El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, sitúa el veredicto de Bruselas sobre las próximas fusiones del sector como la prueba real del giro regulatorio europeo y del margen para la consolidación teleco en España.
Lo dijo este lunes en Madrid, en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. La industria ha «avanzado mucho en el diagnóstico», hasta el punto de considerarlo «quizás ya sobrepasado», mientras la ejecución va «muy limitada». Ese contraste resume su tesis.
Las cifras que maneja el directivo no dejan margen a la interpretación. De las medidas fijadas por los informes europeos sobre competitividad solo se ha ejecutado un 15%, y en el terreno tecnológico, de las 47 actuaciones planteadas únicamente tres están implantadas. «Estamos lejos de donde teníamos que estar y va a exigir un sobresfuerzo», admitió.
Del diagnóstico a la ejecución: los dos reglamentos que espera el sector
En el plano normativo, Telefónica identifica dos piezas decisivas: el reglamento de redes digitales y el de concurrencia. Ambos cuentan con borradores que «apuntan a buen camino», aunque el consejero delegado mantiene la cautela porque «no dejan de ser todavía un borrador». Para el inversor, sin texto definitivo no existe calendario regulatorio firme.
La petición a la Comisión Europea es doble: que la regulación evolucione rápido y que lo haga hacia la promoción de la inversión. Añadió una petición expresa de perspectiva largoplacista. «Casi le pediría a Bruselas que piense como las empresas familiares», señaló ante el auditorio. La ecuación es simple: sin una señal de Bruselas, la consolidación del mercado europeo seguirá bloqueada.
El sector no espera discursos: espera que Bruselas autorice una fusión sin que los compromisos exigidos vacíen de sentido la operación.
En paralelo, Gayo desplegó su tesis sobre la autonomía estratégica abierta. La soberanía tecnológica europea, dijo, no equivale a autarquía ni obliga a producir todo del cero al cien por cien.
Las tres preguntas de la soberanía digital
- Dónde y quién controla los datos y sus contraseñas.
- Quién opera los sistemas y las plataformas ante una crisis.
- Qué grado de control real existe sobre las soluciones y los proveedores.
El diagnóstico no invita al optimismo a corto plazo. Europa no fabrica chips y tardará años en cerrar esa dependencia, por lo que el directivo reclama regulación que permita ganar escala, escala para financiar inversión y ejecución «con valentía» por parte de las compañías.
El mapa de consolidación que espera el veredicto
España es el mejor laboratorio de lo que viene. La integración de Orange y MásMóvil alumbró MásOrange en 2024 con compromisos ante Bruselas, y la entrada de Zegona en Vodafone España se cerró ese mismo año tras el examen de las autoridades españolas. Digi se ha asentado como cuarto operador con espectro arrendado.
En el plano europeo, la mayoría de los operadores sostienen desde hace años que el mercado necesita menos operadores y más escala, mientras los inversores institucionales que pueblan el accionariado del Ibex —BlackRock entre ellos— premian las operaciones con sinergias verificables. En Telefónica, el Estado controla cerca del 10% del capital a través de la SEPI y Saudi Telecom ronda el 9,9%.
El regulador, además, no es uno solo. La Dirección General de Competencia examina las operaciones que superan los umbrales comunitarios, la CNMC vigila los mercados mayoristas españoles y el tratamiento del espectro radioeléctrico se ha desplazado desde el afán recaudatorio hacia la lógica de red, un cambio que Gayo citó como señal de que algo se mueve.
Por qué el veredicto pesa más que la retórica
La historia reciente invita a la prudencia. Bruselas bloqueó en 2016 la fusión de Hutchison con O2 en el Reino Unido y desde entonces el sector arrastra el temor a que cualquier operación de cuatro a tres operadores acabe en veto o en remedios que destruyan el caso de negocio.
Los últimos precedentes son mixtos. La Comisión autorizó Orange y MásMóvil en España en 2024, con cesión de espectro a Digi como contrapartida, y también aprobó la fusión británica entre Vodafone y CK Hutchison con condiciones exigentes. El criterio no es el tamaño, sino la evidencia de que la operación no daña al consumidor ni al mercado mayorista.
Para Telefónica, el calendario juega en contra. La compañía cerró 2025 con pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones de euros, presentadas el 24 de febrero de 2026, y necesita un marco que premie la inversión en redes para rentabilizar su base de infraestructura. Cada trimestre de espera regulatoria es un trimestre de capex comprometido.
La pelota está, por tanto, en el lado de la Comisión. Si el próximo examen de una fusión teleco se resuelve con remedios razonables, el sector leerá la señal y moverá fichas; si se repite el patrón del veto, los planes quedarán congelados otros cinco años. La Comisión Europea tiene la llave, y Gayo lo sabe.
Sobre la inteligencia artificial, Gayo pidió «prudencia» y advirtió de que el aumento exponencial del tráfico de datos obligará a una nueva reinvención del sector. «Nos ha pasado durante 102 años y nos sentimos preparados para seguir haciéndolo», zanjó.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La próxima notificación de concentración que llegue a la Dirección General de Competencia y el texto final de los reglamentos de redes digitales y concurrencia.
- Reacción del valor: El mercado descuenta un marco más permisivo; sin avances concretos, la prima de consolidación que cotizan las telecos europeas tiene poco recorrido.
- Precedente sectorial: Orange y MásMóvil en España y Vodafone con CK Hutchison en el Reino Unido se cerraron con remedios; el veto a Hutchison y O2 en 2016 marca el escenario adverso.
