección incómoda para la planificación energética española. Una infraestructura concebida para reforzar la seguridad de suministro en el Mediterráneo acabó convertida en un problema geológico y financiero. La secuencia —puesta en marcha, sismicidad inducida, hibernación y abandono— muestra los límites de autorizar proyectos subterráneos sin un conocimiento suficiente del subsuelo. El gas de respaldo sigue siendo una pieza del sistema, pero el Castor recuerda que su viabilidad depende de algo más que de la ingeniería.
El abandono de pozos offshore es, además, un mercado en expansión en el norte de Europa, donde decenas de instalaciones maduras afrontan el mismo trámite. La experiencia del Castor sitúa a Enagás ante un ejercicio de transparencia poco habitual en España: la compañía tendrá que explicar no solo cómo retira la plataforma, sino cuánto cuesta y quién lo paga.
El desenlace interpela también al diseño de las autorizaciones gasistas. España ha construido en las últimas décadas una red de almacenamientos y plantas de regasificación pensada para un consumo que ya no llega. Cada proyecto que se queda por el camino deja una factura que rara vez asume quien lo promovió. Ese es el nudo que el Castor deja sobre la mesa.
Nadie discute ya el desenlace técnico. El fondo marino está limpio y los pozos, sellados. Lo que falta es el cierre administrativo: qué calendario maneja Enagás para retirar la plataforma y el gasoducto, qué coste final asume el sistema gasista y cómo se reparte entre los contribuyentes. La certificación final de los trabajos, aún pendiente, marcará el primer hito verificable de esa última fase.
