La red eléctrica colapsada ya pone cifras a un bloqueo que golpea de lleno al mercado residencial. Unos 2.100 MW de capacidad de conexión solicitados por promotores de vivienda fueron rechazados a finales de 2025 en toda España, según los datos recogidos por El Periódico de la Energía. El resultado: entre 300.000 y 360.000 viviendas sin acceso a la luz y cientos de promociones inmobiliarias paradas.
Lo llamativo no es solo el rechazo, sino lo que sí se concedió y no se construye. Las distribuidoras aprobaron 2.400 MW de capacidad para nueva vivienda, el equivalente a unas 400.000 casas que deberían estar levantándose ya. La capacidad reservada no siempre se traduce en grúas.
El problema no es una novedad de este ejercicio. Viene de años atrás y se ha ido agravando conforme la electrificación de la demanda —vehículo eléctrico, bombas de calor, centros de datos— competía por los mismos megavatios disponibles en los nudos más tensionados.
España tiene uno de los recursos de generación más baratos de Europa y, al mismo tiempo, no logra conectar el contador de una promoción que se levanta a pocos kilómetros de un nudo saturado. La paradoja se repite en los entornos metropolitanos, donde la presión de precios de la vivienda es mayor y donde la red está más congestionada.
El acceso a la red eléctrica rechazó 2.100 MW de vivienda en 2025
El embudo tiene geografía. Los rechazos se cierran allí donde se construye y donde la red ya no da más de sí, y afectan tanto a promociones completas como a suelos urbanizados que aún no han salido a comercialización. Cada negativa obliga al promotor a esperar refuerzos, a asumir sobrecostes o, directamente, a paralizar el proyecto.
La red no se ha saturado por exceso de generación renovable, sino por una década de inversión insuficiente en los nudos donde vive la gente.
La patronal ASPRIMA lleva años advirtiendo de este freno. El informe que publicó el año pasado subraya que la falta de coordinación entre la planificación urbanística y la planificación eléctrica obliga a los promotores a asumir sobrecostes significativos y a esperar refuerzos de red que retrasan los proyectos y comprometen su viabilidad.
Priorizar la vivienda en la cola del acceso eléctrico es una decisión política con coste: alguien saldrá de la fila, y los candidatos son los centros de datos.
El documento agrupa las propuestas en cinco ámbitos que atacan los cuellos de botella desde el planeamiento, la tramitación y el reparto de costes:
- Capacidad: flexibilizar los límites de inversión en redes e impulsar inversiones anticipatorias ligadas a desarrollos con planeamiento aprobado.
- Optimización: reservar potencia para todo el desarrollo, pero activarla de forma progresiva conforme avanza la urbanización.
- Tramitación: ventanilla única autonómica, silencio administrativo positivo y plazos máximos y sancionables para las propuestas de conexión.
- Infraestructuras: incorporar de forma vinculante la ubicación de subestaciones y centros de transformación en el planeamiento.
- Costes: que las infraestructuras troncales se financien con el sistema eléctrico y no recaigan en el promotor.
Jorge Ginés, director general de ASPRIMA, resume la posición del sector: ‘Estas medidas combinan soluciones regulatorias y operativas para acelerar la conexión de nuevos desarrollos, reducir costes y aportar certidumbre tanto a promotores como a las administraciones’. En la misma línea, defiende priorizar la vivienda como uso de interés social dentro de la planificación eléctrica y simplificar los trámites para desbloquear miles de viviendas y optimizar la inversión en red.
Permisos de conexión: de los centros de datos al hogar
El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto la puerta a que las promociones inmobiliarias y servicios como los hospitales tengan algún tipo de preferencia en el acceso y la conexión frente a otros sectores económicos. Los grandes consumidores industriales y los centros de datos serían los principales afectados por ese cambio de orden. Eso sí, la letra pequeña todavía no existe.
Todo queda pendiente de la Planificación de la red con horizonte 2030, que sigue sin aprobarse y que determinará si las conexiones residenciales se aceleran o si el atasco se cronifica. Ahí se medirá la promesa. Mientras llega, la cola funciona por orden de llegada y de disponibilidad de nudo.
La competencia por esos megavatios no es menor. Los centros de datos se han convertido en el gran cliente eléctrico de la década y pelean por los mismos nudos que una promoción de viviendas. Las grandes eléctricas llevan meses pidiendo más redes precisamente para atender ese aluvión de demanda, una petición que se topa con los límites de inversión que la normativa impone a las distribuidoras.
En el plano político, el Partido Popular ha anunciado un plan de choque para conectar cuanto antes a la red miles de viviendas y nueva demanda. Falta el detalle, y el detalle es lo que decide si un plan de choque es un titular o un calendario.
El coste del atasco no se queda en el promotor. Cuando las infraestructuras troncales se financian con cargo al desarrollo, el sobrecoste acaba incorporándose al precio final de la vivienda. Es la parte menos visible del problema: la red eléctrica colapsada empuja el ladrillo hacia arriba y añade viviendas sin luz a un mercado ya tensionado.
Por qué la red se quedó corta y qué se juega España
El bloqueo en el acceso a la red eléctrica no es un accidente de coyuntura, sino el resultado de una secuencia de decisiones. Durante años, el esfuerzo político y regulador se concentró en descarbonizar la generación: subastas renovables, récords de potencia instalada y precios mayoristas competitivos. Las redes de distribución y transporte, el eslabón que conecta esa electricidad con el consumo, quedaron en segundo plano. El resultado es un sistema que genera barato y conecta tarde.
La contradicción está servida. La misma red que no logra conectar vivienda es la que debe absorber la electrificación del transporte, la climatización y la nueva economía digital. La capacidad no es infinita, y cada megavatio asignado a un nudo es un megavatio que no se asigna a otro. Priorizar la vivienda es, por tanto, una elección de política económica con ganadores y perdedores.
Los precedentes cercanos no invitan al optimismo. ASPRIMA lleva más de un ejercicio señalando los mismos cuellos de botella, y las soluciones que propone —ventanilla única, silencio administrativo positivo, plazos sancionables, reserva progresiva de potencia— son medidas de gestión, no de ingeniería. No dependen de que exista tecnología, sino de que exista voluntad administrativa para cambiar procedimientos que hoy reparten el coste en el eslabón más débil de la cadena.
Hay además un riesgo que el propio sector apunta y que conviene no pasar por alto. Si la prioridad residencial llega sin capacidad adicional, el efecto será un reparto distinto del mismo atasco: la vivienda conectará antes y el desarrollo industrial y digital se retrasará en la misma proporción. Sin planificación eléctrica alineada con el urbanismo, la reforma cambia el orden de la cola sin acortarla.
La pregunta que queda abierta es sencilla de formular y difícil de responder: si el orden lo fija el criterio de interés social o lo siguen fijando los calendarios administrativos. La respuesta se verá cuando se apruebe la Planificación de la red con horizonte 2030 y cuando las distribuidoras apliquen los nuevos criterios de prioridad en sus propuestas de conexión. Hasta entonces, las 350.000 viviendas seguirán esperando su enchufe.
