La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto una investigación sobre la venta del paquete accionarial de la familia Escribano en Indra, según ha revelado el Gobierno en una respuesta parlamentaria remitida al Congreso de los Diputados. La desinversión, ejecutada el 5 de mayo de 2025, supuso la salida de los Escribano como máximos accionistas privados con un 14,3% del capital, y el organismo supervisor sospecha de un posible uso de información privilegiada en una operación que sigue levantando interrogantes.
Qué investiga la CNMV en la salida exprés de los Escribano
El escrito del Ejecutivo, que responde a una batería de preguntas del grupo parlamentario Vox, detalla que la CNMV “está realizando las actuaciones correspondientes para recabar información acerca de las circunstancias concretas de la operación de venta de la participación de Advanced Engineering and Manufacturing, S.L. (EM&E) y el correcto cumplimiento de las obligaciones de reporte”. El comunicado añade que, una vez analizada la documentación, el regulador “adoptará las medidas que correspondan en función del resultado de dicho análisis”.
El foco del supervisor se centra en dos ángulos. Por un lado, verifica si en la cadena de decisiones que llevó a la venta existió información relevante aún no pública que beneficiara a los vendedores. Por otro, examina si se comunicó al mercado todo lo exigido por la normativa de valores, dado que el 5 de mayo de 2025 el hecho relevante se limitó a informar de la dimisión de Javier Escribano como consejero dominical y de la transmisión total de la participación, sin desglosar el mecanismo ni identificar a los compradores.
La CNMV, que desde febrero de 2025 ya venía monitorizando de cerca los movimientos en Indra, ha declinado hacer comentarios sobre el estado de la investigación, aunque fuentes financieras recuerdan que en operaciones de este calibre el regulador entra de oficio para revisar la transparencia.
El complejo andamiaje financiero con JP Morgan
La inversión de los Escribano para acumular ese 14,3% de Indra rondó los 370 millones de euros a precios de mercado, pero la mayor parte se financió mediante un crédito de JP Morgan. El banco estadounidense diseñó una estructura a tres bandas basada en derivados financieros: los Escribano tomaron prestado el dinero, JP Morgan asumió parte del riesgo de caída de la acción a cambio de limitar las ganancias, y terceros accionistas —cuya identidad no ha trascendido— prestaron sus títulos para articular el producto. Cuando la acción escaló por encima de los 56 euros, la apreciación quedó en manos del banco, no de la familia.
Tras la venta, ni el mercado detectó un aluvión de acciones ni afloró un nuevo accionista significativo. Según fuentes del sector, ese paquete del 14,3% habría regresado a manos de aquellos que ya eran dueños tres años antes, lo que sugiere una operación circular orquestada por JP Morgan sin que se haya aclarado públicamente quién ostenta ahora el control efectivo de esos títulos.
Durante los meses en que EM&E mantuvo la participación, JP Morgan figuró como tenedor de entre un 15% y un 17% de Indra en los registros de la CNMV, hasta que la sociedad de los Escribano deshizo su posición el pasado 5 de mayo de 2025.
Ni el mercado ni el regulador han dado con el comprador real de un paquete que costó 370 millones de euros y que desapareció del tablero en un solo día.
Una salida forzosa tras el pulso con la SEPI y Moncloa
La desinversión no fue una decisión estratégica sino el epílogo de un conflicto soterrado que estalló a principios de 2025. Ángel Escribano había asumido la presidencia de Indra en enero de ese año y negociaba en paralelo la fusión de su propia empresa, EM&E, con la cotizada, operación que llegó a valorar su compañía en más de 2.000 millones de euros. La SEPI, con un 28% del capital de Indra y respaldo de Moncloa, empezó a ver un conflicto de interés insalvable y pidió al empresario que abandonara la presidencia si quería cerrar la fusión.
Escribano optó por resistir, pero finalmente dimitió en abril de 2025. Semanas después, la familia comunicó su salida del accionariado al completo. En la respuesta al Congreso, el Gobierno evita pronunciarse sobre la posible intervención de Moncloa o de la SEPI en esos movimientos, pero confirma que el regulador sigue indagando.
La supervisión como cortafuegos de transparencia en el sector defensa
El caso de los Escribano es un test de estrés para la arquitectura de supervisión bursátil en un sector, el de la defensa, donde las decisiones corporativas suelen envolverse en opacidad. La CNMV ya había exigido a Indra que revelara en noviembre de 2024 el protocolo de la mesa ad hoc que estudiaba la fusión, obligándole a publicar documentación que hasta ese momento se había mantenido interna. Ahora, el regulador se enfrenta a la tarea de desenmarañar un producto derivado complejo sin que nadie reclame públicamente el paquete, en un contexto en el que el valor de los títulos se había sextuplicado en menos de dos años.
La operación de los Escribano contrasta con otras salidas ordenadas de accionistas de referencia en el Ibex, como las de los fondos en Cellnex o Telefónica, donde se comunicó precio, volumen y comprador. En este caso, la combinación de un préstamo estructurado, un banco que ejerce de contraparte central y una salida que no deja rastro en el mercado abona las sospechas de que la información relevante pudo fluir de manera asimétrica. Si la CNMV concluye lo que ahora investiga, no solo habrá sanción al vendedor: también podría exigir responsabilidades al intermediario financiero por no haber garantizado un mercado transparente.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La conclusión de la investigación y si la CNMV decide abrir expediente sancionador, con posible multa y obligación de publicar los detalles ocultos de la venta.
- Reacción del valor: Los títulos de Indra apenas reaccionaron a la noticia porque la investigación no altera la solidez de los contratos de defensa, pero una sanción severa a JP Morgan o a los Escribano podría dañar la reputación de la cotizada.
- Precedente sectorial: La CNMV ya forzó a Indra a transparentar el protocolo de fusión en 2024; ahora, el foco se amplía al comportamiento de los accionistas y a la banca de inversión que estructuró la operación.
