Cuando se tiene un negocio propio es fundamental estar al tanto de la legislación en vigor para no cometer infracciones. En el caso de los autónomos del sector de la alimentación esto se vuelve todavía más importante.
Y precisamente a ellos va a afectar la nueva normativa orientada a la reducción de los desperdicios de comida, que previsiblemente entrará en vigor a principios del año 2023.
Lucha contra el desperdicio de comida

Los hogares y los negocios españoles tiran cada año a la basura toneladas de comida. Esto es contrario a los criterios de sostenibilidad que se imponen desde la Unión Europea, por lo que los países ya están haciendo cambios.
En los últimos años hemos visto cómo los supermercados ofrecen alimentos próximos a su fecha de vencimiento a un precio más bajo, o cómo los restaurantes ofrecen la comida sobrante también rebajada a través de apps especializadas. Pero no es suficiente.
Cambios legislativos que afecta a los autónomos del sector de la alimentación

A fin de reducir el desperdicio de comida todo lo posible, los Poderes Públicos quieren aprobar una norma que afectará de manera directa a todos aquellos profesionales cuya actividad esté relacionada con la alimentación.
Es decir, propietarios de pescaderías y carnicerías, empresas de catering, bares, restaurantes, tiendas de alimentación, etc. Todos aquellos que trabajen con alimentos, tendrán que hacer cambios.
Nuevo proyecto de ley

El Gobierno ya ha aprobado la primera versión de lo que será el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. De esta forma, España se convertirá en el tercer país europeo en regular este tema.
La previsión es que la nueva norma entre en vigor el 1 de enero de 2023 y ayude a reducir de forma notable las cantidades de alimentos que se tiran a la basura sin consumir. En 2020, 1.364 millones de litros/kilos solo en los hogares españoles, y a ello hay que sumarle lo que tiraron los negocios relacionados con la alimentación.
Un modelo de buenas prácticas para los autónomos del sector de la alimentación

A diferencia de otras normas que son extensas y complejas, en este caso estamos ante un proyecto de ley que consta únicamente de 15 artículos divididos en cinco capítulos. Así como cuatro disposiciones finales y una adicional.
Lo que se busca es que la nueva norma sea recibida más bien como un decálogo de nuevas prácticas sobre lo que es correcto hacer para reducir el desperdicio de alimentos. Por ello, la donación de los alimentos se convertirá en una prioridad.
Nuevas obligaciones

Una de las primeras medidas a implantar será la obligatoriedad de que todos aquellos que trabajen en el ámbito de la alimentación estén formados para poder manipular, almacenar y transportar los alimentos de forma óptima a fin de minimizar las pérdidas.
Los productos con fecha de consumo preferente vencida deberán venderse a un precio más bajo y claramente diferenciados del resto de artículos o, en su defecto, destinarse a la donación.
Cambios en la hostelería y la restauración

Bares y restaurantes deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse sin ningún cargo adicional la comida que les haya sobrado. Esto debe figurar en la carta o en un lugar bien visible del establecimiento.
Además, los autónomos del sector de la alimentación que trabajen en hostelería y restauración deben contar con envases aptos para alimentos y que sean reutilizables. Este cambio no será demasiado grande porque muchos establecimientos ya ofrecen este servicio.
Tiendas de alimentación

Mientras que ahora los productos con fecha próxima de vencimiento suelen retirarse de las estanterías, con la nueva normativa las tiendas deberán contar con líneas de venta de productos próximos a vencer o que tengan alguna imperfección.
Siempre y cuando el producto estén en óptimas condiciones para su consumo, deberán estar disponible a disposición de los consumidores. Eso sí, a un precio más bajo e indicando las razones que dan lugar a esa rebaja en el precio.
Donación de alimentos

Si no es posible poner los alimentos aptos para el consumo a disposición del público, quienes trabajan en un sector relacionado con la alimentación convertirán la donación a bancos de alimentos y entidades sin ánimo de lucro en su prioridad.
Para ello será necesario firmar un convenio de colaboración con las organizaciones receptoras que prevea cuestiones como el transporte y la selección de los alimentos.
Más políticas públicas para reducir el desperdicio

La nueva normativa no será la única vía para reducir el desperdicio de alimentario. Los Poderes Públicos se comprometen a adoptar políticas públicas y diferentes medidas para rebajar el número de kilos/litros de comida que van a la basura cada año.
El plan para la prevención del desperdicio alimentario será revisado cada cuatros años para hacer los ajustes que se estimen necesarios.
El desperdicio sale caro

Tirar comida a la basura nos sale caro a todos, pero con la nueva normativa le puede salir todavía más caro a aquellos autónomos del sector de la alimentación que no cumplan con sus nuevas obligaciones.
Las multas por incumplimiento irán de los 6.001 a los 150.000 euros en función de si la infracción cometida se considera leve o más grave.











































